B.IA.LEGAL

SCP 0625/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
58618-2023-118-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo y a la propiedad privada; toda vez que, el demandado, sin respetar la servidumbre de paso a su propiedad constituida en el acuerdo transaccional, que suscribieron tanto el accionante como Fredy Zabaleta Solares (particular ahora demandado) y que se encuentra homologado por la jurisdicción agroambiental, se tiene que el demandado ha colocado sin previo aviso ni motivo alguno un portón metálico, precisamente en el único camino de acceso a su predio, denominado “Picacho Parcela 033", portón que se halla cerrado con candados y cadenas, con lo cual, se le está impidiendo al impetrante de tutela el poder realizar su actividad minera de extracción de arcilla, para proveer de ese material a FABOCE S.R.L.; impidiendo de esa manera el libre tránsito de personas, vehículos y maquinaria que utiliza para esa actividad minera; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el accionado permita el libre tránsito por la "vía en cuestión". En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 140 a 143, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Samaipata del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Regla general que debe ser cumplida por el impetrante de tutela, respecto a medidas denunciadas como vías de hecho a través de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Los hechos controvertidos no pueden ser dilucidados por la justicia constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0625/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58618-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 140 a 143, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Tonny Arcenio Terceros Solares, contra Freddy Zabaleta Avalos, ambos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de agosto de 2023, cursante de fs. 57 a 60 vta. de obrados, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Refiere haber suscrito un contrato administrativo con la Dirección Departamental Santa Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante el cual se autoriza a desarrollar actividades mineras en el área denominada Picacho, ubicada en el municipio de Samaipata, provincia Florida, del departamento de Santa Cruz, por un período de 30 años, es decir, hasta el año 2050; asimismo, afirma haber suscrito un contrato de provisión y abastecimiento de materia prima de arcilla con la Fábrica Boliviana de Cerámica Sociedad de Responsabilidad Limitada S.R.L. (FABOCE LTDA.). El 8 de junio de 2021, su persona suscribió un Convenio Transaccional, el mismo que fue homologado el 14 del mismo mes y año por la Jueza Agroambiental de Samaipata del departamento de Santa Cruz, que puso fin al proceso ordinario de nulidad de contrato de transferencia de una superficie de "15.51092 Has." (sic) del predio "El Picacho parcela 033" que seguía en contra de Freddy Zabaleta Avalos, particular ahora demandado.

En dicho Convenio Transaccional, se acordó la cesión a favor de Freddy Zabaleta Ávalos de una “superficie de 6 Has.”, ello en compensación por el dinero adeudado y los gastos que se habían realizado; asimismo, se reconoció a su persona como el único propietario del predio "El Picacho Parcela 033", ubicado en la jurisdicción de Samaipata, provincia Florida, del departamento de Santa Cruz, y como el único titular del derecho minero, comprometiéndose el ahora demandado a no impedir el ingreso ni salida de maquinarias ni efectuar acto alguno que obstaculice su ejercicio, habiéndose incluso establecido, al margen del ingreso existente, una servidumbre de paso con un total de “12 metros de ancho”. Continúa señalando que, en su condición de titular del derecho minero del área El Picacho, dentro de su propiedad, viene desarrollando la actividad minera de extracción de arcilla para proveer a FABOCE S.R.L., en la que de manera permanente ingresan vehículos, maquinarias y camiones. Sin embargo, el viernes 28 de junio de 2023, se percató de que, en el único ingreso a su predio, que se encuentra ubicado en una curva antes de llegar a la urbanización Los Pinos, sobre la carretera Samaipata-Mairana, a unos 10 a 20 metros de la carretera, el ahora accionado colocó un portón metálico, el cual se encuentra cerrado con cadenas y candados, y un cartel que indica "PROPIETARIO FREDDY ZABALETA A." (sic), impidiendo el ingreso a su propiedad, tal como se acredita mediante las declaraciones voluntarias prestadas por Ángelo Montaño Mendoza y Juan Montenegro Romero, y se verifica in situ el 2 de agosto de 2023 por el Notario de Fe Pública 1, con residencia en la ciudad de Samaipata, quien constató que dicha vía de acceso se encuentra cerrada por el referido portón metálico. Tal acto arbitrario, ejecutado por el ahora demandado, que impide la libre circulación de sus vehículos, se constituye claramente en una medida de hecho, por lo que corresponde que se aplique la excepción al principio de subsidiariedad, conforme lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional mediante la SCP 0421/2012 de 22 de junio.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo y a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 21.7, 46.I y 56.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el accionado permita el libre tránsito por la "vía en cuestión" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 135 a 139, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Freddy Zabaleta Ávalos, a través de su abogado en audiencia, informó lo siguiente: a) En primer lugar, en el presente caso el accionante no ha cumplido con el principio de subsidiariedad, toda vez que su reclamo debía ser presentado mediante la vía legal correspondiente, ya sea la administrativa u ordinaria, conforme establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; b) Respecto a lo manifestado, resulta evidente la existencia del acuerdo transaccional al que se hace referencia, el cual puso fin al proceso; en consecuencia, existen actos consentidos en el presente caso, por lo que, ésta acción de amparo constitucional no procede; c) A través de esta acción, el accionante pretende que se le constituya una nueva servidumbre de paso, ya que, existe una servidumbre de paso constituida mediante el Convenio Transaccional; puesto que el camino de 12 metros al que se hace referencia ya se encuentra abierto por Freddy Zabaleta Ávalos, permitiendo la libre transitabilidad y el ingreso a los terrenos del “Sr. Tonny” (sic), a efectos de que continúe con su explotación minera y cumpla los compromisos que tiene pactados; de igual forma, indicó que en el acuerdo transaccional se establece que en el ingreso por la carretera asfaltada Mairana-Samaipata se permite la construcción de una fachada y una puerta de ingreso, consolidándose así el camino para la parte urbana; empero, ello tendría por objeto la comercialización de los terrenos comprendidos en la urbanización y no la explotación minera, puesto que para esta última actividad ya existiría un camino abierto y expedito ubicado en la orilla de la quebrada; y, d) Con relación al ingreso que habría sido clausurado, manifestó que si Tonny Arsenio Terceros presentaba informe dentro de la presente audiencia acreditando haber iniciado los trámites correspondientes ante la instancia pertinente para la aprobación de la urbanización, se le permitiría el ingreso a efectos de cumplir con la comercialización de los terrenos correspondientes a la urbanización; por lo que, al no haber presentado documentación que acredite que la urbanización de sus terrenos dentro del área urbana se encuentra en trámite, no se estaría dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo transaccional, el cual se halla homologado por el Juzgado Agroambiental y cuenta con autoridad de cosa juzgada; en consecuencia, solicitó que no se conceda la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Samaipata del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 140 a 143, concedió la tutela solicitada, disponiendo, en consecuencia, que el accionado de manera inmediata retire los candados y cadenas, y permita el libre tránsito, bajo prevenciones de ley en caso de incumplimiento; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) Si bien la acción de amparo constitucional tiene una naturaleza subsidiaria, ésta tiene su excepción cuando existe una evidente lesión al derecho invocado, daño irreparable e irremediable, lo que determinaría una protección ineficaz por tardía, al tratarse de vías de hecho cometidas por autoridades públicas o particulares; extremo que se cumple de la revisión de la demanda y su petitorio, toda vez que desde el 28 de julio de 2023, el impetrante de tutela se habría visto impedido de ejercer sus derechos a la locomoción, al trabajo y a la propiedad privada, al no poder ingresar al yacimiento del área minera respectiva, debido al cierre de la ruta de acceso por parte del demandado, quien habría colocado un portón metálico cerrado con candados y cadenas; constituyendo ésta la única vía de ingreso, conforme reflejan el informe notarial y la declaración jurada, no obstante de existir un convenio en el que el accionado se comprometió a no impedir el ingreso ni obstaculizar el trabajo o actividad minera desarrollada al interior de la propiedad del accionante, derecho que se encuentra homologado por la judicatura agroambiental; 2) Ahora, si bien los argumentos del demandado afirman que el accionante, al contar con un convenio homologado por la judicatura agroambiental, pudo acudir ante la autoridad competente, a efectos de solicitar la ejecución de las obligaciones asumidas en dicho Convenio Transaccional, antes de acudir directamente a la jurisdicción constitucional, no resulta menos evidente que en el presente caso se configura la excepción al principio de subsidiariedad, ya que los actos del demandado, consistentes en cerrar el camino, colocando un portón metálico, que impide al accionante el ingreso de sus vehículos y maquinaria al área de explotación para la extracción de arcilla, constituyen una medida de hecho, al desconocer y prescindir de las instancias legales y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; 3) Si el demandado tiene una interpretación particular del referido Convenio Transaccional, dicho reclamo debió ser planteado ante las instancias reconocidas por ley para resolver conflictos de propiedad y ejecución de lo acordado, aspectos que no pueden ser objeto de conocimiento y resolución mediante esta acción tutelar, en razón a que ésta se limita a establecer la existencia o no de vulneración de derechos y garantías constitucionales previstas en nuestra norma constitucional y no así ingresar al análisis de dilucidar el derecho propietario; y, 4) En cuanto a la denuncia de la vulneración del derecho al trabajo, se tiene que se ha acreditado su vulneración por parte del accionado, ya que el accionante ha demostrado que tiene contrato de autorización para el desarrollo de actividades mineras, así como el reconocimiento por parte del demandado en el Convenio Transaccional y el contrato de provisión de materia prima de arcilla con FABOCE S.R.L., por lo que la medida de hecho de impedir el libre tránsito impidió que se realice el desarrollo de sus actividades.

I.2.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Así mismo conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa folio real de 20 de mayo del 2019, que da cuenta que Tonny Arcenio Terceros Solares, -hoy accionante-, tiene registrado a su nombre en el registro de Derechos Reales (DD.RR.), bajo Matrícula Computarizada 7.09.1.01.0001837, una pequeña propiedad denominada Picacho Parcela 033, con una superficie de “31.2184 hectáreas”, ubicada en Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz (fs. 17). II.2. Cursa Testimonio de Escritura Pública 1420/2020 de 20 de noviembre, de contrato administrativo suscrito entre Marcelo David Díaz Meave, Director Departamental de Santa Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y Tonny Arcenio Terceros Solares, mediante el cual la AJAM le otorgó a dicho Actor Productor Minero (APM) el derecho para realizar actividades mineras en el área minera Picacho, ubicado en el municipio de Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz, por el plazo de 30 años (fs. 11 a 16). II.3. Cursa Convenio Transaccional suscrito el 8 de junio de 2021, entre Tonny Arcenio Terceros Solares, hoy accionante, y Freddy Zabaleta Ávalos, hoy accionado; mediante el cual se puso fin al proceso agroambiental de nulidad de contrato de transferencia de una superficie de “15.51092 Has.” (sic), desprendida del predio “Picacho parcela 033”, que sostenían entre los mencionados (fs. 37 a 40). II.4. Cursa Acta Notarial labrada por Willian Erik Prado Gutiérrez, Notario de Fe Pública 1 del Municipio de Samaipata del departamento de Santa Cruz, de 3 de agosto del 2023 (fs. 26). Asimismo, cursa las declaraciones voluntarias prestadas ante el mismo Notario de Fe Pública, el 5 de agosto del 2023, por Juan Montenegro Romero, (fs. 03); y, Anyelo Montaño Mendoza (fs. 52). II.5. Cursan tres impresiones de imágenes fotográficas en las que se muestra el camino de ingreso y el portón metálico colocado en dicho acceso, en el que se advierte un letrero que textualmente dice: “PROPIETARIO SR. FREDY ZABALETA” (fs. 28)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al trabajo y a la propiedad privada; toda vez que, el demandado, sin respetar la servidumbre de paso a su propiedad constituida en el acuerdo transaccional, que suscribieron tanto el accionante como Fredy Zabaleta Solares (particular ahora demandado) y que se encuentra homologado por la jurisdicción agroambiental, se tiene que el demandado ha colocado sin previo aviso ni motivo alguno un portón metálico, precisamente en el único camino de acceso a su predio, denominado “Picacho Parcela 033", portón que se halla cerrado con candados y cadenas, con lo cual, se le está impidiendo al impetrante de tutela el poder realizar su actividad minera de extracción de arcilla, para proveer de ese material a FABOCE S.R.L.; impidiendo de esa manera el libre tránsito de personas, vehículos y maquinaria que utiliza para esa actividad minera; por lo que solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el accionado permita el libre tránsito por la "vía en cuestión". En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

La acción de amparo constitucional, establecida en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras). Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio.

III.2. Regla general que debe ser cumplida por el impetrante de tutela, respecto a medidas denunciadas como vías de hecho a través de la acción de amparo constitucional

La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre señala que:

[L]a carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.3. Los hechos controvertidos no pueden ser dilucidados por la justicia constitucional

Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley), que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria. Al respecto, el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: “…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos”; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: “…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: “…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante”; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: “…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…”. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: “De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: “…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos. En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”. Entendimiento extraído de la SCP 0890/2013 de 20 de junio de 2013.

III.4. Análisis del caso concreto

Conforme se evidencia de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, Tonny Arcenio Terceros Solares -hoy accionante-, tiene registrado a su nombre, en el registro de Derechos Reales, bajo la Matrícula Computarizada 7.09.1.01.0001837, una pequeña propiedad denominada “Picacho Parcela 033”, con una superficie de 31 2184 ha, ubicada en Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz (Conclusión II.1); asimismo, el referido peticionante de tutela suscribió un contrato administrativo con la AJAM, entidad que le otorgó el derecho para realizar actividades mineras en el área minera Picacho, ubicada en el municipio de Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz, por el plazo de treinta años (Conclusión II.2). Por otra parte, se evidencia que el 8 de junio del 2021, Tonny Arcenio Terceros Solares, hoy accionante, suscribió un Convenio Transaccional con Fredy Zabaleta Avalos, -hoy accionado-; mediante el cual, se puso fin al proceso agroambiental de nulidad de contrato de trasferencia de una superficie de 15 51092 ha, que se desprende del predio "Picacho parcela 033", que sostenían entre los mencionados. En dicha transacción, las partes contratantes acordaron disolver el contrato de transferencia de 10 de febrero del 2017 relativo a la compraventa de la superficie de terreno de 15 51092 ha; asimismo, acordaron reconocer el derecho propietario y posesión exclusiva a favor de Freddy Zabaleta Avalos sobre una superficie de 6 ha que se desprende del predio "El Picacho", por concepto de compensación y dación de pago por las obligaciones pendiente de pago de Tonny Arcenio Terceros Solares a favor de Freddy Zabaleta Avalos; de dicha superficie, “5 has y 786 metros”, se halla comprendida dentro del área urbana; y, la fracción de “1 has y 136 metros”, se halla en el área rural; asimismo, se reconoció el derecho propietario de Tonny Arcenio Terceros Solares sobre el resto de la referida propiedad y que el único titular del aprovechamiento de la actividad minera de arcilla ejercida sobre el predio "El Picacho", es Tonny Arcenio Terceros Solares; razón por la que, cualquier actividad obra y/o proyecto no debe ser perjudicial, ni limitar el ejercicio de la activad minera; es decir que, no debe impedir el ingreso y salida de maquinarias, así como de realizar algún acto de obstaculización u obstrucción de la actividad obra o proyecto minero, bajo prevención de ser sujeto de daños y perjuicios que genere; finalmente, con la finalidad de evitar perjuicios en las actividades de extracción de minerales ejercida por Tonny Arcenio Terceros y éste pueda ingresar a la superficie que consolida en el área rural, se acordó que en el extremo oeste de la parte urbana que consolida a favor de Freddy Zabaleta Avalos, en todo el extremo que colinda con la quebrada se apertura por cuenta y costo de Tonny Arcenio Terceros Solares, “un camino de 12 metros de ancho” por toda la longitud del ingreso a la carretera hasta el área rural que corresponde a Tonny Arcenio Terceros Solares, de los cuales “6 metros” de terreno afectará en la parte del terreno de Freddy Zabaleta Avalos, los mismos que quedan constituidos como servidumbre de paso, a objeto del ingreso a la parte rural que se reserva para Tonny Arcenio Terceros Solares, así como las maquinarias y volquetas para extracción de minerales y de terceros u otros que adquieran terrenos. Asimismo, Freddy Zabaleta Avalos, autoriza en la parte que se consolida a su favor, específicamente, en el ingreso por la carretera asfaltada Mairana-Samaipata, permitir la construcción de una fachada y/o puerta de ingreso, así como el camino para la parte urbana que se consolida a favor de Tonny Arcenio Terceros Solares, a objeto de que se pueda realizar las actividades de comercialización de los terrenos que comprenderá la urbanización de la parte urbana, así como rural de sus terrenos (Conclusión II.3). En cuanto a los actos que se reputan como medidas de hecho, el propio demandado, en su informe admite haber clausurado el ingreso; empero, alega que se trata del lugar de ingreso a la parte urbana a la que puede acceder el accionante para la comercialización de los terrenos que corresponden a la urbanización, lugar por donde permitirá el acceso cuando se demuestre la tramitación del proceso de urbanización; pues, al no acreditar ese extremo no estaría dando cumplimiento al acuerdo transaccional; asimismo, señala que el camino por donde se acordó la servidumbre de paso para la realización de la actividad minera, se encuentra abierto. Si bien es cierto que el accionante presentó un Acta Notarial en la que se hace referencia a la verificación de un portón ubicado en el camino situado a 10 o 20 metros de la carretera que une Samaipata-Mairana (Conclusión II.4); empero, de su contenido no es posible concluir que se trate del camino respecto del cual se constituyó la servidumbre de paso, puesto que no contiene datos objetivos ni otro elemento de respaldo que permita concluir que se trata del camino de 12 metros de ancho, que se encuentre en el extremo oeste, en todo el extremo que colinda con la quebrada; puesto que, obviamente éstas imágenes por si mismas no evidencian el lugar donde se encuentra el camino donde se colocó el portón. Finalmente, las declaraciones voluntarias de Juan Montenegro Romero y Anyelo Montaño Mendoza, no constituyen prueba idónea, dado que las mismas fueron prestadas sin control jurisdiccional ni sometidas a contradicción por la parte contraria (Conclusión II.4). Aparte de ello, tal medida de hecho tampoco se acredita con las tres imágenes impresas presentadas por el accionante, que muestran: la primera, un acceso ubicado al lado de un camino asfaltado, donde se observa un vehículo con dirección a un portón de dos hojas de color blanco que impide el libre tránsito; la segunda, el referido portón, en el cual se encuentra inscrita la leyenda: Propietario “Sr. Freddy Zabaleta A.”; y, la tercera imagen muestra un acercamiento de la cadena y el candado que aseguran el portón; toda vez que tampoco se constata que dicho camino constituya el único ingreso al referido predio (Conclusión II.5). De los elementos probatorios precedentemente señalados, así como de lo aseverado por la parte accionada, no es posible dar por acreditado que se estuviera impidiendo la libre circulación por la servidumbre de paso constituida en el Convenio Transaccional, ni que se estuviera impidiendo el derecho al trabajo del accionante. Por lo previamente detallado, se concluye que dentro del presente, el accionante no ha cumplido con uno de los requisitos esenciales que es el cumplir con la carga de la prueba, que acredite objetivamente la medida de hecho ejecutada por el demandado; en este caso no existe tal prueba objetiva que demuestre que el portón en cuestión hubiera sido colocado en el camino de 12 metros de ancho aperturado en el extremo oeste de la parte urbana que consolida a favor de Freddy Zabaleta Avalos, en todo el extremo que colinda con la quebrada, por donde se constituyó la servidumbre de paso para que el peticionante de tutela Tonny Arcenio Terceros Solares, pueda circular hacia su propiedad para desarrollar sus actividades mineras. Por otra parte, en cuanto al acceso por el camino Mairana-Samaipata con el objeto de realizar actividades comerciales, existe controversia respecto al alcance del acuerdo; puesto que la parte accionada, dentro de su participación en la audiencia de esta acción tutelar, además de negar los argumentos del accionante, alegó que el objetivo o la pretensión del impetrante es que, por la vía constitucional, se constituya una nueva servidumbre de paso; mientras que la parte accionante entiende que dicha servidumbre ya se encuentra constituida, por el lugar donde se hubiera suscitado los hechos denunciados en esta acción tutelar.

Ahora bien, conforme se desarrolla en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda vez que la función de la justicia constitucional, en el ámbito tutelar, es otorgar resguardo a los derechos fundamentales, esta jurisdicción no puede analizar y menos dilucidar hechos y derechos controvertidos; en razón de que dicha labor es privativa de la jurisdicción ordinaria; consecuentemente, la tutela provisional de los derechos que hubieran sido vulnerados o amenazados de serlo por acciones realizadas al margen de los mecanismos institucionales de resolución de conflictos, son tutelables en la vía constitucional, siempre y cuando no implique la existencia de hechos o derechos controvertidos, los cuales deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria o especializada, según corresponda. En el caso examinado, como ya se tiene señalado, existe controversia respecto al alcance del acuerdo transaccional sobre la constitución de la servidumbre de paso; puesto que, la parte demandada, no reconoce la constitución de la servidumbre de paso en la parte en la que se produjeron los hechos que se reputan como medidas de hecho, consistentes en la colocación de un portón cerrado con candados y cadenas en el acceso a un camino que atraviesa la propiedad del accionado; puesto que, entiende que se acordó el acceso por ese lugar solo con la finalidad de la comercialización de los terrenos de la parte urbana que le pertenece al accionante y no así para el desarrollo de sus actividades mineras; y, en cambio, la parte accionante, asume que tiene derecho constituido para transitar por ese camino para el desarrollo de sus actividades mineras. Dicha controversia de derecho no puede ser dirimida en sede constitucional; puesto que la interpretación sobre el alcance de los derechos de las partes suscribientes del acuerdo transaccional constituye una atribución propia de la jurisdicción agroambiental y no así de la justicia constitucional, la cual tiene la función de tutelar derechos que se encuentren consolidados y, de ninguna manera, dirimir hechos o derechos controvertidos; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 7 de septiembre, cursante de fs. 140 a 143, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primero de Samaipata del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sobre la base de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0625_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 9f45d23778d09c9c2e454bbdc5517d67be0189887dc584603116a178bee6c27f

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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