Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de junio de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la seguridad social; toda vez que, solicitó su pase a la reserva activa del Ejército para luego ingresar a la categoría “A” de disponibilidad por un año, con el fin de tramitar su jubilación, por Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, se dispuso ratificar su pase al servicio pasivo -jubilación-, que fue refrendado por Resolución del Tribunal de Personal del Ejército; además, el pago de sus haberes devengados, emitiéndose el Informe DAF 77/02 de 13 de diciembre de 2002, mediante el cual se declaró su improcedencia; por lo que, la Resolución 053/2004 de 24 de marzo, dictada por el Tribunal de Personal del Ejército, se dispuso “no ha lugar”; consecuentemente, planteó reconsideración, siendo resuelto por la Resolución 120/2004 de 26 de mayo, de manera improcedente; por lo que, presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA.; sin embargo, por Memorándum 295/05 de 2 de marzo de 2005, se le informó el rechazo de su recurso con base en el Informe Legal 002/05 por extemporáneo. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 475 a 479 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0629/2025-S1 Sucre, 10 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 55545-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 65/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 475 a 479 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ronald Fernando Saucedo Arzabe en representación legal de Luis Alberto Borda Álvarez Daza contra Edmundo Novillo Aguilar, Ministro de Defensa; Juan José Zúñiga Macías, Comandante General del Ejército; y, Hugo Arandia López, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Mediante memoriales presentados el 19 de enero y 7 de febrero, ambos de 2023, cursantes de fs. 356 a 364; y, 367 a 370 vta., el accionante a través de su representante legal, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que como miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Bolivia, habiendo cumplido veintinueve años de servicio activo como “Sub-oficial Segundo” de Servicios en el Ejército de Bolivia, al amparo del Reglamento de Servicio Efectivo CJ-RGA-208, solicitó el 5 de enero de 1998, pasar a la Reserva Activa, para luego ingresar a la Letra “A” de disponibilidad, por el tiempo de un año con el objeto de realizar trámites de jubilación conforme al inc. b) del art. 8 del citado Reglamento, que establece treinta y cinco años de servicio para el personal de las FF.AA., norma aplicable para egresados y treinta años para los no egresados, como en su caso al ser personal administrativo, concordante con lo establecido por el inc. a) núm. 3 del art. 85 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) -Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992-, con goce de haberes.
Recibió el 11 de febrero de 1998, el Memorándum Sección C (PS-PC) 373/98, firmado por Daniel Alonso Saavedra Franco -General de Ejército-, entonces Comandante General del Ejército, disponiendo su pase a la Letra “A” de Disponibilidad, lo que se entiende por antesala a la jubilación en las FF.AA. por el espacio de un año; a partir de dicho momento, encontrándose en esa situación, para luego a partir del 1 de enero de 1999, pasar a situación pasiva sin derecho a reincorporación ni reclamo correspondiente, disposición que no se enmarca en ninguna disposición legal alguna, habida cuenta que los únicos que no pueden ser reincorporados son aquellos que fueron dados de baja conforme al art. 94 de la LOFA “LM 1045”, situación que no era la suya, incurriendo en ilegalidad. En ese sentido, el Comando General del Ejército le extendió el Memorándum 2366/98 de 14 de diciembre de 1998, señalando que de acuerdo a la Orden General de Destinos de la FF.AA. 02/98 del 31 de diciembre de 1998, se dispuso que debió pasar a la situación pasiva a partir del 1 de enero de 1999, sirviendo el mismo Memorándum como credencial para su trámite de jubilación ante el ente asegurado de Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), institución que le acoge durante un año y cuatro meses, cancelándole su renta de manera cercenada, solo el 50% de sus haberes, demostrando otra irregularidad y también en franca contradicción a lo dispuesto por el art. 82 de la Ley de Seguridad Social Militar (LSSM) -Decreto Ley (DL) 11901 de 21 de octubre de 1974-, debido a la falta de una reglamentación adecuada para jubilar al personal que cumplió treinta años de servicios sin haber cumplido con la edad suficiente de cincuenta y cinco años que exige el art. 81 de la citada norma. Si bien existe una contradicción marcada entre ambas normas, ya que el Reglamento CJ-RGA-208 en su art. 1 señala treinta y cinco años para el personal egresado de las FF.AA.; y, el art. 8 inc. b) indica treinta años para el personal de servicio administrativo para la jubilación; sin embargo, la Ley de Seguridad Social Militar exige tener cincuenta y cinco años de edad cumplidos; contradicción que motivó que el ex Ministro de Defensa Nacional Oscar Vargas Lorenzetti -General de Ejército-, previo acuerdo con el Comandante en Jefe de las FF.AA. de Bolivia y los Comandantes de las tres Fuerzas autorizaran a COSSMIL el retorno de todo el personal que se encontraba con los años de servicios cumplidos y sin la edad suficiente para la jubilación, entre los que se encuentra su persona, hasta cumplir los cincuenta y cinco años de edad exigida por el art. 81 de la LSSM. Con esa decisión dirigida por el Ministerio de Defensa a través del Oficio “407/99” se envió al Comandante General del Ejército los listados del personal que fue reincorporado al Servicio Activo hasta que cumpla los cincuenta y cinco años de edad, de esa manera queda en forma tácita y en forma automática su reincorporación a las filas del Servicio Activo del Ejército, por lo expuesto quedó sin efecto legal alguno el Memorándum 2366/98, que dispuso el pase a su jubilación, al disponerse su reincorporación al servicio activo de las FF.AA. y se ordena incluso al Jefe de “Pagaduría” conjuntamente con el Jefe de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) de dicha institución se le devuelva o se le reintegre el 50% de su renta de jubilación retenida, por el espacio de un año y cuatro meses, haciendo notar que a partir de mayo de 2020, le cancelaron el 100% de sus haberes en calidad de personal activo del ejército, supuestamente hasta que cumpla los cincuenta y cinco años de edad para su jubilación como requisito exigido por el art. 81 de la LSSM. A los cinco meses de su reincorporación al Servicio Activo, se dictó la Resolución 146/2000 de 14 de agosto, del Tribunal del Personal del Ejército, y se la aplicó a partir de octubre de esa gestión, que confirma el Oficio “407/99” del Ministro de Defensa de pasar al Servicio Activo a todo el personal que se encontraba dependiendo de COSSMIL y que solo había cumplido treinta años de servicios, sin cumplir la edad suficiente -cincuenta y cinco años- para su jubilación; sin embargo, en lo que respecta a su persona se dispuso no haber lugar a su reincorporación bajo el argumento de haber solicitado su jubilación y que respetando su voluntad y capacidad de obrar no corresponde su reincorporación, produciéndose su baja tanto del servicio activo como del servicio pasivo porque la autonomía de la voluntad señalada en la Resolución 146/2000 como fundamento no puede estar por encima de la ley, siendo una resolución discriminatoria e ilegal. En ese sentido, se ejerció en su contra una injusta discriminación, ilegal y arbitraria al no definirse su situación jurídica, dejándole sin destino, reincorporación, menos jubilación, sin servicio activo, menos pasivo, dado que al negar su reincorporación al servicio activo, debieron remitirle a COSSMIL en calidad de jubilado, en cuyo hipotético y supuesto caso también habría sido improcedente, debido a que la Resolución 146/2000 ya había conculcado el art. 81 del LSSM, como solución a la imposibilidad de recibir sus rentas que de acuerdo a ley le corresponde. De esa manera también se atentó contra la vida de su familia a ser su única renta con la que mantiene su hogar; habiéndose también, dispuesto su baja cual si fuese condenado por sentencia condenatoria por algún delito o falta disciplinaria, lo que no ocurrió en el presente caso. Por lo expuesto acudió ante el Defensor del Pueblo de Santa Cruz, quien solicitó al Tribunal de Personal del Ejército les proporcione fotocopias de toda la documentación correspondiente a su caso, mismas que le fueron negadas por Oficio de 4 de diciembre de 2001, cuyo reclamo se la hizo el Comandante de las FF.AA. mediante memorial de 14 de ese mes y año, reiterando el mes de abril, que también fue denegada señalándole que no siguió el curso legal mediante el Oficio 47/02 de 22 de julio de 2002. Posteriormente, mediante Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, se dispuso ratificar su pase al servicio pasivo, jubilación, determinada a solicitud suya mediante Memorándum 373/98, el que fue refrendado mediante Resolución del Tribunal del Ejército; por lo que, solicitó al Comando General del Ejército una certificación de años de servicio, la cual fue expedida el 30 de septiembre de 2002, por el ex Jefe del Departamento “I” Personal “EMO” Hugo Tallaría Gutiérrez -General de Brigada-, referida a sus años de servicio por las gestiones 1999, 2000, 2001 y hasta el 13 de mayo de 2002, como miembro activo destinado a la Reserva activa; es decir, fue destinado al personal militar sin cargo específico y será computado como tal, hasta pasar a la letra “A” de disponibilidad. Por Auto de 19 de noviembre de 2002, el Comandante de la Región Militar “1” de La Paz, calificó los años de servicio 1999, 2000, 2001 hasta el 13 de mayo de 2002, reconociendo su permanencia en la Reserva activa, habiendo totalizado como servicio activo en las FF.AA. treinta y cuatro años, “…meses” y veintidós días, pasando a la situación pasiva o jubilación, calificación aprobada por el Auto de 21 de noviembre de 2002, por el Tribunal Supremo de Justicia Militar. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2002, estando calificados y aprobados sus años de servicio, solicitó al Comandante del Ejército ordene a la DAF el pago de sus haberes devengados desde el mes de octubre del 2000 a febrero de 2002, hecho denegado hasta la fecha, privándole del derecho fundamental de manutención de su familia, privándole su derecho de percibir sus salarios; basándose en el “Informe 77/02” del Departamento Jurídico de la DAF, señalando que no corresponde el pago de sus haberes devengados desde octubre de 2000 hasta marzo de 2002, ya que desde enero de 1999 se encontraba en situación pasiva del ejército; sin embargo, ese hecho resulta falso, ya que de haber retornado al servicio activo desde “mayo”, se le dejó sin efecto la jubilación y más aun con la calificación de años de servicios, así como la Resolución 146/2002; además indicó que la certificación del Jefe del Departamento “I” Personal “EMO” Hugo Tellería Gutiérrez -General de Brigada-, en cuanto a los años de servicios prestados y el pase al servicio pasivo era un error; por lo que, rectificó el certificado; cuando dicho extremo también es falso, porque una calificación legal que tiene Auto o Resolución no se la puede catalogar como error, más al contrario los errores traen como consecuencia procesos sumarios y responsabilidades a sus actores, siendo facultad en todo caso el de rectificar el superior en grado y mando, en ese caso el Comandante General del Ejército con el aval del Comandante en Jefe de las FF.AA. de Bolivia y no así la misma persona; y dejó vigente el Memorándum 2366/98 de 14 de diciembre de 1998, que dispuso su pase a la situación pasiva a partir del 1 de enero de 1999, hecho igualmente falso, porque dicho Memorándum dejó de tener valor jurídico legal con la Resolución 146/2000. Con esos antecedentes se tiene su reincorporación al Ejército y no a COSSMIL como pretende hacer parecer el Informe Legal 77/2002. Mediante memorial de 30 de junio de 2003, impugnó el Informe Legal 77/2002 ante el Comandante General del Ejército, sin repuesta alguna, recurriendo al Comandante en Jefe de las FF.AA., quien mediante Oficio 047/04 de 9 de febrero de 2004, le instruyó seguir el conducto regulare. En ese sentido, por memorial de 29 de marzo de 2004, reiteró la impugnación dirigida al Comandante General del Ejército, en su condición de Presidente del Tribunal de Personal del Ejército, quien mediante Memorándum 436/04 de 7 de abril de 2004, se le hizo conocer que por disposición de la Resolución 053/04 de 24 de marzo de 2004, el Tribunal de Personal del Ejército declaró no ha lugar el pago de sus haberes devengados por no existir documentación alguna que pruebe haberle reincorporado al Servicio Activo del Ejército o Fuerza Física en los meses de octubre de 2000 hasta marzo de 2003, informe equivocado en cuanto a fechas. A través del memorial de 23 de abril de 2003, interpuso recurso de reconsideración ante el Comandante General del Ejército, quien a través de la Resolución 120/2004, dictada por el Tribunal de Personal del Ejército, declararon la improcedencia de dicho recurso, tomando conocimiento extraoficial por el Memorándum 1000/2004. Por memorial de 10 de diciembre de 2004, interpuso recurso de apelación ante el mismo tribunal que dictó la improcedencia de la reconsideración vale decir, ante el Tribunal de Personal del Ejército, quienes por Memorándum 295/05 de 2 de marzo de 2005, le informaron su rechazo de acuerdo al Informe Legal 002/05 en razón a que el recurso se interpuso fuera del término de quince días previsto en el art. 37 del Reglamento del Tribunal de Personal de Fuerzas CJ-AGA-205, hecho que tampoco es cierto, puesto que no se le notificó de manera oficial y personal como lo establecen los arts. 34 y 35 del citado Reglamento, así como también por que las normas y reglamentos militares no contemplan el rechazo por el Tribunal que recurrió en apelación. Consecuentemente, recurrió de compulsa ante el Tribunal Superior de Personal de las FF.AA. de Bolivia mediante memorial de 26 de julio de 2005, reiterando el 14 de diciembre de 2006 y el 30 de enero de 2007, sin tener respuesta, no obstante haber dado poder expreso a favor de Eilsen Mariel Borda Arroyo -hija del demandante de tutela-, con la finalidad de que se le notifique con alguna respuesta. Es así que el 15 de mayo de 2007, tuvo conocimiento de la Resolución de Compulsa a través del Defensor del Pueblo, la cual de manera contradictoria, señaló: a) Existe el Informe TSP.10/06 con carácter de Resolución firmada por el Juan Landívar Limpias -asesor- por un lado, y por la otra la Resolución del Tribunal Superior del Personal de las FF.AA., lleva el mismo nombre “TSP 10/06”, no entendiéndose cuál es la verdadera resolución; b) No se hubiese notificado la apelación en el plazo de quince días; sin embargo, con el rechazo al recurso de reconsideración; así como el rechazo al recurso de apelación nunca se le notificó legalmente; por lo que, no corrió ningún término o plazo; y, c) Que el recurso de compulsa no cabe en el ordenamiento jurídico militar; sin embargo, la compulsa fue admitida y resuelta por el Tribunal Superior de las FF.AA., lo que demuestra la tacita aceptación de su competencia, habiéndose además rechazado la apelación si dicho rechazo no está contemplado en el ordenamiento militar, o sea que se tiene competencia y está contemplada en el ordenamiento militar cuando les conviene. Finalmente, tampoco se le notificó personalmente con la Resolución que rechaza la compulsa, conforme lo prevé el art. 34 y 35 del Reglamento del Tribunal del Personal de las FF.AA., pues conforme indicó tomó conocimiento de la misma a través del Defensor del Pueblo el 15 de mayo de 2007; sin embargo, ellos pretenden hacer aparecer una notificación legal que supuestamente se la había notificado a María Herminia Borda Valencia -hermana del solicitante de tutela-, bajo un poder notariado, cuyo poder solamente le facultaba para sacar fotocopias legalizadas y no así facultades para notificar y menos notificarse, hecho irregular que se le suma a la infinidad de irregularidades que se vino cometiendo en su contra.
El peticionante de tutela a través de su representante legal considera lesionados sus derechos al debido proceso y a la seguridad social; citando al efecto, los arts. 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia: 1) Se ratifique el Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, relativo a la certificación de años de servicio de las gestiones 1999, 2000, 2001 hasta el 13 de marzo de 2002, como consecuencia de haber emitido el Auto definitivo por el Tribunal Supremo de Justicia Militar con el fin de regularizar su situación legal en COSSMIL; 2) El pago de haberes devengados y aguinaldo desde octubre del 2000 a marzo de 2002 y sea con boletas de pago para cumplir con los requisitos exigidos por COSSMIL; y, 3) La reposición de víveres y otros de la gestión 2000 a la gestión 2005.
Efectuada la audiencia pública de manera virtual de la presente acción de amparo constitucional el 3 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 469 a 474 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su representante legal, en audiencia se ratificó en el contenido de la acción tutelar presentada, y ampliando señaló que no existe ningún otro amparo que tenga con este identidad de sujeto, objeto y causa.
Edmundo Novillo Aguilar, Ministro de Defensa a través de su representante legal, mediante informe escrito presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 461 a 467 vta., así como en audiencia, refirió que: i) El demandante de tutela presentó la acción de amparo objeto de autos bajo el Poder 323/2020, mediante el cual el accionante le otorga representación solo para que se apersone a la Sala Constitucional del departamento de Santa Cruz; ii) Se solicitó mediante el amparo que se ratifique el Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, relativo a la certificación de años de servicio de las gestiones 1999, 2000 2001 hasta el 13 de marzo de 2002, como consecuencia de haber emitido el Auto Definitivo por el Tribunal Supremo de Justicia Militar; sin embargo, se presentó la demanda solo en su contra, el Comandante General del Ejército y el Comandante en Jefe de las FF.AA., no así contra el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar y sus miembros, cuando fue ese Tribunal quien emitió varias Resoluciones, así como tampoco contra las autoridades de COSSMIL, habiéndose referido en el amparo que pretende que a través del mismo se regularice su situación legal, por lo que no se dio cumplimiento a la previsión del art. 129.I de la CPE; iii) En cuanto al petitorio de pago de haberes devengados de aguinaldos desde octubre de 2000 a marzo de 2002 y sea con boletas de pago para cumplir con los requisitos exigidos por COSSMIL, la reposición de víveres y otros de la gestión 2000 a la 2005; el solicitante de tutela no señaló los derecho o garantías que se estuvieran lesionando; iv) Así tampoco se dio cumplimiento a los arts. 129.II de la Norma Suprema y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en cuanto al principio de inmediatez, debiéndose considerar que el último acto del Tribunal de Justicia Militar es del 2007, habiendo transcurrido más de diez años; además que según la documentación presentada por el mismo impetrante de tutela se tiene que interpusieron otro amparo en el que se concedió la tutela respecto a una notificación ordenando se practique la misma, y también refieren que el 15 de mayo de 2007, tuvieron conocimiento sobre la Resolución de compulsa a través del Defensor del Pueblo, por lo que su derecho ya precluyó; y, v) Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela. Juan José Zúñiga Macías, “COMANDANTE GENERAL ACCIDENTAL DEL EJÉRCITO” (sic), a través de representante legal, mediante informe escrito, presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 434 a 442 vta., así como en audiencia, señaló que: a) El demandante de tutela hace referencia a varias Resoluciones del Tribunal de Personal que supuestamente habría vulnerado sus derechos; debiéndose considerar que en el Ejército se cuenta con un Comandante General que recae en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de dicha institución, y por otro lado se tiene un Tribunal Colegiado -Tribunal Personal del Ejército- constituido por un Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas y Vocales, el cual funciona conforme al Reglamento del Tribunal de las Fuerzas CJ-RGA-240, a quienes el solicitante de tutela omitió en la presente acción de amparo al no haberla planteado también en su contra, lo que impide se ingrese al fondo de la problemática planteada por falta de legitimación pasiva; b) En cuanto al principio de inmediatez, establecido en los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, que determinan el plazo de seis meses para la presentación de la acción de amparo; en el caso presente se tiene los documentos emitidos bajo el siguiente detalle, Memorándums sección C 373 y 2366/98 mediante los cuales se indicó al ahora peticionante de tutela que a partir del 1 de enero de 1999, pasó al servicio pasivo, transcurriendo hasta el presente veinticuatro años, pretendiendo aducir la vulneración de derechos; considerando la Resolución 16/21 de 6 de febrero de 2001, transcurrieron veintidós años; de la Resolución 120/04 de 26 de mayo de 2004, que se originó debido a una solicitud de haberes devengados inexistentes, dándosele curso a un recurso de reconsideración, al presente se tienen más de diecinueve años que pasaron; del Memorándum Sección A 213/02 de 13 de marzo de 2002, el cual fue promovido por el propio accionante, pretendiendo hacer incurrir en error y beneficiarse económicamente, transcurrieron más de veintiún años desde su emisión; el Memorándum de rechazo de recurso de apelación el cual fue respondido en el sentido de que el mismo fue presentado de forma extemporánea al plazo establecido, ese data de diecisiete años, tratando de solicitar en la actualidad; consecuentemente, no se cumplió en la presente acción de amparo constitucional con el principio de inmediatez; c) El ahora accionante en su memorial de demanda se limitó a citar supuestos hechos vulneradores de derechos tratando de confundir a su autoridad, haciendo mención a la desvinculación laboral, y por otra a la supuesta reincorporación, así como también habla de haberes devengados inexistentes, también a certificación de años de servicios, sin demostrar una relación de causalidad entre el hecho que sirve de fundamentación y la lesión causada al derecho, siendo que su objetivo y conforme a su petitorio pretende ratificar un memorándum, sin haber fundamentado sobre el motivo por el cual pretende ratificar ese documento, sin que se tenga una relación de causalidad entre el hecho y el derecho; solicitando el pago de haberes devengados y aguinaldos de octubre de 2000 hasta marzo de 2002, los cuales son inexistentes, no habiéndose demostrado objetivamente su trabajo real o esfuerzo físico que habría realizado en esos años, lo que además no guarda relación alguna con el petitorio; d) La SCP 0173/2012 de 14 de mayo, estableció que la presentación de una segunda acción de amparo constitucional con identidad de sujetos, objeto y causa imposibilita ingresar al fondo de la problemática planteada, resultando improcedente; teniéndose en el caso que ya existe una anterior acción de amparo con la misma pretensión, relación fáctica y fundamentación; la SC 1410/2010-R de 27 de septiembre; y el Auto Constitucional 164/10 de 18 de agosto de 2010, existiendo cosa juzgada constitucional; e) El ahora impetrante de tutela conforme a la Calificación de Años de Servicio (CAS) fue incorporado el 22 de agosto de 1968, mediante orden general del Ejército, con el cargo de Secretario, siendo su condición diferente a un militar de armas y de acuerdo a los registros consta el Memorándum mediante el cual se le indicó que desde el 1 de enero de 1999, pasó a servicio pasivo, situación a partir de la cual se lo desvinculó de la institución armada; f) A solicitud del nombrado se emitió el Memorándum 373/98 disponiéndose su pase a la Letra “A” de disponibilidad a partir del 31 de diciembre de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1998, indicándole que desde el 1 de enero de 1999, pasaría al servicio pasivo y sin derecho a reincorporación posterior debido a que fue el quien solicitó; así como por Memorándum 2366/98 se dispuso su pase al servicio pasivo el 1 de enero de “1991”; g) El 14 de agosto de 2000, el Tribunal de Personal del Ejército en mérito que cumplió treinta y cinco años de servicio el personal de armas, emitió la Resolución 146/2000 dejando sin efecto el pase de jubilación de veinticuatro suboficiales de armas; en cuanto a la reincorporación del ahora peticionante de tutela resolvió que no le corresponde en razón de que la solicitud inicialmente fue de forma autónoma y de voluntad del nombrado, “así mismo se la paso conforme al Reglamento 208” (sic), asimismo el señalado Tribunal de Personal en forma posterior emitió la Resolución TPE 16/2001 en cuanto a la solicitud de reincorporación por solicitarse su pase y haberse cumplido con el Reglamento CJ-RGA-208; h) Con relación a los presuntos haberes devengados, el 24 de marzo de 2004, el Tribunal de Personal del Ejército emitió la Resolución 053/2004, en mérito a un Informe de la DAF, declarando no ha lugar a la solicitud por no existir documento alguno que acredite haberse incorporado al servicio activo del ejército o antecedente alguno de haberse prestado servicios intelectuales o fuerza física de la referida fecha; consecuentemente, se emitió el Memorándum 436/04, por lo que ante la negativa, el interesado presentó recurso de reconsideración y el Tribunal de Personal del Ejército el 22 de mayo de 2004, emitió la Resolución 120/2004 declarando la improcedencia a la solicitud de pago de haberes, en consecuencia se emitió el Memorándum 295 de 2 de marzo de 2005, rechazándose el recurso de apelación por ser extemporáneo; i) El impetrante de tutela refiere que estuvo en la reserva activa conforme al art. 85 núm. 2) las gestiones 1999, 2000 y 2001 hasta marzo de 2022, respaldándose en una certificación de años de servicio de 30 de septiembre de 2002, y su posterior pase a la letra “A”; al respecto se tiene que el nombrado fue incorporado al Ejército el 22 de agosto de 1968, mediante orden como Sargento de Servicios Administrativos al Escalafón de Servicios; el art. 97 inc. b) de la LOFA establece que el escalafón de personal consiste en el registro clasificado y ordenado de todos los miembros de las FF.AA. y su organización es responsabilidad de la fuerza, clasificando al personal en un registro ordenado y su organización es responsabilidad de la fuerza, teniéndose el escalafón de armas que está constituido por todos los oficiales y suboficiales y sargentos, correspondiendo al mismo el personal egresado de institutos militares de formación, a diferencia de la segunda clasificación que es el escalafón de servicios de no egresado de institutos militares, siendo un personal incorporado al Ejército por contar con un título o diploma de especialización; por lo que verificándose la situación y condición del nombrado se tiene que no cuenta con un diploma de especialización, por lo que además se remitirá a la instancia correspondiente para su investigación. El personal de servicio se rige por el Reglamento CJ-RGA-208 el cual en su art. 8 inc. b) determina que los suboficiales y sargentos de servicio técnico administrativo pasaran a la Letra “A” al cumplimiento de los veintinueve años, donde permanecerán un año, pasando a la situación pasiva a los treinta años de servicios efectivo; debiéndose considerar que el puesto que ocupaba el nombrado para ejercer su función a cargo en las FF.AA. debe contar con un título en provisión nacional; sin embargo, el ahora demandante de tutela no lo tiene, por lo que se le iniciará una investigación, al haberse actuado en su caso conforme a la mencionada normativa, consecuentemente, si el peticionante de tutela consideró la vulneración de sus derechos debió activar las diferentes acciones de defensa establecidas al efecto en ese momento, empero no lo hizo, correspondiendo aplicar la SCP 0187/2019-S4 y al no corresponder en su caso la reserva activa dada su condición; j) El mismo Reglamento en el art. 5 inc. k) establece la clasificación de años de permanencia para el personal de armas, en ese caso el personal egresado de institutos militares sus años de servicios son treinta y cinco, por lo que la condición del personal es diferente al del personal militar egresado de institutos militares, por lo que el art. 85 núm. 2 de la LOFA refiere que la reserva activa no le corresponde al personal de servicios, por lo que el ahora impetrante de tutela trata de confundir a sus autoridades; pretendiendo beneficiarse con su pase a la letra “A”, cuando no tiene ningún cargo, sin demostrarse que a partir del 1 de enero de 1999, el demandante de tutela prestó sus servicios dentro de esa institución, ya que su desvinculación fue a parir de esa fecha, después no tiene ningún registro; k) Con referencia al Oficio 407/99 del Ministerio de Defensa mediante el cual se habría remitido listas al Comando General del Ejército en donde el ahora solicitante de tutela señala que de forma automática procede su reincorporación y quedaría sin efecto el Memorándum 2366/98 a su pase al servicio pasivo; al respecto no existe ningún documento o resolución referente a la reincorporación, no existiendo otro memorándum o resolución de una supuesta reincorporación, como tampoco con algún documento refrenda que se habría dejado sin efecto el Memorándum 2366/98 de acuerdo a la calificación de años de servicio y la certificación de 17 de marzo establece el registro objetivamente que de acuerdo al Memorándum mencionado pasó al servicio en cumplimiento a normas y reglamentos militares, dicha certificación se la adjuntó al cual fue extraído de la base de datos del departamento primero del Ejército; l) Respecto a la Resolución del Tribunal Personal del Ejército 146/2000 conforme al art. 10 de la citada Ley y su Reglamento 205 vigente, resolvió que no correspondía la incorporación al Ejército del ahora accionante, eso debido al incumplimiento estricto del Reglamento CJ-RGA-208 y que fue la misma a solicitud del interesado, teniendo la vía expedita para acudir a la instancia correspondiente por ley, siendo su situación clara quien se encuentra en el servicio pasivo a partir de 1999, evidenciándose la mala intención que tiene el nombrado tratando de confundir y hacer incurrir en error a su autoridad puesto que posterior a su pase al servicio pasivo el 1999 el mencionado ya contaba con una renta de vejez; lo que pretendía el peticionante de tutela es jubilarse como un militar de egresados de institutos militares, es decir, con el 100%, dada su situación no le corresponde ese porcentaje ya que para poder contar con el mismo debe pertenecer a la reserva activa; empero, no se tiene registros de que fue destinado a un lugar fronterizo o hizo algunos cursos militares, puesto que tiene la condición de personal de servicio, por lo que a la fecha ya debe contar con una renta de vejez mediante la Gestora establecida; m) El impetrante de tutela señala que mediante la Resolución 46/2000 del Tribunal de Personal del Ejército se le habría dado de baja del servicio pasivo, al respecto ello no es evidente, ya que la misma resolvió en cuanto a la reincorporación del nombrado, en ningún momento citó la baja, siendo que esta situación es exclusiva del personal militar ingresados de institutos militares, tal como lo refiere el art. 99 de la referida Ley, reiterando que la baja solo se da al personal militar de carrera egresado de institutos militares, como se encuentra previsto en el art. 24 de la misma Ley que determina que la baja consiste en la separación efectiva del servicio activo sin goce de haberes, grados, nombres, honores y uniforme, siendo procedente solo en los casos previstos en el Código Penal Militar (CPM), previa sentencia condenatoria; lo que no ocurrió con el ahora solicitante de tutela; n) En cuanto a la ratificación del Memorándum 213/2002 de 14 de marzo, y el supuesto pago de haberes devengados y aguinaldos de octubre de 2000 a marzo de 2022, dicha petición no guarda relación alguna con la relación de causalidad, ya que no se fundamentó porque se tendría que ratificar; ñ) Lo que sí es evidente es que el ahora accionante pasó al servicio pasivo el 1 de enero de 1999, siendo emitido el Memorándum 213/02, promovido por el nombrado tratando de rellenar un lapso inexistente, ese lapso de reserva activa no se aplica para ese personal de servicios, siendo el periodo de octubre de 2002 a marzo de ese año, que no prestó ningún servicio o trabajo en la institución, por lo que se debe tomar en cuenta que la remuneración o salario es el que percibe el personal militar y civil en retribución a su trabajo siendo ese pago en dinero que otorga el personal del sector de defensa por el desempeño real y efectivo de sus funciones enmarcada en una escala salarial; y, o) Por lo expuesto solicitó se deniegue la tutela. Hugo Eduardo Arandia López, Comandante en Jefe de las FF.AA., a través representante legal, mediante el informe escrito presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 379 a 382, así como en audiencia, señaló que: 1) Mediante Memorándum 373/98 el peticionante de tutela fue destinado a la categoría “A” de disponibilidad para tramite de jubilación y posterior Memorándum 2366/98, quien paso a la situación pasiva a partir del 1 de enero de 1999, donde permaneció hasta que el Tribunal de Personal del Ejército por Resolución 146/2000 dejó sin efecto esa decisión, que fue asumida por el Comando General del Ejército a favor de veinticuatro suboficiales hasta que cumplan la edad requerida para acogerse a la jubilación en observancia del “art. 81 del DL de Seguridad Social” y la reincorporación del ahora accionante al servicio activo hasta que cumpliera con los requisitos para su jubilación y dejó sin efecto su pase a la jubilación; 2) El 24 de octubre de 2002, solicitó el pago de haberes devengados y según el Informe de Asesoría Jurídica DAF 77/02 se estableció su improcedencia, impugnado el mismo por Resolución 053/2004 del Tribunal de Personal del Ejército resolvió no dar curso al pago requerido por no existir documentos que acrediten la reincorporación del impetrante de tutela al servicio activo del Ejército, planteó reconsideración y el mismo Tribunal emitió la Resolución 120/2004, que declaró su improcedencia; por lo que, presentó recurso de apelación ante el citado Tribunal de Personal que lo rechazó por extemporáneo y finalmente presentó recurso de compulsa ante dicho Tribunal que mediante Resolución TSP 10/06 de 22 de agosto de 2006, desestimó el recurso de compulsa y lo declaró ilegal; 3) El demandante de tutela se limitó a señalar los hechos sin realizar una relación precisa de los derechos y garantías con los actos con los cuales supuestamente se hubiera vulnerado o restringido algún derecho, ni fundamento la relación de causalidad entre el hecho y el derecho que se denuncia como lesionado, tal como se tiene establecido en el art. 97 de la Ley abrogada del Tribunal Constitucional -Ley de 1 de abril de 1998-; habiéndose referido en el petitorio la ratificación de una certificación de años de servicios de octubre de 2000 a marzo de 2002, cancelación de haberes devengados, reposición de víveres desde la gestión 2000 hasta la gestión 2002, siendo que la misma no se refiere a la reparación de los supuestos actos vulnerados, ni señalar qué actuación es la que pretende se deje sin efecto o qué acto se disponga se realice y este aspecto no puede ser resuelto por la Sala Constitucional en razón a no explicarse el motivo principal para interponer el amparo; 4) Los actos de impugnación efectuados por el impetrante de tutela, inicialmente ante el Tribunal de Personal del Ejército, compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario de actas y un Vocal relator y cuatro Vocales; posteriormente, ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. de Bolivia compuesto por el Jefe del Estado Mayor General, el Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, el Jefe de Estado Mayor, General de la Fuerza Aérea Boliviana, el Comandante General de la citada institución, el Jefe de Estado Mayor General del Ejército y el Comandante General del Ejército; en el caso concreto, se observa que las Resoluciones que presuntamente lesionaron los derechos y garantías que el demandante de tutela denuncia fueron pronunciadas por dos Tribunales Colegiados, sin embargo, el solicitante de tutela dirigió su acción solo contra Freddy Bersatti Tudela, Comandante General y Presidente del Tribunal del Personal del ejército y Wilfredo Vargas Valdes, Comandante en Jefe y Presidente del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA.; sin considerar a los demás miembros de ambos Tribunales que conforman los mismos, y que participaron en la emisión de las Resoluciones que presuntamente vulneraron sus derechos, teniendo presente la jurisprudencia debe ser interpuesta contra todos sus miembros los que deben restituir o restablecer el derecho vulnerado en caso de constatarse dicha vulneración, pues lo contrario significaría que la resolución que conceda la tutela carezca de eficacia jurídica en relación a las demás autoridades que no fueron demandadas; por lo que, de esa manera se incumplió uno de los requisitos establecidos en el art. 128 de la CPE y “97 de la LTC” -Ley abrogada del Tribunal Constitucional-, por lo que corresponde denegar la tutela; 5) En cuanto a lo referido por el impetrante de tutela con relación a que habría interpuesto un recurso de apelación ante el mismo Tribunal de Personal del Ejército, así mismo refiere que mediante Memorándum 295 de 2 de marzo de 2005, se le habría informado que dicho recurso de apelación habría sido rechazado; sin embargo, dentro de los archivos del Tribunal Superior del Personal cursa la Resolución 05/2008 misma que resuelve dicho recurso; también refiere que presentó recurso de compulsa, solicitando al Tribunal de personal la respuesta correspondiente a su recurso de apelación reiterado, debiéndose considerar que dentro del Reglamento CJR-GA-220, no cursa ningún recurso de compulsa; empero, lo que debió interponer fue el recurso de aclaración, explicación y enmienda dentro del plazo de cuarenta y ocho horas computables a partir de la notificación de 28 de abril de 2009, con el recurso de apelación; y, 6) En ese sentido, solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 65/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 475 a 479 vta., denegó la tutela impetrada, en base de los siguientes fundamentos: i) El demandante de tutela identificó como acto administrativo el Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, relativo a la certificación de años de servicios de las gestiones 1999, 2000, 2001 hasta el 13 de marzo de 2002, así como también referente al pago de haberes devengados y aguinaldos desde octubre de 2000 a marzo de 2002, y sea con boletas de pago para cumplir con requisitos exigidos por COSSMIL, así como la reposición de víveres y otros de la gestión 2000 a la gestión 2005; ii) La autoridad demandada observó que a partir de los Memorándum 373 y 2366/98 habrían transcurrido más de veinticuatro años y en cuanto a la Resolución 16/2001 de 6 de noviembre, emitida por el Tribunal de Personal del Ejército, transcurrieron veintidós años, y en relación al Memorándum SECCION A 213/2002 de 13 de marzo, pasaron más de veintiún años; sin embargo, el solicitante de tutela también señaló con relación a la imprescriptibilidad de los derechos que la SCP 0424/2021-S3 de 5 de abril, estableció en cuanto a los derechos a la jubilación y a la seguridad social; sin embargo, se debe aclarar que conforme a lo manifestado por ambas partes al peticionante de tutela se le reconoció su derecho a la jubilación y como emergencia de ello a la seguridad social, lo que pretende el ahora accionante es que se ratifique el Memorándum 213/2002 como consecuencia de haberse emitido el Auto Definitivo por el Tribunal Supremo de justicia militar y también el pago de haberes devengados y aguinaldos desde octubre de 2000 hasta marzo de 2002; iii) También se observó que el Tribunal de Personal del Ejército es un Tribunal colegiado constituido por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario de Actas y Vocales, contra quienes no se promovió la presente acción de amparo; teniéndose al efecto la SC 1410/2010-R de 27 de septiembre, referente a la legitimación pasiva, debiéndose considerar que esta acción fue interpuesta contra Freddy Bersatti Tudela, entonces Comandante General y Presidente del Tribunal de Personal del Ejército y Wilfredo Vargas Valdez, Comandante en Jefe y Presidente del Tribunal Superior de Personal de la FF.AA. alegando la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la dignidad, a una remuneración justa por su trabajo y a la seguridad social, solicitando en esa acción de amparo se ratifique el Memorándum 213/2002 relativo a la certificación de servicios de las gestión 1999, 2000, 2001 y 2002, por lo que revisando la acción de amparo que nos ocupa se tiene el mismo petitorio relativo a la certificación de años de servicio de las gestiones señaladas, además se pide el pago de haberes devengados y aguinaldos desde octubre de 2000 a marzo de 2002, sea con boleta de pago para cumplir con los requisitos de haberes devengados; en ese sentido, se debe aplicar la SCP 1057/2016-S3 de 3 de octubre, en cuanto a la identidad de sujeto, objeto y causa; iv) Por otra parte, se observó el presente amparo mediante decreto de 20 de enero de 2023, en cuanto a la identificación del acto u omisión, habiendo presentado memorial el ahora demandante de tutela, solicitando la admisión de la acción y se señale audiencia, por lo que el 9 de febrero de ese año se procedió de esa manera; y, v) También es necesario referirse al nexo de causalidad entre los hechos, la identificación de los derechos o garantías que consideren vulnerados y el petitorio, como requisito de admisibilidad que fue observado también, teniéndose al efecto la SCP 0511/2022-S4 de 14 de junio, que establece que el Juez de garantías está obligado a conferir solo lo que se le pide, de ahí la importancia del petitum de la causa. Constando a manera de aclaración que la Sala Constitucional señaló en forma posterior a la Resolución citada supra, que no se puede ingresar al fondo; toda vez que, ya se emitió la SC 1410/2010-R de 27 de septiembre, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto Borda Álvarez, en contra de las autoridades demandadas, y no pudiendo conocerse una acción de amparo sobre otra; no habiéndose ingresado al fondo denegándose la tutela, salvándose los derechos de la concesión de tutela en resguardo del bien jurídico protegido, haciendo mención también a la legitimación pasiva, extremo referido en la presente acción tutelar, en la que incurrió la parte accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Memorándum 373/98 de 11 de febrero de 1998, a través del cual el Comandante General del Ejército dispuso destinar a Luis Alberto Borda Álvarez Daza -ahora impetrante de tutela-, a la letra “A” de disponibilidad para trámite de jubilación a partir del 31 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 1998, y que concluido dicho periodo será declarado en situación pasiva a partir del 1 de enero de 1999, sin derecho a reincorporación ni reclamo (fs. 3); extremo que por Memorándum 2366/98 de 14 de diciembre de 1998, fue comunicado al nombrado (fs. 4). II.2. Mediante Resolución 146/2000 de 14 de agosto, el Tribunal de Personal del Ejército, resolvió dejar sin efecto el pase a la jubilación dispuesta por el Comando General del Ejército a veinticuatro suboficiales hasta que cumplan la edad requerida, en observancia del art. 81 del Decreto Ley (DL) de Seguridad Social, entre los que no se encuentra el ahora demandante de tutela. Tampoco fue reincorporado debido a las reiteradas solicitudes de jubilación que efectúo dentro de su autonomía de la voluntad y capacidad de obrar en su favor e intereses (fs. 7 a 9). II.3. A través del Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, el Comandante General del Ejército, comunicó al ahora solicitante de tutela que de acuerdo al Informe Legal 84/2002 de la Dirección Jurídica del Ejército, como una solución definitiva a su caso, se dispone ratificar su paso al servicio pasivo -jubilación- determinada a expresa solicitud suya, mediante memorándum 373/98, disposición que fue refrendada mediante Resolución del Tribunal de Personal del Ejecito (fs. 219). II.4. Mediante memorial de 24 de octubre de 2002, dirigido al Comandante General del Ejército, el ahora peticionante de tutela solicitó el pago de sus haberes devengados (fs. 41 y vta.). II.5. Por Informe de Asesoría Jurídica DAF 77/02 de 13 de diciembre de 2002, se estableció la improcedencia de la solicitud de pago de haberes devengados efectuado por el ahora accionante (fs. 45 a 46). II.6. A través del memorial de 30 de junio de 2023, presentó impugnación respecto al Informe de Asesoría Jurídica DAF 77/02 precedentemente citado (fs. 48 a 50); mereciendo la Resolución del Tribunal de Personal del Ejército 053/2004 de 24 de marzo, determinando no ha lugar a dicha solicitud, por no existir documentos que acrediten la reincorporación del impetrante de tutela al servicio activo del Ejército (fs. 59 a 62); determinación que le fue comunicada mediante Memorándum 436/04 de 7 de abril de 2004 (fs. 58). II.7. Por Resolución 120/2004 de 26 de mayo, el Tribunal de Personal del Ejército, determinó la improcedencia del recurso de Reconsideración interpuesto por el ahora demandante de tutela (fs. 64 a 66), mismo que le fue comunicado por Memorándum 1008/04 de 2 de julio de 2004 (fs. 63). II.8. El solicitante de tutela presentó memorial el 13 de diciembre de 2004, interponiendo recurso de apelación respecto a la Resolución 120/2004, ante el Tribunal de Personal del Ejército (fs. 68 a 69); procediéndose a su comunicación mediante Memorándum 295/05 de 2 de marzo de 2005, señalando que a través del Mediante Informe Legal 002/05, emitido por Asesoría Jurídica del Tribunal de Personal del Ejército, su apelación fue rechazada por extemporánea (fs. 67). II.9. Mediante memorial presentado el 28 de julio de 2005, el ahora peticionante de tutela, presentó recurso de compulsa ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA., argumentando que no fue notificado personalmente con el memorándum de rechazo del recurso de apelación (fs. 70 a 71).
II.10. Mediante Resolución T.S.P. 10/06 de 22 de agosto de 2006, pronunciada por el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. de Bolivia, dicho recurso fue desestimado y declarado ilegal por no haber cumplido con el art. 37 inc. b) del Reglamento del Tribunal de Personal de las FF.AA. CJ-RGA-205, así como también porque el recurso de compulsa no cabe en el ordenamiento jurídico militar (fs. 87 a 90).
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la seguridad social; toda vez que, solicitó su pase a la reserva activa del Ejército para luego ingresar a la categoría “A” de disponibilidad por un año, con el fin de tramitar su jubilación, por Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, se dispuso ratificar su pase al servicio pasivo -jubilación-, que fue refrendado por Resolución del Tribunal de Personal del Ejército; además, el pago de sus haberes devengados, emitiéndose el Informe DAF 77/02 de 13 de diciembre de 2002, mediante el cual se declaró su improcedencia; por lo que, la Resolución 053/2004 de 24 de marzo, dictada por el Tribunal de Personal del Ejército, se dispuso “no ha lugar”; consecuentemente, planteó reconsideración, siendo resuelto por la Resolución 120/2004 de 26 de mayo, de manera improcedente; por lo que, presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA.; sin embargo, por Memorándum 295/05 de 2 de marzo de 2005, se le informó el rechazo de su recurso con base en el Informe Legal 002/05 por extemporáneo. En ese sentido, el 26 de julio de 2005, presentó recurso de compulsa ante el mismo Tribunal, el cual fue desestimado con el argumento que ese recurso no estaría previsto en el ordenamiento jurídico militar, extremo que tomó conocimiento a través de la Defensoría del Pueblo el 15 de mayo de 2007. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La inmediatez y el plazo máximo para interponer la acción de amparo constitucional; y, b) Análisis del caso concreto
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0083/2018-S2 de 4 de abril, asumió el siguiente razonamiento:
El principio de inmediatez se encuentra previsto en el art. 55.I del CPCo, entendido como el requisito de solicitar la tutela de manera pronta, oportuna y sin dilaciones innecesarias; es decir, una vez que se opere la vulneración del derecho o garantía y se agoten las vías legales ordinarias pertinentes; plazo que también se encuentra previsto en el art. 129.II de la CPE, que señala: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.
De manera más específica, sobre el inicio para el cómputo de los seis meses referido supra, se indicó que el mismo corre a partir de la comisión de la lesión alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial efectiva, para que el afectado pueda acudir a la vía constitucional a fin que sea reparado el agravio a derechos o garantías constitucionales; en ese sentido, la jurisprudencia consolidada por el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0791/2010-R de 2 de agosto , se determinó que los medios reparadores a los que acuda el accionante deben ser idóneos, lo que significa que debe estar previsto por ley, y que tenga la posibilidad de cambiar el fondo, lo que implica que se excluye del cómputo de los seis meses aquellos medios y recursos no previstos por ley o aquellos que fueron presentados de manera errónea, por el hecho que el objeto de esta acción de defensa es la de tutelar derechos fundamentales y no el de reparar los errores del agraviado.
El Tribunal Constitucional mediante la SC 0521/2010-R de 5 de julio , determinó modular los alcances de la SC 0261/2010-R de 31 de mayo, estableciendo que, específicamente en los casos en que se hubiese solicitado una complementación y enmienda, sólo se tomará en cuenta, para efectos del cómputo del plazo de los seis meses, aquellos casos en los que se hubiera dado curso a dicha solicitud, ya que la resolución dictada pasaría a formar parte del contenido de la resolución principal, sin embargo, cuando esta solicitud sea rechazada, al no tener efecto alguno ni ser consideradas por la autoridad jurisdiccional o administrativa, el plazo corre desde la notificación con la resolución principal; por lo anteriormente desarrollado, esta línea jurisprudencial contiene una interpretación de carácter restrictivo respecto a las solicitudes de complementación y enmienda, en la que este tipo de solicitudes, para poder ser tomadas en cuenta dentro del plazo de caducidad de los seis meses, debieron haber sido asumidas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas, caso contrario, es decir, cuando éstas sean rechazadas, al considerarse las mismas como “intrascendentes”.
Por su parte la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo modula el precedente previamente citado líneas supra, y estableció que el cómputo tomará en cuenta la fecha de notificación con el Auto de explicación o enmienda sea que la conceda o rechace, estipulado de esta forma en el art. 55.II del CPCo, implementando la subregla que dicha solicitud cuando se presente dentro del plazo procesal determinado por el art. 196.2 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), teniendo como norma vigente el art. 226.III del Código Procesal Civil (CPC), es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión de la resolución de carácter definitivo deberá ser tomada en cuenta respecto al plazo de inmediatez, por lo que el mismo correrá a partir de la notificación con la resolución que rechace o acepte la misma; y solamente en el caso en que esta solicitud sea presentada de manera completamente extemporánea y que la misma sea rechazada precisamente por este motivo, entonces no podría tomarse en cuenta para el computo del plazo de inmediatez, por lo que esta línea jurisprudencial es la más favorable para materializar el derecho de acceso a la justicia.
El demandante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la seguridad social; toda vez que, solicitó su pase a la reserva activa del Ejército para luego ingresar a la categoría “A” de disponibilidad por un año, con el fin de tramitar su jubilación, por Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, se dispuso ratificar su pase al servicio pasivo -jubilación-, que fue refrendado por Resolución del Tribunal de Personal del Ejército; además, el pago de sus haberes devengados, emitiéndose el Informe DAF 77/02 de 13 de diciembre de 2002, mediante el cual se declaró su improcedencia; por lo que, la Resolución 053/2004 de 24 de marzo, dictada por el Tribunal de Personal del Ejército, se dispuso “no ha lugar”; consecuentemente, planteó reconsideración, siendo resuelto por la Resolución 120/2004 de 26 de mayo, de manera improcedente; por lo que, presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA.; sin embargo, por Memorándum 295/05 de 2 de marzo de 2005, se le informó el rechazo de su recurso por extemporáneo con base en el Informe Legal 002/05 por extemporáneo. En ese sentido, el 26 de julio de 2005, presentó recurso de compulsa ante el mismo Tribunal, el cual fue desestimado con el argumento de que ese recurso no estaría previsto en el ordenamiento jurídico militar, extremo que tomó conocimiento a través de la Defensoría del Pueblo el 15 de mayo de 2007.
Habiendo establecido la problemática jurídica del caso de autos, corresponde remitirnos a la documental cursante en obrados; de ello, se tiene que cursa Memorándum 373/98 de 11 de febrero de 1998, a través del cual el Comandante General del Ejército dispuso destinar a Luis Alberto Borda Álvarez Daza, ahora solicitante de tutela, a la letra “A” de disponibilidad para trámite de jubilación a partir del 31 de diciembre de 1997 al 31 de diciembre de 1998, y que concluido dicho periodo será declarado en situación pasiva a partir del 1 de enero de 1999, sin derecho a reincorporación ni reclamo; extremo que por Memorándum 2366/98 de 14 de diciembre de 1998, fue comunicado al nombrado (Conclusión II.1.).
Posteriormente, mediante Resolución 146/2000 de 14 de agosto, el Tribunal de Personal del Ejército, resolvió dejar sin efecto el pase a la jubilación dispuesta por el Comando General del Ejército a veinticuatro suboficiales hasta que cumplan la edad requerida, en observancia del art. 81 del Decreto Ley (DL) de Seguridad Social, entre los que no se encuentra el ahora peticionante de tutela. Tampoco fue reincorporado debido a las reiteradas solicitudes de jubilación que efectúo dentro de su autonomía de la voluntad y capacidad de obrar en su favor e intereses (Conclusión II.2.).
A través del Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, el Comandante General del Ejército, comunicó al ahora accionante que de acuerdo al Informe Legal 84/2002 de la Dirección Jurídica del Ejército, como una solución definitiva a su caso, se dispone ratificar su paso al servicio pasivo -jubilación- determinada a expresa solicitud suya, mediante memorándum 373/98, disposición que fue refrendada mediante Resolución del Tribunal de Personal del Ejército (Conclusión II.3.).
En ese sentido, el ahora impetrante de tutela, el 24 de octubre de 2002, a través del memorial dirigido al Comandante General del Ejército, solicitó el pago de sus haberes devengados (Conclusión II.4.); solicitud que mereció el Informe de Asesoría Jurídica DAF 77/02 de 13 de diciembre de 2002, se estableció su improcedencia de la solicitud de pago de haberes devengados efectuado por el ahora demandante de tutela (Conclusión II.5.).
Al respecto, mediante memorial de 30 de junio de 2023, el solicitante de tutela presentó impugnación respecto al Informe de Asesoría Jurídica DAF 77/02 precedentemente citado; mereciendo la Resolución del Tribunal de Personal del Ejército 053/2004 de 24 de marzo, determinando no ha lugar a dicha solicitud, por no existir documentos que acrediten la reincorporación del ahora peticionante de tutela al servicio activo del Ejército; determinación que le fue comunicada mediante Memorándum 436/04 de 7 de abril de 2004 (Conclusión II.6.). Por Resolución 120/2004 de 26 de mayo, el Tribunal de Personal del Ejército, determinó la improcedencia del recurso de Reconsideración interpuesto por el impetrante de tutela, mismo que le fue comunicado por Memorándum 1008/04 de 2 de julio de 2004 (Conclusión II.7.).
El demandante de tutela, el 13 de diciembre de 2004, presentó memorial interponiendo recurso de apelación respecto a la Resolución 120/2004, ante el Tribunal de Personal del Ejército; procediéndose a su comunicación mediante Memorándum 295/05 de 2 de marzo, señalando que a través del Mediante Informe Legal 002/05, emitido por Asesoría Jurídica del Tribunal de Personal del Ejército, su apelación fue rechazada por extemporánea (Conclusión II.8.).
El 28 de julio de 2005, el ahora solicitante de tutela, presentó recurso de compulsa ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA., argumentando que no fue notificado personalmente con el memorándum de rechazo del recurso de apelación (Conclusión II.9.).
Mediante Resolución T.S.P. 10/06 de 22 de agosto de 2006, pronunciada por el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA. de Bolivia, dicho recurso fue desestimado y declarado ilegal por no haber cumplido con el art. 37 inc. b) del Reglamento del Tribunal de Personal de las FF.AA. CJ-RGA-205, así como también porque el recurso de compulsa no cabe en el ordenamiento jurídico militar (Conclusión II.10.).
Ahora bien, antes de resolver la indicada problemática corresponde aclarar que en efecto, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional se emitió la SCP 1410/2010-R de 27 de septiembre, dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto Borda Álvarez Daza contra Freddy Bersatti Tudela, Comandante General y Presidente del Tribunal del Personal del Ejército; y, Wilfredo Vargas Valdez, Comandante en Jefe y Presidente del Tribunal Superior de Personal de las FF.AA., mediante la cual se denegó la tutela solicitada, por falta de legitimación pasiva, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada; razón por la cual, no puede en el caso concreto aplicarse la jurisprudencia constitucional respecto a la identidad de objeto sujeto y causa y/o cosa juzgada constitucional referidos por la parte demandada, por cuanto dicho fallo constitucional, conforme se tiene mencionado, no ingresó al fondo del asunto planteado.
Bajo ese contexto, así como se tiene identificada la problemática planteada a través de la presente acción tutelar, corresponde referirnos al cómputo del principio de inmediatez citado en la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, teniéndose a partir de los antecedentes mencionados, que el Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, a través del cual se comunicó al peticionante de tutela la ratificación de su pase al servicio pasivo -jubilación-, que fue refrendado por Resolución del Tribunal de Personal del Ejército; y, en cuanto a su solicitud de pago de sus haberes devengados, se emitió el Informe 77/2002, mediante el cual se declaró su improcedencia, por lo que la Resolución 053/2004, dictada por el Tribunal de Personal del Ejército, se dispuso “no ha lugar”; planteándose reconsideración, el cual fue declarado improcedente por Resolución 120/2004; por lo que, presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior del Personal de las FF.AA.; sin embargo, por Memorándum 295/05 se le informó el rechazo de su recurso con base en el Informe Legal 002/05 por extemporáneo. En ese sentido, el 26 de julio de 2005, presentó recurso de compulsa ante el mismo Tribunal, el cual fue desestimado con el argumento que ese recurso no estaría previsto en el ordenamiento jurídico militar, extremo que tomó conocimiento a través de la Defensoría del Pueblo el 15 de mayo de 2007; fechas a partir de las cuales corría el plazo de los seis meses para la presentación de la acción de amparo constitucional que nos ocupa, las que concluían respecto a la ratificación de su pase al servicio pasivo -jubilación- desde el Memorándum 213/2002 de 13 de marzo hasta el 13 de septiembre de igual año; y en cuanto a la solicitud de pago de haberes devengados desde el conocimiento de la última determinación emitida al respecto, es decir, desde la Resolución que resolvió su recurso de compulsa, mismo que fue desestimado, determinación de la cual según lo referido por el propio solicitante de tutela tomó conocimiento el 15 de mayo de 2007, a través de la Defensoría del Pueblo, consecuentemente, tenía hasta el 15 de noviembre de ese año; el plazo de los seis meses establecidos para presentarse una acción de amparo constitucional en cuanto a ambas determinaciones fue vencido superabundamente.
Se concluye que dentro del presente caso el impetrante de tutela pretende que la jurisdicción constitucional le otorgue la tutela solicitada, salvando su negligencia y desidia en causa propia, y que en consecuencia: 1) Se ratifique el Memorándum 213/2002 de 13 de marzo, relativo a la certificación de años de servicio de las gestiones 1999, 2000, 2001 hasta el 13 de marzo de 2002, como consecuencia de haber emitido el Auto Definitivo por el Tribunal Supremo de Justicia Militar con el fin de regularizar su situación legal en COSSMIL; 2) El pago de haberes devengados y aguinaldo desde octubre del 2000 a marzo de 2002 y sea con boletas de pago para cumplir con los requisitos exigidos por COSSMIL; y, 3) La reposición de víveres y otros de la gestión 2000 a la gestión 2005; pedido que resulta irracional, ya que su negligencia no puede ser socapada por la jurisdicción constitucional, con la idea que esta vía tutelar se encuentra abierta de manera indefinida. Por lo previamente detallado, ante el incumplimiento del principio de inmediatez, por parte del peticionante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada, sin considerar el fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, aunque con otros argumentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65/2023 de 3 de abril, cursante de fs. 475 a 479 vta., pronunciada por Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo del asunto planteado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0629_2025-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7780dfae0510814e4d38713e0dc03bc8fbd2be5d0936385887fc6fc91f3771eb
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