B.IA.LEGAL

SCP 0626/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de octubre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
7 de octubre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
49723-2022-100-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo agravado, interpuso recurso de apelación contra la determinación de ampliación de plazo de su detención, el cual, al ser de conocimiento del Vocal ahora demandado mereció el Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto; no obstante, en su emisión, se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos: i) Fundamentación, legalidad y “seguridad jurídica”, por cuanto, se incurrió en una errónea interpretación del art. 233 del CPP, al establecer que la víctima puede solicitar la ampliación de la detención preventiva; sin embargo, la normativa solo prevé que el Ministerio Público y el querellante pueden realizar dicho actuado; y, ii) Fundamentación debido a que no se ingresó al análisis del art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 2/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos, congruencia, fundamentación, motivación y legalidad; así como, el principio de “seguridad jurídica”. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto, debiendo emitirse uno nuevo conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1.El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso
  2. III.2. Principio de seguridad jurídica
  3. III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  4. III.4.El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial
  5. III.5. La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral
  6. III.6. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares
  7. III.7. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  8. III.8. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0626/2024-S1 Sucre, 7 de octubre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 49723-2022-100-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 2/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Maribel Rodríguez Cunavi contra Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 1, 8 a 10 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 7 de agosto de 2022, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca dispuso la ampliación de su detención preventiva por el plazo de dos meses –hasta el 7 de octubre de 2022–, razón por la que, interpuso recurso de apelación incidental expresando como agravios: a) La vulneración de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; además, del principio de “legalidad” por errónea interpretación y aplicación de la parte in fine del art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en concordancia con el art. 239.2 de igual cuerpo normativo; y, b) La lesión del derecho al debido proceso en su elemento congruencia. Así, ante dicha impugnación, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandado– mediante Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto, declaró la improcedencia de su recurso, manifestando que el art. 11 de la Ley Adjetiva Penal, establece que la víctima por sí o por intermedio de su abogado puede intervenir en el proceso, aunque no se hubiera constituido en querellante; concluyendo que, el art. 233 del CPP debe ser interpretado de manera integral, entendiendo que la víctima al solicitar la ampliación del plazo del Juez a quo actuó correctamente y que al persistir el peligro efectivo para la víctima se amplió el plazo de la detención preventiva. Ahora bien, al asumir la determinación de declarar improcedente su impugnación, la autoridad ahora demandada vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos: 1) Fundamentación, legalidad y “seguridad jurídica”, por cuanto, se incurrió en una errónea interpretación del art. 233 del CPP, al establecer que la víctima puede solicitar la ampliación de la detención preventiva; sin embargo, la normativa solo prevé que el Ministerio Público y el querellante pueden realizar dicho actuado; y, 2) Fundamentación no se ingresó al análisis del art. 239 de la Norma Adjetiva Penal pese a que esta norma fue anunciada como transgredida en el primer motivo de agravio.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, legalidad y “seguridad jurídica”, sin citar normativa alguna que lo contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene a la autoridad judicial ahora demandada emita una nueva resolución tomando en cuenta aspectos legales señalados y se disponga la cesación de su detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 21, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de sus abogados, ratificó íntegramente el contenido de su memorial acción de libertad, y ampliándolo el mismo manifestó que: i) La autoridad ahora demandada unificó su fundamentación en uno solo respecto a dos motivos de agravio; ii) “…si bien ya estaos en etapa de juicio, hay una acusación en contra de ella, sin embargo la víctima dentro del proceso penal no se ha querellado, tampoco ha presentado lo que es una acusación particular, entendemos que ha sido a raíz de haber llegado a un acuerdo ya de reparación del daño con los otros coacusados (…) lo que ha instituido la normas respecto a la posibilidad y la única posibilidad que tiene de solicitar la ampliación de la detención preventiva es el fiscal, otorgándole esta facultad también al querellante y ahí su autoridad podrá analizar si corresponde o no corresponde a la víctima poder solicitar lo que es esta ampliación y cabe recordar sr. Juez que en fecha 8 de agosto, se ha celebrado la audiencia de ampliación de detención preventiva, y el fiscal no ha solicitado la ampliación de detención preventiva como mal pretende hacer incurrir en error la autoridad accionada, referir que sí ha habido aquello, no ha habido la solicitud de ampliación de detención preventiva Sr. Juez., es por ello que se ha apelado incidentalmente lo que ha sido ese primer auto, porque la única persona que ha solicitado la ampliación de la detención preventiva ha sido la víctima, haciéndole notar en principio al Juez de Sentencia y segundo a la autoridad Accionada que no ha habido lo que es el cumplimiento del art. 233 (…) pedimos a su autoridad que puede interpretar correctamente lo que es el artículo 233 del CPP, cuando tentativamente señala cuáles son las atribuciones en cuanto a la solicitud de ampliación de la detención preventiva y solamente le da esa facultad al fiscal y querellante, en cambio a la solicitud de detención preventiva si faculta a la víctima poder solicitar, lo que se entiende es que no podemos vulnerar el principio de legalidad, seguridad jurídica, en razón de que la víctima tiene la facultad de poder intervenir en todo proceso, como lo está haciendo señor, juez, no se le está vulnerado el derecho a la víctima de tener acceso a la justicia, en embargo aquí la ley es clara y precisa cuando nos dice que solamente el fiscal y querellante pueden solicitar lo que es la ampliación de detención preventiva” (sic); iii) El art. 239 del CPP prevé la detención preventiva cesará cuando el Ministerio Público no solicitó la ampliación; y, en su caso no existe la solicitud por parte de la autoridad fiscal, por ello, el Vocal ahora demandado no valoró correctamente el art. 239.2 de la Ley Adjetiva Penal; y, iv) La SCP 0013/2021-S3 de 19 de febrero, delimitó una línea respecto a quien puede solicitar la ampliación de la detención preventiva, en ese sentido, debe ponderarse los derechos el acceso a la justicia de la víctima frente al derecho a la libertad que tiene su defendida.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jaime Rene Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 16 a 18, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que existe diferencia entre la finalidad y el alcance de la detención preventiva en las etapas preparatoria y juicio oral; así, en esta última etapa conforme establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional no es posible hacer referencia al término de ampliación de la detención preventiva, ya que dicha detención continuará mientras estén vigentes los riesgos procesales; por ello, debe revisarse y valorarse periódicamente si se mantienen las causas de la medida cautelar así como la necesidad y la proporcionalidad.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 2/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 21 a 23, concedió parcialmente la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista 334/2022 disponiendo que la autoridad demandada emita una nueva resolución bajo los parámetros y fundamentos establecidos, manifestando que no existe vulneración del debido proceso en su elemento principio de legalidad, y el derecho a la libertad, bajo los siguientes fundamentos: a) El entendimiento asumido por el Vocal ahora demandado fue correcto respecto a la participación de la víctima; sin embargo, se consideró que el plazo de ampliación de la detención preventiva de dos meses responde a los parámetros normativos dispuestos por el legislador, por cuanto, aun persistiría el riesgo procesal contenido en el art. 234.”7” del CPP; en ese sentido, la indicada autoridad judicial se basó en la duración del plazo de la detención preventiva, la legitimidad de la víctima para requerir la ampliación de la medida cautelar, y en la existencia de un riesgo procesal, sin tener en cuenta si en la solicitud de ampliación de dicha detención, la víctima o querellante cumplieron con los presupuestos normativos descritos en el último párrafo del art. 233 de la Ley Adjetiva Penal el cual prevé que “‘La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al Fiscal y no respondidos por éste’” (sic); y, b) Al emitirse el Auto de Vista 334/2022 se consideró erróneamente el alcance del art. 233.3 del CPP así como la parte in fine de dicho artículo, ya que el plazo de la detención preventiva que se tiene estableciendo en la norma legal se encuentra destinado para los actos de investigación que se desarrollan en etapa preparatoria del proceso penal; c) En los actos de preparación y sustanciación del juicio oral, para que proceda la cesación de la detención preventiva por el transcurso del tiempo rige el plazo previsto en el art. 239.4 de la Norma Adjetiva Penal; por lo que, no corresponde aceptar o establecer un plazo de detención preventiva como el que se tiene dispuesto para la fase de investigación; además, en etapa de juicio oral solo se debe considerar la concurrencia de riesgos procesales de fuga u obstaculización o si los establecidos por el Juez de Instrucción aún persisten conforme lo estipulado en el art. 233 de la Ley Adjetiva Penal; y, d) En cuanto a la inobservancia del art. 239.2 del CPP, “…de acuerdo al entendimiento expuesto en la presente resolución no es acogido, puesto que el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, al que hace referencia la parte accionante, no es de aplicación a la fase del juicio oral, sino que su alcance abarca a la fase de la investigación o etapa preparatoria, pues como se dijo precedentemente, en la etapa de juicio oral, para que proceda la cesación al detención preventiva por su duración excesiva, rige la segunda parte de dicho precepto jurídico: ‘Cuando la duración de la detención preventiva exceda (…) –los- veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia…’” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal que se le sigue a Maribel Rodríguez Cumavi

-ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de robo agravado, en etapa de juicio oral, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca emite el Auto Interlocutorio 003/2022 de 8 de agosto, por el cual, dispone mantener la detención preventiva de la prenombrada por un periodo de dos meses; y, en consecuencia, señala audiencia para el 7 de octubre de 2022 (fs. 2 y vta.). II.2. En mérito al recurso de apelación incidental interpuesto por la ahora impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio 003/2022, Jaime René Conde Andrade, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandado– emite el Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto, declarando la improcedencia del recurso y manteniendo firme e incólume.

Del contenido del indicado Auto de Vista 334/2022 se tiene que la ahora peticionante de tutela –entonces recurrente– manifestó como agravios: 1) La errónea interpretación y aplicación del art. 233 con relación al art. 239.2 del CPP, al dar curso a la ampliación de la detención preventiva de la acusada sin fundamento y de oficio en mérito a la solicitud de la víctima quien no estaría legitimada para solicitar dicha ampliación; y, 2) La vulneración del debido proceso en su elemento congruencia, por cuanto, se hizo referencia a la proporcionalidad de las medidas cautelares, sin embargo, sus argumentos fueron ignorados.

A tal efecto, se tiene que, al emitirse el Auto de Vista 334/2022 manifestó:

“V.1. RESPECTO AL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO DE AGRAVIO: El en primer motivo de agravio la defensa de la acusada, alega la errónea interpretación y aplicación del art. 233 en relación al art. 239 núm. 2) del CPP, refiere que la vulneración del derecho al debido proceso al dar curso a la ampliación de la detención preventiva de la acusada, sin fundamento y de oficio en mérito a la solicitud de la víctima, quien en argumento de la defensa no estaría legitimada para solicitar la ampliación al no haberse constituido en querellante. En el segundo motivo de agravio alega la vulneración al principio de congruencia como elemento del debido proceso que existe incongruencia entre lo peticionado y la parte resolutiva de la resolución confutada, mencionan que en audiencia se hizo referencia a la proporcionalidad de las medidas cautelares siendo ignorados todos los argumentos emitidos por parte de la defensa de la acusada. Ahora el art 233 última parte del CPP, indica ‘La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante (…)’ es decir, de manera literal dice al querellante, pero la querellante generalmente es la víctima, la víctima se halla protegida por el art. 11 del CPP, que señala: ‘(Garantías de la Victima). La victima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante’. También se halla protegido por el art. 77 del CPP que señala: ‘(Información a la víctima). Aun cuando la víctima no hubiere intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento’. Por otra parte, también se tiene que la víctima se halla protegido por el art. 121.II de la CPE que señala: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oida antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada abogado asignado por el Estado’. Entonces, se tiene estas tres citas de las normas, las dos primeras del Código de Procedimiento Penal y el último de Constitución Política el Estado. Además el art. 233 en su último párrafo del CPP señala: ‘El plazo de duración e la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste’, es decir, se hace una interpretación integral de defensa de la víctima, vamos a estar que la víctima así no se la parte querellante, puede pedir la detención preventiva por expresa mandato del art. 233 primera parte, la misma interpretación se recoge en la parte final, cuando podrá ser ampliada a petición fundada del fiscal, como también podrá ser cita por el querellante; interpretándose de manera amplia a favor de la víctima. El Juez A-quo en la resolución ha referido; ‘corrido en traslado lo expresado por víctima la defensa refiere que efectivamente el artículo 233 del código de procedimiento penal en su segundo párrafo que en la etapa de juicio debe solamente acreditarse la existencia de los riesgos procesales que han motivado la detención preventiva de una persona, en este caso la Sra. Maribel Rodriguez guarda detención preventiva porque todavía estarían concurrentes riesgos procesales de fuga contenido en el art. 234-7) relativo sobre el peligro para la victima que estaría latente’. Entonces, se tiene que el Juez A quo ha dispuesto mantener la detención preventiva por el plazo de dos meses de la detención preventiva, porque aún persiste el riesgo procesal contenido en el art. 23 num. 7) del CPP. En consecuencia estamos frente al cumplimiento del principio de legalidad a través de una interpretación integral, es decir, querellante igual a víctima, por ello la resolución del Juez A-quo está conforme a ley por dos temas: (i) la víctima o querellante puede pedir la ampliación: (i) en el caso presente aún está latente un riesgo procesal que no fue desvirtuado, entonces se opera el cumplimiento del art. 233 del CPP que en su párrafo ultima señala: ‘En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales (fuga u obstaculización) previstos en el numeral 2 del presente Artículo’, en el presente caso está acreditado el 234-7 del CPP. Entonces por ello no se acoge el agravio expresado por la defensa de la Sra. Maribel Rodríguez Cunavi; en definitiva se declara admisible por una parte en forma, en el fondo se declara improcedente el recurso de apelación incidental; instando a las partes a que se sienten y conversen y que se puede suscribir algún acuerdo en cualquier momento, por cuanto han expresado la predisposición de ambas partes. Ese es el razonamiento intelectivo, racional, motivacional cumpliendo con la fundamentación de manera breve, pero concisa y razonable que permita conocer de forma indubitable las razones que llevó a la autoridad judicial a tomar la siguiente decisión; la que se tendrá por satisfecha y cumplida las disposiciones legales 115.1, 117.I Constitucional y 124 del CPP.” (sic [fs. 4 a 7 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo agravado, interpuso recurso de apelación contra la determinación de ampliación de plazo de su detención, el cual, al ser de conocimiento del Vocal ahora demandado mereció el Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto; no obstante, en su emisión, se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos: i) Fundamentación, legalidad y “seguridad jurídica”, por cuanto, se incurrió en una errónea interpretación del art. 233 del CPP, al establecer que la víctima puede solicitar la ampliación de la detención preventiva; sin embargo, la normativa solo prevé que el Ministerio Público y el querellante pueden realizar dicho actuado; y, ii) Fundamentación debido a que no se ingresó al análisis del art. 239 del CPP pese a que esta norma fue anunciada como transgredida en el primer motivo de agravio. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: a) El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso; b) Principio de seguridad jurídica; c) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; d) El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial; e) La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral; f) Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares; g) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, h) Análisis del caso concreto.

III.1.El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

En el contexto referido de manera precedentemente, cabe señalar que el principio de legalidad justamente constituye un elemento del debido proceso, que, si bien parece referirse más a problemas de fondo que procesales, tienen, sin embargo, repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal. Así, Víctor Manuel Rodríguez Rescia en su artículo el Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el principio de legalidad en un Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento.

Sobre principio de legalidad, la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, sostuvo que, si bien este principio implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; toda vez que, que el mismo supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma.

Por todo lo expuesto, se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual, a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado.

III.2. Principio de seguridad jurídica

La Constitución Política del Estado en el art. 178.I consagra, los principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, tanto en el Órgano Judicial como en el Tribunal Constitucional Plurinacional; uno de esos principios es la seguridad jurídica que en términos de la jurisprudencia constitucional expresada en el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, entiende por una parte, como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de los individuos y las naciones, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; por otra parte, alude al deber que tiene el Estado de proveer seguridad jurídica a todos los ciudadanos, al goce de sus derechos fundamentales y derechos previstos en la Ley, en el marco del Estado de Derecho, con el fin de satisfacer los anhelos de una vida en paz, libre de abusos; específicamente en el ámbito judicial “implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la resolución”.

Asimismo, la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, refiriéndose al principio de seguridad jurídica señaló que el mismo implica para la sociedad la previsibilidad de la actuación estatal; es decir, este principio denota la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental. Consecuentemente, el principio de seguridad jurídica debe ser entendido como uno de los principios fundamentales componente del marco constitucional como legal que sustancialmente permite el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de la aplicación de una norma, por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental.

III.3. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los 4La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su FJ III.3.2 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’” (las negrillas son añadidas).

administradores de justicia (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.4.El precedente constitucional vinculante a partir del análisis de la línea jurisprudencial

El art. 196.I de la CPE señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. A partir de dicha previsión constitucional el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión esta la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; así, siguiendo esa concepción, de manera muy acertada el constitucionalista José Antonio Rivera Santivañez señaló:

Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución” (Jurisdicción Constitucional, cit., pp. 58) (el resaltado es nuestro). Es así que, en esa condición y dada esa labor tan importante, la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional a través de sus fallos constitucionales adquiere fuerza vinculante y obligatoria, por ello es que la misma Constitución Política del Estado declara esa fuerza cuando expresamente en su art. 203 refiere: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”; lo cual, fue debidamente entendido por el legislador, dándole más contundencia a este precepto en el Código Procesal Constitucional, cuando establece:

Artículo 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS). I Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.

II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores,

autoridades, tribunales y particulares (el resaltado es nuestro). Este marco legal, le ha otorgado valor a la jurisprudencia constitucional al constituirse fuente directa del derecho, por lo cual, la doctrina contenida en la misma, se instituye como el precedente obligatorio, precisamente por esa fuerza vinculante, que permite una adecuada interpretación y aplicación de las normas contenidas en la Constitución, además de generar una base previsible de precedentes, cuyo respeto y aplicación en un conjunto de casos específicos, determinen qué es lo que está constitucionalmente prescrito, dando coherencia y unidad al sistema jurídico, y al mismo tiempo garantizando la supremacía de la Constitución; en tal entendido, las Sentencias Constitucionales no solo están revestidas de la autoridad de cosa juzgada, sino de la fuerza vinculante, pues en esa labor interpretativa se crea sub reglas y doctrina constitucional que delimitan positivamente los derechos humanos y fundamentales y los mismos se constituyen en el precedente constitucional de carácter obligatorio no solo para la jurisdicción ordinaria y autoridades públicas en general, sino, lo es aún más para el propio Tribunal Constitucional.

Consecuentemente, esa obligatoriedad ha hecho que surja la necesidad de dejar en claro, en que parte de una sentencia constitucional se encuentra la fuerza vinculante; al respecto Rivera Santivañez sostiene que, la labor interpretativa de normas tanto supra como infra constitucionales sometidas a control, y efectuadas desde y conforme a la Constitución, en algunos casos crean derechos, precisando el alcance de las reglas jurídicas existentes, llenando vacíos o resolviendo contradicciones existentes en el ordenamiento jurídico; por lo que, en esas interpretaciones o creación de derechos, se encuentra inmersa la razón de la decisión (ratio 6 Rivera Santivañez José Antonio, Jurisdicción Constitucional Procesos Constitucionales en Bolivia, Segunda Edición actualizada, pag.112, “El fundamento tiene su base en la constatación de que la jurisdicción constitucional, a través del desarrollo del Derecho Judicial o Derecho Jurisprudencial crea sub-reglas concretas derivadas de los derechos abstractos, emergentes de la interpretación constitucional, lo que supone que a través de las sub-reglas concretiza y otorga un contenido normativo concreto a las clausulas abstractas de la Constitución con relación a los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales, que constituyen la base esencial del Estado Democrático de Derecho. De manera que como afirma Rubio Llorente, la jurisdicción constitucional se constituye en la creadora del Derecho, por lo mismo la jurisprudencia constitucional es considerar por la doctrina como fuente directa del derecho.” 7 “En efecto, la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales, significa que las sub-reglas y la doctrina constitucional creada por la jurisdicción constitucional, al constituirse en el precedente, deben ser aplicadas obligatoriamente, por el propio Tribunal Constitucional, así como por los demás jueces, tribunales o autoridades públicas, en aquellos casos que tengan supuestos facticos análogos…”

“…los Tribunales o Cortes Constitucionales, al decidir casos interpretan las normas y preceptos de la Constitución, así como de las leyes sometidas al control, desde y conforme a la Constitución, al desarrollar esa labor crean Derecho en ocasiones, puestos que precisan el alcance de las reglas jurídicas existentes, o llenan vacíos y resuelven contradicciones del ordenamiento a través de la adopción de sub-reglas. Los resultados de la interpretación constitucional desarrollada y, en consecuencia, el derecho creado, se consignan en la ratio decidendi o razón de la decisión de la sentencia constitucional. Es en esa parte de la sentencia constitucional que tiene la fuerza vinculante, por lo mismo es de aplicación obligatoria para los demás jueces y tribunales, en la resolución de casos análogos. “ decidenci), y es donde se encuentra la fuerza vinculante del fallo constitucional; en el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional señaló que los fundamentos determinantes del fallo o razones de la decisión son vinculantes y en consecuencia su aplicación es obligatoria; de igual forma se entiende de lo establecido en el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), cuando señala:

Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares (el resaltado nos pertenece). A partir de allí, el Tribunal Constitucional emitió fallos constitucionales, con el fin de brindar herramientas para un correcto entendimiento sobre la fuerza vinculante, sus efectos y aplicación; entre ellos, corresponde invocar a la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que se constituye en un referente, al haber desarrollado un análisis técnico jurídico de la jurisprudencia constitucional para su aplicación e invocación, en la cual también precisó la distinción entre el precedente constitucional y la ratio decidendi, señalando que:

En efecto, si nos preguntamos ¿qué parte de las resoluciones constitucionales es vinculante?, no podríamos concluir simple y llanamente que es la ratio decidendi, debido a que todas las resoluciones tienen una o varias razones jurídicas de la decisión, empero, no todas crean Derecho, Derecho de origen jurisprudencial, a través de la interpretación, integración e interrelación de las normas. Por ello, que existe diferencia entre ratio decidendi y precedente constitucional. Entonces, se puede llamar precedente constitucional vinculante cuando éste es el fruto, el resultado de la interpretación y argumentación jurídica realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Como ocurrió en las siguientes resoluciones: La interpretación de una norma jurídica Declaración Constitucional 003/2005-R de 8 de junio, (interpretación del art. 118.5 CPE); SC 0101/2004-R, interpretación del art. 133 y de la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal. La integración SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, e interrelación, SC 0421/2007-R de 22 de mayo, de las normas jurídicas. Por lo que, el precedente constitucional es una parte de toda la Sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es aquello que la Constitución Política del Estado prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas. Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R). Entonces ¿Qué es el precedente constitucional vinculante? Para responder a esta cuestionante, es preciso redundar en que: No es el texto íntegro de la sentencia, no es sólo la parte resolutiva de la sentencia (decisum), no es el obiter dictum, no es toda la ratio decidendi. Los precedentes constitucionales están sólo en las sentencias relevantes. Se identifican a las sentencias relevantes porque son sentencias fundadoras, moduladoras, que reconducen o cambian una línea jurisprudencial expresamente o tácitamente. En el precedente constitucional se consignan: “las subreglas de Derecho”, “normas adscritas” o “concreta norma de la sentencia”, resultantes de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución Política del Estado o de las disposiciones legales. Estas tienen más jerarquía y fuerza jurídica que las propias leyes, porque el Tribunal Constitucional es el último aplicador del Derecho. El profesor Cifuentes, señaló que la sub-regla, “Es el corazón de la decisión, de la cosa decidida (el resaltado y subrayado es agregado).

En tal sentido, se tiene claro que, el precedente constitucional, es la parte de la sentencia constitucional, en la que a través de una interpretación desde y conforme a la Constitución, ya sea de las normas constitucionales o del ordenamiento jurídico, se crea algún derecho o ciertas sub reglas, y estas se encuentran inmersas en la razón de la decisión, constituyéndose por tanto, en el sustento de la fuerza vinculante de las sentencias constitucionales; y, esta vinculatoriedad conlleva a la obligatoriedad horizontal y vertical; en el primer caso, para el propio Tribunal Constitucional y en el segundo, para los tribunales y jueces de jerarquía inferior, quienes deben aplicar de forma obligatoria -observado las condiciones formales y materiales-, las sub reglas creadas por el máximo intérprete de la Constitución.

III.5. La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral

En lo concerniente al presente punto, la SCP 0534/2024-S2 de 23 de agosto reiterando el entendimiento contenido en la SCP 0281/2021-S2 de 8 de julio, sostuvo que:

…“…la Disposición Transitoria Décima Segunda en su párrafo segundo de la Ley 1173, indica: ʽEn caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, víctima, querellante o coadyuvanteʼ; debiendo armonizar la disposición con el art. 233.3 del CPP, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226, que en su parte pertinente al caso, determinó que en audiencia debe acreditarse ‘El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término…ʼ; más abajo el precitado precepto señala: ʽEn etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículoʼ; significando que, únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP, en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida esta etapa el mencionado término será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo Código Adjetivo Penal; en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.6. Sobre la aplicación del principio iuria novit curia en las acciones tutelares

En lo concerniente al principio iura novit curia, de manera inicial, es preciso señalar que, Rafael Nieto Navia en el artículo publicado por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (Corte IDH) denominado “LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO JURA NOVIT CURIA POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS” señaló que:

El principio jura novit curia, sin embargo, es un principio procesal que da a los jueces facultades de traer normas de interpretación, normas procesales y principios que un demandante o un demandado hubieran podido olvidar y que el juzgador, porque los conoce, los aplica con el objeto de que, por falta de hacerlo, pudiera hacerse una errónea decisión o, si se quiere, una denegación de justicia… Asimismo, el mencionado escritor, haciendo mención a la Corte Constitucional de Colombia señaló que dicha Corte definió apropiadamente el principio iura novit curia de la siguiente manera:

“El principio iura novit curia, es aquel por el cual, (sic) corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigen. Este principio, (sic) sólo alcanza a la aplicación del derecho correspondiente a determinada situación fáctica, lo cual no habilita a los jueces a efectuar interpretaciones más allá de lo probado por las partes, pues debe tenerse en cuenta que también deben respetar el principio de congruencia, es decir, no existe facultad alguna a la que pueda recurrir el juez para variar los términos y el objeto de un proceso constitucional.” Así, sobre este principio, se tiene que la Corte IDH aplicó por primera vez el mismo en el Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, pues de manera expresa señaló que:

172. La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1 de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos, en virtud un principio general de Derecho, como es el de iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente… (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, en el Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 7 de marzo de 2005, la Corte IDH expresó lo siguiente:

58. (…) Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso. Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes.

59. Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso, aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el conjunto de dichos hechos. Respecto al citado principio y complementando el entendimiento anterior, la jurisprudencia de la Corte IDH, también expresó que:

[...] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia.

[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.

[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0793/2012 de 20 de agosto, citando el AC 0202/2011-RCA de 3 de junio, estableció que ante la falta de cita de artículos dentro de una acción de amparo constitucional a efectos de otorgar una tutela efectiva de los derechos denunciados, tal como prevé el art. 97.IV de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley de 6 de julio de 2010-, no puede ser interpretada restrictivamente, siendo que dicho razonamiento implica un excesivo formalismo a momento de considerar el contenido de un escrito de acción tutelar, ello considerando que mientras se expliquen los hechos y en qué consisten los derechos considerados lesionados con el respectivo nexo de causalidad entre los mismos y la causa de pedir, la jurisdicción constitucional no deberá desconocer la fundamentación por falta de cita de la normativa en la cual se encuentran consagrados los derechos o garantías constitucionales supuestamente vulnerados.

Posteriormente, la SCP 0304/2013-L de 13 de mayo, citando la SC 0110/2010-R de 10 de mayo, consideró pertinente asumir los referidos razonamientos jurisprudenciales desarrollados en forma precedente, máxime si conforme al precitado fallo constitucional las sentencias emitidas por la Corte IDH, forman parte del bloque de constitucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia, al efecto precisó que:

“… el requisito de presentación de las acciones de defensa, establecido en el art. 33.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que dice: “Identificación de los derechos o garantías que se consideren vulnerados”, no deberá ser entendido en un sentido restringido, sino bien en un sentido amplio, por el cual, la parte que solicite la tutela constitucional, tenga que exponer de manera clara y precisa, los hechos y derechos presuntamente lesionados, citando para el efecto las disposiciones constitucionales que consideren vulnerados; empero, en resguardo a la tutela judicial efectiva, si no se mencionaran dichas disposiciones, no podrá rechazarse la demanda presentada, si es que existiese una adecuada exposición de los hechos, así como mención de los derechos lesionados; en ese mismo sentido, tampoco podrá denegarse la tutela de sus derechos, cuando no se los haya mencionado o precisado adecuadamente en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; puesto que en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; el Juzgador constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; para aplicar de esa manera, si correspondiera, las disposiciones jurídicas pertinentes; aunque no hubiesen sido invocadas por error u omisión involuntaria, por parte del accionante; puesto que podría darse el hecho, que a criterio del demandante, se vulneraron ciertos derechos constitucionales, sin embargo, del contenido de su acción, del informe de la parte demandada, o en su caso de la participación realizada de ambas partes en la audiencia de garantías, se coligiera la vulneración de otros derechos no mencionados.” Al respecto, la precitada SCP 0304/2013-L, aclara de forma pertinente que la aplicación del principio iura novit curia no debe entenderse en sentido de que la parte accionante no tenga la obligación de hacer mención y fundamentación de los derechos que considere vulnerados; sino más bien, deberá entenderse en el sentido de que efectivamente tiene el deber de cumplir con dicho requisito en todas las acciones de defensa; siendo que este principio, sólo será aplicado por el Juez constitucional, cuando exista error u omisión involuntaria en su invocación, o cuando pueda deducirse la vulneración de otros derechos no mencionados; puesto que si obrara en sentido contrario, se estaría pretendiendo que el Juzgador constitucional, identifique –ante la negligencia de la partes– los derechos lesionados, lo cual no puede ser admisible.

III.7. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una 12La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras). 13La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

1) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

2) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

14La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados,

III.8. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia que dentro del proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de robo agravado, interpuso recurso de apelación contra la determinación de ampliación de plazo de su detención, el cual, al ser de conocimiento del Vocal ahora demandado mereció el Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto; no obstante, en su emisión, se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos: i) Fundamentación, legalidad y “seguridad jurídica”, por cuanto, se incurrió en una errónea interpretación del art. 233 del CPP, al establecer que la víctima puede solicitar la ampliación de la detención preventiva; sin embargo, la normativa solo prevé que el Ministerio Público y el querellante pueden realizar dicho actuado; y, ii) Fundamentación debido a que no se ingresó al análisis del art. 239 del CPP pese a que esta norma fue anunciada como transgredida en el primer motivo de agravio. Identificadas las problemáticas traídas en revisión, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto la autoridad judicial ahora demandada se apartó de la normativa vigente, lesionando los derechos de la parte impetrante de tutela; en tal sentido, se tiene que:

III.8.1.En cuanto a la primera problemática

La accionante denuncia que al emitirse el Auto de Vista 334/2022, el Vocal ahora demandado vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, legalidad y “seguridad jurídica”, por cuanto, se incurrió en una errónea interpretación del art. 233 del CPP, al establecer que la víctima puede solicitar la ampliación de la detención preventiva; sin embargo, la normativa solo prevé que el Ministerio Público y el querellante pueden realizar dicho actuado.

Al respecto, teniendo en cuenta que la ahora accionante denuncia una errónea interpretación del art. 233 de la Norma Adjetiva Penal, por cuanto, considera que no es permisible que la víctima solicite la ampliación de la detención preventiva debido a que no se constituyó en querellante; resulta necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, el principio de legalidad tiene repercusiones en el elemento del debido proceso por cuanto todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado; normativa que, según el principio de seguridad jurídica (descrito en el Fundamento Jurídico III.2) debe permitir el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de su aplicación. Ahora bien, es evidente que, cada uno de los actos de todas las autoridades incluidas las autoridades judiciales deben tener sustento jurídico; por ello, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los fallos deben dictarse necesariamente con arreglo a derechos; es decir, con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en la cita de disposiciones legales; y, con la correspondiente motivación que se encuentra relacionada con la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan el marco fáctico y los medios probatorios.

Siguiendo esa línea de razonamiento, debe comprenderse que existen casos en los que la debida fundamentación no solo comprenderá la cita de preceptos legales, por cuanto, será necesario que la autoridad judicial realice una interpretación normativa, en la que se aplique pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, que constituyan una justificación razonable de la premisa normativa (aspecto determinado en el Fundamento Jurídico III.3). Ahora bien, es necesario considerar que la labor interpretativa por un operador de justicia puede constituirse arbitraria, incongruente, absurda, ilógica, con error evidente, irrazonable o desproporcional, razón por la que, esta jurisdicción puede verificar si en esa labor interpretativa se quebrantaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico como lo es el de legalidad; para lo que, no es necesario cumplir con una carga argumentativa (Fundamento Jurídico III.4). Consecuentemente, en el caso concreto es posible ingresar a analizar la actividad interpretativa efectuada por el Vocal ahora demandado respecto al art. 233 del CPP, ello con el objeto de determinar si la misma es incorrecta y si lesionó los derechos de la parte peticionante de tutela.

En ese sentido, previo a ingresar a la revisión de la actividad interpretativa efectuada por la autoridad judicial ahora demandada, es preciso conocer el contexto del cual emerge la problemática traída en revisión; en ese sentido, se advierte que, dentro del proceso penal que se le sigue a la ahora accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, en etapa de juicio oral, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Chuquisaca emitió el Auto Interlocutorio 003/2022 de 8 de agosto, por el cual, dispuso mantener la detención preventiva de la prenombrada por un periodo de dos meses (Conclusión II.1); en tal sentido, la ahora impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental que al ser de conocimiento del Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 334/2022 declarando la improcedencia del recurso y manteniendo firme e incólume (Conclusión II.2), refiriendo al efecto que:

“V.1. RESPECTO AL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO DE AGRAVIO: (…) Ahora el art 233 última parte del CPP, indica ‘La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante (…)’ es decir, de manera literal dice al querellante, pero la querellante generalmente es la víctima, la víctima se halla protegida por el art. 11 del CPP, que señala: ‘(Garantías de la Victima). La victima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante’. También se halla protegido por el art. 77 del CPP que señala: ‘(Información a la víctima). Aun cuando la víctima no hubiere intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento’. Por otra parte, también se tiene que la víctima se halla protegido por el art. 121.II de la CPE que señala: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oida antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada abogado asignado por el Estado’. Entonces, se tiene estas tres citas de las normas, las dos primeras del Código de Procedimiento Penal y el último de Constitución Política el Estado.

Además, el art. 233 en su último párrafo del CPP señala: ‘El plazo de duración e la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste’, es decir, se hace una interpretación integral de defensa de la víctima, vamos a estar que la víctima así no se la parte querellante, puede pedir la detención preventiva por expresa mandato del art. 233 primera parte, la misma interpretación se recoge en la parte final, cuando podrá ser ampliada a petición fundada del fiscal, como también podrá ser cita por el querellante; interpretándose de manera amplia a favor de la víctima.

El Juez A-quo en la resolución ha referido; ‘corrido en traslado lo expresado por víctima la defensa refiere que efectivamente el artículo 233 del código de procedimiento penal en su segundo párrafo que en la etapa de juicio debe solamente acreditarse la existencia de los riesgos procesales que han motivado la detención preventiva de una persona, en este caso la Sra. Maribel Rodriguez guarda detención preventiva porque todavía estarían concurrentes riesgos procesales de fuga contenido en el art. 234-7) relativo sobre el peligro para la victima que estaría latente’…

Entonces, se tiene que el Juez A quo ha dispuesto mantener la detención preventiva por el plazo de dos meses de la detención preventiva, porque aún persiste el riesgo procesal contenido en el art. 23 num. 7) del CPP. En consecuencia estamos frente al cumplimiento del principio de legalidad a través de una interpretación integral, es decir, querellante igual a víctima, por ello la resolución del Juez A-quo está conforme a ley por dos temas: (i) la víctima o querellante puede pedir la ampliación; (i) en el caso presente aún está latente un riesgo procesal que no fue desvirtuado, entonces se opera el cumplimiento del art. 233 del CPP que en su párrafo ultima señala: ‘En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales (fuga u obstaculización) previstos en el numeral 2 del presente Artículo’, en el presente caso está acreditado el 234-7 del CPP (sic).

De lo expresado se tiene que el Vocal ahora demandado cita únicamente la parte in fine del art. 233 del CPP respecto al plazo de duración de la detención preventiva y a su ampliación, para luego remitirse al contenido expreso de los arts. 11, 77 del CPP y 121 de la CPE –relativos a la garantía e información de la víctima– estos últimos preceptos legales y constitucionales que permitieron establecer que la víctima se encuentra protegida y por ello no solo se le permitía solicitar la detención preventiva sino también podría pedir la ampliación del plazo de duración de la indicada medida cautelar así no se constituya en querellante; en ese sentido, con lo referido es evidente que el Vocal ahora demandado si efectuó una interpretación de la normativa penal –bajo la técnica sistemática–, observando una integración de artículos; empero, dicha interpretación si bien extrae el texto de la norma dándole un sentido acorde al contenido general del ordenamiento jurídico al que pertenece, no consideró en qué etapa se encuentra el proceso, elemento primordial para realizar una interpretación, por cuanto, conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, no existe ampliación del plazo de duración de la detención preventiva, ya que dicha solicitud únicamente procede cuando se tienen actos pendientes de investigación y en dicha etapa no se tiene actos investigativos a desplegar; además, la cesación de dicha medida cautelar únicamente procederá si se desvirtúan los riesgos procesales. Ahora bien, en el Auto de Vista 334/2022 si bien se estableció -en una segunda parte- que la recurrente guarda detención preventiva porque aun estaría concurrente el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.”7” del CPP; no obstante, no puede soslayarse la primera parte del análisis, que permitió concluir que la víctima o el querellante puede pedir la ampliación, cuando dicho análisis no corresponde ser efectuado; consecuentemente, al emitirse el Auto de Vista 334/2022 se vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y legalidad; así como el principio de seguridad jurídica, correspondiendo conceder la tutela solicitada respecto a los mismos.

III.8.2.Respecto a la segunda problemática

La impetrante de tutela denuncia que al pronunciarse el Auto de Vista de 334/2022, la autoridad judicial ahora demandada lesionó su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación debido a que no se ingresó al análisis del art. 239 del CPP pese a que esta norma fue anunciada como transgredida en el primer motivo de agravio. Respecto al presente punto, inicialmente, es preciso señalar que, conforme establece los arts. 196 de la CPE y 2 de la LTCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su labor jurisdiccional debe precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; buscando su materialización efectiva, evitando que los actos y normas del poder público y privado evadan el cumplimiento, por acto u omisión, de las normas constitucionales; en esa labor, se apoya en varios principios que si bien no se encuentran establecidos de manera explícita en la normativa, es la jurisprudencia que fue sentando su aplicación; así, tal como se observó en el Fundamento Jurídico III.6 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando el accionante no haya mencionado o precisado adecuadamente los derechos lesionados en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; la justicia constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; así, en el caso concreto, si bien se advierte que la accionante denuncia expresamente la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación; debe considerarse que de los hechos descritos en el memorial de interposición de la acción de libertad así como de su ratificación, se tiene que, la impetrante de tutela manifestó que, el Vocal ahora demandado en conocimiento de su recurso de apelación incidental no ingresó al análisis del art. 239 del CPP, lo que hace entrever que se denuncia una omisión de pronunciamiento y por ende la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente congruencia, que daría lugar a la conculcación del elemento denunciado como lesionado así como de la motivación de las resoluciones; consecuentemente, en estricta aplicación del principio iura novit curia el análisis de fondo del presente caso, se efectuará respecto a la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación.

Al respecto, en virtud a lo señalado precedentemente, considerando que en la presente problemática, la ahora accionante denuncia la carencia de congruencia, es preciso hacer alusión al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.7 de este fallo constitucional, por el cual se sostuvo que la congruencia como parte esencial del debido proceso posee una doble dimensión (interna y externa), la congruencia externa que exige la plena correspondencia o coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto por las autoridades; por lo que, los operadores de justicia se encuentran proscritas de incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

Bajo ese parámetro, considerando que la ahora peticionante de tutela denuncia que al momento de proferirse el Auto de Vista 344/2022, la autoridad judicial omitió pronunciarse respecto a su reclamo relativo al art. 239 del CPP, corresponde realizar la contrastación y verificación de los argumentos contenidos en el memorial de recurso de apelación incidental y los fundamentos expuestos en el Auto de Vista impugnado, los cuales fueron referidos en la Conclusión II.2 del presente fallo constitucional; a tal efecto, se tiene que: En el memorial de recurso de apelación interpuesto por la ahora impetrante de tutela, la errónea interpretación y aplicación del art. 233 con relación al art. 239.2 del CPP, al dar curso a la ampliación de la detención preventiva de la acusada sin fundamento y de oficio en mérito a la solicitud de la víctima quien no estaría legitimada para solicitar dicha ampliación. En el Auto de Vista 334/2022, el Vocal ahora demandado manifestó:

“V.1. RESPECTO AL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO DE AGRAVIO: El en primer motivo de agravio la defensa de la acusada, alega la errónea interpretación y aplicación del art. 233 en relación al art. 239 núm. 2) del CPP, refiere que la vulneración del derecho al debido proceso al dar curso a la ampliación de la detención preventiva de la acusada, sin fundamento y de oficio en mérito a la solicitud de la víctima, quien en argumento de la defensa no estaría legitimada para solicitar la ampliación al no haberse constituido en querellante. En el segundo motivo de agravio alega la vulneración al principio de congruencia como elemento del debido proceso que existe incongruencia entre lo peticionado y la parte resolutiva de la resolución confutada, mencionan que en audiencia se hizo referencia a la proporcionalidad de las medidas cautelares siendo ignorados todos los argumentos emitidos por parte de la defensa de la acusada.

Ahora el art 233 última parte del CPP, indica ‘La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante (…)’ es decir, de manera literal dice al querellante, pero la querellante generalmente es la víctima, la víctima se halla protegida por el art. 11 del CPP, que señala: ‘(Garantías de la Victima). La victima por si sola o por intermedio de un abogado, sea particular o del Estado, podrá intervenir en el proceso penal aunque no se hubiera constituido en querellante’. También se halla protegido por el art. 77 del CPP que señala: ‘(Información a la víctima). Aun cuando la víctima no hubiere intervenido en el proceso, deberá ser informada por la autoridad responsable de la persecución penal sobre sus derechos y por el juez o tribunal sobre los resultados del proceso, bajo responsabilidad que corresponda en caso de incumplimiento’. Por otra parte, también se tiene que la víctima se halla protegido por el art. 121.II de la CPE que señala: ‘La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo con la ley, y tendrá derecho a ser oida antes de cada decisión judicial. En caso de no contar con los recursos económicos necesarios, deberá ser asistida gratuitamente por una abogada abogado asignado por el Estado’. Entonces, se tiene estas tres citas de las normas, las dos primeras del Código de Procedimiento Penal y el último de Constitución Política el Estado.

Además el art. 233 en su último párrafo del CPP señala: ‘El plazo de duración e la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste’, es decir, se hace una interpretación integral de defensa de la víctima, vamos a estar que la víctima así no se la parte querellante, puede pedir la detención preventiva por expresa mandato del art. 233 primera parte, la misma interpretación se recoge en la parte final, cuando podrá ser ampliada a petición fundada del fiscal, como también podrá ser cita por el querellante; interpretándose de manera amplia a favor de la víctima.

El Juez A-quo en la resolución ha referido; ‘corrido en traslado lo expresado por víctima la defensa refiere que efectivamente el artículo 233 del código de procedimiento penal en su segundo párrafo que en la etapa de juicio debe solamente acreditarse la existencia de los riesgos procesales que han motivado la detención preventiva de una persona, en este caso la Sra. Maribel Rodriguez guarda detención preventiva porque todavía estarían concurrentes riesgos procesales de fuga contenido en el art. 234-7) relativo sobre el peligro para la victima que estaría latente’. Entonces, se tiene que el Juez A quo ha dispuesto mantener la detención preventiva por el plazo de dos meses de la detención preventiva, porque aún persiste el riesgo procesal contenido en el art. 23 num. 7) del CPP. En consecuencia estamos frente al cumplimiento del principio de legalidad a través de una interpretación integral, es decir, querellante igual a víctima, por ello la resolución del Juez A-quo está conforme a ley por dos temas: (i) la víctima o querellante puede pedir la ampliación: (i) en el caso presente aún está latente un riesgo procesal que no fue desvirtuado, entonces se opera el cumplimiento del art. 233 del CPP que en su párrafo ultima señala: ‘En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales (fuga u obstaculización) previstos en el numeral 2 del presente Artículo’, en el presente caso está acreditado el 234-7 del CPP.

Entonces por ello no se acoge el agravio expresado por la defensa de la Sra. Maribel Rodríguez Cunavi; en definitiva se declara admisible por una parte en forma, en el fondo se declara improcedente el recurso de apelación incidental; instando a las partes a que se sienten y conversen y que se puede suscribir algún acuerdo en cualquier momento, por cuanto han expresado la predisposición de ambas partes.

Ese es el razonamiento intelectivo, racional, motivacional cumpliendo con la fundamentación de manera breve, pero concisa y razonable que permita conocer de forma indubitable las razones que llevó a la autoridad judicial a tomar la siguiente decisión; la que se tendrá por satisfecha y cumplida las disposiciones legales 115.1, 117.I Constitucional y 124 del CPP.” (sic). Ahora bien, expuesto el argumento expresado en el recurso de apelación incidental, así como los fundamentos contenidos en el Auto de Vista 334/2022, debe precisarse que, en la impugnación, en esencia se denunció que la errónea interpretación y aplicación del art. 233 con relación al art. 239.2 del CPP; al respecto, de la revisión del indicado Auto de Vista, se advierte que, el Vocal ahora demandado si bien consideró en el primer párrafo del punto “V.1 RESPECTO AL PRIMERA Y SEGUNDO MOTIVO DE AGRAVIO” se consideró que en el primer motivo de agravio se encontraba vinculado a “…la errónea interpretación y aplicación del art. 233 en relación al art. 239 núm. 2) del CPP…” (sic); no obstante, el operador de justicia ahora demandado únicamente efectuó el análisis respecto al art. 233 del CPP omitiendo realizar un análisis del art. 239 de igual cuerpo normativo; consecuentemente, es posible establecer que el Vocal ahora demandado no respondió de manera íntegra al primer reclamo expuesto en el recurso de apelación incidental, tal como lo denunció la peticionante de tutela, por lo que, se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento congruencia externa, al incurrir en lo que se denomina incongruencia citra petita que se constituye en una omisión de pronunciamiento que quiebra la correlación entre los puntos controvertidos y los resueltos en la decisión.

Ahora bien, en el caso concreto, al incurrirse en una incongruencia omisiva también se generó un fallo carente de fundamentación y motivación; por cuanto, dichos elementos inescindiblemente se hayan interrelacionados con la congruencia de las resoluciones; por lo que, habiéndose determinado que el Auto de Vista 334/2022 quiebra la correlación entre los puntos controvertidos y los resueltos en la decisión; es posible inferir que también se lesionó el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, el primero que se constituye en la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada; y, el segundo se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa (Fundamento Jurídico III.3). Consecuentemente, corresponde conceder la tutela solicitada respecto a las indicadas aristas. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 2/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 21 a 23, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos, congruencia, fundamentación, motivación y legalidad; así como, el principio de “seguridad jurídica”. 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 334/2022 de 18 de agosto, debiendo emitirse uno nuevo conforme los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

1 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.

2 Respecto a la seguridad jurídica el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, textualmente señala: “La seguridad jurídica" uniformemente entendida como "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio". (…) Que, el inc. a) del art. 7 de la Constitución Política del Estado consagra a la Seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el que disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos“. Jurisprudencia citada reiteradamente en las SC 194/2000-R de 2 de marzo, SC 0391/2003-R de 26 de marzo, SC 0753/2003-R de 4 de junio, SC 0373/2005-R de 14 de abril, SCP 0684/2013 de 3 de junio, SCP 0060/2016 de 24 de junio, entre otros.

3 La seguridad jurídica en el ámbito judicial según la SC 0753/2003- R de 4 de junio.

5 La CorteIDH en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

8 En su F.J. III.3.1., señalo: “a) La jurisprudencia constitucional tiene valor de fuente directa del Derecho, de ahí que se reconoce su carácter vinculante para los órganos del poder público y particulares (SC 1781/2004-R y SC 1369/2010-R). b) El respeto y aplicación del precedente constitucional está vinculado al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (arts. 8.II y 14.III de la CPE) y la garantía de seguridad jurídica (art. 178.I de la CPE) (SC 0493/2004-R y SC 1781/2004-R). c) La importancia del precedente vinculante es que da coherencia y unidad al sistema jurídico (SC 0457/2004-R y SC 1369/2010-R). d) El respeto a los precedentes constitucionales, no implica que el Tribunal Constitucional Plurinacional petrifique su jurisprudencia, impidiendo el replanteamiento de problemas jurídicos aparentemente ya resueltos; por el contrario, puede cambiarla, mutarla, siempre que sea con motivación suficiente (SC 1781/2004-R). Sobre este punto, se tiene que uno de los criterios para cambiar la jurisprudencia constitucional: En la medida que los precedentes sean más acordes con los principios, valores, derechos fundamentales, garantías constitucionales de la Constitución Política del Estado y del bloque de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional preferirá su fijeza. A contrario sensu, éste Tribunal aperturará su capacidad de cambio cuando no esté acorde a ellos.”

9 Corte Interamericana De Derechos Humanos Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia Sentencia de 15 de septiembre de 2005.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

11 Entendimiento que fue reiterado entre otras por la SCP 1126/2019-S2 de 18 de diciembre.

congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.

15 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”

16 La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional determina: “Artículo 2. (EJERCICIO Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0626_2024-S1.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): b2d19da5b00f3887a9e4d5833b4ef6d306421e1dc88b32a95265a3cd2acdc157

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →