B.IA.LEGAL

SCP 0630/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55266-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente doble instancia, a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal en que estos son las víctimas del delito de estafa y estelionato, tipificados por los arts. 335 y 337 del CP, por Auto Interlocutorio 34/2022, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, declaró fundado el incidente de extinción de la acción penal por prescripción; así como, la extinción de la acción penal a favor de las denunciadas, -ahora terceras interesadas-, disponiendo el archivo de obrados, luego de esa decisión, en audiencia los solicitantes de tutela anunciaron la interposición del recurso de apelación, materializando tal anuncio el 18 de marzo del mismo año, conforme lo determinado por los arts. 403 y 404 del CPP; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- declararon inadmisible el indicado recurso, por no haber interpuesto conforme determina el art. 404 de la Ley 1970, modificado por la Ley 1173, confirmando el Auto Interlocutorio 34/2022; determinación que impidió con una interpretación demasiado formalista que se analice el fondo de su recurso de apelación; por lo que solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 182/2022, y se emita nuevo fallo conforme a parámetros a dictarse. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 62/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 144 a 146, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 182/2022 de 9 de junio, pronunciado por Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Que los Vocales demandados o quienes ejerzan dicho cargo, señalen día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesta, verificada en el plazo máximo de los tres días siguientes, desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando no se haya modificado la situación jurídica del solicitante de tutela.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de medida cautelar de manera oral
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0630/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55266-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 62/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 144 a 146, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Daniel Alanoca Quino; Jhenny Rosa y Marlene Marisol ambas Alanoca Machicado contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 29 de marzo de 2023, cursantes de fs. 124 a 129; y, 132 a 135, los accionantes manifestaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refieren que son víctimas de los delitos de estafa y estelionato, tipificados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP); motivo por el cual, presentaron denuncia penal contra Josefa Velasco Vda. de Zapata, Elena Flores Huarachi y Paula Zapata Velasco -ahora terceras interesadas-, el 27 de mayo de 2010, y como resultado del trámite del proceso penal, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal contra las prenombradas el 4 de noviembre de 2020. Así, por Auto Interlocutorio 34/2022 de 15 de marzo, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, declaró fundado el incidente de extinción de la acción penal por prescripción; así como, la extinción de la acción penal a favor de las terceras interesadas, disponiendo el archivo de obrados, luego de esa decisión, en audiencia anunció la interposición de recurso de apelación “…aspecto contrastado en la grabación de la audiencia” (sic). Posteriormente, por memorial presentado el 18 de marzo de 2022, conforme lo determinado por los arts. 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), formularon recurso de apelación, en contra del referido Auto, pedido que fue concedido mediante proveído por el Juez aquo; es así que, mediante Auto de Vista de 182/2022 de 9 de junio, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- declararon inadmisible el indicado recurso, por no haber interpuesto conforme determina el art. 404 de la Ley 1970, modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres-, confirmando el Auto Interlocutorio 34/2022; ante esa decisión, solicitaron complementación y enmienda, mismo que fue declarado no ha lugar por Auto de Vista 7 de julio de 2022. En ese sentido, el Auto de Vista 182/2022, ahora impugnado, al declarar la inadmisibilidad de su recurso de apelación incidental provocó que este no sea analizado en el fondo, vulnerando de esa manera el debido proceso en su elemento doble instancia y a la tutela judicial efectiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente de doble instancia, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 182/2022, y se emita nuevo fallo conforme a parámetros a dictarse.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 19 de abril de 2023, según consta en acta cursante de fs. 141 a 143 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado reiteraron íntegramente el contenido de su acción de amparo constitucional, y en el desarrollo de la audiencia manifestaron que: a) Interpusieron contra las terceras interesadas un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de estelionato y estafa; es así que, conforme al avance de la investigación, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal; b) En la audiencia de apertura de juicio oral, público y contradictorio, los terceros interesados formularon incidente de extinción de la acción penal por prescripción, instituto jurídico que fue declarado probado mediante “Resolución 35/2022”, luego de esa decisión ilegal, en ese mismo verificativo los ahora impetrantes de tutela anunciaron interponer recurso de apelación; y, c) El 18 de marzo de 2022, estos formalizaron de manera escrita el citado recurso; sin embargo, los Vocales demandados a través del Auto de Vista 182/2022, con base a una valoración formalista, declararon inadmisible dicho recurso, sosteniendo que fue planteado fuera de los alcances del art. 404 CPP, modificado por la Ley 1173; por ello, tal determinación lesionaron el derecho a la doble instancia.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 18 de abril de 2023, cursante de fs. 139 a 140 vta., manifestaron que: 1) Los arts. 396.3 y 398 del CPP, establecen por un lado la competencia para conocer y resolver los agravios formulados por la parte apelante en grado de apelación y por otro, prevé reglas generales, plazos y la forma que deben ser formulados los recursos; asimismo, el art. 404 de la indicada Norma establece que cuando la resolución se dicte en audiencia, el mencionado recurso deberá ser interpuesto inmediatamente de forma oral, ante el Juez o Tribunal que la emitió; en esa circunstancia, el Auto Interlocutorio 34/2022, debió ser impugnado enunciando agravios y no solo expresar reserva de apelación, circunstancias establecidas por la Ley 1173 modificada por la Ley 1226; 2) El derecho a la impugnación se encuentra garantizado por los arts. 180.II de la CPE; y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3) El art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional tiene por objeto garantizar los derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley frente a actos u omisiones ilegales atribuibles a servidores públicos o particulares, además, la justicia constitucional no es una instancia revisora de interpretación o valoración probatoria, si la parte accionante analice dichos aspectos, debió realizar una sucinta y precisa relación sobre alguna lesión a derechos fundamentales; no obstante, tales requisitos se encuentran ausentes en la acción tutelar; por lo que, no se produjo restricción ni supresión de derechos o garantías constitucionales; y, 4) El Auto de Vista 182/2022, se encuentra debidamente fundamentada y motivada tanto en los hechos como en derecho -arts. 124 y 173 del CPP-; por tanto, solicitaron que se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Informe de los terceros interesados

Josefa Velasco Vda. de Zapata y Paula Zapata Velasco, en audiencia de garantías, a través de su abogado, manifestaron que: i) El proceso penal instaurado en sus contra data de hace más de veinte años, por tal situación, formularon incidente de extinción de la acción penal por prescripción; es así que, la autoridad jurisdiccional dictó el Auto Interlocutorio 34/2022, declarando probado dicho mecanismo de defensa, siendo que, el impetrante de tutela se limitó únicamente a formular reserva de apelación, sin fundamentar sus agravios de forma expresa e inmediata, conforme exige el art. 404 del CPP; ii) El art. 396.3 de la citada Norma, establece que los recursos deben sujetarse a requisitos formales de tiempo y forma, cuya omisión genera su inadmisibilidad, cuestiones legales que no deben considerarse formalismos innecesarios, sino garantías procesales de cumplimiento obligatorio; y, iii) La acción tutelar interpuesta pretende subsanar errores procesales atribuibles a la parte accionante, mismos que debieron ser corregidos oportunamente durante el desarrollo de la audiencia donde se resolvió el incidente de extinción de la acción penal por prescripción; por lo que, solicitaron se deniegue la tutela solicitada al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales. Elena Flores Huarachi, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación, cursante a fs. 138.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 62/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 144 a 146, denegó la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional constituye un mecanismo jurisdiccional, excepcional y sumarísimo, de defensa frente a actos u omisiones ilegales o indebidos que restrinjan, supriman o amenacen derechos reconocidos, entendimiento asumido por la SC 1643/2011-R de 21 de octubre, las acciones de defensa proceden cuando no exista otro medio idóneo para la protección inmediata de derechos vulnerados; b) El art. 404 del CPP, modificado por la Ley 1173, establece dos modalidades para la interposición del recurso de apelación: la primera, de forma oral e inmediata; es decir, cuando la resolución se emite en audiencia; y, segunda, por escrito y debidamente fundamentada, dentro de los tres días posteriores a la notificación; en ese marco, la decisión adoptada por los Vocales ahora demandados, fue en aplicación a las formas procesales previstas por la normativa penal, cuya observancia es de cumplimiento obligatorio, sin que se haya incurrido en ritualismos que lesionen derechos fundamentales; toda vez que, celebrada la audiencia de 15 de marzo de 2022, la autoridad jurisdiccional dictó el Auto Interlocutorio 34/2022, declarando fundado el incidente de extinción de la acción penal por prescripción; empero, los accionantes no interpusieron de forma oral e inmediatamente su apelación, al contrario, activaron el recurso de apelación incidental de manera posterior y de forma escrita -18 de marzo de 2022-, soslayando lo establecido por el art. 404 del CPP, modificado por las Leyes 1173 y 1226; y, c) No se demostró vulneración al derecho a la doble instancia ni a la impugnación, pues fueron los propios impetrantes de tutela los que incumplieron las condiciones legales para activar el recurso de apelación; ya que, la prerrogativa de recurrir estuvo a su disposición; empero, no fue ejercida de manera oportunamente, lo cual, no puede ser atribuido a las autoridades demandadas.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendiente de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Disco Compacto (CD) que contiene la grabación de la audiencia de 15 de marzo de 2022 -dos horas, seis minutos y cincuenta y seis segundos de duración-, de consideración de incidente de extinción de la acción penal por prescripción, promovida por Josefa Velasco Vda. de Zapata, Paula Zapata Velasco y Elena Flores Huarachi -terceras interesadas- (fs. 123). II.2. A través del Auto Interlocutorio 34/2022 de 15 de marzo, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso a favor de las terceras interesadas; asimismo, en dicho verificativo Daniel Alanoca Quino, Jhenny Rosa y Marlene Marisol ambas Alanoca Machicado –ahora accionantes-, hicieron reserva de apelación (fs. 5 a 14 vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 18 de marzo de 2022, por los impetrantes de tutela; en el cual, formularon recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio 34/2022, mereciendo decreto de 21 de igual mes y año, disponiendo la remisión de obrados al Tribunal de alzada (fs. 52 a 60). II.4. Por Auto de Vista 182/2022 de 9 de junio, Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- declararon inadmisible el referido recurso deducido por los solicitantes de tutela (fs. 100 a 101). II.5. Mediante memorial presentado el 3 de julio de 2022, ante los Vocales ahora demandados, los accionantes solicitaron complementación y enmienda, pedido que fue resuelto “no ha lugar” por Auto de Vista de 7 de igual mes y año (fs. 112 a 114).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente doble instancia, a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal en que estos son las víctimas del delito de estafa y estelionato, tipificados por los arts. 335 y 337 del CP, por Auto Interlocutorio 34/2022, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, declaró fundado el incidente de extinción de la acción penal por prescripción; así como, la extinción de la acción penal a favor de las denunciadas, -ahora terceras interesadas-, disponiendo el archivo de obrados, luego de esa decisión, en audiencia los solicitantes de tutela anunciaron la interposición del recurso de apelación, materializando tal anuncio el 18 de marzo del mismo año, conforme lo determinado por los arts. 403 y 404 del CPP; sin embargo, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandados- declararon inadmisible el indicado recurso, por no haber interpuesto conforme determina el art. 404 de la Ley 1970, modificado por la Ley 1173, confirmando el Auto Interlocutorio 34/2022; determinación que impidió con una interpretación demasiado formalista que se analice el fondo de su recurso de apelación; por lo que solicitó se conceda la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 182/2022, y se emita nuevo fallo conforme a parámetros a dictarse. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la formulación de la apelación incidental de medida cautelar de manera oral

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0991/2023-S2 de 12 de diciembre y 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, se ha pronunciado en el marco de los fines y objetivos establecidos por la Ley 1173 y las modificaciones que incorporó al régimen de apelación incidental previsto en los arts. 403 y ss. del CPP, entre ellas, la presentación del recurso de apelación en forma oral, precisando lo siguiente: [Se] modificó el régimen de apelación incidental previsto en los art. 403 y ss. del CPP; así las cosas y en este nuevo contexto procesal el recurso de apelación incidental contra las resoluciones descritas en el art. 403 del Adjetivo Penal debe ser interpuesto de manera oral o escrita; el primer escenario, supone que el mismo debe ser formulado en audiencia e inmediatamente después que la autoridad jurisdiccional emitió la decisión que desde el punto de vista del recurrente, le ocasiona un agravio en sus derechos e intereses legítimos (…).

En este contexto, la apelación oral formulada en el marco previsto en el art. 404 del CPP, debe ser aceptada sin la exigencia de cumplimiento de ningún otro requisito de carácter formal que vaya en contrasentido del principio de inmediación -transversal en todo el proceso penal boliviano- como es la exigencia de argumentación o fundamentación de agravios ante una autoridad que eventualmente no será la decisora; a partir de ello, la sola interposición del recurso de manera inmediata-oral y la exposición de agravios ante el tribunal de alzada son suficientes para: remitir antecedentes al superior jerárquico, disponer la admisibilidad del recurso y obtener una respuesta de fondo en etapa de apelación; ello, acorde a lo previsto en la SCP 0935/2021-S2 de 3 de diciembre, que respecto al alcance del recurso de apelación incidental conforme al marco previsto en el art. 403 del CPP, establece que: “…las partes deben formular el recurso de apelación de manera oral en la audiencia de resolución, luego de ser dictaminada la misma y notificada por su lectura, debiendo constar en dicho acto procesal de forma expresa su interposición, y cuya fundamentación será desarrollada posteriormente en alzada [El resaltado es nuestro].

Bajo el mismo entendimiento la SCP 0732/2023-S2 de 28 de julio, estableció lo siguiente:

[La] simple interposición o formulación oral del recurso ante la autoridad que emitió la decisión impugnada; sin la exigencia de cualquier otro requisito formal como es el caso de la exposición de agravios ante la autoridad que no es decisora; es suficiente para que el legajo procesal sea remitido al Tribunal de alzada, este aperture su competencia, declare la admisibilidad del recurso y emita una decisión de fondo, que responda a la fundamentación de agravios realizada por el recurrente o apelante. Un entendimiento contrario; es decir, declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el juez o tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione -SCP 0897/2013 de 20 de junio; los jueces y tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia [el énfasis es añadido]. Criterio reiterado en la SCP 1299/2025-S3 de 17 de octubre.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes remitidos a este Tribunal, y conforme a las conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional; consta que, a través del Auto Interlocutorio 34/2022, la Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso a favor de las terceras interesadas; asimismo, en dicho verificativo los accionantes hicieron reserva de apelación (Conclusión II.2); posteriormente, mediante memorial presentado el 18 de marzo de 2022, los prenombrados interpusieron recurso de apelación contra dicha decisión (Conclusión II.3). En consecuencia, por Auto de Vista 182/2022, los Vocales demandados declararon inadmisible el citado recurso de impugnación (Conclusión II.4); a lo que, por escrito desplegado de 3 de julio de igual año, los impetrantes de tutela solicitaron complementación y enmienda, pedido que fue resuelto “no ha lugar” por Auto de Vista de 7 de igual mes y año (Conclusión II.5). En dicho contexto fáctico, los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertiente doble instancia, a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, por Auto de Vista 182/2022, los Vocales demandados declararon inadmisible el recurso de apelación incidental que formularon contra el Auto Interlocutorio 34/2022, decisión con base a una valoración formalista respecto a los alcances del art. 404 del CPP. La determinación asumida por los Vocales hoy demandados se considera errónea; ya que, los argumentos empleados en el Auto de Vista 182/2022, refieren que el art. 404 de la indicada Norma establece que cuando la resolución se dicte en audiencia, el mencionado recurso deberá ser interpuesto inmediatamente de forma oral, ante el Juez o Tribunal que la emitió; en esa circunstancia, el Auto Interlocutorio 34/2022, debió ser impugnado enunciando agravios y no solo expresar reserva de apelación, circunstancias establecidas por la Ley 1173 modificada por la Ley 1226. Tal criterio se encuentra superado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme lo establecido por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que ha establecido que al declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental (en el marco del art. 403 del CPP) a partir de la falta de exposición de agravios del recurrente ante el Juez o Tribunal que dictó la decisión judicial, no solo transgrede los principios que fundamentan el orden penal vigente; sino, criterios de interpretación de derechos humanos reconocidos por la jurisprudencia constitucional que permiten la vigencia y materialización efectiva de los mismos; así, en observancia del principio pro actione.

En ese sentido se concluye que los Jueces y Tribunales deben interpretar la norma en el sentido más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación a fin de que se emita un pronunciamiento de fondo; en el mismo sentido, y acorde al principio pro homine, las autoridades judiciales no solo deben aplicar las normas que sean más favorables para la protección o materialización de un derecho sino adoptar una interpretación también favorable y extensiva al mismo, por sobre una que restrinja y limite su efectividad y vigencia. Por lo previamente detallado, resulta claro que los Vocales demandados, al emitir el Auto de Vista 182/2022, no han aplicado la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; misma que, se encuentra plenamente vigente, imponiendo en su lugar una interpretación demasiado formalista, al declarar la inadmisibilidad del referido recurso de apelación incidental bajo los argumentos previamente descritos, omitiendo la interpretación más favorable para la admisibilidad de un recurso o medio de impugnación, vulnerando de esa forma los derechos al debido proceso en su vertiente de doble instancia, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia de las impetrantes de tutela, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 62/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 144 a 146, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 182/2022 de 9 de junio, pronunciado por Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Henry David Sánchez Camacho, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. b) Que los Vocales demandados o quienes ejerzan dicho cargo, señalen día y hora de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental interpuesta, verificada en el plazo máximo de los tres días siguientes, desde la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; siempre y cuando no se haya modificado la situación jurídica del solicitante de tutela. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0630_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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