B.IA.LEGAL

SCP 0632/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45920-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante alega la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, respuesta pronta y celeridad; toda vez que, habiendo obtenido a su favor el beneficio de detención domiciliaria, el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz demandado, no ejecutó el mandamiento de detención domiciliaria hasta la fecha; por lo que, solicita a través de esta acción que: a) Se ordene que en el día se dé cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva; y, b) En grado de calificación de daños ocasionados se imponga multa pecuniaria de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) a objeto de que sea destinado al Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y sean destinados a los niños que viven en el centro penitenciario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria; 2) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 293/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria
  2. III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0632/2023-S1 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45920-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 293/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilder Huampo Gutiérrez contra José Luis Morales del Castillo, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 3, el accionante aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del “delito de homicidio” (sic), en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, se emitió la Resolución 343/2021 disponiendo el cese a la detención preventiva, por lo que fue beneficiado con la detención domiciliaria; empero, hasta la fecha no se ejecutó dicho mandamiento, lo que resulta extraño ya que debió ser puesto en libertad en el plazo de veinticuatro horas a partir de la recepción del mandamiento de detención domiciliaria, más aun tomando en cuenta el rebrote de COVID-19 que está proliferando en el centro penitenciario de “San Pedro”; por lo que, el Director del Centro Penitenciario de San Pedro, demandado está incumpliendo con su función.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, respuesta pronta, y celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 24 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se ordene que en el día se dé cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva; y, b) En grado de calificación de daños ocasionados se imponga multa pecuniaria de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) a objeto de que sea destinado al Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y sean destinados a los niños que viven en el centro penitenciario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Efectuada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2021, según acta cursante de fs. 16 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

En la audiencia virtual, se procedió a dar lectura integra al memorial de la acción de libertad interpuesta por el accionante, quien no acudió a la citada audiencia virtual.

I.2.2. Informe de la parte demandada

José Luis Morales del Castillo, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro, mediante informe cursante a fs. 12 y vta., señaló que: 1) De la revisión del sistema informático y los libros de registro en la sección de archivo y Kardex dependiente de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario se evidenció que Wilder Huampo Gutiérrez, ingresó al recinto penitenciario de San Pedro, el 27 de noviembre de 2021, en cumplimiento al mandamiento de detención preventiva emitida por Mauricio Copa Ocampo, Juez Público Mixto de Familia Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de la localidad de Pucarani de la provincia los Andes de la ciudad de La Paz, por la presunta comisión del delito de “tráfico de sustancias controladas” (sic); 2) El 27 de diciembre de 2021, a horas 11:20, presentaron a la Dirección mandamiento de detención domiciliaria, sin salida laboral a nombre de Wilder Huampo Gutiérrez, emitida por Dina Larrea López, Juez del Juzgado Tercero de Instrucción Penal de El Alto, disponiendo que sea conducido ante el Juzgado Tercero de Instrucción Penal de El Alto a efectos de que el secretario abogado conduzca a su domicilio señalado; y, 3) Dicha documentación fue remitida de manera inmediata ante la División de Verificación del Penal, para que los funcionarios encargados de dicha área realicen la verificación, y se informe si el beneficiado cuenta con otros mandamientos de detención en su contra, y una vez cumplida esa formalidad Juan Carlos Ticona Maquera, Verificador y Nelson Guarachi Mita, Encargado de Archivo y Kardex del Penal, emitieron el informe de verificación constatando la autenticidad del mandamiento de detención domiciliaria y que el beneficiario no cuenta con otro mandamiento en su contra, ante eso se realizó la tarjeta de libertad para Wilder Huampo Gutiérrez, el mismo día 27 de diciembre de 2021 y fue conducido y entregado a Rudy Quispe Huanca, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto. Por lo que solicita se deniegue la acción de libertad.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 293/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: i) El mandamiento de detención domiciliaria, fue ejecutado por la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas, porque el acta de entrega de detenido fue realizada a horas 19:10, del 27 de diciembre de 2021, en las oficinas del Juzgado “Segundo” de Instrucción Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, por cuanto el accionante fue entregado a Ruddy Quispe Huanca, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción en lo Penal Tercero de El Alto; y, ii) La autoridad del recinto penitenciario ha cumplido estrictamente con la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria del accionante, al hacer trasladar con el escolta al nombrado imputado y entregarlo al secretario abogado del juzgado Rudy Quispe Huanca para que este pueda conducir al domicilio del detenido a fin de que cumpla la detención domiciliaria ordenada por la autoridad jurisdiccional, por lo que la autoridad demandada cumplió la orden judicial.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. El 24 de diciembre de 2021, Dina Larrea López, Jueza Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, emitió el mandamiento de detención domiciliaria sin salida laboral, ordenando al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, ponga en detención domiciliaria sin salida laboral a Wilder Huampo Gutiérrez, con CI 10931123 LP conforme lo dispuesto en la Resolución 343/2021 de 16 de diciembre, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Debiendo ser conducido ante el Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto a efectos de que el secretario abogado conduzca a su domicilio señalado. Dicho mandamiento fue recibido en el Recinto Penitenciario de San Pedro, el 27 de diciembre de 2021, a horas 11:20 (fs. 13). II.2. El 27 de diciembre de 2021, José Luis Morales del Castillo, Director del Recinto Penitenciario de San Pedro, señaló que revisados los informes y en cumplimiento al mandamiento de detención domiciliaria sin salida laboral, si concede la libertad a Wilder Huampo Gutiérrez, debiendo ser conducido por el funcionario policial ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto, para que por secretaría del Juzgado ponga en detención domiciliaria al imputado en su domicilio real señalado (fs. 14). II.3. Consta el acta de entrega de detenido Wilder Huampo Gutiérrez, realizado el 27 de diciembre de 2021, a horas 19:10, entrega realizada a Rudy Quispe Huanca, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción en lo Penal Cautelar Tercero de El Alto (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, respuesta pronta y celeridad; toda vez que, habiendo obtenido a su favor el beneficio de detención domiciliaria, el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz demandado, no ejecutó el mandamiento de detención domiciliaria hasta la fecha; por lo que, solicita a través de esta acción que: a) Se ordene que en el día se dé cumplimiento al mandamiento de libertad definitiva; y, b) En grado de calificación de daños ocasionados se imponga multa pecuniaria de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) a objeto de que sea destinado al Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y sean destinados a los niños que viven en el centro penitenciario. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria; 2) La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la celeridad para dar cumplimiento a la orden de detención domiciliaria

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0118/2019-S2 de 8 de abril, asumió el siguiente entendimiento. El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir, que determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SCP 1349/2013 de 15 de agosto incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en la ejecución inmediata de las decisiones jurisdiccionales, que dispongan detenciones domiciliarias o mandamientos de libertad, o cualquier demora en el diligenciamiento del cumplimiento eficaz de una decisión judicial, que implica una afectación del derecho a la libertad; el cual, podrá ser tutelado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En este entendido, se tiene que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.3, menciona: “En el marco de los postulados propios del Estado Constitucional de Derecho, se tiene que las autoridades encargadas de recintos penitenciarios, se encuentran sometidos a las decisiones jurisdiccionales que emanen de las autoridades competentes; en ese orden, a partir de la premisa antes señalada, debe establecerse que dichas autoridades, tienen un deber funcionario ineludible: El cumplimiento eficaz, inmediato y sin dilación alguna de decisiones jurisdiccionales en los términos plasmados en las órdenes expedidas por autoridades competentes y en caso de duda o imposibilidad de cumplimiento no atribuible al privado de libertad, las autoridades encargadas de centros penitenciarios, tienen el deber ineludible de procurar con celeridad y diligencia un cumplimiento de la decisión jurisdiccional en el marco de una interpretación lo más favorable y extensiva a la libertad, postulado que tiene sustento jurídico-constitucional en una pauta específica de interpretación de derechos fundamentales como es el pro-libertatis, cuya génesis constitucional se encuentra en los arts. 13.I, y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En ese contexto, se concluye que cualquier dilación en la ejecución inmediata de decisiones jurisdiccionales que dispongan detenciones domiciliarias o la libertad de personas privadas de libertad; o cualquier dilación en la procura y diligencia del cumplimiento eficaz de una decisión judicial en el marco del principio pro-libertatis, implicará una afectación al derecho a la libertad, la cual podrá ser tutelada a través de la acción de libertad en su modalidad expeditiva o de pronto despacho en el marco de los argumentos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional”.

privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa.

III.2. La demora en la efectivización de la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad jurisdiccional vulnera el derecho a la libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0118/2019-S2, de 8 de abril asumió el siguiente razonamiento. Si bien la medida cautelar de detención domiciliaria tiene algún elemento en común con la preventiva, de ningún modo una y otra pueden equipararse; de hecho, tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal; la primera, no aparece como una forma de detención preventiva, sino, como una medida sustitutiva a ésta. Por lo que, ambas medidas tienen en común, la restricción de la libertad y se muestran como cautelares, que ayudan a la consecución de la finalidad del proceso penal; sin embargo, esas semejanzas no alteran el hecho de ser distintas; pues, no pueden equipararse en sus efectos personales ni en el análisis de las condiciones de procedencia. Si bien, ambas medidas cautelares afectan la libertad de locomoción del individuo, lo hacen en intensidades distintas; puesto que, la detención domiciliaria es una medida alternativa de la detención preventiva, cuando no concurrieron los requisitos exigidos por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para disponerla. No cabe duda que la libertad del individuo se resiente más, cuando se dispone su procesamiento con mandato de prisión preventiva, que cuando se la restringe con detención domiciliaria. La detención domiciliaria supone una intromisión menos grave a la libertad;

pues, resulta una menor carga psicológica, no siendo lo mismo, permanecer por disposición judicial en el domicilio, que en prisión. En definitiva, tal como están reguladas tanto la detención domiciliaria como la preventiva, aun cuando comparten la condición de medidas cautelares personales, son supuestos distintos, en lo que a su incidencia sobre el derecho a la libertad personal respecta. En ese sentido, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad. En ese sentido, cabe mencionar que la SCP 0702/2012 de 13 de agosto estableció que el cumplimiento de la aplicación de la medida sustitutiva de detención domiciliaria por una cuestión administrativa, no es justificable; entendiendo que el ejercicio de los derechos no puede supeditarse a la disponibilidad de recursos económicos ni materiales del Estado; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.2, refiere:

Asimismo, el ejercicio de los derechos puede requerir de ciertas condiciones materiales, pero estas no pueden constituir un obstáculo, ello porque el Estado boliviano tiene el deber de adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizar los derechos, así el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( CADH), determina que: “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, deber que alcanza entonces a medidas administrativas, presupuestarias, de asignación de recursos humanos, entre otras.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 6 de mayo de 2008, dentro del caso Yvon Neptune vs. Haití se sostuvo: “es jurisprudencia de este Tribunal que las condiciones en las cuales se encuentra un país, no importa cuán difíciles sean éstas, no son causas de justificación para que los estados Parte en la Convención Americana estén liberados de cumplir con las obligaciones consagradas en ella” y en la sentencia de 3 de abril de 2009 dentro del caso Kawas Fernández vs. Honduras, señaló: “…los estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano”. En este contexto, excusar el cumplimiento de condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos bajo el alegato de la falta de recursos económicos de un sector poblacional, como lo es la privada de libertad implicaría dispensar el ejercicio de los otros derechos con el mismo razonamiento por ejemplo los derechos de la personas adultas mayores, los derechos de los niños, los derechos de las personas con discapacidad, etc. aspecto que resulta intolerable en un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…” (art. 1 de la CPE). . Finalmente, sostener que los derechos prestacionales y el establecimiento de las condiciones materiales para el ejercicio de los derechos en su generalidad vía justicia constitucional no es nuevo sino que en el marco de una Constitución incluso menos garantista se efectuó por el Tribunal Constitucional en casos de personas que requerían hemodiálisis (SSCC 433/2000-R, 26/2003-R y 1294/2004-R, entre otras), previendo el legislador constituyente en el nuevo marco constitucional incluso acciones constitucionales específicas para efectivizar las condiciones y realizar la normativa constitucional y legal como son las acciones de cumplimiento y la acción popular.

III.3. Análisis del caso concreto

En el caso en análisis, el accionante alega la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, respuesta pronta y celeridad; toda vez que, habiendo obtenido a su favor el beneficio de detención domiciliaria, el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz demandado, no ejecutó el mandamiento de detención domiciliaria, hasta la fecha. Se entiende a la presentación de la acción de libertad. Bajo ese marco y de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el 24 de diciembre de 2021, Dina Larrea López, Jueza Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, emitió el mandamiento de detención domiciliaria sin salida laboral, ordenando al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, ponga en detención domiciliaria sin salida laboral a Wilder Huampo Gutiérrez, con CI 10931123 LP conforme lo dispuesto en la Resolución 343/2021 de 16 de diciembre, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. Debiendo ser conducido ante el Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto a efectos de que el secretario abogado conduzca a su domicilio señalado; ese mandamiento fue recibido en el Recinto Penitenciario de San Pedro, el 27 de diciembre de 2021, a horas 11:20 (Conclusión II.1.). Ahora bien, conforme se hace mención en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, dispuesta por la autoridad judicial, vulnera el derecho a la libertad. En tal sentido, considerando lo dispuesto por la Jueza Tercero de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, que mediante mandamiento de detención domiciliaria sin salida laboral, ordenó al Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, conduzca al accionante ante el Juzgado Tercero de Instrucción Penal de la ciudad de El Alto a efectos de que el secretario abogado lo conduzca a su domicilio señalado; es así que el Director demandado, una vez notificado el 27 de diciembre de 2021 con el referido mandamiento, fue el mismo día que ordenó el traslado del detenido ahora impetrante de tutela, ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El Alto, para que por secretaría del Juzgado ponga en detención domiciliaria al imputado en su domicilio real señalado (Conclusión II.2), constando incluso el acta de entrega del detenido Wilder Huampo Gutiérrez, realizado el 27 de diciembre de 2021, a horas 19:10, entrega realizada a Rudy Quispe Huanca, Secretario Abogado del Juzgado de Instrucción en lo Penal Cautelar Tercero de El Alto (Conclusión II.3).

Consiguientemente, el Director demandado al dar cumplimiento a la orden emitida por la autoridad jurisdiccional, el mismo día que fue de su conocimiento, actuó con la debida celeridad y no lesionó los derechos aludidos por el accionante; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. Consecuentemente, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 293/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0632_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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