Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, “respuesta pronta”, al debido proceso, y al principio de celeridad; toda vez que, presentó solicitud de cesación a su detención preventiva pero la misma no fue determinada. En consecuencia, pidió se fije día y hora de audiencia y se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ahora demandado, por la dilación indebida en fijar la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la modalidad innovativa al haber cesado los efectos; y, 2° DENEGAR la misma en cuanto a Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, así como a los derechos a la dignidad, “respuesta pronta”, al debido proceso, al principio de celeridad y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0623/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47101-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 33/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Basilio Octavio Relova Quispe contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez y Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 18 de abril de 2022, cursante a fs. 1 y 12 a 15 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Señaló que: “…ha sido sometida audiencia de aplicación de medidas cautelares de carácter personal por el plazo de 6 meses…” (sic) y luego ampliadas por veinte días más. Las medidas cautelares fueron ampliadas mediante Auto Interlocutorio 172/2022 de 14 de marzo; por lo que, solicitó la cesación a su detención preventiva conforme al art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) en el plazo de cuarenta y ocho horas. Sin embargo, la autoridad demandada no dio a lugar a la citada cesación y emitió el decreto de 13 de abril de 2022 señalando: “A lo principal: No ha lugar a lo solicitado, estese al decreto de fecha 8 de abril de 2022…” (sic), el cual rechazó, a pesar de que existiría requerimiento conclusivo de acusación y no sería la autoridad competente para llevar a cabo una solicitud vinculada a los derechos a la libertad y de locomoción.
Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad, a la libertad, “respuesta pronta”, al debido proceso, y al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene que: a) En el plazo de veinticuatro horas se señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; y, b) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó los argumentos contenidos en la demanda tutelar y añadió que: 1) Se encontraría privado de libertad desde el 17 de agosto de 2021, mediante Auto Interlocutorio 219/2021 emitido por la autoridad ahora demandada, disponiendo la detención preventiva por el plazo de seis meses, posterior a este acto procesal, se habría “ampliado” el mismo mediante Auto Interlocutorio 172/2022 de 14 de marzo, por veinte días más; 2) Solicitó la cesación a su detención preventiva el 12 de abril de 2022, conforme a los arts. 239.1 y 2 y 250 del CPP, pero no se señaló audiencia respectiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que exige la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, bajo el argumento que la presente causa ya contaría con el pliego de acusación formal lo cual impediría al Juez demandado conocer esta solicitud, lo cual genera una dilación indebida en cuanto a una petición de cesación a la detención preventiva; 3) Los secretarios conforme a las modalidades establecidas en el art. 56.1 y 3 del CPP modificado por la Ley 1173, estarían facultados en providenciar las solicitudes de mero trámite, establecido en la jurisprudencia constitucional -SCP 0948/2019-S4 de 15 de noviembre- vinculante por el art. 203 de la CPE, así como a la actuación del secretario en señalamientos de audiencia de cesación a la detención preventiva; 4) Sin embargo, el Secretario demandado incumplió esta normativa señalada en cuanto al vencimiento y cumplimiento, ya que no existía el acta de suspensión de audiencia de situación jurídica; 5) A la responsabilidad del Juez demandado, supuestamente se habría remitido ante el Tribunal de Sentencia Anticorrupción de turno del departamento de La Paz, aspectos totalmente falsos; 6) La causa ha sido devuelta en horas de la mañana en razón a observaciones realizadas por parte del Tribunal; 7) Se presentó precedentes vinculantes respecto a la competencia del juez de instrucción penal y a la facultad que tenía para resolver una solicitud de cesación a la detención preventiva, lo cual desconocía la autoridad demandada; 8) Existiría negligencia al no haber remitido la causa ante la autoridad competente desde el 8 de abril de 2022 hasta la presentación de esta acción de defensa, lo cual demostraría dilación del proceso; y, 9) En atención a los aspectos documentados, remítanse antecedentes al Consejo de la Magistratura a objeto de determinar la responsabilidad disciplinaria de los demandados; por lo que, solicitó se conceda la tutela.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, pese a su legal citación, cursante a fs. 19, no asistió a la audiencia ni presentó su informe alguno. Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe conforme al acta de audiencia fs. 24; por el cual, señaló que el 13 de abril de 2022 se encontraba en comisión para realizar actos procesales, conforme a la papeleta de licencia de esa data.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 33/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 25 a 26 vta., denegó la tutela impetrada, decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: i) El Juez demandado habría remitido el cuaderno de control jurisdiccional; ii) El Secretario demandado en la presente acción tutelar se encontraba en comisión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; por lo que el Juzgado se encontraría con secretario en suplencia legal; iii) Por Auto de 19 de igual mes y año, se señaló audiencia para el 21 del mismo mes y año; y, iv) No se evidenció amenaza o vulneración de derechos conforme los requisitos de procedencia para activar esta acción de defensa.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 172/2022 de 14 de marzo; por el cual, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, -ahora demandado- determinó rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva de Basilio Octavio Relova Quispe -hoy accionante- y la amplió por el lapso de veinte días, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño y adolescente, tomando en cuenta que la etapa preparatoria habría terminado (fs. 7 a 11).
II.2. Por decreto de 24 de marzo de 2022, la autoridad hoy demandada dio por presente el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal 08/2022 -no indica fecha- presentado por el Ministerio Público y ordenó que por Secretaría se proceda al sorteo de la causa y remisión al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de turno del citado departamento (fs. 2). II.3. Mediante memorial de 7 de abril de 2022, el impetrante de tutela solicitó anticipo jurisdiccional de prueba en cámara Gesell, mereciendo el decreto de 8 de igual mes y año, que determinó “A lo principal, no ha lugar a los solicitado, estese a decreto de 24 de marzo de 2022, a la vez, se le conmina a auxiliatura a cumplir con dicho decreto” (sic [fs. 3 a 4]). II.4. Por escrito del 12 de abril de 2022, el demandante de tutela solicitó se señale día y hora de consideración de cesación a la detención preventiva (fs. 5). II.5. A través de decreto de 13 de abril de 2022, suscrito por el Juez demandado señaló: “A lo principal: no ha lugar a lo solicitado, estese al decreto de fecha 08 de abril de 2022” (sic [fs. 6]). II.6. Cursa Auto de 19 de abril de 2022, donde la autoridad jurisdiccional demandada corrigió procedimiento conforme al art. 168 del CPP y señaló audiencia de cesación e incidente de actividad procesal defectuosa para el 21 del mismo mes y año (fs. 22).
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la libertad, “respuesta pronta”, al debido proceso, y al principio de celeridad; toda vez que, presentó solicitud de cesación a su detención preventiva pero la misma no fue determinada. En consecuencia, pidió se fije día y hora de audiencia y se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE…. (…) En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 0025/2015-S2 de 16 de enero, expuso que: “…cuando exista privación de libertad y dilaciones innecesarias, que desencadenen en mora procesal, que impida el normal desarrollo del proceso, es posible activar la vía constitucional, mediante acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la única condición que dicha demora tenga repercusión directa con el derecho a la libertad del encausado, misma que no está exclusivamente reservada para una etapa determinada del proceso, sino más bien, a todo el desarrollo del mismo, pudiendo activarse en la etapa preliminar, preparatoria, juicio, recursos y ejecución” (el resaltado nos corresponde).
La jurisprudencia constitucional se manifiesta sobre la acción de libertad innovativa entre otras a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, en la cual se indicó, en lo pertinente que: “…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (...)
De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades” (las negrillas son nuestras).
Sobre el razonamiento antecedido y haciendo referencia a la citada Sentencia, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, refirió que: “Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido” (énfasis añadido).
De lo que, se colige que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, aun cuando estos hayan cesado, es la acción de libertad innovativa, que tiene como propósito evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares, ya sea por funcionarios públicos y/o personas particulares.
La SCP 0027/2018-S4 de 7 de marzo, señaló que: “En caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral, dentro de las acciones tutelares, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó lo siguiente: '…en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados, el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido'. El mismo entendimiento asumió la jurisprudencia contenida en la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, al expresar que: '…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley'. Al respecto la SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre, haciendo una síntesis del entendimiento constitucional sobre la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados, ha expresado que: '…la incomparecencia voluntaria de la autoridad demandada y la ausencia de su informe, no obstante su citación para el efecto, el Tribunal Constitucional en su SC 0038/2011-R de 7 de febrero, se ha pronunciado respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados, expresando: «Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos»´. Partiendo del marco jurisprudencial referido, y de lo señalado por el art. 35.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), una vez notificada la autoridad jurisdiccional demandada, ésta podrá contestar a la acción de defensa o informar antes o durante la audiencia pública, por lo tanto, ante la omisión de prestar el correspondiente informe, ya sea escrito u oral en audiencia de la acción tutelar, no desvirtúa ni niega los extremos denunciados, entonces corresponderá dar por probados los extremos denunciados por la parte accionante, al presumirse la veracidad de los mismos” ( énfasis añadido).
El accionante denunció que la autoridad y funcionario judicial demandados no fijaron audiencia de cesación a la detención preventiva, a pesar de haber sido solicitada, lo que vulneró sus derechos a la dignidad, a la libertad, “respuesta pronta”, al debido proceso y a los principios que rigen la administración de justicia.
Mediante Auto Interlocutorio 219/2021 de 17 de agosto, se dispuso su detención preventiva por el plazo de seis meses. Posteriormente se amplió a través de Auto Interlocutorio 172/2022 de 14 de marzo, por veinte días (Conclusión II.1). Por lo expuesto, solicitó la cesación a su detención preventiva el 12 de abril de 2022 ante la autoridad ahora demandada conforme a los arts. 239.1 y 2 y 250 del CPP (Conclusión II.4), pero no se señaló audiencia respectiva dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que exige la Ley 1173, bajo el argumento que la presente causa ya contaría con el requerimiento de acusación formal (Conclusión II.2) lo cual impediría al Juez demandado conocer esta petición lo cual generaba una dilación indebida en cuanto a una solicitud de cesación a la detención preventiva.
El hecho lesivo denunciado se centra en la demora en fijar la audiencia de cesación de la detención preventiva. Conforme a los antecedentes la misma fue solicitada el 12 de abril de 2022 (Conclusión II.4). Sin embargo, fue concedida recién el 19 del mismo mes y año; vale decir, un día después de interpuesta la presente acción tutelar (Conclusión II.6). Lo cual probaría una dilación indebida por parte del Juez demandado. En particular, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuó un análisis respecto a la acción de libertad traslativa y realizó el siguiente entendimiento: “…no sería necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia…”; así que se entendería que un acto dilatorio tendría vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongar por sí misma la privación de libertad de una persona, como acontece en el presente caso. Sin embargo, a la fecha de la audiencia se habría reparado la lesión al derecho a la libertad, tal como se puede evidenciar del Auto de 19 de abril de 2022, que fija la audiencia de cesación a la detención preventiva, recopilado del cuaderno de control jurisdiccional (Conclusión II.6). En este sentido, corresponde aplicar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, puesto que la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, manifestó sobre la acción de libertad innovativa, indicando que es el mecanismo procesal por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y en la sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional. Este entendimiento ha sido seguido por varias sentencias constitucionales plurinacionales, y tiene como propósito evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares, ya sea por funcionarios públicos y/o de personas particulares. Por lo que corresponde conceder la tutela a pesar de que los efectos hubieran cesado.
El Secretario demandado adjuntó prueba de que se encontraba con permiso el 13 de abril de 2022, aspecto que no fue refutado por el ahora solicitante de tutela. En cuanto al Juez demandado, no presentó ningún informe que demuestre la acción o diligencia del mismo en corregir la demora indebida en fijar la audiencia; por lo que, en aplicación de la SCP 0027/2018-S4, en caso de omisión de parte de las autoridades demandadas de presentar su informe, ya sea escrito u oral dentro de las acciones tutelares, complementado por la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, determinó que a la acción de libertad, debe ser concedida. Además, que la autoridad jurisdiccional -juez- le compete ejercer su función de dirección sobre su personal de apoyo, y en consecuencia, asumir conocimiento de todos los actos que se generan en el despacho a su cargo. En cuanto al Secretario demandado, dicho servidor de apoyo jurisdiccional acreditó que no estuvo presente y con permiso el 13 de abril de 2022 debido a uno anterior que le fue otorgado, no corresponde asignarle responsabilidad puesto que el extinto Tribunal Constitucional conforme a la SC 0827/2010-R de 10 de agosto, sostuvo que para la procedencia de la acción de libertad es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales. De lo relacionado, se concluye que para la concesión de la tutela dentro de una acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad o particular que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad; por lo cual, corresponde denegar la tutela respecto al Secretario demandado. De tal manera, respecto a la negligencia denunciada por la falta de diligencia del Juez demandado en el cumplimiento de sus labores, se le atribuye responsabilidad por no cumplir con sus funciones y obligaciones, y cumplir con lo dispuesto en los arts. 239.1 y 2 y 250 del CPP. En cuanto a los derechos a la dignidad, “respuesta pronta”, al debido proceso, y al principio de celeridad, el impetrante de tutela no justificó o sustentó como la retardación o la dilación lesionó estos derechos. Finalmente, en cuanto a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura no corresponde al ser excusable. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 25 a 26 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ahora demandado, por la dilación indebida en fijar la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la modalidad innovativa al haber cesado los efectos; y, 2° DENEGAR la misma en cuanto a Milko Steel Ayllón Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, así como a los derechos a la dignidad, “respuesta pronta”, al debido proceso, al principio de celeridad y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0623_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6673ccb627068e53ad8705071dcd523be4ba37b8065d24a7b3163b850cb990cb
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →