B.IA.LEGAL

SCP 0628/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Primera · 13 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de junio de 2023
Acción
Acción de Libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45896-2022-92-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Silvia Zárate Apaza, la Jueza ahora demandada dispuso su apremio corporal y posterior detención ocurrida desde el 10 de enero del 2022; sin considerar que nunca tuvo conocimiento de la Sentencia por la que se dispuso el pago de la asistencia familiar, como tampoco de la liquidación de la misma ni su aprobación judicial. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; y para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 65 vta. a 67, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; asimismo, se dimensiona los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo firme y subsistente la determinación dispuesta por el mencionado Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar
  2. III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0628/2023-S1 Sucre, 13 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Libertad Expediente: 45896-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 65 vta. a 67, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abel López Peredo contra Dayana Vaca Suárez, Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 60 a 61 vta., el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que el 10 de enero de 2022, fue conducido al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por un funcionario policial en cumplimiento a un mandamiento de apremio por una liquidación de asistencia familiar que supuestamente se habría emitido dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Silvia Zárate Apaza. Ocurre que en el referido proceso, una vez emitida la Sentencia correspondiente, la Jueza ahora demandada ordenó a la entonces demandante se proceda a notificarlo en su domicilio real señalado; sin embargo, mediante otra providencia de 21 de enero de 2022, dicha autoridad ordenó que sea en su domicilio laboral, determinación ilegal y atentatoria a sus derechos que va en contra de lo dispuesto en el art. 116.IV del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, además de los derechos de otra hija que tiene bajo su custodia.

Posteriormente, el 5 de abril de 2021 fue notificado en su supuesto domicilio laboral, sin considerar que existe un certificado emitido por el presidente de la Cooperativa Germán Moreno, que acredita su desvinculación laboral debido a la pandemia por el Coronavirus (COVID-19); es decir, que el 5 del señalado mes y año ya no trabajaba en la merituada institución, no teniendo conocimiento por ende, de la Sentencia referida. Por otro lado, el 30 de junio del 2021, la progenitora de su hija presentó una liquidación de asistencia familiar devengada, misma que le fue notificada en el tablero judicial; de la cual tampoco tuvo conocimiento, por lo que se aprobó la misma, ordenándose que con dicho actuado se le notifique en su domicilio real o en su caso en su domicilio procesal. A tal efecto, la Oficial de Diligencias, procedió a notificarlo en zona La Ramada “parada de trufis”, detrás de la ex Terminal, domicilio que no le corresponde pues a momento de la contestación a la demanda, señaló como su residencia real la ciudad de Montero -Barrio San José- equivocación que no le permitió conocer la Sentencia, tampoco la liquidación de asistencia familiar, y mucho menos la aprobación a la misma. De esta manera, mediante memorial de 26 de enero de 2022, se apersonó a la causa y solicitó fotocopias legalizadas del proceso para así poder asumir defensa, misma que la autoridad demandada ordenó se le extiendan; sin embargo, la mismas no fueron entregadas sino hasta el 3 de febrero del mismo año, bajo el argumento de una supuesta carga procesal en ese despacho. Es así que, ese mismo día, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra la providencia de 21 de enero de 2022, mediante el cual, se ordenó su notificación con la Sentencia en su domicilio laboral, mismo que le fue negado por la Jueza demandada, al igual que le negó el incidente de nulidad de notificación; motivo por el cual, recurre en esta vía solicitando la protección de sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alegó la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, sin hacer cita de norma constitucional alguna como respaldo.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene su libertad y se deje sin efecto el mandamiento de apremio, así como se disponga la nulidad de la citación por habérsela efectuado en un domicilio erróneo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 14 de febrero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 65 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, en el desarrollo de la audiencia se ratificó in extenso en la demanda constitucional planteada y ampliando la misma señaló: a) Se encuentra indebidamente privado de libertad debido a que la notificación con la Sentencia de primera instancia fue llevada a cabo de forma ilegal, pues si bien de inicio, se ordenó se la realice en el domicilio real, posteriormente se dejó sin efecto este proveído y se dispuso se la ejecute en el domicilio laboral, contrariando la normativa que establece que en casos de que una de las partes no asista a audiencia se deberá notificársela en su domicilio real y por cédula, extremo que no se dio en el presente caso; b) Posteriormente y luego de realizada la supuesta liquidación de asistencia familiar, una vez aprobada la misma, se ordenó su notificación en su domicilio real, siendo notificada en una dirección que no le correspondía; y, c) Una vez que presentó un memorial de apersonamiento solicitando copias legalizadas y planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el mismo fue rechazado al igual que el incidente de nulidad que también presentó. A las interrogantes por el Tribunal de garantías con relación a que si se había recurrido en reposición con alternativa de apelación ante la negativa del incidente de nulidad; al respecto, se informó que no formuló ninguna impugnación debido a que las copias de los antecedentes solicitados le fueron entregados muy tarde y sin la posibilidad de recurrir en término.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial demandada

Dayana Vaca Suárez, Jueza Pública de Familia Decimoquinta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se hizo presente a audiencia de consideración de la presente acción tutelar, como tampoco remitió informe alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 64.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 65 vta. a 67, concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la notificación con la liquidación de la asistencia familiar y ordenando se realice una nueva conforme establece la legislación familiar; dicha determinación se asumió sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) A fojas 17 de la demanda de asistencia familiar se pudo observar el memorial presentado por el accionante, donde se señaló su domicilio procesal; de igual forma, por memorial presentado por la entonces demandante, fijó el supuesto domicilio laboral del impetrante de tutela, donde solicitaba sea que el mismo sea notificado; sin embargo, mediante Decreto de 21 de enero de 2021 la Jueza demandada señaló que se tenía presente el domicilio procesal; 2) Por otro lado, se evidencia la notificación con la Sentencia en el domicilio laboral del solicitante de tutela; 3) Posteriormente, la entonces demandante presentó una liquidación con la cual, fue notificado el accionante en el supuesto domicilio laboral, el 5 de agosto de 2021 y luego, el 13 de agosto de igual año, la Jueza demandada dispuso librar el mandamiento correspondiente; 4) Fue evidente que en el memorial de contestación presentado por el ahora impetrante de tutela señaló un domicilio procesal; sin embargo, cursa también un informe del Oficial de Diligencias del Juzgado, donde sostuvo que no pudo ser habido el domicilio procesal a efectos de notificarlo con la Sentencia y en tal sentido la demandante señaló domicilio laboral a efectos su notificación; 5) Por otro lado, una vez presentada la liquidación de asistencia familiar, el solicitante de tutela nuevamente fue notificado en su domicilio laboral, contraviniendo el art. 442 de la Ley 603 que dispone la notificación en domicilio procesal y en caso de no haberse señalado, sea en estrados judiciales; en el presente caso, debió notificársele en el domicilio procesal que el accionante tenía señalado y como no pudo ser ubicado correspondía su notificación en su domicilio real y a falta de este, mediante edicto judicial, conforme al art. 308 de la Ley 603; 6) Llama la atención por la notificación con la liquidación efectuada y aprobada por la autoridad demandada, al habérselas llevado a cabo en su domicilio laboral del cual no se tiene certeza de su existencia; y, 7) Finalmente, se extraña que existiendo una demanda de asistencia familiar desde la gestión 2019, el impetrante de tutela no haya procurado cumplir de cancelar la misma, más allá de que se le hubiera fijado por encima de lo dispuesto en la norma, pues para cuestionar estos extremos tenía los recursos ordinarios respectivos; por otro lado, no puede un obligado de asistencia, esperar que se le notifiquen con liquidaciones, pues hacer reclamos de estos pagos implican otros gastos que perjudican a ambas partes y en especial a los hijos que están de por medio.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 01/2020 de 15 de enero, la Jueza ahora demandada, declaró probada en parte la demanda de asistencia familiar interpuesta por Silvia Zárate Apaza, disponiendo que el demandado Abel López Peredo otorgue en calidad de asistencia familiar en favor de su hija Luz Jhajayra López Zárate la suma de Bs800.- (ochocientos 00/100 bolivianos) mensuales, monto a suministrarse en forma oportuna bajo apercibimiento de apremio (fs. 22 vta. a 24 vta.) II.2. Consta providencia de 28 de julio de 2021 emitida por la Jueza ahora demandada que aprueba la liquidación de asistencia familiar de 30 de junio de igual año, conminándose a Abel López Peredo a que cancele la suma de Bs15 200.- (quince mil doscientos 00/100 bolivianos) y 6 mudas de ropa en el plazo de tres días de su legal notificación bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se librará mandamiento de apremio en su contra (fs. 41). II.3. Mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2021 por Silvia Zárate Apaza, a la Jueza Público de Familia ahora demandada, refiere que al haberse aprobado la liquidación sin que el obligado haya cumplido con la conminatoria, solicita se expida mandamiento de apremio corporal que fue respondido por proveído de 13 de agosto de igual año dictado por la prenombrada autoridad jurisdiccional, ordenando se expida mandamiento de apremio en contra del impetrante de tutela, hasta que cancele la suma de Bs15 200.- (quince mil doscientos 00/100 bolivianos) por concepto de asistencia familiar verificándose la emisión del correspondiente mandamiento de apremio corporal (fs. 47 a 49 vta.). II.4. Por memorial presentado el 3 de febrero del 2022, el ahora accionante planteó incidente de nulidad de notificación en su supuesto domicilio laboral sin considerar que al momento de contestar a la demanda, su persona había fijado su domicilio real en la ciudad de Montero, además que la misma demandante conocía que había dejado de trabajar en el lugar donde dejaron la notificación tanto de la Sentencia 01/2020 de 15 de enero, al igual que la liquidación de asistencia familiar y su correspondiente aprobación de las cuales nunca tuvo conocimiento (fs. 55 a 56). II.5. Cursa decreto de 4 de febrero del señalado año; mediante el cual, la autoridad ahora demandada, rechazó el incidente planteado, bajo el argumento de encontrarse fuera del plazo establecido por el art. 256 inc. b) de la Ley 603 (fs. 56 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Silvia Zárate Apaza, la Jueza ahora demandada dispuso su apremio corporal y posterior detención ocurrida desde el 10 de enero del 2022; sin considerar que nunca tuvo conocimiento de la Sentencia por la que se dispuso el pago de la asistencia familiar, como tampoco de la liquidación de la misma ni su aprobación judicial. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; y para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, reiterada por la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento: El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir 1El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.

Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPE abrg. al recurso de hábeas corpus.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:

a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.

b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I: “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; art. 366 del mismo cuerpo legal que indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, art. 368 del referido Código que menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar.

III.3. Análisis del caso concreto

El demandante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, pues dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Silvia Zárate Apaza en favor de su hija, la Jueza ahora demandada dispuso su apremio corporal y posterior detención ocurrida desde el 10 de enero del 2022; sin considerar, que nunca tuvo conocimiento de la sentencia por la que se dispuso el pago de la asistencia familiar, así como tampoco de la liquidación presentada ni de su aprobación judicial. De la revisión de los antecedentes procesales, se tiene que por demanda de Silvia Zárate Apaza, se instauró un proceso de asistencia familiar contra Abel López Peredo -ahora accionante- en favor de su hija menor de edad, que se radicó en el Juzgado Público de Familia Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz a cargo de la autoridad jurisdiccional ahora demandada. A tal efecto, se emitió la Sentencia 01/2020 que declaró probada en parte la demanda de asistencia familiar interpuesta disponiendo que el obligado pague en favor de su hija, la suma de Bs800.-(ochocientos 00/100 bolivianos) mensuales, monto a suministrarse en forma oportuna bajo apercibimiento de apremio (Conclusiones II.1). En ese marco, el referido demandado -ahora impetrante de tutela- alega que nunca tuvo conocimiento del citado pronunciamiento como tampoco de la liquidación de asistencia familiar presentada, menos de su aprobación judicial, por haber existido error sobre el lugar de las notificaciones, enterándose de los referidos actuados al momento de ejecutarse el mandamiento de apremio en su contra sucedido el 10 de enero de 2022.

Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la cual señala que en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad evitando la persecución o procesamiento indebido, estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, por cuanto la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento también aplicable en materia familiar, ya que ante la emisión de una resolución que supuestamente vulnera el derecho a la libertad del peticionante de tutela, por estar ilegalmente e indebidamente procesado; el incidente y consiguiente impugnación resulta ser el medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno al que previamente debió acudir, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Bajo ese entendimiento, se establece que si bien el impetrante de tutela suscitó incidente de nulidad de notificación mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2022, éste fue objeto de rechazo por providencia de 4 del mismo mes y año; ante lo cual, resulta evidente que ante tal negativa el ahora solicitante de tutela no interpuso recurso ni impugnación alguna. Omisión que denota la pretensión del ahora impetrante de tutela, de que esta jurisdicción constitucional resuelva directamente los supuestos agravios que a su criterio se suscitaron a causa de las diferentes notificaciones realizadas con error en el lugar de su realización. Esto sin considerar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, soslayando que intra proceso podía haber utilizado en forma oportuna un mecanismo procesal específico de defensa idóneo y eficiente para restituir sus derechos supuestamente vulnerados, como el recurso de reposición previsto en el art. 366 del CFPF contra el proveído de 4 de febrero de 2022 y una vez agotada dicha vía procesal, recién plantear la presente acción tutelar, por cuanto la acción de libertad opera solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, no obstante de haberse agotado los medios de defensa que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Consecuentemente, al haber acudido directamente ante la justicia constitucional, sin agotar previamente los medios de defensa dentro la jurisdicción ordinaria que resultan los idóneos y oportunos que tenía el solicitante de tutela a su alcance, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de ingresar a examinar el fondo de la presente acción -se reitera- por incumplimiento al principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; razón por la cual, corresponde denegar la tutela.

III.4. Otras consideraciones

De la revisión de antecedentes, se tiene que el Tribunal de garantías concedió la tutela el 14 de febrero de 2022, disponiendo se deje sin efecto la notificación con la planilla de liquidación de asistencia familiar. En el marco de este antecedente y considerando que el Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad al art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), y en observancia a los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, se encuentra facultado de dimensionar los efectos de las resoluciones constitucionales emitidas, corresponde en el presente caso, dimensionar los efectos del presente fallo, por la concesión de la tutela que pudo generar efectos jurídicos -considerando además el plazo ya transcurrido-, los cuales ahora podrían verse afectados, conforme a lo previsto por el art. 40.I del referido Código, por lo que, todos los actos posteriores a la audiencia del Tribunal de garantías, son totalmente válidos. En consecuencia, el Tribunal de garantías al conceder la tutela solicitada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 65 vta. a 67, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; asimismo, se dimensiona los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo firme y subsistente la determinación dispuesta por el mencionado Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0628_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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