Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de junio de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por cuanto, no obstante que por AS 29/2020, cuyo Magistrado Relator es la autoridad ahora accionada, se determinara su detención preventiva con fines de extradición, su persona continúa guardando tal medida más allá de los seis meses establecidos como plazo máximo, lo que torna su detención en indebida y por lo que solicita su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 003/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 136 a 142, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad del accionante, determinando que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela y sea en el término de cuarenta y ocho horas de notificado el presente fallo constitucional, salvo que la extradición del peticionante de tutela ya hubiese sido efectivizada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0625/2023-S3 Sucre, 16 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46698-2022-94-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución de 003/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 136 a 142, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sonia Félix Dávalos Saavedra en representación sin mandato de Artem Kalte Valentinonovich contra Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 91 a 100, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:
El 13 de diciembre de 2019, la Fiscalía General de la Federación de Rusia, mediante la Embajada de Rusia en el Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó su extradición por la presunta comisión de un delito cometido en su país, la cual se efectivizó el 30 de ese mes y año a través de una nota remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente la Directora Jurídica de la citada Cartera de Estado el 7 de enero de 2020, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia se resuelva la mencionada extradición, lo que dio lugar a la emisión del Auto Supremo (AS) 29/2020 -de 4 de marzo-, mediante el cual se admitió su extradición determinando su detención preventiva con motivos de extradición por el lapso de seis meses e instruyó al país requirente la formalización de solicitud. Es así, que a fin de hacer efectiva su detención preventiva, el 17 de junio de 2020, se remitió el citado Auto Supremo -29/2020- al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, lo que dio lugar a que el 8 de julio de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento por Auto 06/2021, disponga su detención preventiva con fines de extradición, determinación en función a la cual el 16 de septiembre de 2021, por inmediaciones del “Palacio de Justicia” -se entiende Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz fue interceptado y detenido por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) del Estado Plurinacional de Bolivia, y a horas 18:00, de ese día fue remitido al Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, transcurriendo hasta la interposición de la presente acción de libertad más de los seis meses establecidos, conforme se acredita a través del Certificado de Permanencia y Conducta que se adjunta. Refirió que durante todo el tiempo que duró su detención preventiva presentó diferentes incidentes que no tuvieron respuesta, así mencionó el incidente de apelación al AS 29/2020 interpuesto el 23 de septiembre de 2021; el incidente de actividad procesal defectuosa al mencionado Auto Supremo planteado el 22 de “noviembre” -siendo lo correcto octubre- de ese año, solicitando su nulidad por falta de cumplimiento de plazos; y, la cesación a la detención preventiva evocando la aplicación de los principios de necesidad, favor libertatis, pro homine, razonabilidad, última ratio y excepcionalidad realizada el 7 de enero de 2022. Así, como últimos actuados planteados de su parte, señaló la solicitud de cesación a la detención preventiva por cumplimiento de plazos y modificación de resolución presentada el 16 de marzo de 2022, ante la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca; e igual solicitud efectuada el 18 de ese mes y año, ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, última solicitud que hasta la interposición de la presente acción de libertad aún no había sido resuelta. Remarcó que la aprehensión no solo debe ser legal al momento del acto mismo, sino también en el transcurso del tiempo, aspecto que señaló no acontece en su caso, por cuanto el plazo máximo de su detención preventiva establecido en el AS 29/2020 fue superado en demasía provocando que se encuentre en indefensión y se vulneren sus derechos fundamentales; por lo que, considera que al haber transcurrido más de los seis meses dispuestos se debe emitir la correspondiente orden de libertad de forma directa y sin dilación, aspecto que tampoco sucedió en su caso con la consiguiente transgresión de la norma jurídica y la resolución emanada por el Tribunal Supremo de Justicia. Señaló que tanto la jurisprudencia nacional como internacional en cuanto al tiempo razonable y plazos para una privación de libertad son muy contundentes al establecer que no se puede retener mediante detención preventiva a una persona por mucho tiempo, a partir de lo cual sostiene que su detención flagrantemente vulnera todos los principios y derechos ya que se encuentra privado de libertad por más de seis meses y veinte días, plazos excesivos para un proceso de esta naturaleza, siendo evidente la vulneración de los arts. 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en todo el proceso.
Por otra parte, hizo hincapié respecto a la consideración de la situación actual en la Federación de Rusia donde se encuentran suspendidas las garantías de derechos humanos por el proceso de guerra que se vive en ese país, motivo por el cual se conoce a diario por los medios de comunicación la vulneración a los derechos humanos por medio de la tortura, sin mencionar que las Naciones Unidas suspendió de forma temporal a dicho país del Consejo de Derechos Humanos, más aún viendo y sabiendo las elocuentes torturas que se realiza a gente inocente, solicita se considere el suplicio y calvario que su persona viviría si es llevado de regreso a su país que no responde ni tiene como principio el respeto a los derechos de los seres humanos como tales; por lo que, en ese marco solicita que en consideración al art. 4 y ss. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se disponga su inmediata libertad por estado de excepción o situaciones excepcionales que emana de dicha norma internacional y del Convenio de Ginebra de 1949 y sus diferentes protocolos que refuerzan la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales y fijan límites a la forma de que se libran la guerra, lo que hace que su persona por ninguna circunstancia deba volver la Federación de Rusia; puesto que, de lo contrario perdería su vida, siendo ilógico que se lo lleve a la muerte en un país que se encuentra en conflicto bélico.
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato considera lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I, 115.I, 120 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.2, 3 y 5; y, 8.1 y 2 de la CADH; 2.3 inc. a), 4.1, 9.1 y 3; y, 13 del PIDCP; 5.3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; y, el Convenio de Ginebra y sus protocolos sobre situaciones de excepción en tiempos de guerra.
Solicita que se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene su libertad inmediata, restituyéndose su libertad de locomoción.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 125 y 135, en presencia de la representante sin mandato del peticionante de tutela, y el representante del Ministerio Público, ausente el accionante, la Embajada de la Federación de Rusia como tercera interesada y el Magistrado accionado; se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela ratificó de manera íntegra el contenido de su memorial de acción de libertad, puntualizando en audiencia lo siguiente: a) Lo que se pide es que el accionante quede en libertad pues son más de seis meses que está detenido, el tema de la extradición se dilucidará en otra instancia, siendo ambos aspectos dos temas diferentes; y, b) Nunca fueron notificados con la Resolución de 26 de enero de 2022 -AS 04/2022 EXT-; por lo que, sorprende el informe emitido por el Magistrado accionado.
Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito cursante de fs. 119 a 124 vta., manifestó que: 1) La extradición no reviste la calidad de un proceso en el que se determine la inocencia o culpabilidad del sujeto requerido de extradición, sino que constituye un mecanismo de cooperación internacional entre Estados, es así que su función se limita a comprobar la existencia de los requisitos que la hacen procedente ya sea a través de un tratado internacional y a la falta de este a normas del derecho interno, como lo establece el art. 149 y 150 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo por ello que el Tribunal Supremo de Justicia conoce y resuelve en única instancia los trámites de extradición conforme al art. 184.3 de la CPE, lo que no se debe a la existencia de un proceso bilateral o contradictorio, sino a la verificación de los requisitos de procedencia de la extradición y asegurar el éxito de la extradición; 2) El peticionante de tutela pretende que se le otorgue la libertad sosteniendo que se encuentra detenido por más de seis meses; sin embargo, omitió mencionar los motivos por los cuales no sería procedente su extradición en el marco de lo establecido en el art. 151 del indicado Código, omitiendo también mencionar la finalidad que persigue la detención preventiva dispuesta; 3) El plazo de los seis meses de detención preventiva dispuesto, no implica que la procedencia de la extradición deba ser dilucidada en ese tiempo, sino que tal disposición obedece a efectos de que el Estado requirente formalice o demuestre interés en proseguir con la solicitud, lo que fue cumplido por la Federación de Rusia al comunicar dicha intención y presentar el extracto del Código Penal de ese país, lo que dio constancia que los delitos acusados al accionante se encuentran previstos por el art. 159 cuarto párrafo y art. 210 párrafo tercero del señalado Código, dándose cumplimiento de este modo a la exigencia del art. 157 del CPP; así también, con las notas enviadas de forma posterior a la detención preventiva dentro del plazo de los seis meses; 4) El impetrante de tutela no se encuentra privado de su libertad de forma indebida; puesto que, su detención se debe a un mecanismo de cooperación internacional, de modo que la contestación o los escritos que presente el sujeto extraditable se analizan en función a los requisitos de procedencia o improcedencia de la extradición; es decir, a tiempo de resolver la solicitud de extradición, aspecto por el cual los memoriales presentados por el peticionante de tutela fueron diferidos para ser considerados a tiempo de resolver la extradición solicitada conforme se evidencia de los decretos de “fs. 622 y 655”, debiéndose considerar que no resulta lógico pretender la libertad planteando incidentes o en su caso la cesación a la detención preventiva como ocurre en el proceso penal que determina la absolución o condena del imputado, lo contrario implicaría el sometimiento del país requirente a las leyes del Estado requerido y por ende la vulneración de su soberanía; en ese sentido, al margen de no ser evidente la falta de consideración de sus escritos, siendo que estos ya fueron diferidos a tiempo de considerar la procedencia o improcedencia de la extradición, los mismos resultan al margen del derecho internacional; 5) El trámite previsto para la extradición como normas de derecho internacional, se encuentra previsto a partir del art. 149 al 159 de CPP, a tal efecto se debe verificar como requisito de procedencia de la extradición el principio de doble incriminación, solicitándose a cada Tribunal Departamental de Justicia informe sobre la existencia de algún proceso penal en trámite del extraditurus, y asimismo se debe contar con el pronunciamiento del Fiscal General del Estado, aspectos también cumplidos a partir de los informes remitidos de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia donde se verificó que el accionante cuenta en su contra con un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa, y también se cuenta con el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado que solicitó la procedencia de la extradición, extremos que fueron establecidos en el AS 04/2022-EXT de 26 de enero, que resolvió declarar procedente la extradición, y donde también se consideraron los escritos a los que el impetrante de tutela hace referencia, el cual se enmarca en los principios de reciprocidad y solidaridad, como en el respeto a la soberanía de la Federación de Rusia, no evidenciándose transgresión a derecho fundamental alguno; puesto que, fue producto de un debido estudio y consideración de los datos del proceso; 6) Lo acusado por el accionante no resulta evidente; toda vez que, su petición únicamente va dirigida a cuestionar la forma de tramitación de una extradición, soslayando establecer la finalidad de la extradición así como los principios que la rigen; por lo que, el petitorio efectuado en inconsecuente pretendiendo no solo eludir el derecho internacional, sino evitar el enjuiciamiento por la presunta comisión de un delito en la Federación de Rusia, lo cual volvería inerte el trámite de extradición como un medio de cooperación internacional; y, 7) El accionante pretende abstraerse del derecho internacional alegando el Convenio de Ginebra, aludiendo el conflicto entre la Federación de Rusia contra Ucrania, en tal caso, esta cuestión no constituye una causal de improcedencia de la extradición, ni es un medio para eludir el procesamiento por un delito atribuido en su país. Argumentos con base en los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Ningún representante de la Embajada de la Federación de Rusia, acudió a la audiencia, ni remitió informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 102 a 103.
El representante del Ministerio Público, en audiencia señaló que: i) No se puede soslayar los aspectos básicos y esenciales establecidos sobre la extradición, siendo importante considerar la procedencia o improcedencia de dicha solicitud, y respecto a la detención preventiva, clara y concretamente se indica cuál es su finalidad; ii) Cuando el impetrante de tutela se refiere a la detención preventiva, exige como requisito la consideración del plazo; empero, dicho plazo no es definitivo ya que se puede pedir una ampliación; iii) Se considera que en el caso corresponde analizar todos los datos traídos en conocimiento, debiendo en el marco del art. 410 de la CPE, aplicar los convenios internacionales analizados por la parte peticionante de tutela y el Magistrado accionado; y, iv) No existe vulneración al derecho a la libertad de locomoción del accionante; toda vez que, lo que se está haciendo es cumplir con la normativa referente a la extradición, debiendo denegarse la tutela solicitada manteniéndose incólume la detención preventiva.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 003/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 136 a 142, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) “…el fin de la detención preventiva con fines de extradición inicialmente presentada por el TSJ mediante AS 29/2021 por lo que sea cumplido a ese efecto debe establecerse que como cualquier medida cautelar la detención preventiva tiene un efecto instrumental y al haberse cumplido el fin correspondiente el plazo inicial que sea establecido sobre la vigencia de la detención preventiva por la emisión del AS que se ha hecho mención en el que si se concede la extradición al estado requirente corresponde que se vaya a dar cumplimiento al mismo por lo que se ha llegado a cumplir su fin consiguientemente no se advierte de que el ahora accionante se encuentre indebida o ilegalmente detenido…” (sic); b) Respecto a que el cumplimiento de la extradición pudiera atentar contra la vida del impetrante de tutela porque la Federación de Rusia se encuentra en estado de guerra, cabe señalar que este es un aspecto que no corresponde considerar al Tribunal de garantías y que más bien debió poner en su conocimiento en su momento y cuestionarlo dentro del trámite de la extradición conforme lo establece el art. 154 del CPP, o en su caso acudir ante esa instancia ordinaria; empero, no ante la jurisdicción constitucional; c) El AS “29/20” establece las circunstancias precisas por las que se dispuso la aplicación de una medida cautelar, evidenciándose que se hizo referencia a un proceso de ejecución por parte del departamento de instrucción del Ministerio del Interior de la Federación Rusa contra el peticionante de tutela, causa penal seguida por los delitos de asociación delictuosa, organización criminal utilizando su posición de oficial de cargo, “…dicho auto se pronunció sobre una medida preventiva consistente en una medida cautelar en función a la Convención de las naciones unidas de lucha contra la delincuencia organizada y transnacional del año 15 de noviembre de 2000 y su modificación del año 2005 también se tiene que los delitos por los cuales está siendo investigado el accionante tiene una pena de 10 a 20 años y en ese sentido también realizado todos los tramites concernientes a una cooperación solicitada por la federación Rusa se resolvió la extradición de acuerdo a la prueba presentada emitiéndose el AS 04/2022 de 26 de enero de 2022 en el que se declara procedente la extradición del ciudadano Ruso KALTE ARTIOM VALENTINOVICH…” (sic); d) Se considera que la totalidad de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia cumplió con el mandato contenido en el art. 149 del CPP “…es decir que la existencia de la solicitud de extradición del accionante, se tiene también que esa determinación ha sido tomada en función a una resolución emitida por autoridades competentes de la federación de Rusia quienes son en definitiva las autoridades que disponen esa aplicación de la medida de detención preventiva y la sala plena del TSJ conoce esa situación en función a tratados internacionales como el art. 149 CPP en consecuencia al haberse ya cumplido con ese fin expresamente el suscrito considera que no se advierte una vulneración al derecho a la libertad y menos al debido proceso tampoco existe una indebida detención del accionante debido a que se encuentra en función a la petición del gobierno de la federación de Rusia…” (sic); y, e) Habiéndose realizado el trámite necesario respecto a la extradición del accionante, debe considerarse también la complicidad de los trámites sobre el país requirente más aún cuando el aparato estatal prácticamente estaba paralizado en todo el mundo por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), lo que hizo que en general todos los trámites estén un poco rezagados. Por memorial presentado el 18 de abril de 2022 cursante a fs. 148 y vta., la parte impetrante de tutela solicitó la aclaración, enmienda y complementación del fallo emitido, sosteniendo que de forma extraña en la audiencia de consideración de acción de libertad se procedió a evaluar el proceso de extradición, sin analizarse el tema de fondo de la acción tutelar que se refería al exceso del tiempo de la detención preventiva; es decir, más allá de los seis meses dispuestos en el AS 29/2020, lo que debió ser revisado y analizado por el Tribunal de garantías. Planteamiento que fue declarado no ha lugar a partir del Auto 061/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 151 a 152 vta., en el cual se señaló que la detención preventiva con fines de extradición establecida por el AS 29/2020 cumplió su fin al haberse determinado la procedencia de la extradición, correspondiendo dar cumplimiento a lo establecido, no advirtiéndose que el peticionante de tutela se encuentre indebida o ilegalmente detenido, ni que se haya inobservado el “incumplimiento” al plazo de la detención preventiva que se encuentra vinculado al trámite de la extradición, no evidenciándose ninguna irregularidad respecto a los reclamos que efectúa el accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por AS 29/2020 de 4 de marzo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, determinó la detención preventiva con fines de extradición de Artem Kalte Valentinonovich -ahora impetrante de tutela-, sosteniendo que de acuerdo al art. 154 inc. “2)” -siendo lo correcto 1)- del CPP, el citado Tribunal posee la facultad de ordenar tal determinación sobre el sujeto extraditable por el plazo máximo de seis meses (fs. 2 a 4). II.2. Cursa Mandamiento de Detención Preventiva 06/2021 de 8 de julio, librado por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca contra el peticionante de tutela en función a lo establecido en el AS 29/2020, encomendando su ejecución y cumplimiento a la INTERPOL o cualquier funcionario policial a nivel nacional (fs. 5), mismo que se hizo efectivo el 16 de septiembre de ese año, conforme consta en el Acta de Notificación (fs. 6). Asimismo, cursa Papeleta de Descargo de esa misma fecha emitida por el Jefe de Seguridad Interna del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, que registra el ingreso del accionante a dicho establecimiento en esa fecha, a horas 18:48 (fs. 7). II.3. Consta Certificación de Permanencia y Conducta de 29 de marzo de 2022, por la que el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, certificó que el impetrante de tutela a esa fecha guarda detención preventiva con fines de extradición durante seis meses y trece días dentro de dicho Centro Penitenciario (fs. 8). II.4. Cursa AS 04/2022-EXT de 26 de enero de 2022, por el que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declaró procedente la solicitud de extradición del peticionante de tutela, disponiendo su entrega al Gobierno de la Federación de Rusia a través de los órganos competentes del “Poder” Ejecutivo, debiendo la autoridad comisionada, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca emitir el respectivo mandamiento de excarcelación con fines de traslado por extradición a la Federación de Rusia (fs. 107 a 110). II.5. Cursa escrito incompleto referente a la solicitud realizada por el accionante ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la cesación a su detención preventiva por cumplimiento de plazos y modificación a la Sentencia, presentado el 18 de marzo de 2022 (fs. 9 a 11 vta.).
El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, por cuanto, no obstante que por AS 29/2020, cuyo Magistrado Relator es la autoridad ahora accionada, se determinara su detención preventiva con fines de extradición, su persona continúa guardando tal medida más allá de los seis meses establecidos como plazo máximo, lo que torna su detención en indebida y por lo que solicita su inmediata libertad. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”.
Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…)
De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional.
En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…» (las negrillas son nuestras).
Conforme a lo expuesto por la parte peticionante de tutela, se advierte que la problemática traída en revisión, centra su análisis en la detención preventiva con fines de extradición en la que permanece el accionante no obstante haberse superado los seis meses establecidos como plazo máximo para ese efecto, denunciando de este modo su detención indebida y solicitando en ese marco se determine su inmediata libertad. Al respecto, y a fin de contextualizar lo suscitado en el presente caso conforme lo refieren las partes procesales, corroborado por los datos adjuntos a la presente acción de libertad, se tiene que resolviendo el Requerimiento Internacional de Detención Preventiva con fines de Extradición del impetrante de tutela realizado por parte de la Embajada de la Federación de Rusia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante el AS 29/2020 de 4 de marzo, determinó la detención preventiva del peticionante de tutela por el plazo máximo de seis meses de conformidad a lo establecido en el art. 154 inc. 1) del CPP, considerando que sobre el accionante existen resoluciones judiciales del país requirente que hacen procedente la solicitud, y estableciendo a su vez que el país requirente considere dicho plazo a efectos de la formalización de su solicitud (Conclusión II.1).
Asimismo, a fin de hacer efectiva la determinación asumida, se emitió el Mandamiento de Detención Preventiva 06/2021 de 8 de julio, ejecutada a su vez el 16 de septiembre de 2021 (Conclusión II.2). Bajo ese contexto fáctico, el impetrante de tutela reclama que a tiempo de interponer la presente acción de libertad, el 11 de abril de 2022, su persona se encontraría indebidamente privada de su libertad por cuanto el plazo máximo establecido al efecto habría sido superado, solicitando por ende se determine su inmediata libertad. Al respecto, y de los datos referidos se hace necesario puntualizar, que si bien la solicitud de extradición se constituye en un trámite administrativo, y por ello sujeto a determinada normativa entre ellas las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y con carácter subsidiario a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal o en su caso por las reglas de reciprocidad acorde a lo establecido por el art. 149 del CPP; no obstante, conforme se refirió se tiene que en el caso dicho trámite se halla estrechamente vinculado con la detención preventiva; puesto que, esta fue dispuesta por el plazo máximo de seis meses, a fin de que la Federación de Rusia formalice su solicitud. En ese marco, y toda vez que en el caso lo que se cuestiona no es el trámite propiamente dicho de la extradición, sino la permanencia en tal restricción a su libertad, corresponde enfocarnos en tal actuación. Así, si bien la detención preventiva obedece a una solicitud por parte del país requirente y fue dispuesta en consideración a los requisitos establecidos al efecto conforme lo remarca el AS 29/2020; sin embargo, no es menos cierto que de acuerdo con el art. 154 inc. 1) del CPP, esta fue dispuesta por un plazo máximo de seis meses. Ahora bien, de actuados y conforme lo señaló el Magistrado accionado, se advierte que la procedencia de la extradición fue determinada a partir de la emisión del AS 04/2022-EXT de 26 de enero de 2022, no obstante y más allá de que dicho fallo fuera o no notificado al peticionante de tutela, lo cierto y evidente es que hasta la interposición de la acción de libertad el 11 de abril de 2022, el accionante continuaba guardando su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz conforme fue señalado en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, lo que fue sustentado a su vez a partir del Certificado de Permanencia y Conducta adjunto a esta acción tutelar (Conclusión II.3), aspecto que en efecto crea en la parte impetrante de tutela incertidumbre respecto a su situación jurídica, más aún si se considera que la expresa solicitud de cesación a la detención preventiva por el cumplimiento de plazo formulada ante el Tribunal Supremo de Justicia no fue atendida por el mencionado Tribunal.
Bajo esa línea de razonamiento, es importante considerar que conforme lo establece el art. 184.3 de la CPE, concordante con el art. 38.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, es una atribución del Tribunal Supremo de Justicia -en su Sala Plena-, conocer, resolver y solicitar en única instancia los procesos de extradición; asimismo, el párrafo segundo del art. 3 de Código Penal (CP) prevé que: “La procedencia o improcedencia de la extradición será resuelta por la Corte Suprema”. Por su parte, la SCP 0133/2021-S4 de 17 de mayo, citada por la propia autoridad accionada estableció que: “En mérito a lo expuesto, es posible concluir que ante la solicitud del Estado requirente para extraditar al sindicado formalmente por la probable comisión de un delito, dentro de los márgenes establecidos en los tratados y convenios internacionales de cooperación suscritos entre Estados, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia determinar su procedencia, así como la imposición de medidas preventivas encaminadas a asegurar el éxito de la extradición, entre ellas la privación de libertad del extraditable; y, como efecto de ello, valorar y decidir sobre la concurrencia de los presupuestos del cese de dicha medida extrema’” (las negrillas fueron agregadas). De lo que puede establecerse que siendo una atribución del Tribunal Supremo de Justicia el resolver en única instancia las solicitudes de extradición, a cuyo efecto también le asiste la facultad de ordenar la detención preventiva del peticionante de tutela, conforme lo establece el art. 154 inc. 1) del CPP, tal como lo señala el entendimiento jurisprudencial citado, resulta razonable considerar que en función a ello le corresponda al citado Tribunal valorar y decidir sobre la concurrencia de los presupuestos para el cese de dicha medida extrema. En ese marco de consideración normativa y jurisprudencial, y conforme lo detallan los datos del proceso, considerando el accionante que su detención preventiva excedió los seis meses establecidos como plazo máximo, el 18 de marzo de 2022, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitud de cesación a la detención preventiva por el cumplimiento del plazo (Conclusión II.5), misma que hasta la interposición de la presente acción tutelar, acorde lo denuncia el impetrante de tutela no fue resuelta por dicha instancia. Al respecto, cabe señalar que del informe emitido por el Magistrado accionado dentro de esta acción tutelar, no se hace referencia alguna sobre dicha solicitud, y si bien menciona que todos los escritos presentados por el accionante fueron respondidos habiéndose establecido su consideración diferida a tiempo de la resolución de extradición; sin embargo, como se tiene establecido esta solicitud se la realizó el 18 de marzo de 2022; es decir, luego de la emisión del AS 04/2022-EXT que determinó la extradición del accionante, y si bien en el mismo informe se señala que el plazo de los seis meses dispuestos no implica que la procedencia de la extradición tenga que ser dilucidada en ese tiempo, sino que tal disposición obedece a efectos de que el Estado requirente formalice o demuestre su interés de proseguir con su solicitud de extradición, y que ello en el caso habría sido cumplido por la Federación de Rusia dentro del plazo de los seis meses, ello de manera alguna exime a que dicha instancia se refiera de forma expresa y mediante una resolución debidamente fundamentada, respecto a la petición del impetrante de tutela sobre la cesación de su detención preventiva por el cumplimiento del plazo máximo, correspondiéndole a esa instancia resolver la solicitud planteada brindando al peticionante de tutela certeza respecto a su situación jurídica, quien justamente cuestiona su permanencia bajo dicha medida extrema pese al fenecimiento del plazo dispuesto, y más aún cuando -conforme lo remarca y reitera el Magistrado accionado- ya se habría dispuesto la extradición del accionante determinando su entrega al Gobierno de la Federación de Rusia a cuyo efecto se ordenó emitir el mandamiento de excarcelación con fines de traslado (Conclusión II.4). En el marco de lo expuesto, es pertinente traer a colación el entendimiento jurisprudencial glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, referido a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a partir de la cual se establece que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; puesto que, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del derecho a la libertad, aspecto que no significa que se debe dar curso a la solicitud de forma positiva, dependiendo ello de las circunstancias particulares en cada caso, pudiendo dicha respuesta ser negativa; empero, a partir de la resolución de la solicitud de forma célere como se exige en este tipo de solicitudes, siendo la acción de libertad el mecanismo procesal idóneo en caso de existir vulneraciones al principio de celeridad del debido proceso cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, habiéndose establecido que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser tramitadas, resueltas y efectivizadas con la mayor celeridad. En ese marco, cabe señalar que no obstante de que en el presente caso el impetrante de tutela pretendiera que este Tribunal de manera directa determine su inmediata libertad, aspecto que conforme se señaló no sería posible pues el Tribunal Supremo de Justicia es la única instancia prevista para la resolución de solicitudes de extradición así como para la determinación de la imposición de medidas preventivas a fin de asegurar el éxito de la extradición y por ende valorar y decidir sobre el cese de dicha medida extrema; sin embargo, y a partir del principio de informalismo de la acción de libertad, advirtiendo que la solicitud de cesación a la detención preventiva por el cumplimiento del plazo máximo planteada por el peticionante de tutela ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aun no fue resuelta, corresponde conceder la tutela sin disponer la libertad del accionante, instando a la señalada Sala resuelva dicha pretensión a la brevedad posible, salvo que por el transcurso del tiempo la extradición determinada ya hubiese sido efectivizada. En el marco de la determinación dispuesta, no obstante que dentro de la legitimación pasiva de esta acción tutelar únicamente se haya identificado al Magistrado Relator del AS 29/2020, pese a que la detención preventiva con fines de extradición del impetrante de tutela fue dispuesta por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cabe aclarar que, en el caso y en función al principio de informalismo de la acción de libertad, no es posible considerar una eventual denegatoria de tutela por esta causa teniendo en cuenta que dicha instancia se constituye en un ente colegiado que en este caso estuvo representado por el Magistrado Relator, habiendo el mismo presentado su correspondiente informe, marco en el cual tampoco se advierte vulneración alguna al derecho a la defensa de los miembros del citado Tribunal, más aún si se considera que la interposición de la acción de libertad no pretende el establecimiento de una responsabilidad personal, sino solamente institucional a fin del establecimiento de la situación jurídica del peticionante de tutela que como se tiene señalado pretende la cesación de su detención preventiva por el fenecimiento del plazo dispuesto, aspecto que indefectiblemente debe ser determinado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, con relación a la postulación del accionante de considerar el suplicio y calvario que su persona viviría de determinarse el regreso a su país; toda vez que, la Federación de Rusia por la situación de guerra que enfrenta no responde ni tiene como principio el respeto a los derechos humanos, siendo ilógico que se lo lleve a la muerte en un país que se encuentra en conflicto bélico y por lo cual solicita la consideración del art. 4 y ss. del PIDCP y el Convenio de Ginebra de 1949; cabe señalar, que al margen de que lo referente a la determinación o no de su extradición, no se constituye en el objeto procesal identificado en la presente acción de libertad, donde la cuestionante principal radicó en la cesación de su detención preventiva por el cumplimiento del plazo máximo dispuesto, como lo remarcó la propia parte impetrante de tutela en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, lo referente a la determinación de la procedencia o improcedencia de la extradición es una atribución establecida únicamente para el Tribunal Supremo de Justicia, instancia a la que le corresponde tener en cuenta dichos argumentos a tiempo de analizar la procedencia de la extradición solicitada que en el caso del peticionante de tutela incluso ya fue determinada a partir del AS 04/2022-EXT; por lo que, al respecto no corresponde emitir criterio alguno. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 003/2022 de 13 de abril, cursante de fs. 136 a 142, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad del accionante, determinando que el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena resuelva la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por el impetrante de tutela y sea en el término de cuarenta y ocho horas de notificado el presente fallo constitucional, salvo que la extradición del peticionante de tutela ya hubiese sido efectivizada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0625_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 59a3a171c2ef39a124b6e782f592463ee2e99a0885c0bcb89f226a20a3c63b44
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