B.IA.LEGAL

SCP 0623/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
17 de septiembre de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
49413-2022-99-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, las autoridades hoy demandadas no le permitieron producir prueba de descargo -inspección judicial de predios- en etapa de juicio, no obstante haber presentado la misma conforme a derecho.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0623/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 49413-2022-99-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 13/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Carlos Aviles Corcuy en representación sin mandato de Ananías Días Da Silva contra Susana Zabala Dávila y Andrés Adhemar Rueda Esquivel, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 14 de julio de 2022, cursante de fs. 3 a 10, el impetrante de tutela a través de su representante sin mandato refirió lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Aludió ser una persona de la tercera edad, que está siendo procesada por más de diez años dentro de la causa penal seguida en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Añadió que, se encuentra en absoluto estado de indefensión frente al poder absoluto de los miembros del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz –autoridades hoy demandadas–, quienes, sin fundamento legal, le impidieron producir las pruebas ofrecidas oportunamente dentro del juicio oral. Por otra parte, alegó que Ciro Valle Farell inició un proceso penal signado con el IANUS 701199201612302, contra de catorce (14) personas por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y otros; cuyo proceso se encuentra en etapa de juicio oral, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del señalado departamento. En ese contexto, los hechos denunciados en su contra, están referidos a la supuesta falsificación del Poder Notariado 395/2005 de 29 de abril, realizado por ante la Notaría de Fe Pública 18 de la Capital, otorgado por Carlos José Zilvetti Arce a favor de Eddy Oscar Chávez Cossio, quien haciendo uso del citado poder, en la misma data de otorgación, transfirió una propiedad agraria ubicada en la localidad de Carmen Rivero Torres. De conformidad al art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), efectuó el ofrecimiento de prueba, entre las que se encontraba la inspección judicial de las propiedades “Talismán” y “Tres Mujeres” sobre las que versa el proceso. Ofreció, además, al perito geodesta para que acompañe en dicha inspección y muestre los predios conforme los planos y supuestas sobreposiciones con la propiedad Nuevo Mundo de la que alega ser propietario Ciro Valle Farell. Fue así, que corrida en traslado la solicitud de ejecución de la prueba, el Ministerio Público observó que, si no se ofreció un perito, no sería útil; adhiriéndose a dicho planteamiento, la parte civil. El Tribunal –se comprende hoy demandado– negó la producción de la prueba de inspección judicial, argumentando que la misma debía haberse realizado en etapa preparatoria y, que, si bien el art. 355 del CPP señala que podrá realizarse las inspecciones en juicio oral; dicho actuado constituye una facultad potestativa del Tribunal de Sentencia y no es imperativo llevarlo adelante si el Tribunal lo considera de esa manera. Motivo por el cual, en audiencia de juicio oral, interpuso Recurso de Reposición al amparo del art. 401 de la Ley adjetiva penal, que le fue rechazado, arguyendo que a través de dicho recurso sólo pueden impugnarse providencias de mero trámite; en tanto que la Resolución emitida fue un Auto Interlocutorio; de modo tal que, anunció la reserva de apelación; sin embargo, el mencionado recurso resulta inidóneo para evitar la lesión a sus derechos a la defensa y al debido proceso por las siguientes consideraciones: a) El recurso de apelación se tramita conjuntamente la apelación de la Sentencia Condenatoria, y sólo podría apelarse si fuese condenado a sufrir pena privativa de libertad; empero, la falta de ese elemento de prueba afecta a los catorce imputados, quienes estarían excluidos de dicho recurso; b) El tiempo que requiere la apelación restringida para pronunciarse sobre esta grave indefensión, sumado a los más de diez años que lleva la tramitación del proceso, además de su edad, hacen que la apelación restringida sea un recurso que no permita la protección oportuna del derecho a la defensa conforme lo tiene establecido la Constitución Política del Estado; y, c) Si la apelación restringida fuese concedida, su efecto obligaría a que se lleve adelante un nuevo juicio de reenvío, ocasionando que él, una persona que tiene setenta y cuatro años de edad, continue siendo perseguida penalmente hasta que con la producción de esa prueba que se le niega, se demuestre su inocencia.

Por los elementos precitados y considerando la negativa a producir la prueba ofrecida, además de que el recurso ordinario resulta inidóneo para proteger oportunamente al imputado, se lo dejó en absoluta indefensión. Respecto a los derechos y garantías constitucionales transgredidos, manifestó que: el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las SSCC 0830/2014 de 30 de abril; y, 0217/2014 de 5 de febrero, estableció un cambio jurisprudencial, en cuanto a la tutela de la garantía del debido proceso, mediante la acción de libertad, sin que sea necesaria la existencia de vinculación directa con el derecho a la libertad; lo que hasta antes, estaba previsto como requisito, para poder analizar lesiones al debido proceso por vía de esta acción de defensa. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional razonó de la siguiente manera: "La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad. La SC 007/2014 de 31 de enero, refirió que: "Teniendo presente la importancia de los derechos primarios protegidos como son la vida y la libertad física, de manera general no se encuentra regida por el principio de subsidiariedad; al contrario, se activa sin el previo agotamiento de las vias legales ordinarias, es de tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, sumariedad, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular y tampoco reconoce fueros ni privilegios, correspondiendo conocer y resolver dicha acción constitucional, al Juez en materia penal debido al principio de especialidad reconocido en la Constitución." El Tribunal Constitucional transitorio, respecto de las resoluciones, dictó la SC 0977/2010-R de 17 de agosto, indicando que: "...deben ser debidamente fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, en correlación con el hecho o los hechos fácticos que se endilga, para que en definitiva sobre la base de dicha valoración y análisis de las normas aplicables al caso, se imponga una sanción así sea esta en el ámbito meramente administrativo". En el presente caso, al mantener sin resolución la excepción de prescripción y sin darle trámite conforme el art. 314 del CPP, y al no responder el recurso de reposición conforme lo previsto en el art. 402 del mismo cuerpo legal, se encuentra en una situación en la cual no tiene medio de defensa legal idóneo contra esos actos ilegales cometidos por las autoridades ahora demandadas, en tal sentido, al no existir otro medio de defensa legal, se puso en riesgo su libertad personal vinculada con el debido proceso, que es “restringida” por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, a través de la negativa de la producción de prueba cuyo procedimiento es evidentemente anómalo e ilegal lesionando flagrantemente el derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, vinculado a su libertad, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: se ordene la corrección de procedimiento y se produzca la prueba legalmente ofrecida.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de julio de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19, presentes la parte impetrante de tutela y las autoridades demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela, reiteró el tenor de su demanda de acción de libertad y ampliándola manifestó en audiencia que: 1) Las autoridades demandadas tenían la obligación de remitir ante el Juez de garantías los registros digitales –se comprende de la audiencia–, y al no haberlo efectuado, requirió que se considere como una cuestión de hecho probada de conformidad al Código Procesal Constitucional; 2) La presente acción de libertad, fue interpuesta en razón a la lesión del debido proceso vinculado a su libertad, generando que “el día de hoy sea condenado a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses”, en un proceso en el que ofreció en calidad de prueba la inspección judicial dentro de juicio oral, conforme al art. 179 con relación al art. 355 del CPP; empero, las autoridades hoy demandadas, le negaron la posibilidad de producir la misma; 3) La restricción precitada, anula el derecho de las personas a un juicio con las mínimas características del debido proceso y que fue reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como atentatorio al derecho a la defensa, a través de dos (2) Sentencias emitidas por dicho ente; (Tribunal Constitucional contra Perú, Sentencia de 31 de enero de 2001 en su parágrafo 83; y, el caso del Castillo Petrucci y otros contra Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999 del Fondo de Reparaciones y Costas en su parágrafo 141), ambas Resoluciones señalan que el derecho del imputado a producir su prueba no puede estar ni debe ser restringido de ninguna manera por el Tribunal y, en el caso de autos, excepto las limitaciones legales, el art. 355 del CPP estableció la posibilidad legal, para que cualquier acusado pueda solicitar una inspección judicial dentro del juicio oral, el límite para ello sería la pertinencia. Aspecto sobre el que las autoridades ahora demandadas no se refirieron en su Resolución, porque una de las cuestiones que estaba en debate dentro del juicio oral, es que si los delitos acusados como falsedad se referían a la ubicación de un predio denominado Scorpio y se conocía su sobre posición respecto al predio Nuevo Mundo; ofrecieron la inspección judicial con la presencia de un perito geodesta para que se pueda verificar in situ la existencia real de ambas propiedades; es decir, la existencia de Nuevo Mundo la de Scorpio dividida en dos predios, Talisman y Tres Mujeres; y, la ubicación de cada una de ellas acorde a los planos y conforme a lo que se encuentra en el lugar; sin embargo, nada de lo anterior fue posible debido a la decisión pronunciada por las autoridades ahora demandadas; 4) Efectuó la reserva de apelación contra esa decisión; empero, dicha reserva no cumple con los presupuestos de idoneidad para la preservación de sus derechos; 5) Este juicio inició el 3 de marzo de 2011; ello quiere decir, que hasta la fecha transcurrieron once años y “el día de hoy” se dictó Sentencia de primera instancia. Acorde a los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que él es una persona de la tercera edad; por tanto, pertenece a una población vulnerable; 6) El efecto del recurso de apelación sería un juicio de reenvío; es decir, que lo obligaría a someterse a otro juicio, ante otro Tribunal y desfilar nuevamente la prueba; al respecto, se debe tomar en cuenta que el presente juicio fue iniciado el año 2017; es decir, que tuvo una duración de cinco años; consiguientemente, un nuevo juicio oral demoraría otros cinco años solamente para producir esa prueba, lo cual no resulta razonable, por cuanto la Constitución Política del Estado refiere que las personas serán efectivamente protegidas por las autoridades judiciales en el ejercicio de sus derechos, empero, dicha efectividad no será visible si se le remite hacia un procedimiento que por sí mismo vulnerará otro derecho, referido al derecho a ser juzgado en un plazo razonable; consecuentemente, ese recurso ya carece de idoneidad para la protección de derechos y garantías constitucionales para los que está previsto; 7) Lo único que solicita en esta acción de libertad es que se le permita producir una prueba que fue legalmente ofrecida y válidamente requerida al Tribunal de Sentencia para que dicha instancia pueda valorar conjuntamente con el resto de las pruebas y, en base a ello los jueces dicten una sentencia diferente a la sentencia ya dictada “el hoy día”, sin valorar la prueba aludida; 8) No puede interponer acción de amparo constitucional, porque, no cuenta con las actas -se comprende del juicio oral-; además, que no es una acción inmediata; finalmente, la presente acción fue presentada “ayer” y la Sentencia fue dictada “hoy día”; y, 9) Solicitó como medida cautelar que se suspenda el acto de juicio; lastimosamente, ese requerimiento de medida cautelar no fue respondido, será el Tribunal Constitucional a través de la Comisión de Admisión quien dirima ese tema, pero en este caso específico se hace evidente que es imprescindible un pronunciamiento de la justicia constitucional para evitarle un mayor daño a sus derechos y garantías. En esos términos y conforme a las Sentencias Constitucionales referidas dentro de la acción de libertad, impetró que se le conceda la tutela, se declare la nulidad de todos los actos posteriores a la negativa de producción de prueba, de inspección judicial y se ordene al Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, que cumpla con el deber de garantizar el derecho a la defensa de todos y cada uno de los bolivianos dentro del juicio oral, para dictar una sentencia conforme al derecho.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Andrés Adhemar Rueda Esquivel, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, en audiencia de consideración de acción de libertad, informó que: i) Respecto al procesamiento indebido el Tribunal Constitucional Plurinacional, llegó al razonamiento de que no procede la acción de libertad cuando en la vía ordinaria existen los medios impugnativos; ii) En el presente caso, para subsanar las observaciones impugnadas, el accionante manifestó haber efectuado la reserva de la apelación; sin embargo, no lo hizo solo respecto a esa resolución, sino, efectuó una serie de reservas de apelación y ello implica que será revisado por un Tribunal ordinario, claro, si es que existe una apelación restringida de sentencia; entonces, no puede el Tribunal Constitucional entrar directamente a efectuar el control de legalidad cuando en la vía ordinaria no se agotó la instancia correspondiente; iii) Como emergencia de la Sentencia, las partes tienen el término de quince días para hacer uso de apelación restringida, por ello no corresponde entrar al fondo del planteamiento; iv) Por otro lado, la Sentencia 217 de 2014, invocada por el accionante, se refiere a una problemática distinta a la planteada en el presente caso; es decir, que no hay analogía, entonces, no se puede manifestar que dicho fallo sea el precedente en vigor; toda vez que, señala que excepcionalmente procede la acción de libertad cuando se afecta el derecho a la libertad y que como causa de ello el accionante se encuentre en absoluta indefensión; además de lo anterior, en ese caso, el accionante no tenía abogado defensor en un determinado momento y se continuaron realizando actuaciones procesales en la vía ordinaria; v) El hoy impetrante de tutela tuvo la asistencia profesional de dos abogados en todo el proceso, motivo por el cual, no se puede hablar de indefensión absoluta, más aún, cuando uno de ellos, refirió en la presente audiencia que hicieron la reserva del recurso de apelación; vi) En caso de ingresar a conocer el fondo de lo planteado, es necesario considerar que, en función a la prueba que se pretendía o pretende producir referida a la inspección judicial, existe la motivación y el fundamento necesarios para el rechazo de la misma, habida cuenta que fueron considerados varios aspectos, como: “el tiempo transcurrido la situación de la naturaleza del medio ambiente donde se pretendía la inspección judicial y cambia el tribunal el juez puede tener impresiones distintas a las que se tenía en el año 2011, entonces hay una serie, así de argumentos por parte del tribunal para denegar, no es que se le haya denegado por denegar sino, porque no corresponde en las circunstancias en el momento cuando se hizo, cuando se pretende hacer la inspección; independientemente más allá de la distancia que implica, porque dice que es en Carmen Rivero Torrez y hay que caminar creo que 10 o 15 km hacia un costado de la Chiquitanía, entonces, esa fue la motivación para denegar y además, fíjese que resuelto ese incidente, ellos han hecho también reserva de apelación, qué significa eso que el que tiene que examinar eso, es el Tribunal de alzada sí que hay apelación”; vii) Respecto a la situación de vulnerabilidad, en el presente caso, la mayoría de los imputados vienen desde Puerto Suárez y Carmen Rivero Torrez; es decir, de la Chiquitanía; así mismo, aclaró que varias personas corresponden a la tercera edad y, considerando lo anterior, varias audiencias fueron suspendidas en previsibilidad a la protección de los derechos que tienen las personas adultas mayores; consecuentemente, no hubo vulneración alguna de derechos, ya que se actuó conforme a procedimiento y resguardando los derechos de todos; y, viii) Por lo manifestado ut supra y de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, no corresponde conceder la tutela porque no procede por procesamiento indebido en la forma y como fue planteada la acción tutelar. Susana Zabala Dávila, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, en audiencia de consideración de acción de libertad, de manera verbal informó que: a) Dentro de los argumentos vertidos por el ahora accionante, no se escuchó a qué tipo de acción de libertad se refería si fue reparadora, innovativa o traslativa; simplemente manifestó que se vulneró su derecho a la defensa; b) No se debería ingresar al fondo, por cuanto hubo una reserva de apelación, que deberá ser resuelta por un Tribunal de alzada; y, c) Si el ahora peticionante de tutela considera que se transgredió alguno de sus derechos, puede interponer una acción de amparo constitucional, ya que la presente acción de libertad, no está vinculada a su “vida personal” ni está en peligro su vida.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., denegó la tutela solicitada con base a los siguientes argumentos: 1) La línea jurisprudencial referida a la activación de la acción de libertad ante un procesamiento indebido, fue modulada, por tanto, continúa en vigencia la SCP 0817/2018-S1 que ratificó el entendimiento glosado en las SSCC 0619/2005 y 1865/2004 de 1 de diciembre, que señalaron, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante recurso de acción de “Habeas Corpus” -hoy acción de libertad-, cuando se denuncie procesamiento ilegal o indebido, deben presentarse de manera concurrente los siguientes presupuestos: el acto lesivo comprendido, como actos ilegales, omisiones indebidas o amenazas por parte de la autoridad pública denunciada pero estás deben estar vinculadas con la libertad por operar causa directa para su restricción o supresión; en segundo lugar, debe existir absoluto estado de indefensión, lo que quiere decir, que el accionante no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o de la privación de libertad; 2) Verificados los actuados procesales, se evidencia que en ningún momento del juicio, el derecho a la libertad del ahora accionante fue coartado; es decir, que nunca estuvo con detención preventiva, lo que permite evidenciar que no existió esa vinculatoriedad con el derecho a la libertad del hoy impetrante de tutela; por otra parte, ante algún acto ilegal, el Código de Procedimiento Penal señala que las partes procesales podrán reservarse el derecho a recurrir una vez pronunciada la Sentencia cuando exista agravio; si bien es cierto que el acta no se “encuentra” pero, las partes procesales fueron leales al señalar que existe la reserva de apelación efectuada por el abogado de la parte hoy accionante;

motivo por el cual, a su criterio, dicho reclamo no corresponde ser atendido en la vía constitucional; 3) El peticionante de tutela, para reclamar está y todas las irregularidades al debido proceso y no vinculadas a la libertad, tiene los medios y los recursos previstos en el Código de Procedimiento Penal, que es la vía ordinaria y una vez agotada ésta, deberá acudir a la vía constitucional; 4) En el caso de autos, se activó la vía ordinaria en virtud a la reserva de apelación; amén de lo que vaya a platear la defensa del imputado, una vez analizada la Sentencia, en la lectura que vaya a realizar el Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz; y, 5) En virtud a lo glosado en la SCP 936/2021-S3 de 18 noviembre, referido a los elementos para activar la acción de libertad ante un procesamiento ilegal o indebido, se tiene que el presente caso no existiendo transgresión al debido proceso que esté vinculado al derecho a la libertad, corresponde denegar la tutela requerida por el peticionante de tutela.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene lo siguiente: II.1. Por acta de audiencia de consideración de la presente acción de libertad, por la que se conoce que el Ananías Días Da Silva -hoy accionante-, a través de su abogado expresó “…nosotros lo único que estamos pidiendo en esta acción de libertad es que se nos permita producir una prueba que está legalmente ofrecida y que ha sido válidamente solicitada al Tribunal de Sentencia para que el Tribunal pueda, valorar conjuntamente con el resto de las pruebas, y en base a eso pueda dictar una sentencia que sea diferente a la sentencia que ha dictado lastimosamente hoy día, sin valorar esta prueba…” (fs. 16 a 19). II.2. De la Resolución 13/2022 de 15 de julio, emitida por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz, se advierte que dentro de las consideraciones previas a pronunciar su fallo, expresó que: “…si revisamos los actuados procesales no se evidencia, que dentro desarrollo del juicio oral él nunca estuvo con una detención preventiva más atrás existiría, si existió o no mandamiento detención en su contra, no lo puedo ver, puesto que en este acto estamos viendo que si en el acto lesivo que el manifiesta hubo esa violentación al derecho a la libertad…” [sic. (fs. 19 vta. a 21 vta.)]

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, las autoridades hoy demandadas no le permitieron producir prueba de descargo -inspección judicial de predios- en etapa de juicio, no obstante haber presentado la misma conforme a derecho.

III.1. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad

La SCP 0606/2023-S4 de 12 de julio, citando a su vez a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refiriéndose al debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad, sostuvo lo siguiente: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, sostuvo que: “Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras”.

En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, indicó que: “Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado a su derecho a la libertad; toda vez que, las autoridades hoy demandadas no le permitieron producir prueba de descargo -inspección judicial de predios- en etapa de juicio, no obstante haber presentado la misma conforme a derecho; sin que, a su criterio, los recursos ordinarios sean idóneos y efectivos para restituir derechos.

Así, de los únicos antecedentes que ilustran la presente acción de libertad, se advierte que el hoy impetrante de tutela, en audiencia de consideración de la presente acción de libertad, mediante su abogado patrocinante expresó lo siguiente: “…nosotros lo único que estamos pidiendo en esta acción de libertad es que se nos permita producir una prueba que está legalmente ofrecida y que ha sido válidamente solicitada al Tribunal de Sentencia para que el Tribunal pueda, valorar conjuntamente con el resto de las pruebas, y en base a eso pueda dictar una sentencia que sea diferente a la sentencia que ha dictado lastimosamente hoy día, sin valorar esta prueba…” [sic. (Conclusión II.1)]. Por otra parte, de la aseveración efectuada por el Juez de garantías en la parte considerativa de la Resolución 13/2022 de 15 de julio, se conoce que dentro de las consideraciones previas a pronunciar su fallo, expresó que: “…si revisamos los actuados procesales no se evidencia, que dentro desarrollo del juicio oral él nunca estuvo con una detención preventiva más atrás existiría, si existió o no mandamiento detención en su contra, no lo puedo ver, puesto que en este acto estamos viendo que si en el acto lesivo que el manifiesta hubo esa violentación al derecho a la libertad…” [sic. (Conclusión II.2)]. En ese marco, corresponde señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la protección otorgada vía acción de libertad con relación al debido proceso, no abarca a todas las formas en que éste puede ser infringido; sino, solamente aquellos supuestos vinculados directamente con el derecho a la libertad física y de locomoción por operar como la causa directa para su restricción; en tal sentido, se debe señalar que para que el debido proceso pueda ser tutelado vía acción de libertad, necesariamente deben concurrir dos presupuestos: i) Que el supuesto acto lesivo esté directamente vinculado con la libertad, siendo la causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Quienes pretenden activar la acción de libertad en relación al debido proceso, se encuentren en un absoluto estado de indefensión, al no haber tenido la oportunidad de impugnar los supuestos actos que lesionan sus derechos. Presupuestos que no concurren en el presente caso, advirtiéndose que la presunta lesión a derechos fundamentales denunciada a través de esta acción tutelar, traducida en la negación de la producción de prueba en etapa de juicio, concretamente en la inspección judicial de predios; es un extremo que no se encuentra vinculado de modo alguno con el derecho a la libertad personal o de locomoción del accionante; al no constituir la causa de la restricción o supresión de su derecho a la libertad, sino además se encontraría gozando de su derecho a la libertad sin medida de restricción legal alguna, dado que el Juez de garantías, verificó los antecedentes del proceso penal y advirtió que durante la etapa de juicio oral, el ahora peticionante de tutela no estuvo detenido preventivamente. Asimismo; se tiene que, el ahora solicitante de tutela ejerció plenamente su derecho a la defensa, prueba de ello fue lo expresado por las autoridades hoy demandadas; quienes señalaron que, durante casi todo el proceso, el ahora accionante tuvo la asistencia profesional de dos abogados; y, que ante la negativa de producción de prueba en etapa de juicio, hicieron reserva del recurso de apelación pertinente. En ese orden de ideas y al no existir la concurrencia de los presupuestos de activación para que se revise los supuestos actos lesivos que vulneran el debido proceso vía acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; pudiendo la parte accionante, en caso de persistir las lesiones ahora alegadas, recurrir a la acción de amparo constitucional previo cumplimiento de los requisitos de procedibilidad establecidos al efecto. Consiguientemente, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros argumentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 13/2022 de 15 de julio, cursante de fs. 19 vta. a 21 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0623_2024-S4.pdf · páginas 1 a 12.

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