Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 25 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho al agua; señalando que: i) El 20 de junio de 2021, advirtió que su vivienda no contaba con el servicio del líquido elemento; ante esa situación, mediante notas de 15 de marzo, 2 de abril, 12 de mayo, 2 de julio y 13 de septiembre de 2022 y 24 de agosto de 2023, dirigidas a la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, pidió la reconexión de agua potable; empero, no fueron respondidas, obligándolo a comprar de cisternas para el sustento de él y su familia; y, ii) El 25 de octubre y 9 de diciembre de 2023, al momento de ejecutar trabajos de reinstalación de la red del líquido elemento a su domicilio, evidenció que los demandados, bajo amenazas de muerte, impidieron la reinstalación del mismo; además, con violencia sustrajeron el medidor de agua; medidas de hecho que materializaron la transgresión del derecho invocado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 103 a 106 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0631/2024-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional Expediente: 62045-2024-125-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 103 a 106 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Donato Morochi Villca contra Alejandro Abasto, expresidente de la Junta Vecinal de Urinzaya; Fidel Morales Encinas, Presidente; Eustaquio Canaviri Bautista, Secretario de Riego y Producción Agropecuaria; y, Gabriel José Bartolomé Alto, Secretario de Salud y Deportes, todos de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del Municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 25 de enero y 7 de febrero de 2024, cursantes de fs. 29 a 36 y 43 a 44, el accionante manifestó que:
Al encontrarse como poseedor legal desde 2016, de una parcela de terreno, con una superficie de 290 m², ubicada en la zona Alto Urinzaya, barrio Minero del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, transferida por Fidel Morales Encinas -presunto propietario y demandado-, Presidente de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del señalado ente territorial. Una vez adquirido el citado bien inmueble, construyó una vivienda y al no contar con el servicio de agua potable, acudió ante la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del indicado Municipio, presidida en ese entonces por Henry Maldonado, acordando correr con los gastos de instalación, conexión de cañerías y medidor de agua; para ello, erogó Bs6 400.- (seis mil cuatrocientos bolivianos); sin embargo, el 20 de junio de 2021, pese a cumplir sus obligaciones con la mencionada Asociación y el barrio Minero, advirtió junto a su familia que no contaban con el líquido elemento, enterándose por sus vecinos que el Presidente demandado suspendió el suministro de agua potable; por lo que, le reclamó y este negó tal situación, indicando que la señalada Asociación sería responsable; en tal circunstancia, con intervención de Notaria de Fe Pública -no indica nombre-, presentó notas el 15 de marzo, 2 de abril, 12 de mayo, 2 de julio y 13 de septiembre de 2022, las cuales no merecieron respuesta alguna, obligándolo a comprar agua de cisternas para su sustento y el de su familia. El 16 de mayo de 2023, pretendió entregar carta notariada de 30 de marzo de igual año -conminatoria de reconexión de agua potable-, a Fidel Morales Encinas, Presidente demandado, quien se rehusó a recibirla, indicando que la citada literal correspondería ser dirigida a Félix Ormachea, Presidente de la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del señalado ente territorial y que debía formularla a los “…REGANTES DE SORIA GALVARRO…” (sic); es así que, por escrito de 24 de agosto de igual año, pidió al nombrado la reinstalación del servicio de agua, mereciendo como respuesta que en ningún momento cortaron el mencionado suministro; por ello, denotó que la medida de hecho “…no había sido ejecutada por el o los responsables del agua potable de la ASOCIACION DE AGUA POTABLE SORIA GALVARRO DEL SIPE SIPE…” (sic). Posteriormente, el 25 de octubre de 2023, decidió realizar trabajos de reinstalación de la red de agua a su inmueble; empero, los demandados impidieron su restitución; por lo que, “…se exigió que se retiraran del lugar, pero la brutalidad y las amenazas fueron más fuertes…” (sic), y no contentos con los actos asumidos, el 9 de diciembre de igual año, de manera violenta y bajo amenazas de muerte, nuevamente obstruyeron la citada reconexión, sustrayendo con violencia el medidor del líquido elemento de su vivienda “…medidas de hecho que fueron registradas fielmente como se observa en la grabación adjunta…” (sic); actos arbitrarios que se materializaron en el corte del suministro de agua potable y que generó la lesión del derecho al líquido elemento.
Denunció la lesión de su derecho al agua, citando al efecto los arts. 20, 373 y 374.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Restituir el suministro de agua potable con el tendido de cañerías y reposición del medidor; y, b) Se condene en costas y calificación de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia constitucional.
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de febrero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 97 a 102 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido del memorial de la acción tutelar y ampliándolo señaló que: 1) Los arts. 20, 21 y 373 de la CPE, sostienen que el Estado tiene la obligación de dotar el servicio de agua potable a las familias bolivianas, al ser un derecho de vital importancia para poder subsistir; 2) A través de la certificación de 13 de septiembre de 2022, Elmer Abasto Alá, Presidente de la Junta Vecinal de Urinzaya, respondió a su solicitud verbal sosteniendo que ante el corte del líquido elemento acuda a la instancia correspondiente; 3) Por certificado de 24 de agosto de 2023, Félix Ormachea -tercero interesado- afirmó que en ningún momento cortaron dicho servicio de su vivienda; 4) El 23 de octubre de igual año, Víctor Alfonzo Peredo Suárez, Notario de Fe Pública 3 del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, certificó que su inmueble no contaba con agua potable desde el 20 de junio de 2021, pese a tener medidor de agua; documento que “…indica que la persona que cortó el agua responde al nombre de Fidel Morales…” (sic); 5) Denunció que serían más de tres años que no cuenta con el líquido elemento y que el Presidente demandado, de manera malintencionada, sustrajo el medidor de su propiedad; además, tienen “…más pruebas fotográficas al señor Fidel Morales que viste una polera blanca pantalón negro, con una gorra y a lado un señor parado con sombrero blanco (…) también tenemos quién ha colaborado en esta sustracción del medidor, el señor Gabriel José Bartolomé Alto…” (sic); y, 6) Hermenegildo Ojeda, autoridad Indígena Originaria Campesina (IOC) verificó que su inmueble no contaba con el líquido elemento. Seguidamente, la Jueza de garantías, dispuso inspección in visu al lugar, realizando las siguientes consultas: i) ¿La red de agua de conexión a su inmueble, a qué barrio pertenece?; ii) ¿Actualmente el barrio cómo se llama?; iii) ¿La instalación de agua pertenece al barrio Minero o a la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; iv) ¿Por qué no tiene conexión de agua de este barrio?; v) ¿Quién hizo el corte del líquido elemento?; y, vi) ¿Por qué le cortaron el agua?. En respuesta a las preguntas planteadas, indicó que: a) Pertenecía al barrio Alto Urinzaya, “…ha empezado con su primer presidente Henry Maldonado de esa cooperativa. La cooperativa de agua se llama Soria Galvarro” (sic); b) A principio era barrio Minero, ahora se denomina Nueva Esperanza; c) No, “…es pasando de este barrio…” (sic); d) Conversó con el Presidente demandado para arreglar a “buenas”; ya que, otorgaba agua a un ingeniero y a otras personas que cancelaban facturas; e) “…Ha empezado con Benjamín, con Fidel y nos ha verificado es don Felix Ormachea, que es actual presidente a quien tenia que hacerle el amparo, le dije don Felix, como es el asunto del agua y me dijo que es don Fidel que te ha cortado el agua, nosotros ya no tenemos que ver” (sic); y, f) No sabe debido a que le cortaron el líquido elemento.
Alejandro Abasto, expresidente de la Junta Vecinal de Urinzaya, en audiencia de garantías a través de su abogado, indicó que: 1) Pertenece al barrio “hacienda 1” Soria Galvarro; por ello, desconoció los problemas del corte del suministro del líquido elemento denunciado en la presente acción de amparo constitucional; 2) Cada vecino cumple una función social; ya que, se asocian para luego afiliarse a un comité de agua potable y cancelan por el consumo de agua; 3) Perforan pozos de forma particular sin ayuda de los gobiernos autónomos municipales; y, 4) Nunca ejerció algún cargo en “Alto Urinzaya”. Fidel Morales Encinas, Presidente de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 89 a 94, y en audiencia de garantías a través de su abogado, pidió se deniegue la tutela, señalando que: i) En 2019, junto a varios vecinos, solicitaron el servicio de agua potable a la indicada Asociación; para ello, cancelaron la instalación de un sistema de conexión de red principal a objeto de contar con el líquido elemento; sin embargo, en 2020 y 2021, sufrieron cortes del mismo a sus viviendas por Henry Maldonado, “…lo más grave este señor junto al hoy accionante Donato Morochi le autoriza de forma clandestina realizar una nueva red o matriz de agua con el argumento de que nuestro proyecto no servía y no sería viable, el hoy accionante se sentía dueño del agua y no quiso conectar pese a que nosotros ya habíamos pagado nuestro derecho de conexión y no así el Sr. Donato Morochi…”(sic); ii) Cansado de los cortes de agua y comprar de cisternas, los pobladores de forma conjunta decidieron ejecutar un nuevo proyecto de perforación de pozo, que costó $us18 000.- (dieciocho mil dólares estadounidenses); iii) Si algún vecino pretende contar con agua potable, debe cancelar los montos que demandaron ese propósito; es decir, pagar la cuota que corresponda “…en el caso presente el Sr. Donato Morochi sin cancelar ni ser parte del proyecto menos canceló su derecho de conexión pretende conectarse directamente a nuestro sistema de agua potable…” (sic); iv) La acción tutelar no contiene una relación de causalidad entre el hecho denunciado con los derechos alegados de lesionados; ya que, de antecedentes se advirtió que el problema de fondo sería el derecho a la petición; ello, en atención a las actas notariales dirigidas a la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del señalado ente territorial; v) El accionante a través del presente mecanismo de defensa pretendió que en su calidad de Presidente de la mencionada ut supra Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios, le conecte el servicio de suministro del líquido elemento en menoscabo de los vecinos que invirtieron en dos proyectos de agua potable “…la suma de Bs. 196.302 (ciento noventa y seis mil trescientos dos bolivianos)…” (sic); vi) Las medidas de hecho que se denuncian a través de esta acción tutelar, datan de junio de 2021; vii) Como persona particular no procedió a ningún corte de agua; al contrario, ostenta el indicado cargo de Presidente de la organización denominada Nueva Esperanza; por lo que, se incumplió de esa manera con la legitimidad pasiva, debiendo el impetrante de tutela interponer la presente acción de amparo constitucional contra la nombrada Asociación; en ese entendido, no se transgredió el derecho al servicio del líquido elemento; viii) Respecto a la sustracción de medidor, no existió evidencia que pueda demostrar aquello; pues, debió formularse una denuncia ante la Policía Boliviana; y, ix) El art. 83.II.3 incisos a) y b) de la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD), sostiene que los gobiernos autónomos municipales deben ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable; así como, proveer los mismos a través de entidades públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro, siendo que tales instituciones son las que cobran una tarifa por el servicio, previo pago de conexión; en contrario, no existe dicho derecho. En audiencia de garantías, en uso de la palabra, señaló que: a) La “zona” Soria Galvarro está dividida en siete parcelas; b) El 2014 compró una parcela de terreno; la cual, cuenta con planos y pago de impuestos; asimismo, durante los dos años que vivió en la citada zona, alquiló una pileta pública que pagó por el consumo de agua; y, c) “…los dirigentes de Soria Galvarro a la cabeza de Félix Ormachea y otros, hicimos un convenio de traer agua y pileta de agua (…), nuestro colindante es Alto Urinzaya que tiene otro sistema de agua, después se ha construido el tanque y de ahí nos dieron 12 acciones por haber sido activos, entonces, hemos aportado para la construcción del estanque y hemos conectado las cañerías por el camino…” (sic). La Jueza de garantías realizó las siguientes consultas: 1) ¿El accionante se encuentra afiliado?; y, 2) ¿Existe la posibilidad que ingresen otras personas? En respuesta a la preguntas planteadas, indicó que: i) No, tampoco tiene aportes; y, ii) Sí, una vez que funcione el tanque de agua que falta “…en mayo va funcionar y vamos afiliar, porque todavía no está habilitado” (sic). Eustaquio Canaviri Bautista, Secretario de Riego y Producción Agropecuaria de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en audiencia de garantías, a través de su abogado, sostuvo que: a) El accionante denuncia medidas de hecho -corte del servicio de agua potable- perpetradas el 20 de junio de 2021, incumpliendo con el principio de inmediatez establecido en los arts. 128 y 129 de la CPE, en vista de que transcurrieron más de “dos a tres años”; además, existe causal de improcedencia en razón al acto libremente consentido por el impetrante de tutela, porque dejó transcurrir seis meses para interponer el presente mecanismo de defensa; y, b) Al no contar con el líquido elemento, junto al Presidente demandado, invirtieron dinero para contratar una retroexcavadora para perforar un pozo de seis metros de profundidad “…esta inversión de red es con la plata de Fidel. Cuando no teníamos agua, he comprado agua bajo lista, hemos sufrido casi un año…” (sic). Gabriel José Bartolomé Alto, Secretario de Salud y Deportes, de la supra mencionada Asociación, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 46 vta.
Félix Ormachea, Presidente de la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, no remitió escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 46 vta.
La Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 103 a 106 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) El solicitante de tutela indicó que los demandados, serían los que cortaron el suministro de agua potable; sin embargo, de la revisión de los antecedentes presentados en este mecanismo de defensa, se advirtió que dicha responsabilidad no recayó sobre los nombrados; de otro modo, de la “…prueba acompañada…” (sic); así como, de la inspección ocular dispuesta, no se llegó a comprobar la medida de hecho denunciada; 2) El accionante tiene abierta la vía ordinaria a efectos de denunciar el “supuesto robo” del medidor y no acudir de manera directa a la justicia constitucional; toda vez que, esta tiene la finalidad de hacer respetar los derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política del Estado; 3) No se acreditó la legitimación pasiva de los demandados; puesto que, los mismos no forman parte de la directiva de la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del indicado Municipio, a la cual el impetrante de tutela se encuentra afiliado; por otro lado, de la inspección in situ, se conoció la existencia de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del citado ente territorial; de la que, el peticionante de tutela no es miembro, según la nómina de afiliados “…por reconocimiento expreso de parte del accionante en la inspección realizada este ha indicado que no está afiliado a esta nueva Asociación…” (sic); motivos por los cuales, no puede disponer la reconexión del servicio del líquido elemento; y, 4) El solicitante de tutela no coadyuvó en la instalación en el nuevo sistema de agua potable “…más al contrario el accionante habría estado en contra de la Creación de Esta Nueva Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueza Esperanza e incluso habría entorpecido la creación de esta Asociación…” (sic).
Por memorial presentado el 9 de mayo de 2024 (fs. 130), ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Donato Morochi Villca -accionante- pidió adelanto de sorteo argumentando que al ser persona adulta mayor pertenece a un grupo vulnerable; ante lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal, a través del AC 115/2024-CA/S de 24 de mayo, cursante de fs. 135 a 138, dispuso ha lugar la mencionada solicitud, procediéndose al efecto con el respectivo sorteo de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan cartas de 15 de marzo, 2 de abril, 12 de mayo, 2 de julio y 13 de septiembre de 2022, en las cuales, Donato Morochi Villca -accionante-solicitó a Félix Ormachea, Presidente de la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba -tercero interesado-, la reconexión del servicio del líquido elemento, arguyendo ser socio de la citada Asociación y estar al día en los pagos de dicho servicio (fs. 5 a 6 y 8 a 10). II.2. Consta acta de 24 de junio de 2022, que refiere, en reunión de afiliados de la indicada Asociación, se conformó el directorio para la gestión 2022 - 2024, que “…recayeron en los siguientes afiliados: 1. Fidel Morales Encinas PRESIDENTE 2. Leidy Viacha Gutiérrez VICEPRESIDENTE 3. Andres Morales Encinas SECRETARIO DE ACTAS 4. Lucia Espindola Copa Vda de Berríos SECRETARIA DE HACIENDA 5. Emiliano Patiño Marin SECRETARIO DE JUSTICIA 6. Silveria Gutierrez Quispe SECRETARIA DE ORGANIZACION Y CAPACITACION 7. Eustaquio Canaviri Bautista SECRETARIO DE RIEGO Y PRODUCCION AGROPECUARIO 8. Gabriel José Bartolome Alto SECRETARIO DE SALUD Y DEPORTES 9. Virginia Espindola Copa de Morales VOCAL” (sic); a su vez, mediante acta de posesión de directorio de igual data, Emiliano Patiño Marín, Presidente de la Asociación de Regantes, Productores Agropecuarios y Frutícolas de la Cuenca Pankuruma (ARPAFCUPA), procedió al acto de posesión y juramento del supra mencionado directorio (fs. 78 a 80 vta.).
II.3. A través de carta notariada de 27 de marzo 2023, el solicitante de tutela impetró la reconexión del servicio de agua potable a Fidel Morales Encinas, Presidente de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del indicado ente territorial -demandado-; quien se rehusó a recibir la citada misiva indicando que la misma debe ser dirigida a “…F[é]lix Ormachea, y que el servicio de agua debe solicitarla a los regantes de Soria Galvarro…” (sic [fs. 12 a 13]). II.4. Consta carta notariada de 30 de marzo de 2023, mediante la cual, el peticionante de tutela conminó al Presidente demandado, para la reconexión del líquido elemento; sin embargo, la misma no pudo ser entregada (fs. 14 a 15 vta.). II.5. Cursa Acta Notarial 100/2023 de 23 de mayo; por la que, Omar Chuquichambi Villca, Notario de Fe Pública 2 del municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba, procedió a la apertura del Libro de Actas de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe de ese departamento (fs. 77). II.6. Mediante misiva de 24 de agosto de 2023, el accionante solicitó la reconexión del servicio de agua potable al tercero interesado, quien a través de nota de igual fecha indicó que su Asociación, en ningún momento procedió con el corte del mismo a su vivienda (fs. 16 a 17). II.7. Se tiene certificación de 22 de octubre de 2023, por la que, Elmer Basto Ala, Presidente de la Junta Vecinal de Urinzaya del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, sostuvo que el peticionante de tutela “Es vecino de la zona legalmente y cumpliendo la función social de pie durante el lapso de 8 años aproximadamente, ubicado en el BARRIO MINERO Junta Vecinal URINZAYA…” (sic [fs. 18]). II.8. A través de Acta Notarial 112/2023 de 23 de octubre, Víctor Alonzo Peredo Suárez, Notario de Fe Pública 3 del indicado municipio y departamento, certificó que el domicilio del impetrante de tutela, no contaba con agua potable pese a que tiene medidor de agua y las respectivas piletas, indicando el nombrado que “…le cortaron el agua desde la fecha 20 de junio de 2021 al presente no cuenta con agua, también indica que la persona que le corto el agua responde al nombre de Fidel Morales…” (sic [fs. 19]). II.9. Cursa Nómina de Afiliados -no indica fecha- de la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro de la citada entidad territorial, registrando treinta afiliados, entre ellos no se encuentra el accionante; documento refrendado por la directiva de la indicada Asociación (fs. 82 a 83).
II.10. Se tiene muestrario de fotografías de un medidor de agua, piletas de agua, fosa con cañerías sin medidor de agua; asimismo, varias personas junto a tanques de agua, cisternas y tubos de cañería (fs. 20 a 28 y 87 a 88). II.11. Consta un Disco Compacto (CD) donde se advierte la grabación de una discusión presumiblemente entre el solicitante de tutela y el Presidente denunciado, video que tiene una duración de treinta y ocho segundos (fs. 3).
El accionante denuncia la lesión de su derecho al agua; señalando que: i) El 20 de junio de 2021, advirtió que su vivienda no contaba con el servicio del líquido elemento; ante esa situación, mediante notas de 15 de marzo, 2 de abril, 12 de mayo, 2 de julio y 13 de septiembre de 2022 y 24 de agosto de 2023, dirigidas a la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, pidió la reconexión de agua potable; empero, no fueron respondidas, obligándolo a comprar de cisternas para el sustento de él y su familia; y, ii) El 25 de octubre y 9 de diciembre de 2023, al momento de ejecutar trabajos de reinstalación de la red del líquido elemento a su domicilio, evidenció que los demandados, bajo amenazas de muerte, impidieron la reinstalación del mismo; además, con violencia sustrajeron el medidor de agua; medidas de hecho que materializaron la transgresión del derecho invocado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0768/2016-S2 de 22 de agosto, señaló que: “…cuando las vías o medidas de hecho persisten en el tiempo, ocasionan una permanente y continua conculcación de los derechos denunciados en la acción de amparo constitucional, prolongando la consumación irregular del hecho y la vulneración de tales derechos, situación por la que no es posible admitir como válida, la alegación del transcurso del tiempo para denegar la tutela impetrada, pues los actos ilegales perviven en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad discurra normalmente; en tal sentido, el cómputo de dicho plazo no debe realizarse desde el primer acto lesivo, tratándose de medidas de hecho, sino que se debe tomarse en cuenta la continuidad de tal acto ilegal ejercido por el demandado” (el resaltado fue añadido).
Al respecto, la SCP 2076/2012 de 8 de noviembre, sostuvo que: «La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, en un nuevo entendimiento constitucional afín a los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional respecto a las vías de hecho, estableció y delimitó los presupuestos de activación de esta acción tutelar frente a vías de hecho, señalando que: “En principio y en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, debe definirse a las llamadas ‘vías de hecho', a cuyo efecto, es imperante señalar que la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho. Ahora bien, en el marco de la definición de las vías de hecho desarrollada precedentemente, corresponde en este estado de cosas, delimitar los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional frente a vías de hecho, razón por la cual, es pertinente señalar que al ser las vías de hecho actos ilegales graves que necesitan una tutela pronta y oportuna, con la finalidad de brindar una tutela constitucional efectiva, es necesario precisar tres aspectos esenciales para la activación del control tutelar de constitucionalidad: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandados”; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra. Con esos argumentos, precisó: 1) En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiaridad frente a vías de hecho:
“Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiaridad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional”. 2) Respecto a la carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela La citada SCP 0998/2012, refirió: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, para asegurar una certeza jurídica y consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. En el marco de lo señalado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente; además, es imperante precisar que de manera específica, los ‘avasallamientos’, constituyen también vías de hecho, situación en la cual, cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, la parte accionante, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros; además, para este supuesto, es decir para ‘avasallamientos’, como carga argumentativa, será necesario probar por cualquier medio legítimo, los actos o medidas circunscritas a las vías de hecho. Por lo señalado, al margen de estas cargas probatorias, para asegurar un real acceso a la justicia constitucional, frente a vías de hecho por avasallamiento, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional, ya que un razonamiento contrario, podría afectar una tutela constitucional efectiva”. En ese contexto, señaló que el control de constitucionalidad estableció cargas probatorias para el accionante frente a vías de hecho, lo cual fue desarrollado mediante la SC 0148/2010-R de 17 de mayo; empero, ésta fue modulada por la SCP 0998/2012, cambiando el entendimiento de la sentencia citada supra, considerando que la misma responde a un real acceso a la justicia constitucional, a una tutela constitucional efectiva y a una interpretación extensiva y bajo pautas de interpretación armoniosas al postulado plasmado en el art. 256.I de la CPE, que plasma el principio de favorabilidad, “…establecen los siguientes presupuestos: i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”; y, 3) La flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva y la flexibilización de la actividad probatoria de las personas no expresamente demandadas en peticiones de tutela referente a vías de hecho “…la legitimación pasiva, ha sido definida por el órgano contralor de constitucionalidad como la directa relación de causalidad entre las personas o autoridades demandadas y los actos u omisiones denunciadas como lesivas a derechos. En el marco de lo indicado, para la activación de la acción de amparo constitucional y para dar fiel observancia al presupuesto de la legitimación pasiva, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas, así lo establece el art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), norma que por su fecha de vigencia no es aplicable al caso concreto, pero que sin embargo es citada de manera referencial para su aplicación a casos futuros en relación a los cuales tenga validez temporal. En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso tanto para la parte accionante como para la parte accionada o demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela”» (las negrillas son nuestras).
Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, resulta necesario referirse sobre el posible incumplimiento del principio de inmediatez alegado por los demandados -Fidel Morales Encinas y Eustaquio Canaviri Bautista-; al respecto, de los datos que cursan en el expediente constitucional, se tiene que el corte de suministro de agua potable -medida de hecho- inició el 20 de junio de 2021, y la interposición de esta acción tutelar fue activada el 25 de enero de 2024. Consiguientemente, del memorial de la presente acción de amparo constitucional y según lo afirmado por el impetrante de tutela en la audiencia de garantías, alegó que son más de tres años que no tiene el líquido elemento habiendo reclamado constantemente su restitución y que la última medida de hecho perpetrada por los demandados fue el 9 de diciembre de 2023, cuando de forma violenta sustrajeron su medidor de agua potable y con amenazas impidieron la reconexión del mismo; al respecto, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, estableció que mientras persistan las vías de hecho, no se computa el plazo de seis meses previsto por el principio de inmediatez; en este caso, se evidencia que el corte del suministro del líquido elemento en el domicilio del peticionante de tutela, ha sido de manera continua y permanente, desde el 20 de febrero de 2021 hasta la interposición de este mecanismo de defensa -25 de enero de 2024-; es decir, que los demandados han mantenido la medida de hecho en el transcurso del tiempo y además el accionante alega el agravamiento de las mismas con acciones realizadas en octubre y diciembre de 2023; ello, permite el ingreso al análisis de la problemática planteada.
Retomando al estudio de este caso, el solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho al agua, señalando que: a) El 20 de junio de 2021, advirtió que su vivienda no contaba con el suministro del líquido elemento; ante esa situación, mediante notas de 15 de marzo, 2 de abril, 12 de mayo, 2 de julio y 13 de septiembre de 2022 y 24 de agosto de 2023, dirigidas a la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, pidió la reconexión del líquido elemento; empero, no fueron respondidas, obligándolo a comprar de cisternas para el sustento de él y su familia; y, b) El 25 de octubre y 9 de diciembre de 2023, al momento de ejecutar trabajos de reinstalación de la red de agua a su domicilio, evidenció que los demandados, bajo amenazas de muerte, impidieron la reconexión del mismo; además, con violencia sustrajeron el medidor de agua; medidas de hecho que materializaron la transgresión del derecho invocado. Con relación a la problemática del inc. a) El accionante denuncia que, una vez advertido el corte de suministro de agua potable en su vivienda, a través de notas de 15 de marzo, 2 de abril, 12 de mayo, 2 de julio y 13 de septiembre de 2022, solicitó a Félix Ormachea -tercero interesado- la restitución del líquido elemento, alegando ser socio de la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba y estar al día en los pagos por el indicado servicio; empero, dichos pedidos no fueron respondidos (Conclusión II.1). De igual manera, existe nota de 24 de agosto de 2023; por la cual, el impetrante de tutela requirió la reconexión del servicio de agua potable al tercero interesado, quien mediante misiva de igual fecha sostuvo que la supra citada Asociación, en ningún momento procedió con el corte del mismo al solicitante de tutela (Conclusión II.6). En ese orden, se concluye que las pretensiones del accionante se dirigieron contra una tercera persona y representante de otra asociación distintas a los ahora demandados, lo que evidencia falta de legitimación pasiva y además hechos controvertidos, pues luego el nombrado en su acción tutelar admite que el tercero interesado, no fue quien perpetró las medidas de hecho -corte del suministro de agua-, sosteniendo que “…no había sido ejecutada por el o los responsables del agua potable de la ASOCIACION DE AGUA POTABLE SORIA GALVARRO DEL SIPE SIPE…” (sic); pero sus solicitudes de reconexión que ahora alega de no respondidas, fueron dirigidas a dicho Presidente y Asociación; por lo que en ese escenario, no ameritan mayor pronunciamiento. Respecto a la problemática del inc. b) Conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las medidas de hecho son consideradas como aquellos actos ilegales y arbitrarios asumidos con la prescindencia de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, por medio de los cuales se pretende una justicia directa, con abuso del poder que se detenta frente al agraviado, resultando estos ilegítimos por no tener respaldo legal, situación que puede ser denunciada a través de la acción de amparo constitucional, a objeto de perseguir la tutela ante la comprobación de la lesión de derechos emergentes de dichos actos; empero, resulta necesario tener presente que para su activación concurren tres aspectos esenciales: 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por el impetrante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas. En el caso concreto, el solicitante de tutela reclama supuestos actos ilegales que configurarían en medidas de hecho -corte del suministro de agua potable-; por lo que, corresponde abstraer el principio de subsidiariedad; considerando que: “…las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad…” (SCP 0998/2012 de 5 de septiembre); en tal circunstancia, superado este punto, es pertinente ingresar a analizar el objeto de la presente acción tutelar, con la finalidad de verificar si corresponde una tutela constitucional pronta y oportuna.
Respecto a la segunda exigencia, es necesario enfatizar que no basta la simple invocación por parte del impetrante de tutela en el presente mecanismo de defensa, que los demandados le hubieran restringido el suministro de agua potable a su domicilio, sino que dicha aseveración debe ser acompañada de prueba cierta y fehaciente, que permita a la justicia constitucional tener certeza de lo argumentado.
En ese contexto, el peticionante de tutela en su afán de demostrar tales vías de hecho, presenta como pruebas: i) Cartas notariadas de 27 y 30 de marzo de 2023, de notificación y conminatoria de restitución del líquido elemento al Presidente demandado; empero, este se rehusó a recibir la primera y la última no pudo ser entregada (Conclusiones II.3 y 4); ii) Acta Notarial 112/2023 de 23 de octubre, que certificó que el domicilio del accionante no contaba con agua potable desde el 20 de junio de 2021, a la “presente fecha” (Conclusión II.8); y, iii) A su vez, acompañando muestrario fotográfico se observó un medidor de agua, piletas, fosa con cañerías sin medidor y varias personas junto a tanques de agua, cisternas y tubos de cañería (Conclusión II.10); y, finalmente, un CD, donde se advierte la grabación de una discusión presumiblemente entre el peticionante de tutela y el Presidente demandado; video que, tiene una duración de treinta y ocho segundos, del cual no se evidencia el corte del líquido elemento y menos aún la sustracción o retiro del medidor de agua; al contrario, la persona que respondería al nombre de Fidel Morales Encinas señala: “…que cosa yo solo me estoy instalando mi agua…” (sic), en réplica la otra persona que sería el accionante precisa “…yo he trasladado todo eso yo he pagado todo eso…” (sic [Conclusión II.11]).
Consiguientemente, el impetrante de tutela no acredita certidumbre sobre la existencia de medidas de hecho, tampoco cursa en el expediente documento alguno, que permita advertir a este Tribunal que, en efecto, se conculcó el derecho al agua; por ello, la carga probatoria debe exponerse de manera objetiva, así como, los actos o medidas asumidas sin causa jurídica; situación que, no aconteció en el presente caso; por el contario, se comprobó que el solicitante de tutela es vecino desde hace ocho años atrás del “…BARRIO MINERO Junta Vecinal URINZAYA…” (sic [Conclusión II.7]); y, que existen dos reparticiones de agua potable; la primera, la Asociación de Agua Potable Soria Galvarro del municipio de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, de la cual, el accionante es socio; además, acudió a la citada Asociación al no contar con el líquido elemento; y, la segunda, es la Asociación de Regantes y Productores Agropecuarios del Pozo Nueva Esperanza exhacienda Soria Galvarro de ese ente territorial, instancia de la cual, el nombrado no forma parte; al contrario, Fidel Morales Encinas, Eustaquio Canaviri Bautista y Gabriel José Bartolomé Alto -demandados-son miembros del Directorio y se encuentran afiliados a la mencionada Asociación (Conclusiones II.2, 5 y 9); en ese entendido, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia; circunstancias que, en el caso de autos, no se demostró.
Asimismo, de la audiencia de garantías y la inspección in situ, celebrada el 16 de febrero de 2024, la Jueza de garantías consultó al peticionante de tutela, quién hizo y porqué le cortaron el servicio de agua, mismo que indicó: “…Ha empezado con Benjamín, con Fidel y nos ha verificado es don Félix Ormachea, que es actual presidente a quien tenía que hacerle el amparo, le dije don Félix, como es el asunto del agua y me dijo que es don Fidel que te ha cortado el agua, nosotros ya no tenemos nada que ver.
(…) …No sé, no me explicó” (sic); consecuentemente, no existe una acreditación objetiva y certera por el nombrado para demostrar que efectivamente están frente a una medida de hecho asumida por los demandados, estableciendo una situación de diferencia o desventaja frente a los mismos, sea por la desproporcionalidad de los medios y acciones empleadas -violencia, amenazas o uso de la fuerza-, desventajas que solamente fueron enunciadas; por ello, no son suficientes a efectos de analizar la presente problemática y al contrario evidenciaron que -como señala el peticionante de tutela- la acción tenía que ser interpuesta contra otra persona y Asociación.
Consiguientemente, el impetrante de tutela no cumplió con la carga probatoria que le incumbía para acreditar la concurrencia de vías de hecho por los ahora demandados; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 16 de febrero de 2024, cursante de fs. 103 a 106 vta., pronunciada por la Jueza Pública de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba; y en consecuencia; DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0631_2024-S2.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6ee4bc453a0eb13789d63f1ea381df4dbb82f66270196d1ab7d05c0bb9e9bc6c
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