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SCP 0626/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49434-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada, no comunicó el inicio de investigaciones ni presentó resolución de desistimiento o imputación formal ante un Juez cautelar, incumpliendo con el plazo de veinticuatro horas, establecido en el art. 289 del CPP, estando su causa sin control jurisdiccional. En consecuencia corresponde en revisión, analizar si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 221/2022 de 9 de julio, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. El proceso penal desde los actos iniciales de la investigación hasta la conclusión de la etapa preparatoria, debe estar bajo conocimiento del juez cautelar por ser la autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0626/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49434-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 221/2022 de 9 de julio, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeaneth Laura Calle y Ricardo Elías Rodríguez Beizaga en representación sin mandato de Alberto Jorge Limachi Mamani contra Reyna Julieta Segales Quisbert, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 9 de julio de 2022, cursante de fs. 5 a 6 vta.; el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de julio de 2022, mediante acción directa ejecutada por funcionarios policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Viacha del departamento de La Paz, se procedió con su aprehensión, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo sido puesto a disposición de la autoridad Fiscal el 8 de igual mes y año a las 08:42; quien a efectos de considerar su situación jurídica, debió, conforme a procedimiento, emitir una resolución, ya sea de desestimación o de imputación si correspondía, en el plazo de veinticuatro horas y comunicar la misma a la autoridad jurisdiccional. Siendo las 10:00 de la mañana del 9 de julio de igual año, la autoridad fiscal, incumplió flagrantemente con sus deberes, vulnerando su derecho a la libertad, estando ilegalmente detenido y procesado, sin contar con autoridad jurisdiccional que controle esos actos lesivos, encontrándose actualmente privado de libertad en celdas de la FELCV de Viacha del departamento de La Paz, incumpliéndose de esta forma el plazo previsto en el art. 289 del Código de Procedimiento Penal (CPP), a los efectos de que el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional se pronuncien y determinen su situación procesal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad; citando al efecto los arts. 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se disponga su libertad pura y simple; y, b) –en audiencia– La nulidad de la imputación formal presentada dentro del caso instaurado en su contra.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 18 vta., presentes la parte accionante, y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, ratificó el contenido íntegro de su memorial de demandada de acción de libertad y ampliándola, señaló que: 1) Se ha iniciado una acción penal en su contra por el supuesto delito de violencia familiar o doméstica, advirtiéndose la presentación de informe de inicio de investigaciones y la resolución de imputación formal, remitiendo al aprehendido y solicitando audiencia de medidas cautelares; figurando en el cargo de recepción la fecha de 8 de julio de 2022 a las 19:15, existiendo una evidente manipulación en el número 8, que en realidad corresponde al número 9; igualmente, se tiene el cargo de recepción del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en el que no existe una fecha y hora de recepción, evidenciándose, que en el caso presente, hubo por parte de la Gestora cierta ayuda, modificación y parcialización hacia la autoridad del Ministerio Público, que remitió esa imputación e informe de inicio de investigación ante la autoridad judicial; 2) Se tiene una impresión del Acta de denuncia en el que claramente se registra como fecha y hora el 8 de julio de 2022, a las 08:42 y 5 segundos, sin embargo, la autoridad fiscal excedió el plazo previsto en el art. 289 del CPP, informando al Juez de la causa, el 9 de julio de igual año, a horas 10:00; y, 3) Si bien, este accionar resulta ser una actividad procesal defectuosa; empero, al no contar con autoridad jurisdiccional para reclamar esos hechos, se hizo previsible la aplicación de la excepción al principio de subsidiaridad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Reyna Julieta Segales Quisbert, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que: i) Se denunció que habría presentado el requerimiento de imputación formal fuera de las veinticuatro horas, aspecto totalmente alejado de la verdad; ya que, el 8 de julio de 2022, su persona salió de la localidad de Viacha del departamento de La Paz, después de las 18:00, para remitir la resolución de imputación formal ante la Oficina Gestora de Procesos, conforme corresponde al procedimiento, y dicha oficina, administrativamente y de manera interna, remite obrados posteriormente al Juzgado de turno, no pudiendo su persona efectuar la entrega de la documental directamente a la autoridad judicial; puesto que, el trámite correspondiente y el conducto regular es a través de esas oficinas Gestoras; ii) Su autoridad se comunicó telefónicamente con Dennis Quisbert, Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos, a quién incluso se remitió desde las 16:00 y se le informó que se tenía un caso con aprehendido, que no pudo presentarlo en el asiento fiscal de Viacha del departamento de La Paz, debido a la hora; por lo que, personalmente abordó un minibús a efectos de presentar la referida Resolución; iii) Se denunció en la acción de libertad que el sello de cargo que consta en la imputación formal fue alterado, sin tener alguna prueba idónea, objetiva y material que demuestre que ha sido modificado; y, iv) Desconoce los trámites administrativos internos sobre la remisión de las resoluciones o requerimientos que el Ministerio Público presenta ante el Órgano Judicial; por lo tanto, no se vulneró derecho alguno del accionante.

I.2.3. Intervención del tercero interviniente

Dennis Quisberth Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos, respondiendo a las consultas del Juez de garantías respecto a la hora en que fue remitida la imputación formal contra de Alberto Jorge Limachi Mamani a la Gestora, éste informó que la autoridad Fiscal le remitió en físico dicho actuado, el 8 de julio de 2022, a las 19:15, habiéndose enviado al despacho judicial, recién el 9 de igual mes y año, a las 9:28, tal como consta en el cuaderno procesal.

I.2.4. Resolución

El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 221/2022 de 9 de julio, cursante a fs. 19 y vta., concedió en parte la tutela solicitada, llamando la atención a la autoridad demandada, por no obrar con celeridad procesal, pues actualmente se tiene la facilidad de enviar los requerimientos conclusivos con aprehendidos mediante WhatsApp, no siento óbice la distancia, ya que es posible hacer uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), vigentes por mandato de la Ley 1173, más considerando que los plazos procesales son perentorios e improrrogables. De igual forma, se llamó la atención a Denis Quisberth, Coordinador de la Oficina Gestora de Procesos 2 de El Alto, por no tener coordinación con el Ministerio Público a momento de conocer las causas con aprehendido, exhortándolo a que en futuras actuaciones, obre con celeridad y con la debida coordinación, puesto que esos hechos pueden acarrear responsabilidad; y, denegó la tutela impetrada de libertad pura y simple y la nulidad de la imputación formal, en virtud a que la jurisdicción constitucional no puede invadir hechos que deben ser resueltos dentro de la jurisdicción ordinaria, más si ya se tiene señalada una audiencia para el efecto; determinación que fue asumida, bajo el argumento de que la autoridad Fiscal, tenía la tarde del 8 de julio de 2022, para hacer conocer en forma digital la Imputación Formal, puesto que la distancia no es un motivo u óbice para justificar ese aspecto, invocando la Sentencia Constitucional 0465/2010-R de 5 de julio, que concluyó que los tipos legales del habeas corpus –ahora acción de libertad– también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental e inclusive ampliados; así, dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, se agregó la acción de libertad restringida, instructiva y traslativo o de pronto despacho, última que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Según Formulario Único de Denuncia, con Código 208102232200482 de 8 de julio de 2022, con registro a las 08:42, Reyna Julieta Segales Quisbert, Fiscal de Materia, –ahora demandada–, registró que el 7 de igual mes y año, a las 19:30 aproximadamente, en el interior del domicilio ubicado en zona Humachua, Av. Hacia el Mar 3000, Esmeralda Magne Rosales fue agredida físicamente por Alberto Jorge Limachi Mamani –hoy accionante–, habiéndose procedido en acción directa a la aprehensión del mismo (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, la Fiscal de Materia demandada, no comunicó el inicio de investigaciones ni presentó resolución de desistimiento o imputación formal ante un Juez cautelar, incumpliendo con el plazo de veinticuatro horas, establecido en el art. 289 del CPP, estando su causa sin control jurisdiccional. En consecuencia corresponde en revisión, analizar si tales argumentos, son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho la SCP 0030/2022-S4 de 4 de abril, señaló que: “’La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: ‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'. Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’. (…)

Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad, ante demoras injustificadas de personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas nos corresponden).

III.2. El proceso penal desde los actos iniciales de la investigación hasta la conclusión de la etapa preparatoria, debe estar bajo conocimiento del juez cautelar por ser la autoridad competente para ejercer el control jurisdiccional

Respecto a este extremo, la SCP 410/2017-S2 de 2 de mayo, estableció lo siguiente: “El extinto Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, estableció que el juez de instrucción penal, es la autoridad jurisdiccional encargada y facultada para ejercer el control del respeto de los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, con respecto a las partes dentro de la etapa preparatoria del proceso penal, y que es ante esta autoridad que las partes deben acudir denunciando la actuación ilegal y lesiva a los derechos y garantías que consideren vulnerados. Si bien el proceso penal o la fase de investigación se inician con la presentación de denuncia, querella o noticia fehaciente sobre la comisión de un hecho delictivo de acción pública, que reciben tanto las autoridades llamadas por ley (policía - fiscalía), conforme al art. 289 del CPP, el fiscal de materia, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá la investigación conforme a las normas de dicho Código, requiriendo el auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). En todos los casos informará al juez de instrucción penal el inicio de las investigaciones dentro de las veinticuatro horas. En coherencia con lo precedentemente citado, el Código de Procedimiento Penal ha previsto la figura del juez cautelar como encargado del control de la investigación, máxime si el art. 54.1 del citado Código, establece que los jueces de instrucción penal serán competentes para ejercer el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en dicho Código” (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, la Fiscal de Materia ahora demandada; no comunicó el inicio de investigaciones ni presentó resolución de desistimiento o imputación formal ante un Juez contralor de garantías, incumpliendo con el plazo de veinticuatro horas, establecido en el art. 289 del CPP, estando su causa sin control jurisdiccional. De acuerdo a los antecedentes descritos en la presente acción de defensa, y conforme al Formulario Único de Denuncia, con Código 208102232200482 de 8 de julio de 2022, con registro a la 08:42, Reyna Julieta Segales Quisbert, Fiscal de Materia, –ahora demandada–, registró que el 7 de igual mes y año, a las 19:30 aproximadamente, en el interior del domicilio ubicado en zona Humachua, Av. Hacia el Mar 3000, Esmeralda Magne Rosales fue agredida físicamente por Alberto Jorge Limachi Mamani –hoy accionante–, habiéndose procedido en acción directa a su aprehensión. Por su parte, al autoridad Fiscal ahora demandada, en su informe prestado en audiencia, manifestó que se comunicó telefónicamente con el Coordinador Dennis Quisbert, Coordinador de la Unidad Gestora 2, a las 16:00 y le informó que se tenía un caso con aprehendido, que podía presentarlo en el asiento fiscal de Viacha del departamento de La Paz, debido a la hora; por lo que, personalmente abordó un minibús a efectos de presentar la referida Resolución, saliendo de la localidad de Viacha del departamento de La Paz después de las 18:00 de la misma fecha y procediendo a la entrega de la documental al señalado funcionario a las 19:15, tal como ratificó el prenombrado funcionario, quien, recién el 9 de igual mes y año, a las 09:28, lo remitió al despacho judicial asignado. Con base a ese antecedente, considerando que el proceso penal o la fase de investigación inicia con la presentación de denuncia, querella o noticia fehaciente sobre la comisión de un hecho delictivo de acción pública, ante las autoridades llamadas por ley, que en el caso concreto fue recibida por la autoridad Fiscal prenombrada a las 08:42 del 8 de julio de 2023, ésta tenía el plazo para remitir el aviso formal de inicio de investigaciones hasta las 8:42 del 9 de igual mes y año, ante una de las Oficinas Gestoras a efectos de que, por dicha repartición y previo sorteo, se remita el caso al juzgado de turno o en su defecto, previo sorteo, sea asignado a uno de los juzgados de instrucción; esto, en razón a que, en vigencia de las indicadas oficinas Gestoras, todo documento nuevo y en trámite, debe ser presentado en ventanillas para luego de su registro ser remitido al despacho judicial que corresponda. En el contexto previamente explicado, teniendo en consideración que la Fiscal de Materia, ahora demandada, presentó a las 19:15 del 8 de julio de 2023, ante el Encargado de la Unidad Gestora 2 de El Alto, el aviso de inicio de investigaciones e imputación formal contra el hoy accionante, se evidencia que cumplió con la carga que le impone el art. 289 del CPP, remitiendo los actos procesales señalados dentro del plazo de veinticuatro horas previsto en el señalado precepto normativo, siendo que escapa de su responsabilidad que, por fallas, descuido o negligencia de la parte administrativa de tramitación causas, tales documentos no hubieran sido puestos a conocimiento del juez de turno o en su defecto sorteados a un determinado despacho judicial; extremos de los cuales se evidencia que la ahora demandada, no incurrió en lesiones denunciadas, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada. Con referencia a que las fechas que constan en documentos presentados por la hoy demandada ante la Gestora 2 de El Alto del departamento de La Paz, hubiera sido “alteradas”, este Tribunal no puede emitir pronunciamiento, por corresponder la dilucidación de dicho extremo a la instancia penal y a través de un procedimiento contradictorio en el que ambas partes puedan, a través de elementos probatorios, demostrar si tal alegato es cierto o no. Finalmente, con referencia a la pretensión del solicitante de tutela de que se disponga la nulidad de la imputación formal presentada en su contra, al ser dicho actuado inherente a la tramitación del proceso penal que se tiene instaurado en su contra, corresponde sea formulada ante la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa, y una vez agotados los mecanismos intraprocesales, de persistir la vulneración a sus derechos fundamentales, recién podrá activar la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional, por no encontrarse dicho actuado procesal, directamente vinculado con el derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 221/2022 de 9 de julio, cursante a fs. 19 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0626_2024-S4.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 34b5b0b5a31dcdc546b25a510a3834d836bd9c57c9f178b1f6eadbc1acd0e045

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