Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente congruencia; y, a la defensa; al efecto señalan que, la parte demandada, a través del Auto de Vista 198 de 15 de junio de 2022, confirmó el Auto Interlocutorio 783/2021 de 17 de junio -que declaró improbado el incidente de nulidad de notificación contra la diligencia cursante a “fs. 502” y todas las posteriores, practicadas en el tablero judicial-, sin pronunciarse en cuanto a los agravios expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, vinculados a la: 1) Falta de análisis respecto a la vulneración de los principios que rigen las nulidades procesales; 2) Omisión de pronunciamiento sobre la eventual transgresión de las garantías del debido proceso con incidencia en los derechos a la igualdad y a la defensa; 3) Ausencia de determinación sobre la entidad o trascendencia del vicio denunciado; y, 4) Falta de análisis respecto al cumplimiento de los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en materia de nulidades procesales. Al respecto, los demandados no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, no obstante a su notificación cursante a fs. 24 y 25. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 43/23 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 40 vta. a 43 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente; y, 2° Llamar la atención a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en razón a lo argumentado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55880-2023-112-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 43/23 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 40 vta. a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Gerardo Robles Saravia en representación legal de Alberto Arteaga Brito y Nelvy Palacios Landívar contra Freddy Pérez Chavarría y Efraín Cruz Limachi, Vocal y ex Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 27 de marzo y 4 de abril de 2023, cursantes de fs. 8 a 12; y, 20, la parte accionante manifestó lo siguiente:
Dentro de la ejecución del proceso ejecutivo seguido en su contra por Jorge David Gabriel Vargas Angulo en su contra, Yasmina Dorado Palacios -su entonces representante legal- formuló incidente de nulidad de notificación contra la diligencia cursante a “fs. 502” -a través de la cual se le dio a conocer el decreto de 14 de agosto de 2019, por el que se aceptó su apersonamiento como su representante legal-; y, de los subsiguientes actos procesales; toda vez que, las diligencias de comunicación desde entonces fueron practicadas en tablero judicial, lo que impidió la oposición de su defensa en casi toda la instancia de ejecución de sentencia, cuando otorgaron un poder consular a la nombrada, al residir sus personas en Estados Unidos de Norteamérica; y, siendo que ella, de conformidad a lo establecido en el art. 72.VI del Código Procesal Civil (CPC), se apersonó al proceso señalando el domicilio procesal, correspondía que las ulteriores notificaciones sean practicadas en el mismo y no en el tablero de notificaciones del Juzgado, por constituir el precepto antes señalado, en una excepción a la regla contenida en el art. 84.I del citado cuerpo normativo; sin embargo, fueron ilegalmente notificados de esa manera, consignado sus nombres en dichas actuaciones, como si en el momento de la notificación hubiesen tenido su permanencia y domicilio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando en realidad residían fuera del País. Dicho incidente, fue declarado improcedente por Auto Interlocutorio 783/2021 de 17 de junio, en el que, el Juez de la causa fundó tal determinación en los arts. 84 y 105.II -se entiende del CPC-, sin analizar si la nulidad demandada transgredió o no las garantías del debido proceso con incidencia en los derechos a la igualdad y la defensa; aspecto por el cual, la mencionada decisión fue impugnada. En consecuencia, mediante Auto de Vista 198 de 15 de junio de 2022, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados-, confirmaron la improcedencia, a través de un fallo incongruente; pues, el mismo no tiene relación entre lo solicitado y lo resuelto; así, en el recurso de apelación, denunció que el Juez a quo, no analizó si el acto considerado nulo, violaba alguno de los principios que rigen las nulidades procesales; tampoco si la nulidad demandada transgredió o no las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa; evidentemente el vicio era o no de proporción grosera; y, si la demanda de nulidad cumplió o no con los principios establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente congruencia; y, a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 198, debiendo los Vocales demandados emitir un nuevo fallo en el marco de los derechos reclamados disponiendo la nulidad de la notificación de “fs. 502” y subsiguientes actuaciones del proceso ejecutivo.
Celebrada la audiencia virtual el 27 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 38 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Freddy Pérez Chavarría, José Ernesto Aponte Ribera y Efraín Cruz Limachi, Vocales y ex Vocal, respectivamente, de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia ni remitieron informe alguno, pese a las notificaciones cursantes a fs. 24, 25 y 33.
María Dunia Rea Avaroma -tercerista de derecho preferente dentro del proceso ejecutivo de referencia-, en audiencia de garantías, mediante su abogado refirió que la falta de informe de la parte demandada acreditaba la lesión de derechos denunciada -se entiende por el accionante-; asimismo, no solo se vulneró el debido proceso en su componente congruencia, sino también sus derechos de petición y a la aplicación de la norma adjetiva y sustantiva; toda vez que, tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal ad quem, en total complicidad con la “parte accionada” -se entiende con la parte ejecutante de la causa de origen- ocultaron actuados procesales de su persona como tercera con derecho preferente al tener registrado a su favor un anticrético. Teresa Magnolia Dorado Chávez, no asistió a la audiencia de garantías ni presentó escrito alguno, pese a su notificación cursante a fs. 30.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 43/23 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 40 vta. a 43 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión del Auto de Vista 198, se evidenció que en el Considerando V, los Vocales demandados, abordaron los dos agravios expuestos en la presente acción tutelar, respecto a que se hubiera notificado a los poderdantes y no a la apoderada legal; sostuvieron que, la exigencia de inserción de su nombre, fue un formalismo excesivo que contradice el principio de finalidad del acto, criterio que evidenció un asidero de legitimidad en consideración al principio de igualdad por dos razones: la primera, es que la norma sustantiva civil, amparada en la norma adjetiva de dicha materia, expresamente establece la obligatoriedad de la presentación de los sujetos procesales ante estrados judiciales; y, la segunda, obedece a que los arts. 82 y 84.I del CPC, al establecer la obligatoriedad de las partes de apersonarse, considera, señala y legitima a la Secretaría o Tablero Judicial de los estrados judiciales como lugar legal para la notificación de los sujetos procesales de cuanta decisión se asuma; por lo que, al establecerse aquello en un cuerpo normativo como el Código Procesal Civil, su desconocimiento resulta estéril, más allá de que los poderdantes no se encuentren viviendo en el Estado Plurinacional de Bolivia, pues la representación formal y técnica a través de un profesional abogado, debe y tiene que resultar idónea; en ese sentido, aún se haya fijado un domicilio procesal, resulta imperativo que las partes acudan a la Secretaría del despacho, a efectos de tomar conocimiento de las resoluciones emitidas, sustento normativo que se encuentra plasmado en los preceptos citados, mismos que no están supeditados a interpretación; por el contrario, resultan claros y contundentes desde una interpretación gramatical, sistemática, histórica y teleológica; y, b) Aludir que el nombre de la apoderada no se encuentra insertado en la diligencia de notificación, así como también el hecho de no haber sido notificada en su domicilio procesal, cuando el acto fue realizado en tablero judicial, conforme a la normativa civil, advierte que el agravio referido por la parte accionante no resultó evidente, habiendo incluso las autoridades accionadas manifestado que, de haberse cumplido con esta obligatoriedad, las partes pudieron tomar conocimiento personal “…de la resolución hoy invocada en Amparo Constitucional” (sic).
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 49 a 51); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 25 de mayo de 2021, Yasmina Dorado Palacios en representación de Alberto Arteaga Brito y Nelvy Palacios Landivar -ahora accionantes- dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra por Jorge David Gabriel Vargas Angulo, interpuso incidente de nulidad de notificación contra la diligencia cursante a “fs. 502” -a través de la cual se le dio a conocer el decreto de 14 de agosto de 2019, por el que se aceptó su apersonamiento como su representante legal- y todas las posteriores, practicadas en tablero judicial; mismo que fue declarado improbado mediante Auto Interlocutorio 783/2021 de 17 de junio, por Alberto Zeballos Aguilera, Juez Público Civil y Comercial Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 602 a 604 vta.; y, 641 a 642 vta. del Anexo 4). II.2. Mediante escrito presentado el 12 de julio de 2021, Yasmina Dorado Palacios en representación legal de los impetrantes de tutela, planteó recurso de reposición bajo la alternativa de apelación contra el Auto 783/2021, mismo que fue rechazado a través del Auto 1687/2021 de 1 de septiembre, concediéndose el recurso de apelación en el efecto devolutivo (fs. 647 a 648 vta.; y, 653 del Anexo 4). II.3. A través del Auto de Vista 198 de 15 de junio de 2022, Efraín Cruz Limachi y Freddy Pérez Chavarría, entonces Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados- Confirmaron el Auto Interlocutorio 783/2021, fallo que fue notificado a los solicitantes de tutela a través de su representante legal el 27 de septiembre del referido año (fs. 667 a 668 vta.; y, 670 del Anexo 4).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente congruencia; y, a la defensa; al efecto señalan que, la parte demandada, a través del Auto de Vista 198 de 15 de junio de 2022, confirmó el Auto Interlocutorio 783/2021 de 17 de junio -que declaró improbado el incidente de nulidad de notificación contra la diligencia cursante a “fs. 502” y todas las posteriores, practicadas en el tablero judicial-, sin pronunciarse en cuanto a los agravios expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, vinculados a la: 1) Falta de análisis respecto a la vulneración de los principios que rigen las nulidades procesales; 2) Omisión de pronunciamiento sobre la eventual transgresión de las garantías del debido proceso con incidencia en los derechos a la igualdad y a la defensa; 3) Ausencia de determinación sobre la entidad o trascendencia del vicio denunciado; y, 4) Falta de análisis respecto al cumplimiento de los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en materia de nulidades procesales. Al respecto, los demandados no remitieron informe alguno ni asistieron a la audiencia de la presente acción tutelar, no obstante a su notificación cursante a fs. 24 y 25. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto la SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, a tiempo de referirse a la concreción material del debido proceso, precisó lo siguiente: “En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte, la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, a tiempo de añadir a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia respecto a los elementos de fundamentación y motivación del debido proceso, complementó el razonamiento refiriéndose a la consideración de la relevancia constitucional, al respecto estableció: “Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son nuestras).
La problemática emerge a partir del incidente de nulidad de notificación planteado por la representante legal de los accionantes dentro del proceso ejecutivo seguido en su contra por Jorge David Gabriel Vargas Angulo; incidente que fue declarado improbado mediante Auto Interlocutorio 783/2021 de 17 de junio (Conclusiones II.1 y II.2); por lo que, los nombrados plantearon recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 1687/2021 de 1 de septiembre, concediendo por ello el Juez de la causa el recurso de apelación en el efecto devolutivo (Conclusión II.3). En sustanciación mediante Auto de Vista 198 de 15 de junio de 2022, Efraín Cruz Limachi y Freddy Pérez Chavarría, entonces Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -demandados- confirmaron el Auto Interlocutorio 783/2021 (Conclusión II.4), fallo que el accionante considera lesivo a sus derechos al debido proceso en su componente congruencia y a la defensa, por lo que el mismo será objeto de análisis. Ahora bien, conforme al objeto procesal delimitado, corresponde verificar si el Auto de Vista 198, incurrió en incongruencia omisiva al no pronunciarse sobre los agravios expuestos en el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, vinculados a la: i) Falta de análisis respecto a la vulneración de los principios que rigen las nulidades procesales en relación a la notificación cursante a “fs. 502” del proceso de origen; ii) Omisión de pronunciamiento sobre la eventual transgresión de las garantías del debido proceso con incidencia en los derechos a la igualdad y a la defensa; iii) Ausencia de determinación sobre la entidad o trascendencia del vicio denunciado; y, iv) Falta de análisis respecto al cumplimiento de los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Bajo ese marco, corresponde precisar que, conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, la verificación de una eventual incongruencia omisiva no se agota en la constatación formal de la ausencia de pronunciamiento sobre determinados agravios, sino que exige establecer si dicha omisión posee relevancia constitucional, es decir, si tiene la aptitud de incidir de manera determinante en el sentido de la decisión asumida por la autoridad judicial. En ese sentido, de la revisión integral del Auto de Vista 198, se advierte que los demandados, si bien no desarrollaron un pronunciamiento expreso y desagregado respecto a cada uno de los agravios formulados por la parte recurrente en los términos en que fueron planteados, sí emitieron un razonamiento jurídico orientado a resolver el núcleo de la controversia, cual es la validez o invalidez de la notificación practicada en tablero judicial, a partir de la delimitación del marco normativo aplicable contenido en los arts. 82, 84.I y 105 del CPC, así como de la aplicación de los principios de especificidad o legalidad, finalidad del acto y trascendencia. En efecto, en cuanto al agravio identificado en el punto i), las autoridades de alzada establecieron que la nulidad procesal requiere de previsión legal expresa o de la inexistencia de los requisitos formales indispensables para la consecución de la finalidad del acto, concluyendo que la irregularidad denunciada no constituye un defecto invalidante, en tanto la notificación dirigida a los sujetos procesales principales cumplió su finalidad; en cuanto al punto ii), referido a la supuesta vulneración del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa, se concluyó que no existe indefensión material, al ser atribuible a la propia parte la falta de conocimiento de las actuaciones procesales por incumplimiento de la carga procesal de asistencia a estrados judiciales en el marco de los arts. 82 y 84.I del CPP; en relación al punto iii), vinculado a la trascendencia del vicio denunciado, determinaron que la omisión alegada carece de entidad suficiente para generar nulidad, precisamente por no incidir en la finalidad del acto ni generar un perjuicio irreparable; y, finalmente, en lo inherente al punto iv), aun cuando no se desarrolló una respuesta expresa en los términos planteados por la parte accionante, el razonamiento desplegado por las autoridades demandadas evidencia la aplicación implícita de los principios que rigen las nulidades procesales, lo que permite concluir que el reclamo fue sustancialmente resuelto. En ese entendido, si bien se advierte que el Tribunal de alzada no respondió de manera literal y específica a cada uno de los argumentos formulados -particularmente en lo relativo a la invocación del art. 72.VI del CPC-, dicha circunstancia no reviste relevancia constitucional, en la medida en que no tiene la aptitud de modificar el sentido de la decisión asumida; toda vez que, el fundamento determinante del fallo radica en la validez de la notificación practicada conforme a la normativa procesal vigente y en la inexistencia de indefensión material atribuible a la actuación judicial. En ese contexto, los agravios formulados por la parte accionante no logran desvirtuar el fundamento decisorio central del Auto de Vista 198, sino que se limitan a cuestionar aspectos formales o de desarrollo argumentativo que, aun de ser considerados de manera expresa, no tienen la aptitud de modificar el sentido de la decisión asumida, no existiendo escenario jurídico alguno en el que la resolución cuestionada pudiera variar en su resultado.
En ese sentido, aun en el supuesto de disponerse la emisión de un nuevo fallo que desarrolle de manera expresa cada uno de los agravios omitidos, el resultado sería necesariamente el mismo, en tanto no se desvirtúa el fundamento central de la decisión, referido a la ausencia de un vicio trascendente que justifique la nulidad de la notificación cuestionada; por lo que, no se configura una incongruencia omisiva con relevancia constitucional que habilite la intervención de la jurisdicción constitucional, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada.
Resuelta como se tiene la causa, corresponde referirnos a la dilación advertida a tiempo de la tramitación de la presente acción tutelar. Así, de actuados se advierte que, siendo la acción de amparo constitucional admitida por Auto 62/23 de 5 de abril de 2023 (fs. 21), la audiencia de verificación se programó para el 17 de ese mes y año; es decir, luego de siete días hábiles, cuando el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina que la misma debe tener lugar luego de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción, sobrepasando el límite legal impuesto. Por otra parte, llegada la fecha de audiencia de garantías la misma tampoco se desarrolló, esta vez por la falta de notificación a las terceras interesadas, disponiendo a fin de la revisión de sus domicilios, la remisión del expediente original, así como la notificación al actual Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fijando nueva audiencia de verificación para el 24 de abril de 2023 (fs. 27); es decir, luego de cuatro días más, lo que tampoco condice con el plazo determinado en la norma. En la mencionada fecha, la referida audiencia tampoco pudo desarrollarse ante la no remisión del expediente, pese a que se cumplió con la notificación a todas las partes procesales, reprogramando dicha actuación para el 27 de abril de 2023 (fs. 32 y vta.); sin embargo, y en consideración a que el objeto procesal se circunscribía al análisis del Auto de Vista 198, que fue adjuntada por la parte accionante así como el recurso de reposición bajo alternativa de apelación, se advierte que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz tenía los actuados pertinentes a fin de la resolución de la causa, pudiendo en ese marco llevar adelante la audiencia de garantías evitando más dilaciones indebidas.
Bajo ese entendido, y siendo que el caso se resolvió un mes después de interpuesta la acción tutelar, corresponde llamar la atención a los miembros de la indicada Sala, a efecto de que, en posteriores actuaciones, observen los plazos previstos en la norma a fin de la resolución inmediata de las causas puestas en su conocimiento, evitando la dilación indebida en el conocimiento y resolución de las mismas. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otro razonamiento, asumió la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 43/23 de 27 de abril de 2023, cursante de fs. 40 vta. a 43 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente; y, 2° Llamar la atención a Carolina Tania Cabrera Tapia y Aldo Ismael Quezada Cerruti, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en razón a lo argumentado en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0624_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 55591fe15521bb5435736a6643688e7d42f8fb7024bc6049d560f3506165d493
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