Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante, señalaron que en la audiencia de juicio oral llevada adelante el 17 de noviembre de 2020, se vulneró el debido proceso y a ser oído públicamente, al no haber cumplido la autoridad jurisdiccional -hoy demandado- con lo que establece el art. 346 del CPP, al no determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución 330/2022 de 18 de septiembre, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 2º Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistente y firme el eventual juicio oral, conforme al Fundamento Jurídico III.5, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Procédase a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos que correspondan. 4º Procédase a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos que correspondan.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55305-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 330/2022 de 18 de septiembre, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Pacheco en representación sin mandato de Gregorio Claure Rocha, Víctor Montaño Montaño, Ariel Velasco Calderón, Marcían Rojas Encinas, Gualberta Ayala Almanza, Julián Almanza Camacho, Andrea Ágreda Guzmán, Celestino Alanes Bazoaldo y Leonor Ágreda de Grajeda contra Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2022, cursante a fs. 1 y 30 a 32, los accionantes a través de su representante, expresaron que:
El 17 de noviembre de 2020, se llevó adelante la audiencia de juicio oral en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, seguido por el Ministerio Público en su contra; señalaron que el Juez, de forma ilegal vulneró sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que, no se cumplió el procedimiento conforme establece el art. 346 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que a la letra señala: “‘expuestos los fundamentos del fiscal y del querellante y, en su caso, resueltos los incidentes, se recibirá declaración al IMPUTADO’. PREVIAMENTE SE LE EXPLICARA, CON LAS PALABRAS CLARAS Y SENCILLAS EL HECHO QUE SE LES IMPUTA CON LA ADVERTENCIA QUE PODRÁ ABSTENERSE DE DECLARAR Y QUE EL JUICIO SEGUIRA SU CURSO AUNQUE EL NO DECLARE, EL IMPUTADO PODRÁ MANIFESTAR LO QUE CREA CONVENIENTE EN SU DECLARACIÓN. SÓLO EN ESTE CASO, SERÁ INTERROGADO POR EL FISCAL EL ABOGADO DEL QUERELLANTE EL DEFENSOR Y LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, EN ESE ORDEN…” (sic). Señalaron que en el proceso existen nueve acusados, estos han tenido diferente participación en el hecho que se les acusa en tiempo, lugar y momento; asimismo, las fechas en las cuales han sido arrestadas y/o aprehendidas son distintas; manifiestan que se ha incumplido la aplicación de ese artículo, al no haber expuesto el hecho por el que se los acusó de forma individual, toda vez que, en la audiencia de juicio de 17 de noviembre de 2020, el Juez demandado explicó a todos los imputados y coimputados el delito por el cual están siendo procesados de forma conjunta, advirtiéndoles mientras que tienen el derecho de guardar silencio y en caso de que se abstengan no será usado en su contra; es decir, en ninguna parte de dicho acto procesal, individualizó su actuar, con palabras claras y sencillas y de forma general procedió a exponer la relación de hechos, dirigida a los nueve acusados, no dando cumplimiento a lo que establece el art. 346 del CPP. Manifestaron que, el planteamiento de la problemática que hace el objeto procesal de la acción presentada, es la lesión al principio de legalidad, que se constituye en un principio fundamental del derecho, el ejercicio del poder público está sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas, este principio impone límites al ejercicio del poder, tanto de configurar los hechos punibles como al establecer las penas o medidas de seguridad, descartando la arbitrariedad y el exceso en cumplimiento de la persecución penal; al no haber cumplido la autoridad jurisdiccional ahora accionada con lo que establece el art. 346 del CPP, lesiona el debido proceso, al no determinar con claridad los hechos y atribuciones de las partes procesales, se vulneró su derecho, atentando contra sus garantías constitucionales, tutelados en los arts. 15, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), se vulneró su derecho a tener un juicio en un tribunal competente e imparcial, conforme el art. 120 de la CPE y art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ellas o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil y el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocido como el "derecho a las garantías judiciales", que establece los principios fundamentales para un debido proceso legal en materia penal.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso y a ser oído públicamente, citando al efecto los arts. 15, 117 y 180 de la (CPE), 14.1 del PIDCP y 8.1 de la CADH.
Solicitaron se conceda la tutela, ordenando declarar nula la audiencia de juicio oral de 17 de noviembre de 2020, y consecuentemente dejar sin efecto los demás actuados posteriores, debiendo convocar en un plazo no mayor a veinticuatro horas a juicio oral, debiendo cumplir a cabalidad con el procedimiento señalado en el Código de Procedimiento Penal.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron el tenor del memorial de la acción de defensa y ampliándolo, señalaron que: Se vulneró el debido proceso y la seguridad jurídica, manifestando que en ningún momento de la audiencia se procedió a explicar de forma individual los hechos por los que son acusados, que nunca se les consultó de forma individual si van a declarar o abstenerse de su declaración, conculcando de esta manera el principio de legalidad que se constituye en un principio fundamental del derecho; por lo que, solicitaron se conceda la tutela conforme a ley.
Juan Reynaldo Ugarte Conde, Juez de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 33.
El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 330/2022 de 18 de septiembre, cursante de fs. 36 a 37, concedió la tutela solicitada, disponiendo anular las actuaciones procesales desarrolladas en la etapa de juicio oral hasta el vicio procesal más antiguo debiendo renovarse los actos procesales; con base a los siguientes fundamentos: a) El art. 346 del CPP señala que: “Se recibirá la declaración del imputado, previamente se le explicará con palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa con advertencia de que no podrá abstenerse a declarar y que el juicio seguirá su curso aunque él no declare”.; b) La SCP 1913/2012 DE 12 DE OCTUBRE, SEÑALÓ: “EL DEBIDO PROCESO ES UNA INSTITUCIÓN DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL QUE ABARCA LOS PRESUPUESTOS PROCESALES MÍNIMOS A LOS QUE DEBE REGIRSE TODO PROCESO JUDICIAL, ADMINISTRATIVO O CORPORATIVO, OBSERVANDO TODAS LAS FORMAS PROPIAS DEL MISMO, ASÍ COMO LOS PRESUPUESTOS NORMATIVAMENTE PRE ESTABLECIDOS, PARA HACER POSIBLE ASÍ LA MATERIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES; es decir que, debe ser aplicado por todos los operadores de justicia en todo momento máxime si tomamos en cuenta la etapa procesal del juicio oral público y contradictorio…”(sic); y, c) Se encontró vulneración de derechos “o” garantías constitucionales dentro de la causa, se debe considerar la falta de presentación de informe de la autoridad demandada, quien debió presentar informe ante “ese” despacho judicial; se aplicó lo señalado en la SC 0017/2019-S1 y SCP 0257/2012-R, específicamente a lo que se refiere sobre el principio de veracidad que rige en materia constitucional, entendiendo que el Juez Juan Reynaldo Ugarte Conde -ahora demandado-, se encuentra de acuerdo con la determinación que emitió y dando por hecho lo alegado por la parte accionante. En vía de complementación, la parte accionante, refirió que “… que se habría concedido tutela dentro de la acción de libertad por vulneración de derechos y garantías constitucionales más aun cuando no se ha presentado un informe por el principio de veracidad solicito que complemente indicando que se deje sin efecto el acta de registro de audiencia de fecha 17 de noviembre de 2020 en ese entendido se deje sin efecto todos los actuados posteriores de dicha fecha…” (sic [fs. 37]). En sustanciación y resolución, el supra citado Juez de garantías, señaló que “… se complementa (…) dejándose sin efecto el decreto de fecha 17 de febrero de 2020 así mismo todos los actuados procesales en dicho caso, hágase conocer a la autoridad accionada (….) por error involuntario la suscrita autoridad jurisdiccional va a corregir se deja sin efecto el registro de audiencia de fecha el alto 17 de noviembre de 2020 aclarándose que el mismo es dentro del proceso penal ministerio público en contra de Gregorio Claure Rocha y otros donde participan 9 acusados y los demás actuados procesales…” (sic [fs. 37]).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 17 de noviembre de 2020, se llevó adelante la audiencia de juicio oral en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, dentro del proceso penal por la presunta comisión del ilícito de tráfico de sustancias controladas, a instancia del Ministerio Publico contra Gregorio Claure Rocha y otros; en esta audiencia, el Juez señaló “…siendo que corresponde en el caso que así lo decidieren loa acusados prestar su declaración y considerando la pluralidad de los mismos, las advertencias preliminares se les va a realizar a todos de manera conjunta.” (fs. 3 a 29 [las negrillas son añadidas]).
Los accionantes a través de su representante, señalaron que en la audiencia de juicio oral llevada adelante el 17 de noviembre de 2020, se vulneró el debido proceso y a ser oído públicamente, al no haber cumplido la autoridad jurisdiccional -hoy demandado- con lo que establece el art. 346 del CPP, al no determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, citada a su vez por la SCP 0507/2024-S2 de 21 de agosto, dispuso que: “III.1.2. Supuestos de subsidiariedad del hábeas corpus
De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria.
… En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'.
Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus.
Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (la negrilla y el subrayado fuerón añadidos).
En ese orden, la SCP 0407/2019-S2 de 24 de junio, citada por la SCP 1137/2022-S1 de 21 de octubre, estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional.
Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo.
Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R” (las negrillas fueron añadidas).
En el caso concreto, los accionantes a través de su representante denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso y a ser oído públicamente, toda vez que, en el juicio oral de 17 de noviembre de 2020, el Juez de la causa en ningún momento explicó de los hechos atribuidos de forma individual, como lo señala el art. 346 del CPP, que señala: “…se recibirá la declaración del imputado. Previamente se le explicará, con palabras claras y sencillas el hecho que se le imputa con advertencia de que no podrá abstenerse de declarar y que el juicio seguirá su curso, aunque él no declare.” Puntualizado el problema jurídico, que versa respecto a que los accionantes señalaron que en la audiencia de juicio oral de 17 de noviembre de 2020, el Juez de la causa -demandado- en la etapa de exposición de hechos y/o delitos hacia los acusados y coacusados, debió haberlo hecho de forma individual y no de forma conjunta como se tiene alegado, corresponde traer a colación lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, referente a que, no todas las lesiones vinculadas a la libertad pueden ser resguardadas de forma exclusiva por la acción de libertad; dado, que, si la normativa ordinaria prevé algún mecanismo de defensa, eficaz e idóneo para la reparación del derecho presuntamente conculcado, este debe ser utilizado con carácter previo a activar la justicia constitucional a través de esta acción tutelar, no pudiendo los peticionantes de tutela activar de forma directa la presente acción de libertad, inobservando el principio de subsidiariedad excepcional que rige esta acción tutelar; puesto que, previamente debe agotarse el planteamiento de un incidente de actividad procesal defectuosa, razón por la cual, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia y analizar el fondo de la problemática planteada en virtud a que esta acción no puede ser concebida como un medio alternativo o sustitutivo de los mecanismos intraprocesales previstos en la jurisdicción ordinaria.
En este caso, la vulneración en que hubiera incurrido el demandado, no ha sido reclamada de forma previa a esta acción de libertad, mediante los mecanismos expeditos e idóneos y ante la jurisdicción ordinaria, esa situación hace necesaria la exigencia al accionante del cumplimiento de la subsidiariedad excepcional, en aplicación de la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional y específicamente, a través del planteamiento de un incidente de actividad procesal defectuosa a fin de que se corrija esa situación, mecanismo de defensa señalado en el Fundamento Jurídico III.2, de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; entonces, al no haber procedido de esa forma el accionante impidió que las autoridades idóneas para ello resuelvan su reclamo, habiendo acudido en esas condiciones de forma directa a la acción de libertad sin haber agotado la vía ordinaria pertinente y efectiva a ese fin; consiguientemente, corresponde denegar la tutela al respecto.
De los antecedentes que cursan en el expediente, este Tribunal advirtió las siguientes observaciones: 1) El representante que presentó la acción de libertad, no se encuentra plenamente identificado; toda vez que, en la presentación no se consignaron sus generales de ley, vulnerando el art. 33.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo).; 2) La acción de libertad fue presentada de forma extraña y sospechosa, dos años después de la audiencia de juicio oral y contradictoria de 17 de noviembre de 2020; es decir, el día sábado 17 de septiembre de 2022, llevándose a cabo la audiencia de consideración el día domingo 18 de septiembre de 2022, a horas 17:30; 3) La Resolución 330/2022 de 18 de septiembre, omitió deliberadamente la aplicación de un criterio jurisprudencial básico y reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional hace dos décadas, referida a la subsidiariedad excepcional a la exigencia del agotamiento de los medios intraprocesales citados en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional; y, 4) De la revisión efectuada al acta de audiencia de 18 de septiembre de 2022, se verificó que el Juez de garantías, omitió hacer las preguntas que crea oportunas para resolver el caso, aplicando el art. 36.6 del CPCo.
Consecuentemente, se advierten indicios de responsabilidad penal en la conducta desplegada por el Juez de garantías, por lo que, se dispone la remisión del presente fallo constitucional al Ministerio Público, para la investigación del hecho y se promueva la acción penal que corresponda; asimismo, se dispone la remisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Consejo de la Magistratura, a efectos de determinar sanciones disciplinarias que correspondan.
Dada la situación fáctica del caso concreto, es pertinente tomar en cuenta la concesión inicialmente otorgada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, que provocó efectos jurídicos, en el entendido de anular las actuaciones procesales desarrolladas en la etapa de juicio oral, hasta el vicio más antiguo, debiendo de renovarse los actuados procesales. En tal sentido, corresponde remitirnos a lo establecido en la SC 0595/2010-R de 12 de julio, respecto al dimensionamiento de los efectos de la Sentencia determinando, que: “…no obstante, en atención a la facultad previsora el Tribunal Constitucional, puede dimensionar los efectos de la Sentencia Constitucional, y de acuerdo a las circunstancias del caso y de manera excepcional toma determinaciones de tal manera que no se genere inseguridad jurídica”.
En tal sentido, con base en los principios de previsibilidad y seguridad jurídica, este Tribunal determina, mantener subsistente el eventual nuevo juicio oral y contradictorio, desarrollado en cumplimiento a la Resolución 330/2022; y en consecuencia, declarar la presente acción de libertad como dilatoria, maliciosa y temeraria; toda vez que, su planteamiento solo buscó la dilación del juicio oral, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas.
En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º REVOCAR la Resolución 330/2022 de 18 de septiembre, cursante de fs. 36 a 37, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. 2º Dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistente y firme el eventual juicio oral, conforme al Fundamento Jurídico III.5, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3º Procédase a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos que correspondan. 4º Procédase a la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, al Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos que correspondan.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que el Magistrado, Ángel Edson Dávalos Rojas es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0624_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2a44c9941647f5e0627a8f596678afde08a15e9d15243cbcea09a1e1cfddde17
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