B.IA.LEGAL

SCP 0631/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51657-2022-104-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, en mérito a que dentro del proceso de pago de daños y perjuicios, en etapa de ejecución de sentencia, fue concluida con la aprobación de remate que generó la venta judicial por adjudicación de cuatro lotes de terreno a su favor; sin embargo, el demandado -ahora tercero interesado-, presentó un incidente de nulidad contra el embargo y remate judicial, arguyendo la vulneración del principio de proporcionalidad; puesto que, bastaba el remate de dos lotes para cubrir lo adeudado, tal incidente fue rechazado por el Juez de la causa; empero, ante el recurso de apelación presentado por el demandado, los vocales ahora -accionados- emitieron el Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo, mismo que resulta incongruente al determinar revocar la resolución impugnada y en su lugar dispuso “…haber lugar al incidente planteado…” (sic); determinación que se fundó en que no existe Sentencia del proceso de ejecución; al no contar con ese instrumento procesal, tampoco hubo la citación al ejecutado para que este pudiera asumir defensa, tal y como lo exige el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR Resolución 119/2022 de 7 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso
  2. III.2. Sobre la relevancia constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0631/2024-S3 Sucre, 12 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51657-2022-104-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 119/2022 de 7 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nestor Colque Condori contra Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suarez, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de noviembre de 2022, cursante de fs. 1 y 35 a 40 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de pago de daños y perjuicios, en etapa de ejecución de Sentencia 69/2017 de 30 de marzo, la misma que concluyó con la aprobación del remate, Auto Interlocutorio 49/2021 de 26 de marzo, lo que generó la Venta Judicial por adjudicación de cuatro bienes inmuebles a su favor; sin embargo, la parte demandada (José Ernesto Zevallos Sánchez) presentó un incidente de nulidad de providencia o Auto de embargo y remate judicial de 20 de septiembre de 2021, en el que arguyó la vulneración del principio de proporcionalidad, afirmando que dos lotes eran más que suficientes para embargar, rematar y pagar la suma de Bs75 350.- (setenta y cinco mil trescientos cincuenta bolivianos). Ante el incidente de nulidad presentado, el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Trinidad del departamento de Beni, emitió el Auto Interlocutorio 153/2021 de 5 de octubre, por el cual rechazó el incidente planteado por el demandado, debido a que se solicitó la nulidad de varios actos, que precluyeron y por ende se encuentran convalidados, al no haberse impugnado las actuaciones, a pesar que el embargo fue notificado el 18 de febrero de 2019, mientras que con el avalúo correspondiente el 8 de abril del mismo año, lo que implica que tuvieron que transcurrir dos años para objetar el referido embargo, cuando se vencieron los plazos procesales y no se demostró que el demandado estuviera en estado de indefensión. El demandado presentó su recurso de apelación el 11 de octubre de 2021, mismo que fue conocido por los Vocales ahora accionados, mediante Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo, se determinó revocar la resolución impugnada y en su lugar dispuso “… haber lugar al incidente planteado…” (sic); determinación que se fundó con base en que no existe la Sentencia del proceso de ejecución; por lo tanto, tampoco hubo la citación al ejecutado para que este pudiera asumir defensa, tal y como lo exige el art. 490 del Código Procesal Civil (CPC); si bien existe un embargo ordenado con competencia por el Juez de la causa, este puede plantearse con carácter previo a la demanda o solicitud inicial de ejecución; puesto que, es una medida accesoria, el no observarse los embargos o aprobación de remate no puede entenderse como una convalidación a la omisión fundamental que es no haber dictado la resolución previamente citada, el embargo al ser una medida cautelar tiene como característica importante su provisionalidad; toda vez que, subsiste mientras duren las circunstancias que la determinaron (art. 314.II del CPC), por consiguiente, aunque no se haya impugnado una resolución, si la medida cautelar es excesiva debe ser revisada por el juez de oficio, o a solicitud de parte; por lo que, no existe convalidación ni cosa juzgada en materia de medidas cautelares. El accionante denuncia que los Vocales ahora accionados se pronunciaron de manera incongruente, extra petita y ultra petita; puesto que, al afirmar que dentro del merituado proceso no existe ninguna resolución (sea sentencia o auto interlocutorio) que ordene la ejecución coactiva, conforme las reglas del proceso de ejecución de sumas de dinero, es un argumento que no fue propuesto por el demandado, lo que implica que hubo un pronunciamiento más allá de lo solicitado; es decir, resolvieron peticiones que no fueron alegadas en el incidente y recurso de nulidad ambos presentados por el demandado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señalo como lesionado su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación motivación y congruencia citando al efecto el artículo 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) La nulidad del Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo; y, b) Que los Vocales accionados emitan un nuevo Auto de Vista con base en los fundamentos expuestos en la acción de amparo constitucional presentada por su parte.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 7 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Asunta Montenegro Melgar y Roberto Ismael Nacif Suarez, Vocales de la Sala Civil Mixta de Familia y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 42.

I.2.3. Informe del tercero interesado

José Ernesto Zeballos Sánchez, por intermedio de su abogado, en audiencia, manifestó lo siguiente: 1) El accionante no expone con precisión qué derechos le hubiesen vulnerado, tampoco identifica los mismos; 2) El Auto de Vista 100/22 fue dictado de acuerdo a derecho y respetó la proporcionalidad; por lo que, los Vocales accionados atendieron el recurso de apelación planteado, advirtiendo la vulneración del principio de proporcionalidad, concedieron el recurso, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, otorgando lo pedido; por lo que, no se observa incongruencia; y, 3) Solicitó que se deniegue la tutela invocada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante la Resolución 119/2022 de 7 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, denegó la tutela impetrada; tal determinación se dio con base en los siguientes fundamentos: i) El solicitante de tutela busca abrir la competencia de la tutela constitucional para establecer que se hubieran lesionado sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, sosteniendo que el Auto impugnado es incoherente; es decir, que en el contenido de la resolución y los puntos recurridos existen incongruencias al haber actuado y fallado extra petita y ultra petita; ii) Las autoridades accionadas al pronunciar el Auto de Vista 100/2022, en el momento de emitir la resolución impugnada, lo realizaron de forma fundamentada y motivada, aspecto no reclamado, se limitaron a afirmar que la resolución contradice el principio de congruencia, extremo que no resulta evidente; puesto que, lo peticionado en el recurso de apelación presentado fue la nulidad del remate de los cuatro lotes de terreno porque considero que con dos era suficiente para cubrir la obligación, sustentando la pretensión prevista en los arts. 105 y 106 del Código Civil (CC); iii) Del contenido del referido Auto de Vista, se tiene que al resolver el recurso de la apelación se realizó un análisis integral, viendo la aplicación de oficio que puede hacer el Juzgado como una facultad potestativa del art. 314.II del CPC, más aun cuando se llevó adelante la ejecución sin presentar una liquidación para que sea la base de la ejecución de la suma con las actuaciones posteriores; sin embargo, en la emisión de la resolución impugnada en sede constitucional se tiene que incluso el tribunal de alzada salvaguardó los derechos del accionante, con la subsistencia de las anotaciones preventivas; y, iv) Es menester también mencionar que la acción de amparo constitucional, para aperturar su competencia ha desarrollado jurisprudencia respecto a la necesidad que exista la suficiente carga argumentativa por parte del accionante, respecto a la congruencia que debió de tener la resolución impugnada, o la relevancia constitucional de la incongruencia denunciada, requisitos que no fueron cumplidos dentro de la acción tutelar presentada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Incidente de nulidad de providencia o Auto de Embargo y Remate Judicial de 20 de septiembre de 2021, planteado por José Ernesto Zeballos Sánchez -tercero interesado-, por el cual solicitó se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, incluso hasta la providencia de 30 de abril de 2019, que hace referencia al avaluó pericial, que individualizo los lotes de terreno a subastarse en remate judicial; debiendo ordenar y disponer el embargo y remate de dos lotes de terreno, hasta la suma de ejecución de sentencia y el pago de daños y perjuicios de Bs75 350.-; tal solicitud se basó en los siguientes argumentos: a) La vulneración del principio de proporcionalidad, atacando los actos de ejecución de sentencia, ya que en el caso de autos, se dio curso a la admisión del remate de cuatro lotes de terreno, cuando la afectación del patrimonio del deudor solo debe darse en la medida de lo necesario para cubrir la obligación; b) En ese entendido denuncia que se vulneró el contenido del art. 498.I del CC, que dispone que el acreedor no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes, en perjuicio grave del deudor, contenido concordante con los arts. 1470 y 514 del referido código; c) Néstor Colque Condori, el 6 de febrero de 2019, pidió la anotación preventiva en Derechos Reales (DD.RR.) de cuatro lotes de su propiedad, persiguiendo la suma condenada a daños y perjuicios de Bs75 350.-, que por providencia de 7 de febrero de 2019, se determinó que se franquee por Secretaría la respectiva ejecutoria para efectos de la anotación preventiva solicitada, previo a embargo del bien inmueble; por providencia de 30 de abril de 2019, que hizo referencia al avalúo pericial de los cuatro lotes de terreno a subastarse y someterse a remate judicial por la suma de Bs180 966,28.- (ciento ochenta mil novecientos sesenta y seis 28/100 bolivianos); llegando a la conclusión que haciendo la relación a subasta, se estableció el precio unitario de cada lote de terreno, que sumados alcanzan la suma de Bs144 773,24.- (ciento cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y tres 24/100 bolivianos); y, d) El Auto Interlocutorio 49/2021 de 26 de marzo, adjudicó los cuatro lotes objeto de remate y subasta judicial, y la suma que corresponde por cada uno de estos; cuando del valor de los mismo bastaba con el remate de dos lotes de terreno para cubrir la obligación demandada (fs. 4 a 8). II.2. Se tiene Auto de Interlocutorio 153/2021 de 5 de octubre, emitido el Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Trinidad del departamento de Beni, por el cual se rechazó el incidente de nulidad de obrados, con costos y costas; determinación basada en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de actuados, en ningún momento se ha ocasionado indefensión a la parte incidentista, llevándose el proceso conforme a lo establecido por el art. 363 y siguientes del CPC, teniéndose que la parte demandada pide la nulidad de varios actos, que han precluido y por ende fueron convalidados, al no haber impugnado las actuaciones que ahora son cuestionadas; puesto que, con el embargo fue notificado el 18 de febrero de 2019 y con el avalúo cursante 8 de abril de igual gestión, pasando más de dos años para objetar el referido embargo; además que el art. 424 del CPC determina el tiempo para plantearse una nulidad sobre un remate; y, 2) El proceso se desarrolló en una serie de fases sucesivas ordenadas en unidades de tiempo computadas en plazos, por lo que cada actuación procesal debe ser realizada dentro del tiempo señalado al efecto, bajo el riesgo de no poder realizarla con posterioridad nuevamente, siendo estos fatales; por lo que, por regla general no cabe restitución y ello se llama preclusión; en el presente caso los argumentos de nulidad expuestos refieren a etapas juzgadas y sin posibilidad de recurso ulterior (fs. 12 a 14). II.3. Cursa memorial de Recurso de apelación presentado por José Ernesto Zeballos Sánchez contra Auto de Interlocutorio 153/2021, por el cual solicitó que se revoque o anule el auto impugnado, y se declare probado el incidente de nulidad planteado por su parte, y sea hasta la providencia de 30 de abril de 2019, debiendo disponerse el embargo de dos lotes de terreno hasta la suma de Bs75 350.-; acusando la vulneración de su derecho a una sentencia debidamente fundamentada, siendo los argumentos planteados son los siguientes: i) Se incumplió el principio de proporcionalidad al determinar un pago astronómico por concepto de daños y perjuicios a un vehículo accidentado; no resultando justo el pagar tres veces el valor y rematar cuatro lotes de terreno, cuando con el pago de un lote se cancelaba toda la acreencia; ii) El incidente de nulidad de obrados busca reponer el proceso de ejecución de sentencia hasta que el juez, al ordenar el embargo y remate proceda la aplicación del art. 1470 del CC, respecto a afectar en el patrimonio del demandado deudor estrictamente en lo necesario para pagar la acreencia, inhibiéndose el Juez de embargar y rematar de manera manifiestamente desproporcional cuatro lotes de terreno, cuando por el valor pericial, bastaba con afectar hasta dos propiedades; y, iii) La resolución impugnada no resolvió punto por punto el memorial presentado por su parte, en cuanto a la regulación de la nulidad procesal, dispuesto en los arts. 105 al 109 del CPC; y respecto a la vulneración del principio de proporcionalidad, en la que se citó el art. 1470 del CC (fs. 15 a 23). II.4. Cursa Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo, emitido por la Sala Civil Mixta de Familia y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por el cual se revoca totalmente la resolución impugnada y en su lugar se dispuso “…haber lugar al incidente planteado…” (sic) por el ahora tercero interesado; por lo que se anula todo lo obrado en ejecución de sentencia, con excepción de los actos de embargo que quedan subsistentes debiendo el acreedor solicitar la ejecución adjuntando una liquidación provisional de todo lo adeudado; tal determinación se la tomó sobre los siguientes fundamentos: a) Dentro del presente caso no existe ninguna resolución judicial, sea sentencia o auto interlocutorio, que ordene la ejecución coactiva conforme a las reglas del proceso de ejecución de sumas de dinero, “…ni siquiera existe una demanda o solicitud de ejecución de sentencia ya que de la solicitud de embargo y efectivizarían del mismo se pasó al señalamiento del remate sin emitir la resolución judicial que tiene por finalidad otorgar seguridad jurídica y certeza tanto para la ejecución como para la defensa al disponer claramente el ingreso a esa fase del proceso y muy en especial la liquidez de la obligación, es decir la suma reclamada, intereses, costas y costos, lo cual debió ser planteado como petición por parte del acreedor y ordenado como resolución judicial por parte del juez” (sic); b) Tal omisión ha generado confusión al no saber cuanto es el total de lo adeudado, o que operación genera como resultado el monto de Bs44 474,02.- (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro 02/100 bolivianos) depositado al Órgano Judicial, existiendo una inseguridad total que no fue aclarada ni con la resolución de aprobación de remate; puesto que, solo se hizo referencia al monto de adjudicación de los bienes objeto de este acto procesal; c) Si se hubiese seguido el trámite correspondiente a este proceso de ejecución, se debió determinar de manera provisional el monto total como base de todo el proceso de ejecución en cuanto a la cuantía y los límites de la misma, y si las medidas cautelares solicitadas son proporcionales, siendo esta precisamente una de las características de este tipo de medidas, armonizando el principio de la máxima satisfacción de la pretensión con las medidas cautelares que son su instrumentalidad y proporcionalidad, al efecto del art. 314 del CPC; en este caso lo denunciado en el incidente es el exceso de disponer el embargo y luego remate de cuatro inmuebles cuyos avalúos daban por resultado un monto mucho mayor al de la condena en sentencia; y, d) Si bien es cierto que el ejecutado no interpuso recursos en contra de las órdenes de embargo y la aprobación de remate, esto no puede ser consolidado como una convalidación de lo obrado debido a que: “… 1. Porque no existe la resolución base del proceso de ejecución (…) 2. Al no existir este instrumento procesal no ha existido la citación al ejecutado para que pueda asumir defensa, tal como lo exige el Art. 409.I del CPC. 3. Si bien existe un embargo ordenado con competencia por el Juez de la causa, este incluso puede plantearse con carácter previo a la demanda o solicitud inicial de ejecución ya que es una medida accesoria, por lo que no haber observado los embargos o aprobación de remate no puede ser entendida como una convalidación a la omisión fundamental que es no haber dictado la resolución (…) 4. El embargo al ser una medida cautelar tiene como característica importante su provisionalidad ya que subsisten mientras duren las circunstancias que la determinaron (Art. 314-II del CPC), por consiguiente así no se haya impugnado, una resolución, si la medida cautelar es excesiva debe ser revisada por el Juez de oficio o a pedido de parte, no existe convalidación ni cosa juzgada en materia de medias cautelares” (sic); al no haberse cumplido con los presupuestos básicos del proceso, no se puede determinar si la medida cautelar es ciertamente excesiva o por el contrario es imprescindible embargar los cuatro inmuebles para cumplir con la máxima satisfacción posible de la pretensión (fs. 32 a 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, en mérito a que dentro del proceso de pago de daños y perjuicios, en etapa de ejecución de sentencia, fue concluida con la aprobación de remate que generó la venta judicial por adjudicación de cuatro lotes de terreno a su favor; sin embargo, el demandado -ahora tercero interesado-, presentó un incidente de nulidad contra el embargo y remate judicial, arguyendo la vulneración del principio de proporcionalidad; puesto que, bastaba el remate de dos lotes para cubrir lo adeudado, tal incidente fue rechazado por el Juez de la causa; empero, ante el recurso de apelación presentado por el demandado, los vocales ahora -accionados- emitieron el Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo, mismo que resulta incongruente al determinar revocar la resolución impugnada y en su lugar dispuso “…haber lugar al incidente planteado…” (sic); determinación que se fundó en que no existe Sentencia del proceso de ejecución; al no contar con ese instrumento procesal, tampoco hubo la citación al ejecutado para que este pudiera asumir defensa, tal y como lo exige el art. 490 del CPC; además que, al ser el embargo una medida accesoria, su no observación por parte del demandado no puede convalidar el defecto advertido, lo que implica que hubo un pronunciamiento ultra petita y extra petita, que no fue argüido ni solicitado por el apelante dentro del incidente de nulidad presentado ni en su recurso de apelación; solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: 1) La nulidad del Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo; y, 2) Que los Vocales accionados emitan un nuevo Auto de Vista con base en los fundamentos expuestos en la acción de amparo constitucional presentada por su parte. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elementos del debido proceso

La SCP 0074/2024-S3, de 10 de abril de 2024, sobre la fundamentación, motivación y congruencia como elemento del debido proceso, estableció: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etc.,- porque se viola la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental.

(…)

Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: ‘la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una «decisión sin motivación», o extiendo esta es, b.2) una «motivación arbitraria»; o en su caso, b.3) una «motivación insuficiente, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas».

«b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una [decisión sin motivación], debido a que [decidir no es motivar]. La [justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice (asunto pendiente de decisión)].

b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una [motivación arbitraria]. Al respecto el art. 30.II de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) [Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales].

En efecto, un supuesto de [motivación arbitraria] es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión.

(…)

b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente»’.

En ese mismo sentido, la SCP 0071/2018-S1 de 19 de marzo, señalando a la SCP 0558/2016-S2 de 27 de mayo, estableció que: ‘La fundamentación es una exigencia contenida dentro del debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, es antojadiza o producto de conocimientos insuficientes que no pueden sostener un mínimo análisis jurídico legal; al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de derecho, sustentada en pruebas y normas aplicables que visualicen la base sobre la cual se apoya la decisión; estas afirmaciones no pueden ser frases trilladas o rutinarias, sino razones coherentes y claras referidas al caso concreto. Quien emita una resolución, sea administrativa o judicial, está en el deber de fundamentarla, porque solo así el administrado tendrá la posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla; ante la omisión de una suficiente fundamentación se coarta su derecho a la defensa por estar imposibilitado de ponerla en duda. En ese sentido no debe limitarse la motivación como un mero requisito formal, al contrario, este requisito tiene por finalidad permitir la defensa del administrado.

(...)

Dicho de otra forma, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).

En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de éstas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.

Ahora bien, de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como «…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume» (SCP 0387/2012 de 22 de junio), de donde se infiere que las resoluciones judiciales, deben emitirse en función al sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes procesales.

En cuanto al componente de congruencia como elemento del debido proceso, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, estableció que: «La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido. De esta forma es pacífica la noción de congruencia como la debida correspondencia entre las partes que componen un todo. A contrario sensu se entiende como resolución incongruente a aquella que no guarda una resolución lógica entre lo solicitado y lo resuelto.

En ese orden, la doctrina estableció una clasificación general de las resoluciones incongruentes, entre las que se encuentran: a) Incongruencia por ultra petita; b) Incongruencia por extra petita; c) Incongruencia por infra petita; y, d) Incongruencia por citra petita (…).

Es importante precisar que el principio de congruencia también adquiere un matiz reforzado a partir del Estado Constitucional, así lo reconoció el Tribunal Constitucional Plurinacional que desarrolló dicho principio desde dos ámbitos de acción; de un lado, dentro de cualquier proceso como unidad, delimitando las actuaciones de las partes procesales como del órgano jurisdiccional o administrativo; y de otro, en cuanto a la estructura misma de las resoluciones, situación esta última que involucra la exigencia de que, en dicho fallo, se absuelvan todos los aspectos puestos a consideración del juzgador de manera coherente y que además de ello, se establezca una relación entre los argumentos expuestos por las partes, los fundamentos argüidos por el juzgador donde se incluirá la base normativa, el análisis fáctico y la parte resolutiva que deberá responder o ser el resultado del problema jurídico, analizando y considerado por dicha autoridad (SCP 0037/2012 de 26 de marzo)»’”.

III.2. Sobre la relevancia constitucional

Sobre este punto se tiene que la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó: “Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.”

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, en mérito a que dentro del proceso de pago de daños y perjuicios, en etapa de ejecución de sentencia, fue concluida con la aprobación de remate que generó la venta judicial por adjudicación de cuatro lotes de terreno a su favor; sin embargo, el demandado -ahora tercero interesado-, presentó un incidente de nulidad contra el embargo y remate judicial, arguyendo la vulneración del principio de proporcionalidad; puesto que, bastaba el remate de dos lotes para cubrir lo adeudado, tal incidente fue rechazado por el Juez de la causa; empero, ante el recurso de apelación presentado por el demandado, los vocales ahora -accionados- emitieron el Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo, mismo que resulta incongruente al determinar revocar la resolución impugnada y en su lugar dispuso “…haber lugar al incidente planteado…” (sic); determinación que se fundó en que no existe Sentencia del proceso de ejecución; al no contar con ese instrumento procesal, tampoco hubo la citación al ejecutado para que este pudiera asumir defensa, tal y como lo exige el art. 490 del CPC; además que, al ser el embargo una medida accesoria, su no observación por parte del demandado no puede convalidar el defecto advertido, lo que implica que hubo un pronunciamiento ultra petita y extra petita, que no fue argüido ni solicitado por el apelante dentro del incidente de nulidad presentado ni en su recurso de apelación. De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso de pago de daños y perjuicios, José Ernesto Zeballos Sánchez -tercero interesado-, presentó incidente de nulidad de providencia o Auto de Embargo y Remate Judicial, por el cual solicitó la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, incluso hasta la providencia de 30 de abril de 2019, que hace referencia al avaluó pericial, que señaló individualizando los lotes de terreno a subastarse en remate judicial; debiendo ordenar y disponer el embargo y remate de dos lotes de terreno, hasta la suma de ejecución de sentencia, la suma condenada a pago de daños y perjuicios de Bs75 350.-; argumentando la vulneración del principio de proporcionalidad, contenido en el art. 498.I del CC, que dispone que el acreedor no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes, en perjuicio grave del deudor, contenido concordante con los arts. 1470 y 514 del citado código; puesto que, los cuatro lotes embargados y rematados exceden el monto de Bs180 000.- (ciento ochenta mil bolivianos), y el Auto Interlocutorio 49/2021 de 26 de marzo, adjudicó los cuatro lotes objeto de remate y subasta judicial, y la suma que corresponde por cada uno; cuando bastaba con el remate de dos lotes de terreno para cubrir la obligación demandada (Conclusión II.1). El Juez Público Civil y Comercial Cuarto de Trinidad del departamento de Beni, emitió el Auto Interlocutorio 153/2021 de 5 de octubre; por el cual, se rechazó el incidente de nulidad de obrados, con costos y costas, sosteniendo que de la revisión de actuados, se tiene que el proceso se llevó conforme a lo previsto por el art. 363 y siguientes del CPC; además que, el incidentista en ningún momento se encontró en estado de indefensión y solicitó la nulidad de varios actos procesales que precluyeron y por ende se encuentran consolidados. Ante la emisión del Auto Interlocutorio 153/2021, el ahora tercero interesado presentó recurso de apelación por el cual solicitó que se revocara o anulara el auto impugnado, y se declare probado el incidente de nulidad planteado por su parte, y sea hasta la providencia de 30 de abril de 2019, debiendo disponerse el embargo de dos lotes de terreno hasta la suma de Bs75 350.- acusando la vulneración de su derecho a una sentencia debidamente fundamentada; argumentando que: i) Se ha incumplido el principio de proporcionalidad al determinar un pago astronómico por concepto de daños y perjuicios, respecto de deterioros sufridos en un vehículo accidentado; no resulta justo el pagar tres veces el valor y rematar cuatro lotes de terreno, cuando con el pago de un lote se cancelaba toda la acreencia; ii) El incidente de nulidad de obrados busca reponer el proceso de ejecución de sentencia hasta que el juez, al ordenar el embargo y remate proceda la aplicación del art. 1470 del CC, respecto a afectar en el patrimonio del demandado deudor estrictamente en lo necesario para pagar la acreencia, inhibiéndose el Juez de embargar y rematar de manera manifiestamente desproporcional cuatro lotes de terreno, cuando por el valor pericial, bastaba con afectar hasta dos propiedades; y, iii) La resolución impugnada no resolvió punto por punto el memorial presentado de su parte, en cuanto a la regulación de la nulidad procesal, dispuesto en el CPC en sus arts. 105 al 109; y respecto a la vulneración del principio de proporcionalidad, en la que se citó el art. 1470 del CC (Conclusión II.3). La Sala Civil Mixta de Familia y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista 100/2022 de 17 de mayo, por el cual se revoca totalmente la resolución impugnada y en su lugar se dispuso “…haber lugar al incidente planteado…” (sic) por el ahora tercero interesado; por lo que, se anula todo lo obrado en ejecución de sentencia, con excepción de los actos de embargo que quedan subsistentes debiendo el acreedor solicitar la ejecución adjuntando una liquidación provisional de todo lo adeudado; tal determinación estableció que: “… 1. Porque no existe la resolución base del proceso de ejecución (…) 2. Al no existir este instrumento procesal no ha existido la citación al ejecutado para que pueda asumir defensa, tal como lo exige el Art. 409.I del CPC. 3. Si bien existe un embargo ordenado con competencia por el Juez de la causa, este incluso puede plantearse con carácter previo a la demanda o solicitud inicial de ejecución ya que es una medida accesoria, por lo que no haber observado los embargos o aprobación de remate no puede ser entendida como una convalidación a la omisión fundamental que es no haber dictado la resolución (…) 4. El embargo al ser una medida cautelar tiene como característica importante su provisionalidad ya que subsisten mientras duren las circunstancias que la determinaron (Art. 314-II del CPC), por consiguiente así no se haya impugnado, una resolución, si la medida cautelar es excesiva debe ser revisada por el Juez de oficio o a pedido de parte, no existe convalidación ni cosa juzgada en materia de medias cautelares” (sic); al no haberse cumplido con los presupuestos básicos del proceso, no se puede determinar si la medida cautelar es ciertamente excesiva o por el contrario resulta imprescindible embargar los cuatro inmuebles para cumplir con la máxima satisfacción posible de la pretensión (Conclusión II.4).

Del contenido del memorial de la acción de amparo presentada por el accionante, se tiene que denuncia la incongruencia del Auto de Vista 100/2022, debido a que sus fundamentos y lo decidido no son coincidentes con el contenido del recurso de apelación presentado por el ahora tercero interesado; es decir, que las supuestas incongruencias del auto impugnado, no tienen relación con los argumentos expuestos por el impetrante de tutela dentro de su memorial de respuesta al recurso de apelación planteado por el tercero interesado, sino que su reclamo se centra únicamente en la falta de coincidencias entre la resolución emitida y lo reclamado por el ejecutado en su recurso de apelación, dentro del merituado proceso de pago de daños y perjuicios. El accionante reclama que en el Auto que ahora impugna, se pronunciaron de manera extra petita y ultra petita, al concluir las autoridades ahora accionadas que dentro del merituado proceso de ejecución no existe ninguna resolución (sea sentencia o auto interlocutorio) que ordene la ejecución coactiva, conforme las reglas del proceso de ejecución de sumas de dinero, lo que implica que hubo en su consideración un pronunciamiento más allá de lo peticionado; es decir, se resolvieron peticiones que no fueron alegadas en el incidente de nulidad, ni en el recurso de apelación presentados por el hoy tercero interesado. Analizado el Auto impugnado, se advierte que efectivamente el mismo centra su decisión precisamente en la falta de una sentencia o una resolución que determine la base del proceso de ejecución, omisión que si bien no fue reclamada por el ahora tercero interesado, tiene una relación directa con la vulneración al principio de proporcionalidad, denunciada por el entonces demandado; puesto que, la falta de este elemento procesal, implica la imposibilidad de determinar materialmente si la medida cautelar dispuesta resulta excesiva o desproporcionada para satisfacer el cumplimiento de la obligación que persigue el demandante. De lo previamente expuesto, no se advierte que los fundamentos desarrollados dentro de la resolución impugnada sean incongruentes, sino que responden a la competencia de los tribunales para velar que los procesos judiciales se tramiten sin que existan vicios de nulidad, tarea que deben de realizar incluso de oficio, y que en el presente caso, la omisión detectada vulneró los derechos de las partes, mismas que no pueden ser convalidadas como pretende el accionante, por el hecho que el ejecutado no interpuso recursos en contra de las órdenes de embargo y la aprobación de remate;

argumento, central que es necesario reiterar, no fue enervado por el accionante. Resulta necesario señalar que el impetrante de tutela, dentro de su acción de amparo constitucional no argumentó en qué sentido la incongruencia demandada resulta ser relevante, o que efecto modificatorio trae para resolver el fondo de lo resuelto; sin embargo, a pesar de tal omisión se analiza el mismo, conforme a lo dispuesto por el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y conforme a lo desarrollado previamente, se concluye que no se advierte que lo denunciado haya vulnerado los derechos del accionante, sino que por el contrario, busca generar seguridad jurídica para las partes intervinientes en el referido proceso de ejecución. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR Resolución 119/2022 de 7 de noviembre, cursante de fs. 46 a 49, emitida por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0631_2024-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): dffd63920a3dfebf1bcd23444c39fdecca3071dd7353edd44da51bfc46012038

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