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SCP 0624/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49416-2022-99-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad, así como los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad, eficacia, eficiencia y celeridad; dado que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución emitida en audiencia de 6 de julio, que rechazó las excepciones e incidentes interpuestas de su parte; hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron obrados al Tribunal de alzada para su tratamiento y resolución, lesionando de esta forma sus derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de la acción de libertad traslativa e innovativa, exhortando a la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional demandadas, que en lo sucesivo actúen con la debida celeridad y criterio de oportunidad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Trámite previstos por el Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 para la resolución de las excepciones e incidentes y el cumplimiento de los plazos
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0624/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49416-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Omar Ramiro Monasterios contra Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza; y, Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria; ambas del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2022, cursante de fs. 1, 8 a 11 vta.; la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito estafa, falsedad material e ideológica y otros, signado con el código LPZ-ICA 2000025 caso CAR-1 018/2020, planteó excepciones e incidentes que fueron resueltos en audiencia de 6 de julio de 2022, mediante Resolución 366/2022, que fue notificada a todas las partes en la misma audiencia; por lo que, en calidad de denunciado, al amparo de los arts. 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el señalado acto, interpuso recurso de apelación incidental, detallando los agravios debidamente fundamentados y motivados; en consecuencia, en aplicación del art. 405 del CPP, solicitó la remisión de dicho recurso en el plazo de veinticuatro horas, extremo que fue dispuesto por la autoridad ahora demandada, proveyendo en el instante los recaudos necesarios a efectos de que se proceda a sacar las fotocopias requeridas; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, la autoridad y funcionaria ahora demandadas, no cumplieron con lo dispuesto remitiendo el expediente en apelación, lesionando de esta forma sus derechos fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denunció lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad; así como, los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad, eficacia, eficiencia y celeridad, citando los arts. 22, 178, 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) La remisión de los actuados del cuaderno de control jurisdiccional ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en alzada, sea en el día a efectos de que se pueda resolver la apelación incidental interpuesta; b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de su conocimiento; y, c) En calificación de daños ocasionados, se le imponga la multa pecuniaria de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 14 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a fs. 22 vta.; presente la parte impetrante de tutela asistida de su abogado y la Jueza, demandada, ausente la Secretaria codemandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante en audiencia, efectuó un relato detallado de los hechos acontecidos, ratificándose in extenso en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, en su intervención en audiencia, refirió lo siguiente: 1) Efectivamente se llevó adelante una audiencia de excepciones e incidentes en la cual no se encontraban las dos partes intervinientes dentro del proceso penal –otras dos personas co participes del hecho denunciado–, las cuales al ser parte del proceso, necesariamente debían ser notificadas con la resolución previo a cualquier remisión a objeto de no lesionar derechos y garantías que les asisten; 2) Ante la exigencia del abogado de la parte accionante, se procedió a remitir los antecedentes a la Sala correspondiente a través de Courier el 14 de julio de 2022, a las 7:30, mediante la empresa “eco tours caranavi” (sic), pudiéndose verificar tal extremo a través del informe emitido por la Secretaria del Juzgado –codemandada–; empero, dichos antecedentes fueron remitidos sin las notificaciones a los otros dos sujetos procesales –denunciados dentro el proceso penal–, añadiendo además, que se no pudo cumplir o efectivizar con anterioridad dicha remisión en razón del tiempo y distancia del juzgado; y, 3) Carece de legitimación pasiva en la presente causa, en razón a que no fue ella quien directamente transgredió algún derecho ni garantía constitucional del accionante, teniendo que determinarse de manera exacta, quién fue él o la funcionaria pública responsable de la transgresión a dichos derechos; responsabilidad que, en el presente, recaería en la Secretaria de su despacho judicial, que es la encargada de cumplir dicha remisión. Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, no presentó informe escrito y tampoco se hizo presente en audiencia, pese a su legal citación, cursante a fs. 13.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 13/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 23 a 25 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el argumento de que, por referencia de la parte demandada, se conoce que la remisión de la apelación incidental reclamada por la parte accionante, se consolidó el 14 de julio de 2022, a las 7:30, ante la Sala correspondiente del Tribunal Departamental de Justica de La Paz; en consecuencia, al haberse remitido los antecedentes en apelación al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, corresponderá a la autoridad competente, determinar si dicho legajo fue enviado de manera incompleta o no.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante “Informe de apelación” de 14 de julio de 2022, Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria del Juzgado Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, puso en conocimiento de Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, titular de ese despacho judicial –ambas hoy demandadas–, que debido a motivos de distancia y no habiendo sido la única audiencia celebrada el 6 de junio de 2022, la remisión de la apelación incoada por el hoy peticionario de tutela, fue remitida a las 7:30 del 14 de julio, a efectos de su presentación en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su respectivo sorteo, dejando asimismo expresa constancia de que no se procedió con la notificación a las imputadas Rita Veranda Tancara y Giovana Sullcata (fs. 18 a 19). II.2. Cursa Guía con número 001402, emitida por el Sindicato Regional de Transportes Eco Tours de Caranavi del departamento de La Paz; por el cual, se establece que, a las 7:30 del 14 de julio de 2022, se envió un sobre con documentos en fotocopias y original (fs. 17).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad, así como los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad, eficacia, eficiencia y celeridad; dado que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución emitida en audiencia de 6 de julio, que rechazó las excepciones e incidentes interpuestas de su parte; hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron obrados al Tribunal de alzada para su tratamiento y resolución, lesionando de esta forma sus derechos constitucionales. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de dicha clasificación del entonces recurso de hábeas corpus, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplío las tipologías del hábeas corpus (acción de libertad)), haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”; entendimiento que fue ratificado por la SC 0465/2010-R de 5 de julio, que determina que la acción de libertad, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. En dicha línea, la SCP 0203/2013 de 27 de febrero, resolviendo un problema jurídico vinculado a la falta de resolución de las excepciones interpuestas, que no merecieron respuesta por más de un año, concluyó que aquella omisión dilatoria, constituyó una indiscutible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la celeridad. A tales entendimientos, es necesario añadir que, conforme dispone el art. 8.I de la CPE, en su Capítulo Segundo denominado “Principios, Valores y Fines del Estado”, el Estado Plurinacional de Bolivia: “…asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” (negrillas agregadas). En lo que se refiere al principio del ama quilla –no seas flojo–, este no es de aplicación exclusiva para casos concernientes a pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, sino su espectro axiomático, se extiende igualmente a la jurisdicción ordinaria; por lo que, se instituye en un deber de inexcusable cumplimiento por las autoridades jurisdiccionales en el desempeño de sus funciones, por cuanto del cumplimiento debido de las mismas, depende la concretización de los derechos fundamentales de los justiciables; esto, en razón a que dicho principio, se halla destina a evitar toda actitud dilatoria que no contravenga con los principios estatuidos en la Constitución Política del Estado que hacen a la adecuada administración de justicia a la que aspira. En consecuencia, el ama quilla, como principio ético-moral ancestral, resulta de aplicación ineludible, propendiendo eliminar toda práctica jurídica tardía, requiriendo de los servidores públicos y principalmente de los administradores de justicia, una labor diligente, afanosa y responsable, con la finalidad de garantizar una justicia pronta y oportuna que impida la afectación de derechos fundamentales.

III.2. Trámite previstos por el Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 para la resolución de las excepciones e incidentes y el cumplimiento de los plazos

Al respecto, el art. 314 del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal –Ley 586 de 30 de octubre de 2014– establecía que una vez planteada la excepción o incidente, el juez de instrucción, en el plazo de veinticuatro horas, debía correr traslado a la víctima y a las otras partes, quienes podían responder en forma escrita en el plazo de tres días; en el caso de existir respuesta, el juez debía señalar audiencia para su resolución en el plazo de tres días; empero, para el supuesto de que no hubiera existido contestación, la resolución debía producirse en el plazo de dos días, sin necesidad de audiencia. Sin embargo, el art. 314 del CPP, en examen, con las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, establece que: I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.

El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales. II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código”.

Ahora bien, en relación al trámite y remisión de la apelación de las excepciones e incidentes los arts. 404 y 405 del mismo cuerpo normativo disponen: Art. 404. (INTERPOSICIÓN). Cuando la resolución se dicte en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito, debidamente fundamentada, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el tribunal de apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar”. Art. 405. (REMISIÓN). La jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes para que éste resuelva”.

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son nuestras).

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad, así como los principios de seguridad jurídica, probidad, celeridad, legalidad, equidad, eficacia, eficiencia y celeridad; dado que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución emitida en audiencia de 6 de julio, que rechazó las excepciones e incidentes interpuestas de su parte; hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, no se remitieron obrados al Tribunal de alzada para su tratamiento y resolución, lesionando de esta forma sus derechos constitucionales. De los antecedentes cursantes en el expediente, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del impetrante de tutela y otros por la presunta comisión del delito de estafa, falsedad material e ideológica y otros, signado con el código LPZ-ICA 2000025 caso CAR-1 018/2020, planteó excepciones e incidentes, mismos que fueron resueltos por la autoridad ahora demandada mediante Resolución 366/2022, dictada en audiencia de 6 de julio, notificándose con dicha resolución a las partes en el señalado acto; por lo que, en el mismo verificativo, al amparo de los arts. 403 y 404 del CPP, interpuso apelación incidental detallando los agravios debidamente fundamentados y motivados; solicitando asimismo que, en aplicación del art. 405 del adjetivo penal, se proceda con la remisión de su impugnación en el plazo de veinticuatro horas ante el Tribunal de alzada; petición que fue deferida por la juzgador ahora demandada, proveyéndose a dicho fin, los recaudos de ley necesarios para las fotocopias respectivas; empero, pese a todo lo manifestado previamente, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, las hoy demandadas no se procedieron con él envio del cuaderno de apelación ante el superior en grado. De otro lado, es necesario tener presente que, conforme quedó evidenciado en el apartado de Conclusiones de este fallo constitucional, por “Informe de apelación” de 14 de julio de 2022, Karem Georgina Calderón Fernández, Secretaria del Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, puso en conocimiento de Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, titular de ese despacho judicial –ambas hoy demandadas-, que debido a motivos de distancia y no habiendo sido la única audiencia celebrada el 6 de junio de 2022, la remisión de la apelación incoada por el hoy peticionario de tutela, fue remitida a las 07:30 del 14 de julio, a efectos de su presentación en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su respectivo sorteo, dejando asimismo expresa constancia de que no se procedió con la notificación a las imputadas Rita Veranda Tancara y Giovana Sullcata; adjunto a efectos de constatación de lo informado, la Guía con número 001402 emitida por el Sindicato Regional de Transportes Eco Tours de Caranavi del departamento de La Paz, que establece, que el 14 de julio de 2022, se envió un sobre con documentos en fotocopias y original. Ahora bien, conforme se tiene establecido, el impetrante de tutela denuncia dilación en la remisión de la apelación incidental formulada contra la Resolución 366/2022, que rechazó los incidentes y excepciones opuestos por su parte en la audiencia de igual data, habiéndose incumplido el término de 24 horas previsto al efecto por el art. 405 del CPP –modificado por la Ley 1173–; toda vez que, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no se procedió con el envío de su impugnación ante el Tribunal superior a efectos de su consideración, pese a que, proveyó oportunamente los recaudos necesarios para tal fin. Ahora bien, conforme a los entendimientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en el marco del art. 314 del CPP –modificado por Ley 1176–, el planteamiento de excepciones e incidentes, su trámite, así como la apelación de los mismos, no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales; empero, sí establece los plazos para su tramitación; así, en su parágrafo II, determina que una vez interpuestas, dentro del término de veitnicuatro horas, la autoridad jurisdiccional deberá señalar audiencia para su resolución, notificando a las partes con la prueba idónea y pertinente, debiendo llevar a cabo el señalado verificativo dentro de los tres días siguientes, en el que deberán ser consideradas las excepciones e incidente, así como las respuestas de las partes, no siendo causal de suspensión, la inasistencia de alguna de ellas. Por su parte,, el art. 404 del adjetivo penal, regulando el trámite de la interposición de excepciones e incidentes, determina que, cuando la resolución sea dictada en audiencia, el recurso de apelación se interpondrá oralmente, siendo que, cuando la oposición de dichos mecanismos se realice de manera escrita, deberá hacérselo fundamentadamente en el plazo de tres días; asimismo, en lo que concierne a la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal superior, el art. 405 del mismo compilado normativo, determina que, el administrador de justicia, deberá remitir actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro horas, para su resolución. De las disposiciones legales citadas precedentemente, se concluye entonces que, a los efectos de la remisión del recurso de apelación formulado oralmente en audiencia de consideración de excepciones e incidentes, el juzgador, cuenta con un plazo de veinticuatro horas para proceder con el envío del cuaderno de apelación. En el contexto previo, conforme a los argumentos postulados por el peticionante de tutela, que no fueron controvertidos eficientemente por la autoridad judicial y funcionaria de apoyo jurisdiccional hoy demandadas, se tiene que mediante Resolución 366/2022, emitida en audiencia de consideración de excepciones e incidentes de igual data, la Jueza ahora demandada, rechazó las pretensiones del ahora accionante, motivando la interposición del recurso de apelación en el mismo acto y proveyendo los recaudos necesarios para su remisión al Tribunal de alzada en la señalada fecha, lo que implica que el plazo de las veinticuatro horas para la remisión de las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fenecía el 7 del mismo mes y año; empero, tal como quedó advertido de las documentales señaladas en las Conclusiones II.1 y 2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el envío de cuaderno de apelación, se produjo recién a las 7:30 del 14 de julio de 2022; evidenciándose que existió una demora de 8 días en la remisión de las actuaciones, que fue materializada en la misma fecha en que se llevó a cabo la audiencia de acción de libertad, conforme consta en la Guía 001402, emitida por el Sindicato Regional de Transportes Eco Tours de Caranavi del departamento de La Paz, detallada en la Conclusión II.2 de este fallo constitucional. En este punto es necesario señalar que la Jueza ahora demandada, en su intervención en la audiencia de la acción de libertad, manifestó que si bien el plazo previsto en el art. 405 del adjetivo penal no fue cumplido, esto se debió a que, en la audiencia de consideración excepciones e incidentes, no se encontraban presentes dos coimputados; por lo que, previa remisión de actuaciones al Tribunal superior, aquellos necesariamente tenían que ser notificados con la decisión asumida el 6 de julio de 2022, a efectos de no vulnerarse sus derechos y garantías constitucionales; asimismo, añadió que, el 14 de igual mes y año y ante la insistencia del abogado de hoy accionante, se remitieron antecedentes ante la Sala correspondiente; demora que se hubiera generado por “razones de tiempo y distancia”; argumentos a los cuales agregó que carecería de legitimación pasiva en la causa constitucional, al no haber sido su autoridad quien vulneró los derechos reclamados, recayendo tal responsabilidad en la Secretaría de su despacho judicial. Las justificaciones antes glosadas, respecto a la falta de tiempo y distancia de su juzgado, a la vista de este Tribunal, resultan excusas que carecen de sustento, pues la autoridad demandada no adjuntó ningún elemento que evidencie el argumento que expone, siendo que esta omisión, a la luz del principio de presunción de veracidad, entendido como la obligación de la parte demandada, en su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, permite presumir la veracidad de los hechos o actos denunciados por el accionante. A ello se añade que, en referencia a que la juzgadora carecería de legitimación pasiva y que la responsabilidad por la falta de remisión de la apelación recae en la Secretaria de su despacho judicial, hoy codemandada, recordar a dicha autoridad, que por el principio de dirección, se encuentra constreñida a verificar que el personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, cumpla de manera adecuada y oportuna con sus funciones, pues la actividad del administrador de justicia, no puede resumirse a la mera función jurisdiccional, sino que también abarca a ejercer el control a los subalternos que se hallan bajo su dependencia, asegurándose que las determinaciones asumidas de su parte, sean debida y prontamente cumplidas; de ahí que, en el presente caso, por los argumentos señalados, la Jueza hoy demandada, cuenta con la legitimación pasiva para ser demandada en la vía constitucional, al no haber verificado que, la orden de remisión de la apelación dispuesta por su parte en favor del hoy accionante en la audiencia de 6 de julio de 2022, fuera efectivizada dentro del término estipulado en el art. 405 del CPP. Por todo lo expuesto, se constata que la autoridad judicial y funcionaria de apoyo jurisdiccional demandadas, incumplieron injustificadamente el plazo previsto en la ley para la remisión del recurso de apelación planteado contra la Resolución 366/2022, que rechazó las excepciones e incidentes opuestas por el hoy impetrante de tutela, dilatando la resolución de su impugnación; consecuentemente, corresponde conceder la tutela impetrada, ya que conforme el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, no sólo para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad, si no que por la ineludible aplicación del principio ama quilla, que requiriere que los servidores públicos y principalmente que los administradores de justicia, actúen diligente, acuciosa y responsablemente en el ejercicio de sus funciones, garantizando la materialización del derechos a una justicia pronta, en la que no se restrinjan los derechos fundamentales. Finalmente, es preciso señalar que si bien ya se cumplió con la remisión del recurso de apelación ante el Tribunal de apelación, por lo que el objeto y finalidad de esta acción tutelar ya habría sido alcanzado; corresponde otorgar la tutela solicitada en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; así como, la innovativa, tipologías de la acción de libertad, que buscan por una parte, acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; y por otra, evitar que tales omisiones se vuelvan a reiterar. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, realizó un incorrecto análisis de los antecedentes y de las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 13/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por El Juez de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en las modalidades de la acción de libertad traslativa e innovativa, exhortando a la autoridad y funcionaria de apoyo jurisdiccional demandadas, que en lo sucesivo actúen con la debida celeridad y criterio de oportunidad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0624_2024-S4.pdf · páginas 1 a 12.

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