B.IA.LEGAL

SCP 0630/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
51648-2022-104-AAC
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes derecho a la igualdad y correcta valoración de la prueba; puesto que, la denuncia formal de inhabilitación de un candidato a Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, interpuesta por el Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP” participante del Claustro Universitario gestión 2022-2026, fue rechazada por el Comité Electoral de la casa superior de estudios, mediante Resolución 16/22, con argumentos que no se encuentran en el marco normativo para las elecciones universitarias y sin valorar la prueba presentada, que da cuenta que, el candidato impugnado no podía participar en las elecciones referidas. En revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 262 a 269, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional:
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0630/2024-S3 Sucre, 12 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 51648-2022-104-AAC Departamento: Beni En revisión la Resolución 105/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 262 a 269, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Aranda Galdo contra Jesús Egüez Rivero, Rector de la Universidad Autónoma José Ballivián del departamento de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de octubre de 2022, cursante de fs. 84 a 92 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El delegado del Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP”, que se presentó a los Claustros Universitarios 2022-2026 de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, formuló denuncia formal de inhabilitación del candidato a Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia, Jacobo Mariaca Jiménez, mediante memorial presentado el 21 de abril de 2022 al Comité Electoral, fundamentando que, el nombrado candidato, al momento de presentarse a las elecciones, contaba con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de apropiación indebida, pronunciada el 14 de noviembre de 2016, por el Juzgado de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni; misma que apelada, fue confirmada por la Sala Penal, a través de Auto de Vista 20/2017 de 4 de diciembre; fallo que fue objeto del recurso de casación y declarado infundado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Auto Supremo 843/2018-RRC de 17 de septiembre; demostrando con ello, que se incumplía con la Resolución 21/2022 de 21 de marzo, que establecía expresamente, para ser Director de Carrera aplicaban los mismos requisitos para Decano, como no haber sido condenado con sentencia ejecutoriada dictada por Autoridad competente, que debe ser acreditado con certificado REJAP, así como no tener denuncia y/o proceso por Violencia Familiar o Domestica, demostrado con Certificado SIPPASE; empero, el Comité Electoral pese a conocer de los antecedentes penales descritos, habilitó como candidato a Jacobo Mariaca Jiménez. Refirió que la denuncia de inhabilitación fue rechazada mediante Resolución 16/22 de 22 de abril, emitida fuera del marco normativo para las elecciones universitarias, siendo que, con un razonamiento lógico, el candidato impugnado no podía participar en los claustros para Director de Carrera o Decano, toda vez que, la prueba que se acompañó era suficiente para que lo inhabilitaran, así como a los acompañantes de su fórmula; sin embargo, no fue valorada por el Comité Electoral. Alegó que, la citada Resolución en una simple página rechazó la solicitud de inhabilitación, en un solo párrafo de su considerando tercero; argumentando que, las actuaciones del Comité Electoral se basaron en el principio de legalidad, lo establecido en los Estatutos Orgánicos de la Universidad Boliviana y de la Universidad Autónoma José Ballivián, el Reglamento Electoral y la Convocatoria a elecciones para autoridades universitarias; que revisada la documentación del candidato Jacobo Mariaca Jiménez, se constató que cumplía los requisitos establecidos en los arts. 234.4 de la CPE y 51.8 del Estatuto Orgánico de la Universidad señalada, así como lo estipulado en la Resolución 021/2022 de 21 de marzo, emitida por el Consejo Universitario; normativa que no tiene relación con el objeto de la solicitud de impugnación ni el fondo de la problemática; incumpliendo con la correcta valoración de la prueba que se acompañó, a la cual el referido Comité no otorgó ningún valor legal. Por otra parte, la Resolución impugnada no describió los motivos por los cuales no inhabilitó a Jacobo Mariaca Jiménez, ni respalda su escasa argumentación con la individualización de elementos probatorios, asignándoles el valor correspondiente para llegar a una correcta decisión, al habilitar a un candidato que no cumplía los requisitos mínimos para presentarse a claustros universitarios. Respecto a la legitimación pasiva, señala que, el presunto acto ilegal contra el que interpone la acción de amparo constitucional, es la Resolución 16/22 pronunciada por el Comité Electoral del Claustro Universitario 2022-2026, compuesto por Camilo Antonio Rosas Ardaya, ex Presidente y Madekadel Vaca Melgar ex Secretario, quienes ya no ejercen dichas funciones, por lo que, en cumplimiento a las SSCCPP 0508/2012 de 9 de julio y 0461/2014 de 25 de febrero, corresponde demandar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, quien será la autoridad encargada de reestablecer sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, a partir de los parámetros a establecerse en la vía constitucional

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El solicitante de tutela señaló como lesionado su derecho al debido proceso, en sus vertientes de, derecho a la igualdad y correcta valoración de la prueba; citó al efecto el art. 115 de la (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y se disponga: a) Dejar sin efecto alguno la Resolución 16/22 de 27 de abril –lo correcto es 22 de abril-, pronunciada por el Comité Electoral Claustro Universitario 2022-2026; b) Al ser su Plancha la que participó legalmente, pueda quedar automáticamente como ganadora y/o se convoque a un nuevo Claustro Universitario, para la elección de un Decano y Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni; y, c) Se ordene que Jacobo Mariaca Jiménez y sus acompañantes no puedan terciar en el nuevo Claustro.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre, según consta en el acta cursante de fs. 258 a 261; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos y el petitorio contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jesús Egüez Rivero, Rector de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, por intermedio de sus apoderados Miriam Genoveva Jauregui Phillips, Carmen Olga Chavarria Roca y Bruno Suárez Rivero, remitió informe de fecha 31 de octubre, cursante de fs. 190 a 198, pidió que la tutela sea denegada y expresó que: 1) Bajo el principio de inmediatez, la acción tutelar fue presentada fuera de plazo, puesto que denuncia como supuesto acto ilegal la emisión de la Resolución 16/22 de 22 de abril, cumpliéndose seis meses el 22 de octubre, el Rector fue notificado con el Auto Interlocutorio 245/2022 el 28 de octubre, por lo que ha transcurrido más del término previsto por ley para su presentación; 2) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, pues el accionante no agotó la vía interna impugnando la posesión de las autoridades electas; por el contrario, participó de la elección, dando plena validez a todos los actos o comicios universitarios, es decir, consintió libre y expresamente el hecho que considera lesivo; 3) El impetrante de tutela no hace conocer que, en su memorial de solicitud de inhabilitación de candidato, solo adjunto copias simples de las Resoluciones aludidas como prueba; empero, de la documentación presentada por el candidato impugnado, éste contaba con el Certificado de Antecedentes Penales (REJAP) de 13 de abril, mismo no registraba ningún antecedente penal o sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso; consiguientemente, cumplió con lo establecido en la Convocatoria a Elecciones de Decanos y Directores de Carrera de la Universidad Autónoma José Ballivián, es así, que la actuación del Comité Electoral al emitir la Resolución 16/22, se enmarcó en el principio de legalidad; 4) El informe emitido por la encargada de REJAP dependiente del Consejo de la Magistratura, refiere que, Jacobo Mariaca Jiménez cuenta con antecedentes penales relativos a una sentencia condenatoria, remitida recientemente, que demuestra que, en el mes de abril de 2022, el nombrado no contaba con antecedentes penales registrados en el REJAP, conforme se advierte del Certificado de 13 del mes señalado; y, 5) Por informe 50/2022 de 24 de agosto, elaborado por el encargado de Control y Fiscalización de la referida institución, se pide al Juez que sentenció en primera instancia a Jacobo Mariaca Jiménez, refiera sobre las razones por las que no se realizó el registro de la Sentencia 05/16, ratificada por Auto Supremo 843/2018- RRC de 17 de septiembre, al REJAP; situación que, también demuestra que, en la emisión de la Resolución 16/22 y la respectiva posesión de las autoridades electas, se adecuaron a todas las normas legales en vigencia y si en la actualidad existiera alguna incompatibilidad para que Jacobo Mariaca Jiménez, siga ejerciendo las funciones de Director electo de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, esta casa de estudios, a través de los controles internos establecidos en su estructura institucional, determinará lo que por ley corresponda. En audiencia el informe fue ratificado por Miriam Genoveva Jauregui Phillips, puntualizando a su vez que, el accionante Carlos Aranda Galdo no fue quien impugnó la candidatura de Jacobo Mariaca Jiménez, sino Jesús Osvaldo Arza Rojas como delegado del Frente Unidos por la U 2.0 AEIPP, por lo tanto, no existe legitimación activa; por otra parte, del cronograma del Claustro Universitario para la elección de Decanos y Directores de Carrera de la Universidad Autónoma José Ballivián, los medios de impugnación debieron ser presentados antes del 21 de abril y resueltos dentro de las 24 horas; así también señala que, la toma de posesión de las autoridades electas se realizaría el 25 del mismo mes; en ese sentido, se advierte que, el impetrante de tutela alega derechos presuntamente vulnerados que, en su momento tácitamente aceptó, al no haber sido reclamados en plazo oportuno. En cuanto a la legitimación pasiva, Jesús Egüez Rivero, Rector de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, no fue quien pronunció la Resolución impugnada en la acción de defensa, sino Camilo Antonio Rosas Ardaya y Madekadel Vaca Melgar, como Presidente y Secretario respectivamente, del ex Comité Electoral; por lo tanto, no tiente la calidad de accionado sino de tercero interesado.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Camilo Antonio Rosas Ardaya y Madekadel Vaca Melgar, en su calidad de miembros del ex Comité Electoral en las elecciones para Rector, Vicerrector, Decanos y Directores de Carrera de la Universidad Autónoma José Ballivián, mediante informe cursante de fs. 242 a 249, manifestaron lo siguiente: i) Las actuaciones del Comité Electoral al emitir la Resolución 16/22 de 22 de abril, se ajustan al principio de legalidad, dado que todos sus actos se realizaron en lo establecido por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma José Ballivián, su Reglamento Electoral y Convocatoria a Elecciones de Autoridades Universitarias, aprobada por Resolución del Consejo Universitario 21/2022 de 21 de marzo; además, la documentación presentada por el Frente que postuló a Jacobo Mariaca Jiménez, demostró el cumplimiento de los arts. 234.4 de la CPE y 51.8 del Estatuto Orgánico de la Universidad citada y de lo previsto en la Resolución 21/2022; el Certificado REJAP de 13 de abril, indica que el nombrado no registraba ningún tipo de antecedente penal; ii) La documentación presentada por Jesús Osvaldo Arza Rojas, junto al memorial de impugnación a habilitación de candidatura, no cumplía lo dispuesto por el art. 147.I del Código Procesal Civil (CPC); iii) Por informe de la encargada de REJAP dependiente del Consejo de la Magistratura, Jacobo Mariaca Jiménez cuenta con antecedentes penales relativos a una sentencia condenatoria, remitida recientemente por el Juzgado Primero de Sentencia de la Capital del departamento de Beni, que implica que, en el mes de abril no contaba con antecedentes penales registrados en el REJAP; a su vez, el informe 50/2022 de 24 de agosto, del encargado de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de Beni, da cuenta que se pidió informe al Juzgado señalado, para que, expliquen los motivos por los cuales no se realizó el registro de la Sentencia 05/16, confirmada por Auto Supremo 843/2018-RRC de 17 de septiembre al REJAP; extremos que comprueban que, el Comité Electoral al emitir la Resolución 16/22 y realizar la respectiva posesión de autoridades electas, se enmarcaron en normativa legal vigente; y, iv) Al participar el accionante como candidato en las elecciones señaladas y no observar los actos que ahora impugna en su momento, se presenta el principio de preclusión en concordancia con el de convalidación; por lo que piden que la tutela sea denegada. Los argumentos del referido informe fueron ratificados en audiencia, reiterando que, el accionado no cuenta con legitimación pasiva para responder la acción de amparo constitucional, al no haber pronunciado la Resolución 16/2022.

I.2.5. Resolución de la Sala Constitucional

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, mediante Resolución 105/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 262 a 269 denegó la tutela impetrada, expresando al efecto los siguientes fundamentos: a) De la Resolución impugnada, se verifica que, el Comité Electoral de los Claustros Universitarios 2022-2026 de la Universidad Autónoma José Ballivián, en respuesta al memorial presentado el 21 de abril de 2022 por Jesús Osvaldo Arza Rojas, pidiendo la inhabilitación del candidato a la Dirección de la Carrera de Veterinaria y Zootecnia, Jacobo Mariaca Jiménez, por tener sentencia condenatoria ejecutoriad, señalaron que revisada la documentación presentada por el Frente que lo propuso, el referido candidato cumplió con los arts. 234.4 de la CPE y 51.8 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma José Ballivián y lo establecido en la Resolución 021/2022 de 21 de marzo, pronunciada por el Consejo Universitario de dicha casa de estudios; y que, sin entrar en mayores detalles, la documentación adjunta no cumplía con lo dispuesto en el art. 147.I del CPC, respecto a la presentación de originales o copias legalizadas; b) Se denuncia falta de valoración de la prueba y falta de motivación de la Resolución 16/22; al respecto se pudo verificar que dicho fallo cuenta con la debida motivación para sustentar su decisión, sin que se perciba lesión a los derechos del accionante, en cuanto al debido proceso en el elemento motivación; c) En cuanto al debido proceso en la vertiente valoración de la prueba, el solicitante de tutela refiere que, el Comité Electoral en la emisión de la Resolución que rechazó su solicitud de inhabilitación de candidato, no realizó una correcta valoración de la prueba; en virtud de ello, la jurisprudencia constitucional señaló que de manera excepcional se puede ingresar a valorar prueba, siempre y cuando exista ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, si existió una actitud omisiva en esa tarea o si se dio un valor diferente al medio probatorio, que en el caso en cuestión no concurre, habida cuenta que la Resolución 16/22 es clara al indicar que las pruebas adjuntas al memorial de impugnación a habitación de candidatura, no fueron analizadas por no cumplir con el art. 147.I del CPC; por lo tanto, no puede aludirse falta de valoración de la prueba, al haberse expuesto los motivos para no ser consideradas, por lo que, si el citado Comité Electoral actuó correcta o incorrectamente con la aplicación de ese precepto legal, en la demanda de acción de defensa, no se denuncia la incorrecta interpretación de la norma; en ese sentido, no se puede actuar de oficio, al no haberse reclamado este aspecto; y, d) Por otra parte, se verificó que, el ahora accionante participó en los Claustros Universitarios 2022-2026 de la Universidad Autónoma José Ballivián, incurriendo en una causal de improcedencia al haber consentido los actos presuntamente vulnerados, conforme lo establece el art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 21/2022 de 21 de marzo, pronunciada por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, por la que se convoca a Claustro Facultativo y de Carrera para elegir Decanos y Directores de Carrera, a ser efectuado el 25 de abril de ese año (fs. 49 a 52 vta.) II.2. Por memorial presentado el 21 de abril de 2022, Jesús Osvaldo Arza Rojas Delegado del Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP”, presenta denuncia de inhabilitación de candidatura a Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia, Jacobo Mariaca Jiménez, aludiendo que cursa en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada, por lo que no podría estar inscrito como candidato ( fs. 12 y vta.). II.3. El Comité Electoral Claustro Universitario gestión 2022-2026 de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, conformado por Camilo Antonio Rosas Ardaya Presidente y Madekadel Vaca Melgar, Secretario, pronunció la Resolución 16/22 rechazando in límine la denuncia presentada por Jesús Osvaldo Arza Rojas, Delegado del Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP” (fs. 128 a 129). II.4. Cursa Reglamento Electoral de la Universidad Autónoma José Ballivián, que en su art. 12 inc. a) señala: “COMITÉ ELECTORAL UNIVERSITARIO.- El Comité Electoral Universitario es la máxima instancia Electoral de la Universidad Autónoma del Beni y está constituido por cuatro docentes titulares y cuatro estudiantes regulares…” (sic) ) [fs. 217 a 220 vta.].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso, en sus vertientes derecho a la igualdad y correcta valoración de la prueba; puesto que, la denuncia formal de inhabilitación de un candidato a Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, interpuesta por el Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP” participante del Claustro Universitario gestión 2022-2026, fue rechazada por el Comité Electoral de la casa superior de estudios, mediante Resolución 16/22, con argumentos que no se encuentran en el marco normativo para las elecciones universitarias y sin valorar la prueba presentada, que da cuenta que, el candidato impugnado no podía participar en las elecciones referidas. En revisión corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional:

Necesidad ineludible de demandar a la o las personas o autoridad o autoridades, quienes, ante una eventual concesión de la tutela, es a las que le correspondería cumplir el fallo emitido

Al respecto la SCP 1320/2022- S2 de 4 de octubre, señaló: “El art. 129.I de la CPE, prevé: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados'. Por su parte, el art. 52.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que esta acción de defensa, podrá ser interpuesta por: ‘Toda persona natural o jurídica cuyos derechos estén siendo restringidos, suprimidos o amenazados, de serlo, directamente u otra en su nombre con poder suficiente”; correspondiendo identificar como requisito regulado en el art. 33.2 de la referida norma procesal, el: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado’. En ese orden, respecto a la legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional, destaca que la misma exige la coincidencia entre la persona o autoridad que presuntamente cometió la trasgresión de derechos fundamentales y garantías constitucionales y aquella contra quién se dirige la acción. Sobre el particular, la abundante jurisprudencia constitucional determinó que debe identificarse indubitablemente a la persona particular o autoridad que presuntamente ocasionó las violaciones a derechos fundamentales y garantías constitucionales; a efectos de poder responder por las acusaciones efectuadas en su contra. Al respecto, la SCP 0149/2012 de 14 de mayo, expresó que: ‘…la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional, es la capacidad jurídica que se otorga a la autoridad, funcionario público o particular para comparecer o presentar su informe ante un Tribunal de garantías y de esta forma, responder por los hechos ilegales o indebidos que restringen o lesionen derechos y garantías fundamentales; por lo que es imprescindible individualizar correctamente a la autoridad o persona demandada que presuntamente restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado…”` Ahora bien, la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, resolviendo lo relativo a la legitimación pasiva de autoridades y servidores públicos que dejaron la titularidad del cargo, concluyó lo siguiente: ‘En cuanto a la responsabilidad institucional de nuevas autoridades la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, estableció que: «…la demanda debe estar dirigida contra la [autoridad] que ostente el cargo desde el cual se realizó el acto ilegal o se incurrió en la omisión indebida, sin que ello implique que, en caso de existir responsabilidades personalísimas, como la penal, el funcionario que haya accedido al cargo con posterioridad al acto lesivo de derechos, tenga que asumir las consecuencias únicamente por encontrarse en funciones al momento de iniciarse la demanda y porque ésta haya sido dirigida en su contra», es decir, debe entenderse que a la autoridad que ejerce el cargo del cual emergió el acto ilegal u omisión indebida únicamente le corresponde la responsabilidad institucional, entendida como una situación jurídica derivada de una acción u omisión que lesiona derechos fundamentales y garantías constitucionales, por lo cual el funcionario asume por la institución a la cual representa, el deber de cesar la restricción, supresión o amenaza de restringir o suprimir los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En cambio, la responsabilidad personal, es la asumida por el que lesionó de forma directa ya sea con sus actos ilegales u omisiones indebidas derechos fundamentales y garantías constitucionales, de lo cual podría devenir no sólo la responsabilidad civil sino la penal, a efectos de la reparación del daño causado, por lo que en el nuevo orden constitucional deberá considerarse lo establecido en el art. 112 de la CPE, tratándose de delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico’.

En ese marco, la SCP 0402/2012, estableció en relación a la legitimación pasiva de la persona o autoridad en actual ejercicio del cargo, que: ‘En lo referente a la legitimación pasiva de personas o servidores públicos que ocupan un cargo en instituciones públicas o privadas, desde el cual se denuncia se habría vulnerado o amenazado vulnerar un derecho y los cambios sucesivos que en el mismo podrían provocarse, es posible admitir la legitimación pasiva de la anterior persona o autoridad responsable del acto, que cuenta con responsabilidad personal y a la vez de la nueva persona o autoridad que cuenta con responsabilidad institucional o simplemente de esta última (SC 0264/2004-R de 27 de febrero), criterio ampliado mediante la SCP 0134/2012 de 4 de mayo, que estableció que: «A momento de considerar la legitimación pasiva de autoridades públicas en razón a cambios continuos de la administración pública es posible demandar contra el cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse los actos violatorios denunciados, al no ser atinente a la voluntad del accionante el cambio de servidores públicos, por ello tampoco sus derechos pueden quedar en suspenso por el cambio de autoridades y servidores públicos». Dichos entendimientos en virtud al principio pro actione no son excluyentes sino alternativos, es decir en este tipo de casos no puede denegarse una demanda de acción de amparo constitucional por no haberse demandado a la persona física responsable del supuesto acto o la amenaza al derecho o garantía, pues ello imposibilita se le determine responsabilidad, pero no impide, si existe prueba suficiente, el análisis de su conducta reiterándose que ello se debe a la finalidad de la acción de amparo constitucional y la noble finalidad específica con la que cuenta, es decir la tutela de derechos y garantías’ Jurisprudencia de la que se concluye que, la legitimación pasiva se tiene por cumplida en el caso de personas o autoridades actuales en ejercicio de un cargo, cuando las mismas son demandadas; pudiendo también la parte accionante, demandar a las anteriores autoridades, pero ello solo a fin de establecerse las responsabilidades personales; resaltando que, la responsabilidad institucional la tienen las nuevas autoridades que ocupan el cargo desde el que se emitió el acto ilegal denunciado; siendo ineludible, en consecuencia, su notificación como demandados, siendo a las mismas a quienes correspondería ante una eventual concesión de la tutela, cumplir lo dispuesto en la jurisdicción constitucional” (Negrillas y resaltado agregados).

III.2. Análisis del caso concreto

Lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente, resulta aplicable a la problemática venida en revisión, en la que, el accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes derecho a la igualdad y correcta valoración de la prueba a través de la emisión de la Resolución 16/22, por la que, el Comité Electoral del Claustro Universitario gestión 2022-2026 de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni rechazó la denuncia formal de inhabilitación de un candidato a Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia de la citada casa superior de estudios, presentada por el Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP”, bajo argumentos que no se encuentran en el marco normativo para las elecciones universitarias y sin haber valorado la prueba presentada que acredita que, el candidato impugnado no podía estar habilitado para participar en las elecciones referidas. Ahora bien, de los antecedentes se tiene que, mediante Resolución 21/2022 de 21 de marzo, el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, convocó a Claustro Facultativo y de Carrera para elegir Decanos y Directores de Carrera para el 25 de abril del mismo año (Conclusión II.1); el 21 de abril, Jesús Osvaldo Arza Rojas Delegado del Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0. AEIPP”, formula denuncia de inhabilitación del candidato a la Dirección de Carrera de Veterinaria y Zootecnia, Jacobo Mariaca Jiménez, manifestando que cuenta con sentencia condenatoria ejecutoriada; por lo que, no podría estar inscrito ni habilitado como candidato (Conclusión II.2); denuncia que fue rechazada por el Comité Electoral Claustro Universitario gestión 2022-2026 de la nombrada Universidad, compuesto por Camilo Antonio Rosas Ardaya, Presidente y Madekadel Vaca Melgar, Secretario, a través de Resolución 16/22 (Conclusión II.3). Bajo estos parámetros, habida cuenta que, el acto ilegal impugnado es el contenido en la Resolución 16/22, dictado por el Comité Electoral Claustro Universitario gestión 2022-2026 de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni, que determinó mantener la candidatura de Jacobo Mariaca Jiménez a la Dirección de Carrera de Veterinaria y Zootecnia, que se pide sea dejado sin efecto; empero, por contenido del memorial de amparo constitucional se evidencia que la demanda tutelar está dirigida contra Jesús Egüez Rivero, Rector de la nombrada Universidad, sin considerar que, esa autoridad no tiene la potestad para establecer que, el Frente Universitario “Unidos por la U. 2.0.AEIPP” quede automáticamente como ganador y/o se convoque a un nuevo Claustro Universitario, para la elección de un Decano y Director de Carrera de Veterinaria y Zootecnia de la señalada Universidad, conforme se peticiona; pues si bien “el Rectorado es la instancia máxima de gobierno, dirección y gestión de la Universidad, encargada de asegurar su funcionamiento y desarrollo en correspondencia con las políticas y normas institucionales y las resoluciones del Honorable Consejo Universitario“ (art. 13 Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Beni “José Ballivian” fs. 140 a 188 vta.), la máxima instancia Electoral es el Comité Electoral Universitario –art. 12 inc. a) del Reglamento Electoral (conclusión II.4); en mérito a ello, en aplicación de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondía ineludiblemente que la acción de amparo constitucional sea dirigida contra los miembros del Comité Electoral en las elecciones para Rector, Vicerrectores, Decanos y Directores de Carrera de la Universidad Autónoma José Ballivián, quienes por la responsabilidad institucional que asumen en las funciones que les fueron asignadas, ante una eventual concesión de la tutela otorgada por la jurisdicción constitucional, son a quienes correspondía cumplir el fallo emitido, no obstante de que esa instancia ya hubiera cumplido sus funciones, debe tenerse en cuenta que según lo establecido en la normativa universitaria interna descrito, el referido Comité se constituye por Docentes y Universitarios que actualmente forman parte de la nombrada casa de estudios superiores. Por lo expuesto, debe denegarse la tutela, porque se incumplió un requisito esencial de admisibilidad, el cual es la legitimación pasiva, al ser inviable efectuar un análisis de fondo de la problemática planteada; reiterando que, compelía que, el accionante dirija su acción tutelar, contra los miembros del Comité Electoral citado; al no obrar en ese sentido, este Tribunal no puede realizar estudio de fondo alguno, por cuanto quien fue accionado no tendría la obligación de pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía alegados como lesionados.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2022 de 3 de noviembre, cursante de fs. 262 a 269, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los términos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0630_2024-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0cc0a1a30d93c8389c078c6de6c0a1d2763db5a7d540758e4eef7f539438f2d7

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