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SCP 0631/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 18 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
18 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47330-2022-95-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión del debido proceso y su derecho a la petición, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, pese haber fijado audiencia de cesación a su detención preventiva para el 11 de abril de 2022, suspendió la misma porque no se emitió a tiempo el oficio para que el Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” lo remita a la audiencia virtual programada, habiendo sido suspendido el acto procesal en dos oportunidades para el 13 y 18 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/22 de 14 de abril de 2022, cursante a fs. 72, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; sin embargo: 1º Se recomienda a la Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz, al cumplimiento estricto de los horarios programados para la celebración de audiencias; 2º Se llama la atención al Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por no ajustar el comportamiento del abogado del accionante; y, 3º Se impone multa al abogado Franz Menacho Heredia, equivalente a tres días de haber de un Juez de Instrucción Penal, cuyo cobro y ejecución se encomienda al Juez de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe resolución en revisión de una primera acción respecto de la cual emerge el que se interpone
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0631/2023-S4 Sucre, 18 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47330-2022-95-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/22 de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Menacho Heredia, en representación sin mandato de Víctor Alfonso Arembay Méndez contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 41 a 43, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de secuestro, en audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 11 de octubre de 2021, la autoridad ahora demandada, ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, por el término de ciento ochenta días, señalando audiencia de cumplimiento de la misma, para el lunes 11 de abril de 2022 a las 9:30. Es así que, en la fecha establecida, la audiencia de cesación a la detención preventiva por vencimiento de término, tuvo que ser suspendida, debido a que la autoridad jurisdiccional demandada no firmó en tiempo oportuno el oficio para que el Gobernador del Centro Penitenciario Precitado remita a la audiencia virtual programada; por lo que, fue diferida para el miércoles 13 de abril de 2022, la cual también fue suspendida porque la citada Jueza no se encontraba en su Despacho Judicial, continuando por tal motivo, privado de su libertad.

Por otra parte, pese a solicitar que la audiencia se desarrolle de manera presencial, en virtud al Instructivo 009/2022, la Jueza demandada se negó hacerlo, fijando los actos procesales a llevarse a cabo de manera virtual; esto porque la mencionada autoridad jurisdiccional nunca se encuentra presente en su despacho judicial. Finalmente denunció que, ante la solicitud del Fiscal de Materia de ampliar su detención preventiva, la Jueza de la causa pretende de manera maliciosa llevar a cabo primero la audiencia de solicitud de ampliación y posteriormente la audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión del debido proceso, y el derecho a la petición señalando los arts. 5, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 115, 116, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

La parte accionante solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se ordene que la autoridad jurisdiccional demandada señale audiencia de cesación a la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia el 14 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 71 y vta., ausentes la parte impetrante de tutela y la autoridad jurisdiccional demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante no se hizo presente en la audiencia de consideración de la presente acción tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

María Alejandra Melgar Menacho, Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz, mediante informe de 14 de abril de 2022, cursante de fs. 67 a 70, señaló lo que sigue: a) Con referencia a la suspensión del acto procesal de 13 de abril de 2022, indicó que cursa acta de audiencia, en la que se dejó en evidencia que la defensa técnica del imputado no se hizo presente a dicho actuado, de igual manera, y en plataforma virtual del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, no se presentó al privado de libertad, situación que imposibilitó instalar el acto procesal; b) Se fijó nuevo día y hora de audiencia para el 18 de igual mes y año, c) El accionante planteó tres acciones de libertad en una semana; de las cuales, dos fueron negadas, debido a que los argumentos que utilizó no son acertados y sobre todo carecen de valores, seriedad y respeto que merece el acto procesal; mediante sustentos alejados de las formas del procedimiento, previstas en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además, de no adecuarse a lo que establece el “art. 45 de la CPE”; d) Las audiencias podrán llevarse a cabo por videoconferencia, en aplicación de lo previsto por el art. 113 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 8 de mayo de 2019–; y, e) Solicitó que se sancione al profesional abogado que redactó la grotesca acción de libertad con la que intentó desprestigiar su condición de profesional, mujer y madre, la cual es ofensiva contra su persona y como autoridad, pidiendo se remitan antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Santa Cruz.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/22 de 14 de abril de 2022, cursante a fs. 72, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento que la parte accionante interpuso la presente acción de libertad, sosteniendo que hasta esa fecha, no se llevó a cabo la audiencia de cesación a su detención preventiva; sin embargo, de la documentación aparejada y del informe emitido por la autoridad demandada se evidencia que “la audiencia de 11 de abril de 2022, fue suspendida para el 13 de abril de 2022, así mismo cursa el acta de suspensión; por lo que la autoridad ahora demanda señaló nueva audiencia para el lunes 18 abril de 2022” (sic).

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de secuestro, cursa Auto de 11 de octubre de 2021, emitido por María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz –ahora demandada−, quien dispuso la aplicación de detención preventiva en contra de Víctor Alfonso Arembay Méndez –hoy accionante– por el término de ciento ochenta días; asimismo señaló audiencia para el cese a la detención preventiva pare el lunes 11 de abril de 2022 a las 9:30 (fs. 10 a 12 vta.). II.2. Por mandamiento de detención preventiva de 11 de octubre de 2021, la Jueza de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, mandó y ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, poner bajo su custodia al impetrante de tutela (fs. 13).

II.3. A través del Auto 113 de 8 de abril de 2022, la Jueza de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, dispuso denegar la solicitud de cesación a la detención preventiva en favor del solicitante de tutela, por mantenerse vigente lo previsto en los arts. 234.2 y 235.7 del CPP, determinación que fue apelada en la misma audiencia (fs. 16 vta. a 23 vta.). II.4. A través de Oficio 712/2022 de 8 de abril, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, solicitó al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, traslade al impetrante de tutela a oficinas de Gobernación a objeto de que se lleve a cabo la audiencia de “Conciliación” a realizarse de forma virtual el lunes 11 de abril de 2022 a las 9:30 (fs. 24), del mismo modo, se emitió el oficio 713/2022 de igual mes y año, dirigido a la Coordinadora de Gestora 5 para que programe la audiencia virtual antes referida (fs. 25). II.5. Por memorial recibido en el Juzgado de Instrucción Penal del departamento de Santa Cruz, el Fiscal de Materia Yván Ortiz Tristán, solicitó ampliación del término de la detención preventiva, por el lapso de treinta días a objeto de concluir con las actuaciones pendientes como ser la audiencia de inspección ocular y reconstrucción de los hechos para el 13 de abril de 2022 a las 15:00 acto investigativo de sustancial importancia para la averiguación de la verdad (fs. 27 y vta.), mereciendo el proveído de 11 de igual mes y año; en el que, fijó el acto procesal para el 13 de mismo mes y año (fs. 28). II.6. Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual evidencia que la autoridad jurisdiccional ahora demandada suspendió dicho actuado procesal, debido a que, por informe de la Secretaria se le hizo conocer que el accionante no se encontraba en la audiencia virtual programada, pese a que el Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” fue notificado por WhatsApp con el oficio (fs. 29 a 31). II.7. Por Oficio 724/2022 de 12 de abril, la autoridad ahora demandada, solicitó al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, traslade al impetrante de tutela a oficinas de Gobernación a objeto de que se lleve a cabo la audiencia de ampliación a la detención preventiva, a realizarse de forma virtual el 13 de abril de 2022 a las 9:30 (fs. 33), del mismo modo, se emitió el oficio 732/2022 de igual mes y año, dirigido a la Coordinadora de Gestora 5 para que programe la audiencia virtual antes referida (fs. 35). II.8. A través de Oficio 723/2022 de 12 de abril, la Jueza ahora demandada, solicitó al Gobernador del Centro Penitenciario precitado, traslade al solicitante de tutela a oficinas de Gobernación a objeto de que se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, a realizarse de forma virtual el 13 de abril de 2022 a las 10:30 (fs. 34), del mismo modo, se emitió el oficio 731/2022 de igual mes y año, dirigido a la Coordinadora de Gestora 5 para que programe la audiencia virtual antes referida (fs. 36).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión del debido proceso y su derecho a la petición, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, pese haber fijado audiencia de cesación a su detención preventiva para el 11 de abril de 2022, suspendió la misma porque no se emitió a tiempo el oficio para que el Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” lo remita a la audiencia virtual programada, habiendo sido suspendido el acto procesal en dos oportunidades para el 13 y 18 del mismo mes y año. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe resolución en revisión de una primera acción respecto de la cual emerge el que se interpone

Entre otras, la SCP 0238/2020-S4 de 23 de julio, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad y sus presupuestos de activación; estableció que: “La Norma Suprema, ha consagrado en su art. 125, a la acción de libertad, dentro de las garantías y acciones de defensa, indicando: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Disposición legal complementada en cuanto a su objeto, en el art. 46 del CPCo estipulando: ‘La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro’. Normativa que desde la interpretación exegética, consolida la voluntad del constituyente y del legislador, respectivamente, de precautelar mediante ésta acción los derechos fundamentales de la vida y la libertad, o la vinculación directa con los mismos, razonamiento consolidado en la ampulosa jurisprudencia constitucional emita al respecto, entre ellas la SCP 0325/2019-S4 de 5 de junio, en la que retomando el criterio plasmado en la SCP 0054/2012 de 9 de abril, refirió que: ‘La acción de libertad es una acción tutelar de carácter extraordinario, que fue instituida en la Constitución Política del Estado abrogada en su art. 18, y ahora como acción de libertad en el orden constitucional vigente en el art. 125, manteniendo el mismo carácter y finalidad de protección a la libertad física o personal, o de locomoción y al debido proceso vinculado con la libertad, además de haber ampliado su ámbito de aplicación y protección haciéndola extensible al derecho a la vida, por lo que se constituye en una garantía constitucional por el bien jurídico primario (vida) y fuente de los demás derechos del ser humano…’”. En el marco de lo señalado, y dada la naturaleza especialísima y extraordinaria de las acciones de defensa; así como, su carácter de sumariedad, vinculatoriedad y obligatorio cumplimiento, a la luz de los principios de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia, así como en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva, no es viable interponer dos o más acciones tutelares con el mismo fin cuando una anterior acción se encuentra pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; razonamiento que encuentra su génesis en el desarrollo doctrinal comprendido en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, que refiriéndose a la imposibilidad de presentar una nueva acción tutelar cuando la primera que se planteó aún se encuentre en trámite. En ese sentido concluyó señalando que: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal [de garantías](…). A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías” (las negrillas son agregadas).

No obstante lo señalado, la eficacia de la resolución emitida por los tribunales o jueces de garantías, es a partir de su notificación, que se produce a tiempo de la lectura de la misma en la propia audiencia, y su ejecución es inmediata; así lo establecieron las normas contenidas en el art. 126.IV de la CPE; en consecuencia, aun cuando dicho fallo no hubiera adquirido aun, la calidad de cosa juzgada, su cumplimiento es inmediato; y por lo mismo, cualquier decisión asumida en su cumplimiento, puede ser reclamada mediante el recurso de queja consagrado en el art. 16 de la norma constitucional, a presentante y tramitarse exclusivamente por parte del Tribunal de garantías, mientras el fallo no hubiera merecido la emisión de una Sentencia Constitucional Plurinacional, no siendo posible que para lograr su cumplimiento o repudiar lo determinado en la misma, se active otra acción de defensa; cuando la primera aún está en trámite. Dicho entendimiento resulta también aplicable, en los casos en que se planteen dos acciones de forma simultánea para impugnar el mismo acto, con la intensión de obtener resultados diferentes.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la lesión del debido proceso y su derecho a la petición, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, pese haber fijado audiencia de cesación a su detención preventiva para el 11 de abril de 2022, suspendió la misma porque no se emitió a tiempo el oficio para que el Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” lo remita a la audiencia virtual programada, habiendo sido suspendido el acto procesal en dos oportunidades para el 13 y 18 del mismo mes y año. Ahora bien, previo a ingresar al análisis de fondo de lo demandado, corresponde analizar si la presente causa, superó las causales de improcedencia reglada, entre ellas, la desarrollada en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que no está permitido activar una nueva acción de defensa mientras se encuentre pendiente de resolución una anterior.

Dentro de ese contexto y con base en el informe de la autoridad demandada, particularmente en lo que respecta a la existencia de otras acciones de libertad que hubieran sido planteadas por el accionante, bajo los mismos términos objeto de la presente resolución, verificando el Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se evidencia la interposición de otra acción de defensa similar a la actual, interpuesta al mismo tiempo que la presente, el 11 de abril de 2022, signada con el número de expediente 47313-2022-95-AL; la cual, según refiere la autoridad demandada, hubiera sido concedida en la modalidad de la acción de libertad innovativa por parte del Juez de garantías. Lo decidido en la mencionada acción de libertad, hasta la fecha no obtuvo calidad de cosa juzgada constitucional; debido a que, aún se encuentra en revisión ante este Tribunal; por lo tanto, no se tiene certeza de cuál será el veredicto definitivo respecto a la misma; de manera tal que, en tanto se encuentre pendiente de resolución, no puede plantearse otra acción de defensa, solicitando que la autoridad ahora demanda se pronuncie respecto a un asunto que ya fue objeto de análisis constitucional y que no se agotó en sus instancias de revisión. De todo lo manifestado, es posible evidenciar que el solicitante de tutela interpuso una nueva acción de libertad, impugnando las mismas actuaciones acaecidas dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de secuestro, en el que se encontraba programada la audiencia de cesación a su detención preventiva para el lunes 11 de abril de 2022 a las 9:30, la cual fue suspendida por la falta de celeridad de parte de la Jueza de la causa en la firma del oficio, para que el Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” remitiera a la audiencia virtual programada al accionante, lo que motivó a que la autoridad jurisdiccional demandada fijara una nuevo acto procesal para el 13 de igual mes y año, el cual, de igual manera fue suspendido porque la citada Jueza no se encontraba en su Despacho Judicial, reprogramando nuevamente la audiencia para el 18 del mismo mes y año, situación que lo mantiene privado de su libertad; por otra parte, el solicitante de tutela exige al igual que en la anterior acción, que se dé cumplimiento al Instructivo 009/2022 para que la audiencia se desarrolle de forma presencial y no virtual; y pese a que la misma fue denegada por el Juez de garantías; sin embargo, a la fecha se encuentra pendiente de revisión por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo que resulta irrazonable desde el punto de vista constitucional, conforme se desarrolló en la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico precedente, haciendo inviable la presente acción de defensa. Finalmente y por otra parte, se evidencia también que en el memorial de la acción de libertad se utilizaron estereotipos de género en relación a la Jueza demandada por ser mujer, tales como que en lugar de cumplir su labor jurisdiccional está de compras o asignarle alias respecto a sus rasgos físicos, que resultan inadmisibles y que debieron ser reprendidos por el Juez de garantías de manera oportuna, porque vulneran los derechos fundamentales de la persona, a la igualdad y no discriminación y porque el Estado Boliviano y específicamente, el Órgano Judicial se encuentra comprometido a tomar las medidas apropiadas para ajustar los patrones socioculturales y eliminar los prejuicios basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/22 de 14 de abril de 2022, cursante a fs. 72, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada; sin embargo: 1º Se recomienda a la Jueza de Instrucción Penal Décimo Cuarta del departamento de Santa Cruz, al cumplimiento estricto de los horarios programados para la celebración de audiencias; 2º Se llama la atención al Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por no ajustar el comportamiento del abogado del accionante; y, 3º Se impone multa al abogado Franz Menacho Heredia, equivalente a tres días de haber de un Juez de Instrucción Penal, cuyo cobro y ejecución se encomienda al Juez de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0631_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2be195748745cacebf2cdd09bc2e749860cf3deb9eb9265391c333ee8c01287b

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