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SCP 0630/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
47260-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, no dio cumplimiento al Auto de Vista 210/2022 de 25 de marzo, que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor, pese a que mediante memorial de 19 de abril de igual año, solicitó expresamente su acatamiento; sin embargo, hasta el 22 del mismo mes y año, el expediente aún se encontraba en despacho de la citada autoridad judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0630/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 47260-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 25/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Guido Rudy Calle Villca en representación sin mandato de Jorge Alejandro Mantilla Deheza contra Ángel René Salazar Choque, Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de abril de 2022, cursante de fs. 4 a 6, el accionante a través de su representante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la supuesta comisión del delito de estupro, el 25 de marzo de 2022, en sustanciación del recurso de apelación incidental de la cesación de la detención preventiva, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte la decisión adoptada por el Juez a quo, y le impuso medidas sustitutivas a la referida medida cautelar; sin embargo, desde el 8 de abril de igual año, fecha de remisión al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del citado departamento, el Juez demandado no dio cumplimiento al Auto de Vista 210/2022 de 25 de marzo; pues, desde esa data, no tuvo acceso al expediente para coordinar la verificación domiciliaria, presentación de sus garantes y el recojo del mandamiento de arraigo; no obstante que, el 19 de abril de citado año, solicitó su acatamiento; memorial que tampoco fue respondido, encontrándose el expediente “…al día de hoy…” (sic) en despacho de la aludida autoridad; por lo que, no pudo viabilizar las medidas impuestas a su persona.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, ordenando al Juez demandado viabilice el cumplimiento del Auto de Vista 210/2022, “…PONIENDO A LA VISTA EL CUADERNO DE ACUSACI[Ó]N DE MANERA INMEDIATA, A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS (…) DISPONIENDO DE MANERA INMEDIATA EL OFICIO O MANDAMIENTO DE ARRAIGO, LA VERIFICACI[Ó]N DOMICILIARIA DE [SU] PERSONA Y DE [SUS] GARANTES (…) EN EL DÍA” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de abril de 2022, según consta en acta cursante a fs. 21 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su representante, ratificó los argumentos de la acción de libertad presentada.

I.2.2. Informe del demandado

Ángel René Salazar Choque, Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 25 de abril de 2022, cursante de fs. 19 a 20, manifestó que: a) “…desde la fecha señalada…” (sic) por el accionante no se advirtió en antecedentes procesales solicitud de orden de arraigo, otras medidas ni apersonamiento a su Juzgado por parte del aludido o algún familiar de acuerdo al informe verbal de secretaría; ya que, el 19 del mismo mes y año, recién presentó memorial solicitando el cumplimiento del Auto de Vista 210/2022; b) El expediente fue devuelto a su despacho el 8 de igual mes y año, puesto a conocimiento de las partes procesales el 11 del indicado mes y año; c) El “19 de marzo” de ese año -luego de siete días posteriores a las jornadas de descongestionamiento-, el impetrante de tutela pidió el cumplimiento del referido Auto de Vista; por lo que, mediante decreto de 20 del aludido año, ordenó expresamente el cumplimiento del citado fallo; desde ese entonces, se apersonaron la madre del solicitante de tutela y su abogado alegando que acelerarían el trámite para el cumplimiento del Auto de Vista; empero, extrañamente desaparecieron hasta el 22 del mencionado mes y año, fecha en la cual el expediente ingresó a despacho en el día por tratarse de un caso con detenido, siendo providenciado en la presente fecha -25 de abril de 2022-; d) De lo relacionado, se evidenció que fue la defensa del peticionante de tutela quien incurrió en dilación y dejadez en su trámite; e) Si bien el prenombrado solicitó se viabilice el acatamiento del citado Auto de Vista, consta en obrados el decreto de 20 de igual mes y año; asimismo, requirió se emita el arraigo, el cual corre en antecedentes, sin que la parte interesada se hubiera apersonado a recabarlo; y, f) Por informe de secretaría de su despacho judicial, se tiene que no se apersonaron los interesados ni el causídico a la presentación de fotocopias de cédulas de identidad de los garantes; por lo que, menos se podía realizar verificación alguna.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 25/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 22 a 23, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Evidentemente la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, mediante el Auto de Vista 210/2022, revocó en parte el Auto Interlocutorio 18/2021 de 31 de diciembre, dictado por “…Juzgado Trece de Sentencia…” (sic), disponiendo a favor del solicitante de tutela la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; del mismo modo, el nombrado por medio del escrito de 19 de abril de 2022, pidió el cumplimiento del aludido Auto de Vista, lo cual fue deferido a través del decreto de 20 del señalado mes y año por la autoridad demandada; 2) Cursa en el cuaderno original el mandamiento de arraigo a favor del accionante, el cual debe ser recogido por su abogado para efectivizarlo; de la misma forma debe presentar ante el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento mencionado, tres garantes solventes, con el objeto que posteriormente el Secretario realice la verificación domiciliaria; y, 3) De lo expuesto se estableció que el Juez demandado, dio observancia al Auto de Vista 210/2022; por lo que, la acción de libertad presentada, no se ajustó a los alcances del art. 125 de la CPE.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jorge Alejandro Mantilla Deheza -impetrante de tutela-, por la presunta comisión del delito de estupro, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 210/2022 de 25 de marzo, por el cual determinó revocar en parte el Auto Interlocutorio 18/2021 de 31 de diciembre, emitido por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del mismo departamento, disponiendo la aplicación del art. 231 bis. numerales 2, 4, 5, 8 y 9 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, la presentación de tres garantes solventes, que en caso de incomparecencia del ahora accionante, cancelaran la suma de Bs15 000.-(quince mil bolivianos); dictaminando además medidas de protección especial a la víctima (fs. 12 a 13 vta.). II.2. Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, ante el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, el solicitante de tutela pidió el cumplimiento del referido Auto de Vista (fs. 14). II.3. Mediante decreto de 20 del señalado mes y año, el aludido Juez dispuso:

“…cúmplase con la Resolución No. 2010/2022 de fecha 25 de marzo de 2022, emitido por la Sala Cuarta, debiendo la parte solicitante dar estricto cumplimiento con las medidas impuestas en dicha resolución” (sic [fs. 15]). II.4. Consta mandamiento de arraigo librado el 20 de abril de 2022, por la autoridad demandada, ordenando a la Dirección General de Migración (DIGEMI) el arraigo del solicitante de tutela (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, no dio cumplimiento al Auto de Vista 210/2022 de 25 de marzo, que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor, pese a que mediante memorial de 19 de abril de igual año, solicitó expresamente su acatamiento; sin embargo, hasta el 22 del mismo mes y año, el expediente aún se encontraba en despacho de la citada autoridad judicial. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en la administración de justicia

La SCP 0902/2021-S2 de 1 de diciembre, al respecto, estableció que: «El art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE) señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Asimismo, el art. 178.I de la Ley Fundamental, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

El art. 115.II de la Norma Suprema determina: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; con relación a ello, la SCP 0098/2021-S2 de 7 de mayo, concluyó que: “…la administración de justicia debe ser rápida y eficaz tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, toda vez que las personas que intervienen en los procesos, esperan una decisión oportuna de su situación jurídica, máxime si se encuentra comprometido de por medio el derecho a la libertad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determinó que el principio de celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. La jurisprudencia constitucional, a través de las SSCC 0758/2000-R, 1070/2001-R y 0105/2003-R entre otras, refiriéndose al principio de celeridad, con relación a los administradores de justicia, estableció que este principio: ‘…impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existiera, el plazo deberá ser cumplido estrictamente’. Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sobre este principio sostuvo lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’”» (las negrillas y subrayado nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

Una vez desarrollado el marco jurisprudencial para el examen del presente caso se tiene que, el impetrante de tutela a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad; y, del principio de celeridad; toda vez que, el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -demandado-, no dio cumplimiento al Auto de Vista 210/2022 de 25 de marzo, que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva a su favor, pese a que, mediante memorial de 19 de abril de igual año, solicitó expresamente su acatamiento; sin embargo, hasta el 22 del indicado mes y año, el expediente aún se encontraba en despacho de la citada autoridad judicial. De la revisión y confrontación de los antecedentes que cursan en el expediente se llegó a evidenciar que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el solicitante de tutela, por la presunta comisión del delito de estupro, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista 210/2022, determinando revocar en parte el Auto Interlocutorio 18/2021 de 31 de diciembre, dictado por el Juez de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del mismo departamento, disponiendo la aplicación del art. 231 bis. numerales 2, 4, 5, 8 y 9 del CPP; asimismo, la presentación de tres garantes solventes, que en caso de incomparecencia del accionante, cancelaran la suma de Bs15 000.-, dictaminando además medidas de protección especial a la víctima (Conclusión II.1); en virtud a dicho fallo de alzada, a través del memorial presentado el 19 de abril de 2022, ante el Juez de Sentencia Penal Noveno de la citada Capital y departamento -demandado-, el prenombrado solicitó el cumplimiento de referido Auto de Vista (Conclusión II.2), mereciendo el decreto de 20 de igual mes y año, por el aludido Juez resolviendo: “…cúmplase con la Resolución No. 2010/2022 de fecha 25 de marzo de 2022, emitido por la Sala Cuarta, debiendo la parte solicitante dar estricto cumplimiento con las medidas impuestas en dicha resolución” (sic [Conclusión II.3]); de igual manera, el 20 de abril del mismo año, dicha autoridad judicial ordenó a la DIGEMI el arraigo del solicitante de tutela (Conclusión II.4).

Ahora bien, no obstante que el impetrante de tutela en el petitorio efectuado a través de este mecanismo de defensa, pide que ordene al Juez demandado, viabilice el cumplimiento del Auto de Vista 210/2022, “…PONIENDO A LA VISTA EL CUADERNO DE ACUSACI[Ó]N DE MANERA INMEDIATA, A EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS (…) DISPONIENDO DE MANERA INMEDIATA EL OFICIO O MANDAMIENTO DE ARRAIGO, LA VERIFICACI[Ó]N DOMICILIARIA DE [SU] PERSONA Y DE [SUS] GARANTES…” (sic); de la relación de los antecedentes descritos precedentemente, el informe presentado por la autoridad jurisdiccional y lo observado por el Juez de garantías -en conocimiento del expediente original-, se tiene que una vez remitido el Auto de Vista 210/2022, al Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -8 de abril de 2022-, el titular de dicho despacho judicial, ciertamente efectivizó la concreción de ese fallo; toda vez que, por decreto de 20 de ese mes y año, dispuso su acatamiento; de igual manera, emitió el mandamiento de arraigo extrañado, ordenando su observancia a la DIGEMI; por lo que, no se advierte que la autoridad demandada no hubiera viabilizado el cumplimiento del aludido Auto de Vista, siguiendo en su trámite un plazo razonable conforme precisa la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; siendo importante que para el efectivo acatamiento de una determinación, la parte preste la debida diligencia; situación que, no ocurrió en el caso que se analiza, tomando en cuenta que se encontraba expedida la orden de dar cumplimiento al referido fallo de alzada. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 25/2022 de 25 de abril, cursante de fs. 22 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0630_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): a789b887765deda2f9891b14887a21777ad4ed2e29afd69931adff8e6aca9c3c

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