B.IA.LEGAL

SCP 0623/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
45837-2022-92-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 28 de enero, cursante de fs. 356 a 359 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital de departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y valoración de la prueba, consiguientemente:

a) Se deja sin efecto el “Requerimiento” -lo correcto es Resolución- Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, disponiéndose que la Fiscal de Materia a cargo del caso, emita en el plazo de tres días de notificada el presente fallo constitucional, una nueva resolución en base a los fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

b) Se deja sin efecto el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 17 de enero de 2022, emitido por la Fiscal de Materia, debiendo conforme lo estipula la normativa legal vigente de manera diligente y acorde a los estándares internacionales e internos descritos en este fallo constitucional emitir una nueva, efectuando una ponderación y aplicación efectiva de los arts. 309 y 310 incs. f) y k) del Código Penal, en base a los argumentos y fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación; y, a la libertad, conforme a los fundamentos descritos en este fallo constitucional. 4° Exhortar al Ministerio Público como encargado de la dirección de la investigación de actuar con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género. 5° Notificar a la Fiscalía General del Estado como autoridad jerárquica superior del Ministerio Público, para que el mismo a su vez haga llegar una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria de todo el País. 6° Notificar al Tribunal Supremo de Justicia, para que a su vez haga llegar una copia de este fallo constitucional a los Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales y Jueces de todo el País.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0623/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45837-2022-92-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 02/2022 de 28 de enero, cursante de fs. 356 a 359 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ferrer Ayala Rocabado en representación sin mandato de Noelia Abril Miranda Serrano, contra Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de enero de 2022, cursante de fs. 337 a 348 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de su persona contra “Alejandro Rolando Maldonado” -siendo lo correcto Giovani Alberto Pérez Ávila- (denunciado), por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y estupro, que fueron demostrados a través de estudios psicológicos, pues existió una perturbación psicológica, no solo por la seducción a la que fue sometida por el sindicado desde sus dieciséis años, sino también por los actos secuenciales de manipulación con el fin de sostener relaciones sexuales, violentando con dicho actuar los límites de permisibilidad. Con dichas documentales que demostraron la comisión de los delitos denunciados, lamentablemente la Fiscal de Materia -ahora demandada- emitió una caótica Resolución de rechazo, señalando que: “…no se tiene los suficientes elementos conducentes a fundar una imputación formal en contra del sindicado Giovani Alberto Pérez Ávila, Maxime que no fue posible la obtención de mayores elementos de prueba como para establecer el grado de participación del mismo, aspecto que amerita la emisión de la presente resolución fundamentada” (sic), pues en todo el contenido de dicha resolución, no menciona a los informes psicológicos en los que se individualizó la participación del denunciado, y de forma infundada determina la inexistencia del hecho, restando validez a las pruebas, y en su lugar resuelve un salida alternativa de procedimiento abreviado por el delito de estupro, omitiendo todos los conceptos básicos de interpretación legal con la que se le debió otorgar protección frente a su agresor; asimismo, omitió sus funciones y no valoró las pruebas que fueron presentadas para identificar al autor de los hechos, además que su sola declaración como víctima debía ser valorado para su credibilidad, para que la autoridad fiscal realice la investigación, aspectos que no fueron realizados por la misma, siendo irracional su determinación al señalar que “NO FUE POSIBLE LA OBTENCION DE MAYORES ELEMENTOS” (sic), quebrantando el principio rector de la debida diligencia en hechos y delitos de violencia contra las mujeres.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 14.III; 23.I; 125; y, 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1; y, 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga la nulidad del “Requerimiento” -lo correcto es Resolución- Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, debiendo emitirse una nueva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 28 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 353 a 355 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó en el contenido in extenso de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia, no presentó informe escrito ni se hizo presente a la audiencia de garantías pese a su legal notificación cursante a fs. 352.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital de departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 02/2022 de 28 de enero, cursante de fs. 356 a 359 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Se presentó al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, la Resolución Fundamentada de Rechazo de la denuncia de violencia familiar o doméstica, en la que el Ministerio Público señaló que los elementos aportados son insuficientes para fundar una acusación; b) Existen elementos indiciarios de que la víctima sufriría hechos de violencia familiar o doméstica, que no han sido considerados por la Fiscal de Materia a momento de emitir su Resolución de rechazo, existiendo además el informe de la investigadora asignada al caso, en la cual estableció que Giovani Pérez Ávila es con probabilidad autor del ilícito, y que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará, señalan que las víctimas de violencia deben tener una atención prioritaria respecto a sus derechos con la debida diligencia; y, c) Pese a existir indicios de la comisión del delito, no se debe perder de vista lo señalado por la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, en la que se establece que la accionante tiene la vía ordinaria para poder hacer valer sus derechos que alega como vulnerados, impugnando el rechazo ante el superior jerárquico, operando la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, por lo que no se puede ingresar al fondo de estudio de la denuncia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Informe Psicológico realizado a Noelia Abril Miranda Serrano -ahora accionante- el 4, 9, 12, 20, 23 y 25 de febrero; y, 2, 4, 6, 15 y 20 de marzo, todos de 2021, por parte del Psicólogo Huascar Alejandro Freddy Cadima Castellón, por la cual, en sus puntos de Conclusiones y Recomendaciones, determina que:

IV. CONCLUSIONES

A partir de los datos obtenidos tenemos las siguientes consideraciones psicológicas legales:

1. Que a partir de las entrevistas se identificó una falta de comunicación con los padres lo que generó que la evaluada no tenga mucha confianza para poder sostener conversaciones acerca de sus problemas con sus padres, se identifica factor de crianza como un factor predisponente muy leve con relación al cuadro psicopatológico hallado. 2. Se establecen como eventos que generaron una declive psicológico en la evaluada Noelia Miranda Serrano el embarazo a temprana edad, el asesinato de su hermana Alina y la violencia psicológica, física y sexual ejercida por el señor Giovani Alberto Perez Avila. 3. Se pudo determinar que la evaluada a momento de tener relaciones sexuales con el señor Giovani Perez Avila no tenía experiencia sexual alguna, además que la misma era menor de edad, motivo por el cual el tener una experiencia sexual sin protección con una menor de edad ya constituye una violencia sexual, puesto que se expone a una persona con nulo conocimiento de la sexualidad a actos de los cuales no entendía sin la protección debida siendo incluso propenso a contraer enfermedades de transmisión sexual.

4. Establecer que el embarazo a temprana edad genero una marcada diferencia psico bio social que ya la ponía en población vulnerable, motivo por el cual la misma debía haber sido cuidada en esta etapa delicada de su vida, sin embargo el señor Giovani Perez Avila ejercia violencia psicológica en contra de la evaluada al portarse indiferente con la misma pese a ser mayor de edad, a no solventar todos los gastos de una mujer gestante y principalmente a los ataques de autoestima refiriéndose despectivamente al cambio que sufrió su cuerpo, como ser que esta gorda, desfigurada, y que no le servía puesto que ya nació su hijo, relatos que se tiene en el curso de las entrevistas.

5. Del curso de las entrevistas también se puede establecer que la misma sufrió agresiones físicas del señor Giovani Perez Avila, como ser golpes en la cara de mareado, intimidación y jaloneo en frente de sus compañeros de facultad y golpes al interior de un automóvil recientemente, situación que constituye violencia física. 6. Además se tiene que el señor Giovani Perez Avila tiene un comportamiento controlador con respecto a la evaluada, puesto que según el relato de la misma siempre le acecha tanto en su domicilio, con su movilidad, como en su facultad y la amenaza de intervenir sus conversaciones vía celular o redes sociales, siendo que el mismo siempre tendía a quitar el teléfono celular de la misma a efectos de revisar sus conversaciones, estos actos también se consideran violencia psicológica. 7. Indicar que la misma sufrió un evento traumático muy importante, que fue el asesinato de su hermana Alina, evento que dejo secuelas emocionales en la misma por la brutalidad del evento sufrido, puesto que su hermana fue asesinada por su ex pareja y enterrada en una maleta en la locación conocida como arenales de Cochiraya de la ciudad de Oruro. Este evento traumático fue utilizado para manipular a la evaluada mediante amenazas que el señor Giovani Perez Avila le haría lo mismo, situación que la ponía en mucha vulnerabilidad ya que había vivenciado una experiencia y tenía que re experimentar todas estas experiencias con quien era el padre de su hijo, indicar que, según el relato de la víctima el señor Giovani Perez Avila obligaba a tener relaciones sexuales sin consentimiento con la evaluada Noelia Miranda Serrano bajo amenaza, siendo que si no accedía sería asesinada igual que su hermana Alina y que desaparecería con su hijo, uno de estas escenas sucedió el mismo día del entierro de su hermana Alina, situación que es una grave violencia sexual que vivió la ahora evaluada. 8. Establecer que por el nivel de manipulación que ejercía el señor Giovani Perez Avila sobre la evaluada Noelia Miranda Serrano, la misma estaba cohibida de obtener ayuda de sus padres, por el miedo generado por el padre de sus hijos. 9. Todos estos testimonios, fueron sometidos técnicas para determinar la credibilidad del testimonio, siendo el resultado como probablemente credible. 10. Todos estos eventos sufridos por la evaluada han generado en la misma un cuadro de TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO 309. 81 (F43.10) diagnóstico determinado a partir de los datos obtenidos por las técnicas e instrumentos utilizados.

11. Por tanto, en base a estas determinaciones se tiene elementos diagnósticos sufrientes de que se ha producido un daño psicológico evidente en la persona de NOELIA ABRIL MIRANA SERRANO a causa de la agresión física, psicológica, sexual sufrida por quien es el padre de su hijo GIOVANI ALBERTO PEREZ AVILA, motivo por el cual se hace coherente asistir a las vías llamadas por ley para restituir sus derechos, puesto que se han vulnerado sus derechos a la integridad psicológica, física y sexual, agravios que además han perjudicado su libre desarrollo de la personalidad.

RECOMENDACIONES:

a) Se recomienda a la señorita Noelia Abril Miranda Serrano seguir una Terapia de 15 sesiones para el tratamiento psicológico de su padecimiento. b) Se recomienda remitir el conocimiento de los hechos a dependencias del Ministerio Público o/y instancias legales correspondientes para poder determinar la probable comisión del delito de violación, violencia psicológica y violencia física. c) Una vez llevado a cabo el curso de la investigación, en base a los antecedentes, se recomienda evitar todo tipo de victimización secundaria a Noelia Abril Miranda Serrano, esto en razón de evitar que emita declaraciones en sede policial, sugiriendo que la misma solo se haga en instancia de Juicio Oral, solicitando por este extremo máxima colaboración de manera que la ahora evaluada tenga que evitar en lo más posible tener que estar expuesta a las instituciones de investigación como judiciales. d) Se recomienda que, por los datos expuestos de índole completamente privado, se declare la reserva y privacidad del caso, a efectos que solo las partes involucradas puedan tener acceso al proceso (sic [fs. 24 a 110]). II.2. Cursa Formulario de Denuncia de 1 de octubre de 2021, en la cual Noelia Abril Miranda Serrano -ahora accionante-, presentó ante el Ministerio Público, denuncia contra Giovani Alberto Pérez Ávila por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y estupro (fs. 136 a 138). II.3. Mediante memorial de 1 de octubre de 2021, la impetrante de tutela presentó ante el Ministerio Público querella contra Giovani Alberto Pérez Ávila, por la supuesta comisión de los delitos de estupro y violencia familiar o doméstica, solicitando a la autoridad fiscal que:

Por todo lo expuesto, que a su turno será demostrado en la investigación, solicito se sirva poner a conocimiento del sindicado la presente formalización de querella dentro de la Etapa Preparatoria en Sub Fase de Investigación Preliminar citándolo para que comparezca a presentar su declaración informativa; así como informar de su inicio al Juez de Instrucción Cautelar de turno de la ciudad, a los efectos del control jurisdiccional (sic [fs. 12 a 22]). II.4. Se tiene Informe Psicológico INF. PSIC. 0630/2021 de 23 de noviembre, expedido por Mireya Luna Quispe, Psicóloga Forense de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) de la Fiscalía Departamental de Oruro, realizado a la peticionante de tutela; en la cual, entre sus Conclusiones y Recomendaciones señala que:

IX. Conclusiones.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados como a la entrevista realizada se arriban a las siguientes conclusiones:

1. En cuanto a la evaluación psicológica actual del estado cognitivo, conductual y emocional con relación al hecho denunciado, informar que la evaluada presenta sentimiento de inferioridad e inadecuación en especial cuando se compara con sus semejantes, así también refleja suspicacia, susceptibilidad, desconfianza; manifiesta una respuesta persistente de miedo a personas, lugares, objetos o situaciones específicas que es desproporcionada en relación con el estímulo que la provoca, en cuanto a su autoconcepto físico correlaciona negativamente con desagrado por su cuerpo, es decir la percepción que tiene de sí misma, con el absentismo. La evaluada quien reconoce que a causa de sus problemas presenta un alto nivel de inadaptación en el área académico indicó poca motivación en el mismo, a nivel social ha visto el alejamiento de sus amistades, en su tiempo libre lo dedica a la resolución de sus problemas y cuidado de su hijo; en cuanto a su vida familiar ha recibido apoyo de parte de su familia.

X. Recomendaciones

Se sugiere que la persona evaluada sea asistida a través de terapia psicológica en un servicio de asistencia pública o privada (sic [fs. 275 a 291]). II.5. Consta Informe Social CITE: TS/I.S. 486/2021 de 25 de noviembre, suscrito por la Sayda Espinoza Yupanqui, Trabajadora Social de la UPAVT de la Fiscalía Departamental de Oruro, respecto a la situación de la accionante; en la cual, refiere que:

V. Diagnóstico social

Realizada la evaluación social en el presente caso, conforma un tipo de familia extensa monoparental, dependiente económicamente. Ciclo vital en edad joven con hijo en edad de niñez y escolar, relación de pareja con diferencia de edad, madre adolescente (17 años) con antecedentes de engaño, abuso de superioridad sobre la víctima caracterizada tipológicamente víctima inocente, violencia emocional sistemática, escalada de violencia física y delito sexual a su propio deseo sexual. violencia de pareja presencia del ciclo violencia (fase III. Ausencia de la figura paterna y nula relación filial padre-hijo, rol asumido por la madre, roles y normas estereotipadas en razón del género como objeto y no como sujeto, ejercicio de poder patriarcal sobre la usuaria. Uso de la violencia emocional con amenazas como forma de controlar del comportamiento, alto riesgo por la violencia sistemática y la escalada de violencia. De la relación entre factores de riesgo y protección se predice un alto riesgo y vulnerabilidad familiar, de no recibir atención a las demandas se puede predecir abandono del proceso y retorno al ciclo de violencia. Como causa se tiene aislamiento social de la familia (madre-hijo).

IV. Recomendaciones.

Por todo lo anteriormente mencionado, la suscrita recomienda como protección a la víctima el seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección otorgadas en favor de la víctima, a través del SLIM – equipo interdisciplinario (trabajo social y psicológico) (sic [fs. 270 a 274]).

II.6. Mediante Informe Preliminar de 14 de diciembre de 2021, elaborado por Sonia Silvia Laura Cruz, Investigadora Asignado al Caso de la FELCV-Oruro, dirigido a Abel Orosco Quispe -Fiscal de Materia- se tiene:

CONCLUSIONES En ese antecedente me cabe informar a su autoridad señor fiscal de materia que de acuerdo a los antecedentes que cursa en el presente cuaderno de investigaciones. 1. La ahora denunciante, NOELIA ABRIL MIRANDA SERRANO, es la madre progenitora del menor victima AARON PRIETO PEREZ MIRANDA de 5 años de edad, documento adjunto dentro el cuaderno de investigaciones. 2. Los antecedentes descritos en los puntos anteriores, más propiamente (INFORME PSICOLOGICO FORENCE PARTICULAR por requerimiento de la defensa legal de Noelia abril miranda serrano que es solicitada por hechos d violencia sufridos por parte del padre de su hijo GIOVANNI PEREZ AVILA, emitido por el Lic. Huáscar Alejandro Freddy cadima Castellón, el proceso de evaluación se realizó en la ciudad de Cbba. Donde se encontraba la evaluada y el evaluador en la ciudad de Oruro mismo fue realizada por la plataforma de zoom vía virtual teniendo un total de 10 sesiones, que en conclusiones refiere que esos eventos sufridos por la evaluada han generado un cuadro de TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO.

3. NO SE CUENTA CON EL CERTIFICADO MEDICO LEGAL FORENCE. 4. LA VICTIMA NOELIA ABRIL MIRANDA SERRANO ACTUAMENTE DE 22 años de edad, refiere haber tenido relaciones sexuales en reiteradas oportunidades (sin consentimiento), con el ahora denunciado GIOVANNI PEREZ AVILA de 29 años de edad, empero y a pesar de ello, la diferencia de edad, hace que este extremo sea considerado como ilícito penal. YA QUE DE ESTE HECHO EXISTE PRODUCTO DEL MISMO EL NACIMIENTO DEL MENOR AARON PRIETO PEREZ AVILA ENFECHA 17 DE JULIO DEL 2016, donde se puedo evidenciar que en ese entonces la víctima tenía 17 años el año 2016 cuando dio a luz a su hijo.

DONDE NOS HACE PRESUMIR QUE GIOVANNI PEREZ AVILA ES CON PROBABILIDAD EL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO INVESTIGADO, POR LO QUE REMITO EL PRESENTE INFORME PARA QUE SU AUTORIDAD DE EL CURSO LEGAL CORRESPONDIENTE (sic [292 a 295]). II.7. Cursa memorial de 27 de diciembre de 2021, por el cual Giovani Alberto Pérez Ávila, solicitó al Ministerio Público salida alternativa de procedimiento abreviado, indicando que:

Es por ello señor Fiscal que a mérito a la solicitud precedente, existiendo atenuantes que se encuentran establecidas en los Art. 37, 38, 39 y 40 del Código Penal en vigencia y en amparo al Art. 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal es que impetro a su autoridad REQUIERA ANTE EL ORGANO JURISDICCIONAL LA SALIDA ALTERNATIVA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, por el tipo penal en grado de autor del delito de ESTUPRO previsto y sancionado en el Art. 309, con relación al Art. 20 (Autor) mambos del Código Penal, ASIMISMO DISPONGA LA APLICACIÓN DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PENA O SANCIONES ALTERNATIVAS DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 76 1.) CONCORDANTE AL ART. 79 DE LA LEY 348, ES DECIR PRESTACION DE TRABAJO COMUNITARIO (sic [fs. 302 a 303]).

II.8. Por Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 17 de enero de 2022, Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia -ahora demandada- atendiendo la solicitud del denunciado dentro el proceso penal, solicitó al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, lo siguiente:

POR TANTO

La suscrita Fiscal de Materia representante del Ministerio Público, en mérito a lo expuesto de conformidad a lo previsto en los Arts. 325. II, 326, 373 y 374, todos del Código de Procedimiento Penal: REQUIERE: Porque su autoridad se sirva aplicar la SALIDA ALTERNATIVA de PROCEDIMIENTO ABREVIADO en favor del imputado: GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, previa exposición fundamentada y de conformidad de las partes. Por lo que se sirva pronunciar SENTENCIA CONDENATORIA en contra del imputado GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, por ser autor y tener responsabilidad en la comisión del delito de ESTUPRO previsto y sancionado por el Art. 309 del Código Penal, conexo con el Art. 20 (Autoría) del Código Penal, consiguientemente, se le imponga la sanción de TRES (3) AÑOS, de Reclusión a cumplirse en el penal de “San Pedro” de la ciudad de Oruro (sic [fs. 320 a 328]). II.9. Consta “Requerimiento” -siendo lo correcto Resolución- Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, emitida por Katerin Oriett Rojas Rodríguez, Fiscal de Materia -ahora demandada-, por el cual determinó rechazar el proceso penal iniciado por la ahora impetrante de tutela en contra de Giovani Alberto Pérez Ávila, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, bajo los siguientes fundamentos:

VI.- FUNDAMENTO JURÍDICO.

ART. 272 BIS VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral del 1 al 4 del presente artículo incurrirá en una pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito.

1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. <<Art. 20 (AUTORÍA).- “…Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso…”>>

Art. 7 TIPOS DE VIOLENCIA de la LEY 348 3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.

En tal antecedente de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tiene que no se ha identificado a través de los actos investigativos que conduzcan a establecer la verdad histórica de los hechos, el grado de participación del sindicado GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA si bien es cierto que conforme la QUERELLA presentada en fecha 01 de octubre de 2021, presentado por la víctima se ha establecido un hecho de violencia familiar o doméstica contra de GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, lo que sin duda alguna establece la existencia del hecho, empero al presente la investigación no ha aportado elementos suficientes con relación al grado de participación del mismo, y la violencia psicológica de forma sistemática con precisión de tiempo modo y lugar, lo cual resulta importante determinar con el que se pueda sustentar los hechos denunciados. Bajo ese antecedente, finalizada la etapa investigativa preliminar no se tiene los suficientes elementos contundentes a fundar una imputación formal en contra del sindicado GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, máxime que no fue posible la obtención de mayores elementos de prueba como para establecer el grado de participación del mismo, aspecto que amerita la emisión de la presente resolución fundamentada.

VII. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO

Por taxativo imperio de lo establecido en el Art. 225 Constitucional, el “Ministerio Público” tiene la función primordial de promover la persecución penal en todos los delitos de acción pública, norma que se encuentra en concordia con lo establecido en el Art. 6 de la L.O.M.P., y que en su aplicación se rige por las disposiciones adjetivas contenidas en la Ley N° 1970; de lo que se desprende que en tratándose el presente de un proceso investigativo iniciado a raíz de una denuncia por presuntos delitos subsumidos en la inteligencia del Art. 70 del C.P.P., la persecución penal no puede cesar, sino en los casos expresamente previstos por la propia norma legal. Así, la interpretación del Art. 301 del precitado compilado Adjetivo Penal impone al representante de la sociedad la obligación de emitir un requerimiento fundamentado culminada la etapa preliminar, resultante del análisis de las actuaciones policiales y otros elementos de convicción recogidos, así expresado los antecedentes el suscrito representante del Ministerio Público conforme el artículo 72° del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo de 1999), que expresa que los fiscales en su investigación tomaran en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado formulando sus requerimientos conforme a éste criterio, norma que tiene concordancia con el Art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en base a las consideraciones indicadas resulta que no son suficientes para configurar la existencia de los presuntos delitos denunciados, por lo que el en aplicación del Art. 5 de la LOMP, el fiscal en el ejercicio de la acción penal pública, tomará en cuenta no sólo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad penal al imputado. Por su parte, el Art. 304 del Código de Procedimiento Penal establece que: El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá:

3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; Correspondiendo dar aplicabilidad entonces a la norma procesal señalada anteriormente y procurar el acceso a la justicia bajo forma procesal de rechazo de denuncia. Pues no otra cosa puede inferirse de la valoración objetiva de los antecedentes den cuaderno de investigaciones acumulados en la fase preliminar de investigación, mismas que conducen a sostener el requerimiento fundamentado bajo el criterio objetivo como Principio rector de las actuaciones del Fiscal Director de la Investigación.

POR TANTO

.- El suscrito representante del Ministerio Público en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley Art. 39 Núm. 11) de la Ley Org. Del Ministerio Público, Art. 304 Núm. 4 CPP., dispone el RECHAZO del proceso penal iniciado por el Ministerio Público a denuncia presentado por de NOELIA ABRIL MIRANDA SERRANO en contra de GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado por el Art. 272 Bis núm. 1 Código Penal con relación al art. 7 inc. 3 de la ley 348 en razón a que los elementos aportados son insuficientes para fundar una acusación (sic [fs. 330 a 336]).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso penal que sigue en contra de Giovani Alberto Pérez Ávila, por la presunta comisión de los delitos de estupro y violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia -ahora demandada- incurrió en las siguientes ilegalidades: 1) El 21 de enero de 2022, de manera infundada emitió el “Requerimiento” -siendo lo correcto Resolución- Fundamentada de Rechazo del delito de violencia familiar o doméstica, al indicar que no existen suficientes elementos para fundar una acusación; 2) No valoró todas las pruebas, en especial los informes psicológicos con las que se demostró la existencia de los hechos de violencia que sufrió por parte del denunciado; y, 3) No aplicó la debida diligencia, ni consideró su estado de vulnerabilidad, menos aplicó las directrices de las normas internacionales y jurisprudencia nacional e internacional en la que obliga al Estado procurar erradicar la violencia hacia mujeres, en las que establecen que la sola declaración de la víctima debe ser considerado como prueba de lo ocurrido de los hechos. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; ii) Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse ésta en prueba fundamental de los hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos; iii) El principio de informalismo en el trámite de la acción de libertad y la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro de su ámbito de protección; iv) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; v) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La descripción a las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, fue realizada en la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, misma que, en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas.

Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto -cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres.

Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:

La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.

Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.

Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos … (las negrillas y el subrayado son ilustrativas).

Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, permitió a la SCP 0017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: a) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas –entre otras– para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; b) Protección a las víctimas; c) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, d) Reparación integral a la víctima.

Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la citada Ley, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: 1) El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; 2) Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, 3) La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.

Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (resaltado corresponde a la fuente).

De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).

Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la 3“Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los mencionada Ley, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la Ley 348 respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la citada Ley al disponer que:

Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (las negrillas nos corresponden).

En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:

a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante. Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que:

Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano (el resaltado es añadido).

En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348.

Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:

…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia (las negrillas nos pertenecen). De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, se tiene que la misma contiene reflexiones constitucionales con un enfoque interseccional, que contribuyen en la tarea de reforzar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia conforme al bloque de constitucionalidad y la normativa nacional; lo cual, sin duda alguna, las sitúan dentro el ámbito de la doctrina del estándar más alto respecto a la protección de este grupo altamente vulnerable; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.

III.2. Las inconsistencias o contradicciones en la declaración de una víctima de delitos de violencia sexual, no pueden ser consideradas como mentiras, al constituirse ésta en prueba fundamental de los

hechos, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos El art. 119.I de la CPE, señala que: “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina” (las negrillas nos pertenecen).

Así mismo la Norma Suprema en su art. 120.I establece que: “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial…” (las negrillas son añadidas).

De igual manera, respecto al derecho que tiene la víctima de intervenir en un proceso penal, el art. 121.II de la Norma Suprema, refiere que: “La víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a ley, y tendrá derecho a ser oída antes de cada decisión judicial…” (las negrillas nos corresponden).

En ese marco constitucional, incumbe precisar que dentro el derecho penal como aplicación de última ratio, en la cual interviene todo el ius puniendi estatal a través del Ministerio Público para la sanción del ilícito penal, convergen intereses contrapuestos; es decir, por un lado la víctima, denunciante o querellante, incluido el Ministerio Público en delitos de orden público; y por otro lado, está el supuesto autor del delito, que por su condición de inculpado, todo el proceso penal en su contra debe estar rodeado de los principios y garantías constitucionales que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos frente a ese ius puniendi del Estado; empero, no se debe perder de vista los derechos de las víctimas que tienen igualdad en la participación penal, y con mucha mayor razón al tratarse de víctimas de violencia sexual; consecuentemente, su participación cobra mayor relevancia para la justicia ordinaria, instancia en la cual tiene la posibilidad de ser oída antes de una decisión por ejemplo, o de prestar su declaración informativa a efectos de su compulsa como medio probatorio dentro el proceso penal.

Ahora bien, respecto a los delitos de violencia cometidos en contra de las mujeres, dentro de un proceso penal, se debe tomar presente que para la presentación de las pruebas a producirse por parte de la víctima, debe tomarse en cuenta aspectos fundamentales descritos en la norma especializada al respecto, a lo cual los arts. 92 y 93 de la Ley 348, establece que: ARTÍCULO 92. (PRUEBA).

Se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción obtenidos, que puedan conducir al conocimiento de los hechos denunciados. La prueba será apreciada por la jueza o el juez, exponiendo los razonamientos en que se funda su valoración jurídica. ARTÍCULO 93. (MEDIOS ALTERNATIVOS). Para la presentación de la prueba, la mujer en situación de violencia podrá decidir si se acoge al procedimiento regular o a los medios optativos siguientes:

1. Prestar declaración o presentar pruebas por medios alternativos, sin que comparezca al juzgado.

2. Aportar pruebas en instancias judiciales sin verse obligada a encontrarse con el agresor (las negrillas nos corresponden).

En ese marco; tratándose de delitos de violencia sexual, en las que la víctima opte por realizar la declaración, esta debe ser valorada por los operadores de justicia -tribunales, jueces y fiscales- como una prueba fundamental de los hechos denunciados, declaración que debe ser tomada como cierta, pese a que en el fondo de dichas alegaciones puedan existir contradicciones o inconsistencias internas, las que no deben ser tasadas como si el hecho no hubiere existido o que la víctima hubiese mentido en la misma.

Así fue entendido en la jurisprudencia emitido por la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México al indicar:

En primer lugar, a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho (las negrillas nos corresponden).

Entendimiento, reiterado por dicha Corte, en el Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, la que determinó que las imprecisiones en la declaración de la víctima no significa que sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad, al señalar que:

150…al analizar dichas declaraciones se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar, por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente. La Corte, igualmente, ha tenido en cuenta que las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Por ello, la Corte ha advertido que las imprecisiones en declaraciones relacionadas a violencia sexual o la mención de algunos de los hechos alegados solamente en algunas de éstas no significa que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad (las negrillas son nuestras). En ese sentido, en el referido Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, sobre estas imprecisiones en la declaración de la víctima, indicó que:

104…la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori, imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas.

Determinaciones asumidas por este este Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio en su Fundamento Jurídico III.3, al establecer que:

…Dada la naturaleza de esta forma violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos… (las negrillas pertenecen al texto original).

Concluyendo que en delitos de violencia sexual no es un requisito sine quanon que la víctima presente pruebas documentales, para demostrar los hechos, siendo su declaración la prueba fundamental sobre la existencia del delito, la que debe ser valorada conforme a la naturaleza del hecho.

En ese entendido, adelantándose a los posibles actos de contradicciones o inconsistencias en las que pudiese incurrir la víctima de violencia sexual en su declaración, a causa del trauma causado por dicho vejamen, la referida SCP 0353/2018-S2 en el antedicho Fundamento Jurídico III.3, prescribió que.

Las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho (las negrillas fueron añadidas). Por lo que se concluye, que en los procesos penales en las que la víctima de violencia sexual opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de los administradores de justicia, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, determinaciones descritas por la Corte IDH en el Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, al indicar que:

La Corte reitera que la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia. Por ello, cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia de género, la falta de investigación por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios que tuvo un acto de violencia contra la mujer, puede constituir en sí misma una forma de discriminación basada en el género.

III.3. El principio de informalismo en el trámite de la acción de libertad y la posibilidad de tutelar derechos conexos que no se encuentran dentro de su ámbito de protección

La acción de libertad está configurada en los arts. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), éste último señala.

La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro.

La acción de libertad, posibilita al Juez constitucional a ejercer un control tutelar amplio e integral y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la restitución del derecho a la libertad física o el derecho a la libertad de locomoción; por otra parte, está dotada de características esenciales que la convierten en el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos que protege; toda vez que, está exenta de formalismos para la consecución de la tutela inmediata de los derechos vulnerados, asumiendo un rol fundamental en la búsqueda de la verdad material. Así conceptualizada la acción de libertad, tiene como características esenciales: el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia. Avocándonos al principio de informalismo que rige la acción de libertad, éste fue desarrollado por la jurisprudencia constitucional, y se manifiesta a través de diferentes tópicos: i) La posibilidad de planteamiento oral de la acción de libertad, optimizando de la mejor manera las buenas prácticas; ii) La flexibilización en los requisitos para presentar la demanda, que alcanza a la revisión de otros hechos por conexitud; iii) La posibilidad de modificar o ampliar los derechos denunciados, siempre que tengan semejanza con el hecho inicialmente demandado; iv) La flexibilización de la prueba y aplicación del principio de veracidad; v) La subsanación de los aspectos de derecho; y, vi) La citación en forma personal, por cédula o vía fax a la autoridad demandada pertenezca a un órgano o entidad nacional que tenga representación departamental, la notificación puede ser realizada ante esa repartición y en el supuesto que no sea posible cumplir con tal diligencia, pueda ser suplida con requerimiento de informe a la autoridad demandada, incluso en etapa de revisión por este Tribunal, en resguardo del acceso a la justicia constitucional y fortalecimiento del principio de informalismo. Así con relación al segundo tópico, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1204/2003-R de 25 de agosto, admitió la posibilidad de revisar otros hechos y verificar la vulneración de otros derechos, siempre que tengan conexitud con el hecho inicialmente denunciado. En sentido similar, la SCP 0591/2013 de 21 de mayo, reconduciendo lo establecido en la SC 0345/2011-R de 7 de abril, -que sostuvo en su Fundamento Jurídico III.1, que no es posible modificar hechos y derechos luego de presentada la acción de libertad, pues esa posibilidad resultaría incompatible con el sistema de garantías procesales, porque cualquier ampliación o modificación del contenido de la acción determinaría que el demandado estaría frente a nuevos hechos, situándolo en indefensión-reiteró la posibilidad de modificar los derechos supuestamente vulnerados y ampliar hechos; así como la posibilidad que la autoridad judicial que conoce la acción de defensa, pueda subsanar aspectos de derecho inobservados por el accionante, bajo la única condición que tengan conexitud con el hecho inicialmente demandado. Así entonces, la SCP 1977/2013 de 4 de noviembre, en virtud del carácter motivo, puede interpretarse como resolver la problemática en base a presupuestos distintos a los que hubiera referido el recurrente, pues se reitera que lo dicho, se refiere únicamente a hechos conexos…” 9 El FJ III.1, señala que al tiempo de referirse a la posibilidad de ampliar los derechos y los hechos en la audiencia de acción de libertad “…en la sustanciación de la acción, existe la posibilidad que los aspectos de derecho que fueron inobservados por el accionante sean subsanados por la autoridad judicial que conoce la acción y, por otra parte, conforme lo ha entendido la jurisprudencia constitucional, es posible que, se analicen hechos conexos al acto demandado de ilegal”. 10 El FJ III.3, La acción de libertad está configurada en los arts. 125 de la CPE y 46 del CPCo, como un mecanismo de defensa oportuno y eficaz para la tutela de los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y de circulación de toda personal que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, pera o que considere que su vida o integridad física está en peligro. Bajos los principios y valores del Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, despliega toda su fuerza como un instrumento a favor de las personas para la defensa de sus derechos. Así, el nuevo ámbito de protección de la acción de libertad, que antes se centraba en el derecho a la libertad física o personal, le otorga a esta acción de defensa nuevas dimensiones y posibilita al juez constitucional a ejercer un control tutelar más amplio e integral y, de esta manera, resguardar los derechos a la vida e integridad física, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o la restitución del derecho a la libertad física o personal. (…) En mérito a dicha característica, es indudable que el ámbito de protección de las diferentes acciones de defensa y en especial de la acción de libertad, que tiene entre sus características el informalismo, no puede ser impenetrable, pues ello implicaría, por una parte, desconocer el carácter interdependiente de los derechos y, por otra, obligar a que el accionante, frente a la lesión de un derecho que se encuentra dentro del ámbito de una determinada acción de defensa, pero que se vincula con otros derechos, deba plantear diferentes acciones de defensa, lo que de manera evidente atenta contra los principios de la función judicial contenidos en el art. 178 de la CPE, como el de celeridad y respeto a los derechos, y los principios procesales de la justicia constitucional contenidos en el art. 3 del CPCo que, atendiendo a los fines de la justicia constitucional y con la finalidad de garantizar su acceso, así como la tutela inmediata de los derechos fundamentales, prevén el impulso de oficio, por el que las actuaciones procesales deben efectuarse sin necesidad de petición de las partes, la celeridad, que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación, la concentración, por el que debe reunirse la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles y, fundamentalmente, el no formalismo, de acuerdo al cual sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso. Entonces, conforme a los principios y valores que sustentan a nuestro Estado y la justicia constitucional, así como al carácter interdependiente de los derechos, el ámbito de protección de la acción de libertad puede verse ampliado en los casos en que los derechos alegados como lesionados se encuentren vinculados con aquellos que están en la esfera de tutela de esta acción de defensa. Cabe mencionar, por otra parte, que ese entendimiento se encontraba plasmado en el art. 89.I de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que establecía que “cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre con poder notariado o sin él…”; norma que, en consecuencia, permitía analizar violaciones a otros derechos que tuvieran conexión con el derecho a la libertad física o personal. En ese ámbito, dicha norma permitió la tutela de derechos conexos con el derecho a la libertad; entendimiento que debe ser asumido por este Tribunal, a la luz de las características de los derechos fundamentales que han sido referidas precedentemente informal de la acción de libertad y de la interdependencia de los derechos, refirió lo siguiente:

…si bien dentro del ámbito de protección de la acción de libertad se encuentran previstos determinados derechos; empero, es posible efectuar el análisis de otros cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos que se encuentra prevista en el art. 13.I de la CPE, que señala: ´Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos…`. Efectivamente, la interdependencia es una de las características de los derechos fundamentales, que significa que éstos se encuentran conectados unos con otros, dependen unos de otros, lo que implica que la protección de un derecho y su ejercicio, conlleva a que se tutelen aquellos otros con los cuales se encuentra vinculado; en sentido contrario, la vulneración de un derecho, implica que se lesionaron otros derechos que se hallan relacionados con él (el resaltado es nuestro).

En consecuencia, se puede establecer que le carácter informal de la acción de libertad, permite que la justicia constitucional pueda proteger de manera eficaz los derechos de los justiciables, concediendo la tutela frente a actos ilegales denunciados expresamente o, aun no siéndolo, tengan vinculación con el acto que motivó la presentación de la acción de libertad; es decir que, es posible ampliar el ámbito de protección de la acción de libertad respecto a otros hechos y derechos por conexitud, a fin de alcanzar la protección inmediata y eficaz de los derechos que tutela, desde una perspectiva diferente a la concepción ius positivista y a las prácticas formalistas que obstaculizan su vigencia.

III.4. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos y del principio de progresividad -que se desprenden también del art. 13 de la CPE- según el cual no se deben “…desconocer los logros y el desarrollo alcanzado en materia de derechos humanos en cuanto a la ampliación en número, desarrollo de su contenido y el fortalecimiento de los mecanismos jurisdiccionales para su protección, en el afán de buscar el progreso constante del Derecho Internacional de Derechos Humanos que se inserta en nuestro sistema jurídico a través del bloque de constitucionalidad (art. 410.II de la CPE)” (SCP 2491/2012 de 3 de diciembre). 11La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su Fundamento Jurídico III.3.2 refirió: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’".

de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Ley Fundamental, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, la cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia… (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está compelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la CADH, y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.5. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial la Magistrada relatora, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales la Magistrada relatora fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señaló:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas… …en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (el subrayado y resaltado es ilustrativo).

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con (…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 14“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”

los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante: a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el solicitante de tutela debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional… (las negrillas nos corresponden).

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad 16La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente (el resaltado nos corresponde).

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.

ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, la Magistrada relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.6. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso penal que sigue en contra de Giovani Alberto Pérez Ávila, por la presunta comisión de los delitos de estupro y violencia familiar o doméstica, la Fiscal de Materia -ahora demandada- incurrió en las siguientes ilegalidades: i) El 21 de enero de 2022, de manera infundada emitió el “Requerimiento” -siendo lo correcto Resolución- Fundamentada de Rechazo del delito de violencia familiar o doméstica, al indicar que no existen suficientes elementos para fundar una acusación; ii) No valoró todas las pruebas, en especial los informes psicológicos con las que se demostró la existencia de los hechos de violencia que sufrió por parte del denunciado; y, iii) No aplicó la debida diligencia, ni consideró su estado de vulnerabilidad, menos aplicó las directrices de las normas internacionales y jurisprudencia nacional e internacional en la que obliga al Estado procurar erradicar la violencia hacia mujeres, en las que establecen que la sola declaración de la víctima debe ser considerado como prueba de lo ocurrido de los hechos. Bajo ese marco, es necesario señalar que, a partir de lo establecido en los arts. 203 de la CPE y 15 del CPCo, las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante, no solo de manera vertical para jueces, tribunales y autoridades, sino también horizontal para el mismo Tribunal; bajo esa línea, habiéndose emitido la SCP 0017/2019-S2 citado por la SCP 0268/2020-S1 de 5 de agosto, generó un precedente trascendental para este Tribunal, pues se estableció la obligatoriedad de realizar un análisis integral del problema jurídico de las acciones de defensa cuando las mismas devengan de un contexto de violencia en razón de género (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, en el presente caso, tomando en cuenta que la problemática traída en revisión emerge de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de estupro y violencia familiar o doméstica, en el abordaje de la misma se debe considerar estándares internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres, se encuentra obligado de efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, analizando los derechos de la víctima y sus familiares; y, las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales; verificando si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generarán responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones. En ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa se tiene que en los meses de febrero y marzo de 2021, se llevó a cabo sesiones psicológicas a la ahora accionante-; por el cual el psicólogo, determinó que sufre de trastorno de estrés postraumático todo a causa de los hechos de violencia psicológica, física y sexual de la cual fue víctima por parte de Giovani Alberto Pérez Ávila, recomendando instaurar un proceso penal para resarcir el daño causado; es así, que el 1 de octubre de 2021, presentó ante el Ministerio Público la denuncia y respectiva querella contra su agresor por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar o doméstica y estupro; asimismo, el 23 de noviembre de 2021, la Psicóloga Forense de la UPAVT de la Fiscalía Departamental de Oruro, emitió el Informe Psicológico INF. PSIC. 360/2021, en la cual indica el estado cognitivo, conductual y emocional de la peticionante de tutela a causa de los hechos sufridos, recomendando la respectiva terapia psicológica; de igual manera, la Trabajadora Social de la UPAVT elevó el respectivo Informe Social CITE: TS/I.S. 486/2021 de 25 de noviembre, recomendando el seguimiento a las medidas de protección dadas en favor de la impetrante de tutela; en ese contexto, el 14 de diciembre de 2021, la Investigadora Asignada al Caso de la FELCV-Oruro, se dirigió al Fiscal de Materia, presentando el Informe Preliminar, por la cual determinó que el denunciado es con probabilidad autor de los delitos investigados, solicitando dar el curso legal correspondiente (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6). Es así, que el 27 de diciembre de 2021, Giovani Alberto Pérez Ávila, solicitó al Ministerio Público la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, por el cual se declaró culpable y autor del delito de estupro, y peticionando la aplicación de la suspensión condicional de la pena o sanciones alternativas; por lo que, la Fiscal de Materia -ahora demandada-, mediante Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 17 de enero de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, se condene al imputado a una pena privativa de libertad de tres años en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro; asimismo, la referida autoridad fiscal el 21 del indicado mes y año emitió “Requerimiento” -siendo lo correcto Resolución- Fundamentada de Rechazo, por el cual rechazó el proceso penal instaurado contra Giovani Alberto Pérez Ávila respecto a la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por no existir elementos suficientes para fundar una acusación (Conclusiones II.7, II.8 y II.9). Ahora bien, expuesta la problemática, es necesario comprender que las denuncias efectuadas por la impetrante de tutela, emergen de la comisión de delitos supuestamente perpetrados por su ex pareja Giovani Alberto Pérez Ávila, siendo la accionante víctima en el proceso penal; lo que conlleva a que, si bien, la misma como tal, no estaría siendo ilegalmente perseguida o procesada, es decir, no se le estaría vulnerando los derechos que la acción de libertad protege; empero, lo que denuncia en la presente acción de defensa, es sí se encuentra en conexitud con estos; puesto que, en su calidad de víctima como mujer en el caso penal, implica que sus derechos deban ser protegidos debido a que se emitió una Resolución Fundamentada de Rechazo en favor del sindicado, lo cual pondría en riesgo sus derechos a la libertad, vida, integridad y debido proceso, lo cual hace entrever, que como parte víctima al tratarse de una mujer, debe ser aplicado la perspectiva de género, que permitirá comprender de mejor forma su vulnerabilidad e identificar criterios reforzados de protección; toda vez que, el art. 48 del CPCo, establece como sujetos que tienen la potestad de interponer la acción de libertad a la víctima o agraviado, sus familiares y cualquier persona a su nombre de manera oral o escrita y sin ninguna formalidad, por lo que corresponde ingresar al estudio de fondo de la problemática planteada. Así también, en correspondencia con el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional debe tenerse presente que si bien la naturaleza jurídica, finalidad y los derechos tutelados por esta acción de libertad, son a la vida, a la libertad física y de locomoción; no obstante, es posible efectuar el análisis de otros derechos cuando tengan conexitud con los que se encuentran bajo la tutela de esta acción, en virtud a la característica de interdependencia de los derechos, sobre todo en los casos en que se constate que la parte accionante está frente a un daño inminente e irreparable; entonces, habiéndose verificado que la impetrante de tutela en el caso concreto está incluida dentro de los grupos vulnerables y asimismo, que las denuncias efectuada implica la posibilidad de sufrir un daño inminente, es posible ingresar a analizar lo denunciado a fin de la concesión o no de la tutela solicitada.

De igual manera conviene precisar, que en el presente caso no concurre la subsidiariedad excepcional que rige a las acciones de libertad, dado que, la parte accionante está compuesta por una persona que corresponde a un grupo vulnerable -mujer adolecente y embarazada- que requiere de una protección reforzada por parte del Estado; por lo que, a fin de garantizar la prioridad de las mujeres en situación de violencia, es posible ingresar al análisis de fondo sin necesidad de agotar ninguna instancia previa; toda vez que, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado cuando se traten de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género. Ahora bien, corresponde analizar en primer lugar, si las denuncias realizadas por la impetrante de tutela son evidentes, la cual se estudiará de la siguiente forma: a) Respecto a la primera problemática

La accionante denuncia que la Fiscal de Materia -ahora demandada- de manera infundada emitió la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, por el cual determinó el rechazo del proceso penal presentado en contra de Giovani Alberto Pérez Ávila por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, al indicar que no existen suficientes elementos para fundar una acusación. En ese contexto, previamente a ingresar a analizar los agravios denunciados por la impetrante de tutela, es pertinente remitirnos a los requisitos con los que debe contar toda resolución sea esta judicial o administrativa, los cuales son la fundamentación y motivación, mismos fueron descritos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, refiriendo que:

…la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación...

Es decir, que las resoluciones deben contar con el contenido fundamentado, motivado y el respectivo razonamiento explicativo de la decisión asumida para que ésta quede al entendimiento de la parte interesada y la misma quede satisfecha con tal o cual determinación. La Corte IDH, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, refirió que:

…la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga la credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. …El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En ese sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). En ese contexto, la Fiscal de Materia emitió el 21 de enero de 2022 la Resolución Fundamentada de Rechazo, por el cual rechazó el proceso penal instaurado contra Giovani Alberto Pérez Ávila respecto a la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, por no existir elementos suficientes para fundar una acusación (Conclusión II.9), bajo los siguientes argumentos:

VI.- FUNDAMENTO JURÍDICO.

ART. 272 BIS VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral del 1 al 4 del presente artículo incurrirá en una pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito.

1 El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia.

<<Art. 20 (AUTORÍA).- “…Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso…”>> Art. 7 TIPOS DE VIOLENCIA de la LEY 348 3. Violencia Psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. En tal antecedente de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tiene que no se ha identificado a través de los actos investigativos que conduzcan a establecer la verdad histórica de los hechos, el grado de participación del sindicado GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA si bien es cierto que conforme la QUERELLA presentada en fecha 01 de octubre de 2021, presentado por la víctima se ha establecido un hecho de violencia familiar o doméstica contra de GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, lo que sin duda alguna establece la existencia del hecho, empero al presente la investigación no ha aportado elementos suficientes con relación al grado de participación del mismo, y la violencia psicológica de forma sistemática con precisión de tiempo modo y lugar, lo cual resulta importante determinar con el que se pueda sustentar los hechos denunciados. Bajo ese antecedente, finalizada la etapa investigativa preliminar no se tiene los suficientes elementos contundentes a fundar una imputación formal en contra del sindicado GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, máxime que no fue posible la obtención de mayores elementos de prueba como para establecer el grado de participación del mismo, aspecto que amerita la emisión de la presente resolución fundamentada.

VII. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO

Por taxativo imperio de lo establecido en el Art. 225 Constitucional, el “Ministerio Público” tiene la función primordial de promover la persecución penal en todos los delitos de acción pública, norma que se encuentra en concordia con lo establecido en el Art. 6 de la L.O.M.P., y que en su aplicación se rige por las disposiciones adjetivas contenidas en la Ley N° 1970; de lo que se desprende que en tratándose el presente de un proceso investigativo iniciado a raíz de una denuncia por presuntos delitos subsumidos en la inteligencia del Art. 70 del C.P.P., la persecución penal no puede cesar, sino en los casos expresamente previstos por la propia norma legal. Así, la interpretación del Art. 301 del precitado compilado Adjetivo Penal impone al representante de la sociedad la obligación de emitir un requerimiento fundamentado culminada la etapa preliminar, resultante del análisis de las actuaciones policiales y otros elementos de convicción recogidos, así expresado los antecedentes el suscrito representante del Ministerio Público conforme el artículo 72° del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo de 1999), que expresa que los fiscales en su investigación tomaran en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado formulando sus requerimientos conforme a éste criterio, norma que tiene concordancia con el Art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en base a las consideraciones indicadas resulta que no son suficientes para configurar la existencia de los presuntos delitos denunciados, por lo que el en aplicación del Art. 5 de la LOMP, el fiscal en el ejercicio de la acción penal pública, tomará en cuenta no sólo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad penal al imputado.

Por su parte, el Art. 304 del Código de Procedimiento Penal establece que: El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá:

3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; Correspondiendo dar aplicabilidad entonces a la norma procesal señalada anteriormente y procurar el acceso a la justicia bajo forma procesal de rechazo de denuncia. Pues no otra cosa puede inferirse de la valoración objetiva de los antecedentes den cuaderno de investigaciones acumulados en la fase preliminar de investigación, mismas que conducen a sostener el requerimiento fundamentado bajo el criterio objetivo como Principio rector de las actuaciones del Fiscal Director de la Investigación.

POR TANTO

.- El suscrito representante del Ministerio Público en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley Art. 39 Núm. 11) de la Ley Org. Del Ministerio Público, Art. 304 Núm. 4 CPP., dispone el RECHAZO del proceso penal iniciado por el Ministerio Público a denuncia presentado por de NOELIA ABRIL MIRANDA SERRANO en contra de GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA por la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado por el Art. 272 Bis núm. 1 Código Penal con relación al art. 7 inc. 3 de la ley 348 en razón a que los elementos aportados son insuficientes para fundar una acusación (sic). En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022 -ahora impugnada-; así tenemos: 1. Sobre la fundamentación

La Resolución impugnada, a momento de rechazar el proceso penal de violencia familiar o doméstica, se apoyó en los preceptos contenidos en los arts. 225 de la CPE; 20 y 272 bis del Código Penal (CP); 70, 72, 301, 304 y 305 del CPP; 5, 6, 11 y 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, 7 de la Ley 348. Justificando y argumentando de manera legal la decisión de rechazar el proceso penal de violencia familiar o doméstica, basando su determinación en las normas vigentes, estableciéndose que la autoridad demandada cumplió con lo determinado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha Resolución se encuentra debidamente fundamentada, en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada. 2. Sobre la motivación La autoridad demandada, a momento de emitir la Resolución impugnada, por el cual determinó rechazar el proceso penal de violencia familiar o doméstica, indicó que: a) El Código de Procedimiento Penal obliga al Ministerio Público a emitir pronunciamientos debidamente fundamentados al concluir la etapa preliminar con los resultados de las actuaciones policiales y otros elementos de convicción; b) De igual forma la norma adjetiva penal dispone que en la investigación no solo se analizar las circunstancias para justificar una imputación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; y, c) De la valoración de los antecedentes, se concluye que las mismas no aportan indicios suficientes de convicción para fundar una acusación contra el imputado. En ese contexto, como se observó respecto a la fundamentación, que la Resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de idas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada a la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022 emitida por la autoridad ahora demandada, conforme a la Conclusión II.9 de este fallo constitucional, la misma argumentó que:

VII. FUNDAMENTO LEGAL DEL REQUERIMIENTO

Por taxativo imperio de lo establecido en el Art. 225 Constitucional, el “Ministerio Público” tiene la función primordial de promover la persecución penal en todos los delitos de acción pública, norma que se encuentra en concordia con lo establecido en el Art. 6 de la L.O.M.P., y que en su aplicación se rige por las disposiciones adjetivas contenidas en la Ley N° 1970; de lo que se desprende que en tratándose el presente de un proceso investigativo iniciado a raíz de una denuncia por presuntos delitos subsumidos en la inteligencia del Art. 70 del C.P.P., la persecución penal no puede cesar, sino en los casos expresamente previstos por la propia norma legal.

Así, la interpretación del Art. 301 del precitado compilado Adjetivo Penal impone al representante de la sociedad la obligación de emitir un requerimiento fundamentado culminada la etapa preliminar, resultante del análisis de las actuaciones policiales y otros elementos de convicción recogidos, así expresado los antecedentes el suscrito representante del Ministerio Público conforme el artículo 72° del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo de 1999), que expresa que los fiscales en su investigación tomaran en cuenta no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado formulando sus requerimientos conforme a éste criterio, norma que tiene concordancia con el Art. 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en base a las consideraciones indicadas resulta que no son suficientes para configurar la existencia de los presuntos delitos denunciados, por lo que el en aplicación del Art. 5 de la LOMP, el fiscal en el ejercicio de la acción penal pública, tomará en cuenta no sólo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad penal al imputado.

Por su parte, el Art. 304 del Código de Procedimiento Penal establece que: El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá:

3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación;

Correspondiendo dar aplicabilidad entonces a la norma procesal señalada anteriormente y procurar el acceso a la justicia bajo forma procesal de rechazo de denuncia. Pues no otra cosa puede inferirse de la valoración objetiva de los antecedentes den cuaderno de investigaciones acumulados en la fase preliminar de investigación, mismas que conducen a sostener el requerimiento fundamentado bajo el criterio objetivo como Principio rector de las actuaciones del Fiscal Director de la Investigación (sic).

En ese contexto, la Fiscal ahora demandada, determinó rechazar el proceso de violencia familiar o doméstica presentada por la accionante contra Giovani Alberto Pérez Ávila, puesto que los elementos aportados no son indicios suficientes para poder fundar ya sea una imputación o acusación en contra del denunciado, esto en aplicación no solo del principio punitivo y de persecución, sino también sobre la base de poder minimizar la responsabilidad del encausado. Aspectos estos, que fue utilizado de manera reiterativa por la autoridad demandada, es decir, que todos los datos colectados en la etapa preliminar no generaron suficientes indicios para emitir una resolución de imputación formal en contra de Giovani Alberto Pérez Ávila; empero, de la revisión de los argumentos lógico-jurídicos utilizados por dicha autoridad con las cuales concluyó rechazar la denuncia increpada por la impetran de tutela, no se puede observar, ni determinar la explicación y como con los medios probatorios concernientes en Informes Psicológicos, Informe Social e Informe Preliminar de la investigadora asignada al caso, no se hubo aportado los elementos necesarios para determinar la existencia de los hechos y la probable autoría del denunciado en los mismos, pues no da una justificación comprensible e individualizada, del porqué dichos elementos recolectados a lo largo de la investigación, no se acomodan o no aportan aspectos tendientes a demostrar: i) La existencia de los hechos; y, ii) La probable autoría o participación del denunciado en la ejecución de los ilícitos investigados, aspectos inexistentes en el contenido de la Resolución Fundamentada de Rechazo, pues la Fiscal demandada obvia realizar ese trabajo de la subsunción de los fundamentos jurídicos utilizados para rechazar la denuncia a la conducta de la impetrante de tutela y a los actos realizados durante la investigación respectiva, debiendo haberlo motivado -un proceso explicativo y argumentativo- del porque dichos actos no aportan los elementos necesarios para la emisión de una determinación acorde a derecho; máxime, cuando es la misma autoridad fiscal quien refiere que el delito de que investiga es uno de orden público y que es obligación de promover la persecución penal. En ese contexto, el art. 90 de la Ley 348, al respecto establece que: “(DELITOS DE ORDEN PÚBLICO). Todos los delitos contemplados en la Presente Ley, son de acción pública” (las negrillas son añadidas).

De donde se puede concluir, que la autoridad fiscal tiene la obligación de activar la persecución penal en los delitos de violencia familiar o doméstica y estupro, al constituirse el mismo en un ilícito de orden público, es decir, que ante un eventual abandono en la investigación por parte de la víctima, el Ministerio Público debe realizar la investigación de oficio hasta agotar todos los medios a su alcance, al ser este un representante y defensor de la sociedad, obligaciones que en materia de hechos de violencia hacia la mujer, y como instancia de recepción y de investigación de las denuncias de este tipo de delitos, tiene obligaciones específicas tanto en su accionar, como en el apoyo de las mujeres víctimas de violencia, actuados a las que deben estar enmarcados la toma de decisiones como en el presente caso, además, que al tratarse de una víctima mujer, también se debió explicar de qué forma; sin embargo, la Fiscal demandada a momento de emitir la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, no aplicó y subsumió sus determinaciones a la aplicación de la perspectiva de género y la debida diligencia, conforme lo establece el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en la que se busque el respeto y garantizar a la mujer en situación de violencia el efectivo ejercicio de sus derechos y más que todo el acceso a la justicia, para que las autoridades judiciales o administrativas prevengan, investiguen, procesen, sancionen y reparen los hechos de violencia hacia las mujeres, aspectos que no fueron tomados en cuenta por dicha autoridad, denotándose que la Resolución impugnada no se encuentra debidamente motivada, correspondiendo conceder la tutela al respecto. b) Sobre la segunda problemática

La impetrante de tutela, denuncia que la Fiscal de Materia a momento de emitir la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, determinando el rechazo de la denuncia de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la misma no valoró todas las pruebas aportadas y colectadas, en especial los informes psicológicos con las que se demostró la existencia de los hechos de violencia que sufrió por parte del denunciado. En ese contexto, en relación a la revisión de la prueba en sede constitucional, el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional señala que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda efectuar dicha labor, se debe tomar en cuenta:

Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

En ese contexto, la peticionante de tutela, indica que la autoridad demandada no realizó una valoración de la prueba aportada y colectada, con la que se demostró la existencia de los hechos de violencia de la cual fue víctima, consistente en informes psicológicos e informe preliminar de la investigadora asignada al caso. Ahora bien, como se indicó supra, uno de los análisis que debe realizar toda autoridad sea ésta judicial o administrativa a momento de efectuar la motivación, es la valoración de las pruebas aportadas por las partes; en ese entendido, se tiene que la autoridad demandada, a momento de emitir la Resolución ahora impugnada, simplemente se limitó a señalar y describir los medios probatorios en el apartado V titulado “Investigación Preliminar”, en la que en los puntos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, realiza una transcripción de: a) La querella de 1 de octubre de 2021 presentada por la accionante; b) El Informe Psicológico de 5 de abril de 2021 realizada a la impetrante de tutela; c) Acta de Entrevista de 18 de octubre de 2021 realizada a Sara Beth Miranda Serrano; d) Acta de Entrevista de 18 de octubre de 2021 efectuada a Elizabeth Serrano Llano de Miranda; e) Acta de Entrevista realizad el 4 de noviembre de 2021 a la peticionante de tutela-; f) Acta de Registro del Lugar de Hecho de 1 de noviembre de 2021; g) Informe Social de 11 de noviembre de 2021 realizada a la accionante; h) Informe Psicológico de 23 de noviembre de 2021 siendo la evaluada la impetrante de tutela; e, i) Informe Preliminar de 14 de noviembre de 2021 elaborada por la investigadora asignada al caso; empero, a momento de analizar el caso para posteriormente determinar el rechazo a la denuncia presentada por la impetrante de tutela, se puede evidenciar que la autoridad demandada, no realizó el examen valorativo a todos los medios probatorio señalados precedentemente, con la cual luego de una explicación y valorarlos, señalar las razones de su decisión del por qué dichos medios probatorios no aportarían los indicios suficientes para poder fundar una imputación contra el denunciado, aspecto que no fue tomado en cuenta por dicha autoridad a momento de emitir la Resolución ahora impugnada, denotando que no se realizó una valoración de la prueba, correspondiendo conceder la tutela solicitada. c) En cuanto a la tercera problemática

La impetrante de tutela, demanda que la Fiscal de Materia a momento de emitir la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, determinando el rechazo de la denuncia de la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, no aplicó la debida diligencia, ni consideró su estado de vulnerabilidad, menos aplicó las directrices de las normas internacionales y jurisprudencia nacional e internacional en la que obliga al Estado procurar erradicar la violencia hacia mujeres, en las que establecen que la sola declaración de la víctima debe ser considerado como prueba de lo ocurrido de los hechos. En ese contexto, se tiene que la solicitante de tutela reclama la inacción por parte de la Fiscal de Materia, en la no aplicación de los principios de la debida diligencia en el caso que se investigaba, pues al tratarse de un hecho de violencia hacia su persona -mujer- dicha autoridad tenía la obligación de cumplir con los principios y jurisprudencia nacional e internacional, velando por su vulnerabilidad frente al denunciado, en base a la debida diligencia, y que además debió considerar la existencia del hecho y la probabilidad de autoría del denunciado en base a su declaración brindada. En ese orden de ideas, al ser el Ministerio Público el director de la investigación, como representante de la sociedad, y conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que al tratarse de víctimas mujeres, a través de los Fiscales, deben actuar de forma activa en toda la investigación, y pese a que la víctima desista, abandone, o no exista comunicación con la misma, en el marco de sus obligaciones y atribuciones en cumplimiento de los estándares internacionales y aplicando un enfoque de género tiene la obligación de efectivizar en la emisión de sus resoluciones, determinaciones y decisiones de manera positiva con la debida diligencia con la que deben estar revestidos todos sus actos, al conocer hechos de violencia hacia mujeres en razón de género, ya que de no hacerlo de manera diligente y con el compromiso de resguardar y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sus dependientes, se ingresaría en un escenario de impunidad a delitos de violencia en contra de las mujeres, y dando un mensaje a la sociedad de la tolerancia de dichos actos violentos, aspectos que tanto las instancias internacionales como este Tribunal no pueden pasar por alto, ya que los principios con los que debe actuar el Ministerio Público deben ser practicados de forma diligente para cumplir de forma efectiva con su misión de defensor de la sociedad en delitos públicos hacia las mujeres aún de oficio al ser delitos que afectan a la sociedad entera. Obligaciones de la debida diligencia desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que no pueden ser desligadas y desentendidas por las autoridades encargadas de garantizar por la vigencia plena de los derechos de la mujer víctima de violencia y de sus dependientes, como ocurre en el presente caso por parte de la Fiscal de Materia, ahora demandada, no siendo justificable su accionar que al momento de emitir la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, no haya insertado en su contenido tanto jurídico como de resolución del caso, aspectos relativos y dirigidos a la aplicación de la debida diligencia y perspectiva de género, al tratarse el hecho de un delito de violencia hacia mujeres, los cuales que conforme a los medios probatorios traídos en revisión, dan evidencias sobre la existencia del hecho y la participación del denunciado, lo que conlleva a afirmar que dicha autoridad desatendió al cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como representante de la sociedad en beneficio de los derechos e intereses de la víctima, vulnerando sus derechos al debido proceso, atentando a sus deberes de actuar con la debida diligencia descritas en el precitado Fundamento Jurídico, al tratarse de hechos de violencia hacia mujeres, actos que pueden causar al Estado una responsabilidad internacional al no cumplir con los estándares internaciones e internos en los casos de violencia hacia la mujer y sus dependientes, por lo que es reprochable la actitud de la autoridad demandada, ya que no es posible eximir a la misma de su beber de dar impulso al proceso, independientemente si la víctima -ahora accionante- lo haga o no, puesto que el caso está circunscrito a una acción penal pública, que merece especial atención respecto a la protección de los grupos altamente vulnerables; además que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, debe inferirse que en los procesos penales en las que la víctima de violencia opte por brindar su declaración sobre la existencia de hechos de dicha naturaleza, las autoridades llamadas por ley, deben valorar la referida declaración como prueba fundamental de la comisión del delito, sin que por evidenciar inconsistencias o contradicciones en sus alegaciones, deban juzgárselas a priori como si fueran falsas o que la declaración carece de veracidad y desestimar la denuncia; ya que, al realizar dicho acto por parte de las autoridades judiciales o administrativas, se ingresa en una ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres, propiciando un ambiente de impunidad que promueve la repetición de dichos hechos, enviando un mensaje a la sociedad que la violencia contra las mujeres puede ser tolerada o aceptada, constituyéndose en un acto de discriminación de la mujer en el acceso a la justicia, evidenciándose que la autoridad fiscal ahora demandada no cumplió con los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, lo cual hace inefectiva el acceso a la justicia y vulnera los derechos de la víctima de violencia, correspondiendo conceder la tutela solicitada. 1. Sobre la aplicación de la perspectiva de género en el caso concreto Ahora bien, como se mencionó precedentemente en el presente caso se analizará el asunto de manera integral dentro el proceso penal que nos ocupa tal como se estableció en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, lo que nos permite, no solamente analizar los hechos denunciados por la accionante -en este caso la víctima-, sino que al advertirse la vulneración de los derechos de las víctimas de hechos de violencia, poder ahondar más atrás de los hechos y actos realizados por las autoridades sean estos judiciales o administrativas, con el fin de efectuar una reparación eficaz a los derechos de las víctimas de violencia mujeres, en ese orden de ideas, se tiene, que el 1 de octubre de 2021, la impetrante de tutela presentó ante el Ministerio Público una querella criminal contra Giovani Alberto Pérez Ávila por la presunta comisión de los delitos de estupro y violencia familiar o doméstica (Conclusión II.3), y que ante la presentación de una solicitud de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado por parte del denunciado ante el Ministerio Público realizado el 27 de diciembre de 2021, por el cual el sindicado se declaraba culpable y autor del delito de estupro solicitó al Fiscal de Materia la aplicación de dicha salida y la aplicación del beneficio de la suspensión condicional de la pena (Conclusión 7), a lo cual de forma posterior la Fiscal de Materia -ahora demandada- emitió el 17 de enero de 2022 el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado, solicitando al Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro lo siguiente:

POR TANTO

La suscrita Fiscal de Materia representante del Ministerio Público, en mérito a lo expuesto de conformidad a lo previsto en los Arts. 325. II, 326, 373 y 374, todos del Código de Procedimiento Penal: REQUIERE: Porque su autoridad se sirva aplicar la SALIDA ALTERNATIVA de PROCEDIMIENTO ABREVIADO en favor del imputado: GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, previa exposición fundamentada y de conformidad de las partes. Por lo que se sirva pronunciar SENTENCIA CONDENATORIA en contra del imputado GIOVANNI ALBERTO PEREZ AVILA, por ser autor y tener responsabilidad en la comisión del delito de ESTUPRO previsto y sancionado por el Art. 309 del Código Penal, conexo con el Art. 20 (Autoría) del Código Penal, consiguientemente, se le imponga la sanción de TRES (3) AÑOS, de Reclusión a cumplirse en el penal de “San Pedro” de la ciudad de Oruro (sic). Decisión asumida, en base a los siguientes fundamentos:

1) Los elementos de convicción establecen la autoría del delito de estupro sancionado por el art. 390 del CP, ya que el imputado a través de seducción y engaño tuvo acceso carnal con una persona mayor de catorce y menor de dieciocho años, subsumiendo el actuar de Giovani Alberto Pérez Ávila al tipo penal descrito, pues con engaños logró enamorar a la víctima, y que aprovechándose de su vulnerabilidad obtuvo tener relaciones sexuales con la misma en muchas oportunidades; y, 2) Una vez logrado dichos cometidos empezó con los maltratos psicológicos contra la víctima (sic). En ese contexto, de los fundamentos expuestos precedentemente, se advierte que, pese a que la denuncia principal hace eco de hechos de estupro y violencia familiar o doméstica, la autoridad fiscal se limitó a utilizar el método de la subsunción y de la solicitud de procedimiento abreviado solo al delito de estupro y no así como se vio precedentemente al de violencia familiar o doméstica la cual fue rechazado sin la motivación debida, solicitando para dicho procedimiento abreviado la pena privativa de libertad de tres años en contra del denunciado Giovani Alberto Pérez Ávila, sin referirse y realizar un análisis de los arts. 309 y 310 incs. f) y k) del CP, los mismos que establecen:

ARTICULO 309°.- (ESTUPRO). Quien mediante seducción o engaño, tuviera acceso carnal con persona de uno y otro sexo mayor de catorce (14) y menor de diecioho (18) años, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años. ARTICULO 310°.- (AGRAVACION). La sanción privativa de libertad será agravada con cinco años: (…).

f) El autor fuere cónyuge, conviviente, o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad. (…). k) Si la víctima se encuentra embarazada o si como consecuencia del hecho se produce el embarazo [norma que se encontraba vigente al momento de producirse el hecho delictivo (las negrillas son añadidas).

En tal sentido, la autoridad fiscal no consideró que en casos de violencia contra las mujeres (niñas, adolescentes o mayores de edad) es deber de la autoridad judicial o administrativa aplicar la perspectiva de género e inclusive debe tener una mirada plural de la discriminación y violencia al entrelazarse la categoría de género y edad, debiendo emplearse el enfoque interseccional ello considerando que la víctima de abuso de estupro fue en el momento del ilícito una adolescente -ahora mayor de edad-, quien merece especial atención y protección de sus derechos; siendo necesario romperse la forma tradicional de resolver los conflictos, removiendo todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad y utilizando todas las medidas para diligenciar el proceso, en el que la investigación sea asumida de manera seria, imparcial y efectiva para la determinación de la verdad, la persecución, captura, 22Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) La Corte IDH en el Caso Véliz Franco vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014, señaló que: “108. Asimismo, en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer, la investigación penal debe incluir una perspectiva de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género. (…) 251. Dicha investigación deberá incluir una perspectiva de género, emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, y posibilitar a los familiares de la víctima información sobre los avances en la investigación, de conformidad con la legislación interna, y en su caso, la participación adecuada en el proceso penal. Asimismo, la investigación debe realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.” 23 El Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Generó señaló que: “… el enfoque interseccional ha sido poco a poco acogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto a nivel normativo como en la interpretación que efectúan los órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano, lo que ha permitido superar el análisis de un solo eje de discriminación, para introducir una interpretación múltiple, con dos o más ejes de discriminación. Un ejemplo de ello es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en el art. 9 señala que los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.” 24 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Parr. 134. 25 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Párr. 177 “En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.”

enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos. A partir de lo referido precedentemente, debe considerarse que la actividad argumentativa de la autoridad fiscal debe ser mayor y meticulosa, pues con la aplicación de la perspectiva de género, las normas y principios tiene un carácter abierto cuyas decisiones pueden desmarcarse del principio de legalidad; por lo que, debe existir la suficiente justificación; en ese sentido, en el caso concreto, si bien la Fiscal de Materia emitió el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado, no obstante, no se refirió sobre la víctima respecto a que en el proceso penal pertenece a un grupo de atención prioritaria y si existe relaciones de poder y asimétricas entre la víctima y el denunciado, que coloquen a la primera en una situación de vulnerabilidad; además, si bien se estableció que la norma aplicable en el caso son los arts. 325.II, 326, 373 y 374 del CPP; empero, no se consideró que la labor argumentativa supone que las disposiciones legales aplicables deban ser confrontadas con las normas del bloque de constitucionalidad, precisando los problemas vinculados a la relevancia del derecho aplicable, problemas interpretativos que se presentan o la necesidad de efectuar una ponderación ante la existencia de normas y principios contrapuestos; aspectos que se constituyen en indispensables para que se analice la norma aplicable, pues como en el caso concreto, existe colisión de derechos de la víctima de estupro y violencia familiar o doméstica con los del imputado que se encuentra resguardado en el derecho penal garantista; en tal sentido, debió determinarse a través de la ponderación cual derecho tiene mayor peso o valor, que si bien en el caso, la autoridad pretendió aplicar el método de resolución del conflicto por medio de un procedimiento abreviado; sin embargo, la ponderación efectuada, se tomó en cuenta únicamente el derecho del imputado con el procedimiento abreviado, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima de estupro, cuya consideración es primordial, pues las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, debiendo asumirse los principios de interés superior y prioridad absoluta; toda vez que, al momento de emitir el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado, no realizó una debida ponderación entre el hecho perseguido -estupro-, la identificación de la víctima en ese momento-niña menor de edad-, y la premisa estipulada en el art. 310 incs. f) y k) del CP -la relación íntima entre el denunciado y la víctima y el embarazo fruto del hecho- que en el caso concreto debió subsumir estos tres aspectos, y rompiendo las barreras de lo formal y aplicando la debida diligencia apartarse el procedimiento abreviado en lo referente específicamente a la sanción solicitada en dicho Requerimiento -tres años de presidio-, debiendo aplicar la sanción de cinco años de privación de libertad conforme lo estatuye el art. 310 insc. f) y k) del referido cuerpo legal penal, aspectos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad fiscal a momento de emitir el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado.

Consecuentemente, bajo lo advertido, es evidente que la Fiscal de Materia demandada, no cumplió con los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos, lo cual hace inefectiva el acceso a la justicia y vulnera los derechos de la víctima de estupro; por lo que, el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 17 de enero de 2022 debe ser anulado y dejarse sin efecto legal, debiendo la referida autoridad fiscal conforme lo estipula la normativa legal vigente de manera diligente y acorde a los estándares internacionales e internos descritos en este fallo constitucional emitir uno nuevo, efectuando una ponderación y aplicación efectiva de los arts. 309 y 310 incs. f) y k) del CP de forma integral.

2. Respecto a la actuación del Ministerio Público

En el presente punto, es preciso referir que, a partir de lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género.

En la presente acción de defensa es necesario hacer alusión a la actuación de la Fiscal de Materia en el proceso penal, pues tal como se tiene de antecedentes el 17 de enero de 2022 emitió el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado en favor de Giovani Alberto Pérez Ávila solicitando una condena de tres años por el delito de estupro; y de forma paralela emitió el 21 de enero de 2022 la Resolución Fundamentada de Rechazo respecto a las denuncias del delito de violencia familiar o doméstica; lo que denota la falta de la debida diligencia del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación para esclarecer todos los hechos y sancionar a todas las personas responsables de la violación de derechos humanos. Además, debió considerarse que la Corte IDH en el Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá señaló que:

La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.

Consecuentemente se incumple los estándares internacionales, al haberse emitido un requerimiento fiscal y una resolución que son ilegales y contradictorias a los derechos humanos de la víctima, aspectos que hacen entrever que el Ministerio Público justifica la violencia en razón de género en contra de las mujeres, que no pueden ser aceptados de ninguna manera, ya que en una perspectiva de género, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la declaración de la víctima debe constituirse en la prueba fundamental sobre la existencia del hecho, sin que las contradicciones o inconsistencias internas deban ser causales de desestimación o consideradas como falsas o mentiras y no actuar conforme a la norma jurídica. Sumado a ello debe añadirse que, a partir de lo referido en los arts. 90 y 94 de la Ley 348 es responsabilidad del Ministerio Público investigar de oficio los delitos de acción pública, reunir las pruebas necesarias dentro de un plazo máximo de ocho días, teniendo en cuenta que la investigación debe efectuarse con prontitud y celeridad, pues el retraso en las investigaciones, incurriría en la falta de líneas de investigación que tengan en cuenta el contexto de violencia contra la mujer. Consecuentemente, habiéndose advertido el incumplimiento de estándares internacionales de protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, es necesario exhortar al Ministerio Público a cumplir con los deberes encomendados por el Estado, pues su inobservancia es pasible a responsabilidades internacionales; toda vez que, incurrió en una absoluta y total ausencia o dejadez de actos de investigación, extremo que no se encuentra justificado, tampoco condice con los estándares internacionales y nacionales referidos al deber de la debida diligencia, la misma que fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que claramente establece:

En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho de que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer... (las negrillas fueron añadidas). En ese entendido y conforme lo desarrollado precedentemente, se afirma que el contenido y argumento esgrimidos tanto en el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado como en la Resolución Fundamentada de Rechazo emitidas por el Ministerio Público, resulta en todas sus formas contraria al deber de la diligencia debida explicada en líneas precedentes, lo que afianza la conclusión de que ni el Ministerio Público, ni los funcionarios policiales a cargo de la investigación cumplieron el deber de la debida diligencia en el presente caso que tiene como víctimas a mujeres en situación de violencia, incumpliendo de esta manera con los estándares internaciones y nacionales de respeto y protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia; en ese entendido, es el Ministerio Público la entidad que tiene el deber de la carga de la prueba, liberando a las mujeres en situación de violencia el tener que cumplir con dicha carga probatoria, argumento que se explica por la garantía otorgada a las mujeres el de evitarles atravesar una situación de revictimización en el desarrollo del proceso, aspectos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En ese contexto, si bien en esta acción de libertad, el Ministerio Público a cargo de la emisión del Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado como en la Resolución Fundamentada de Rechazo, y puesto que la primera determinación no fue demandada, por lo que eventualmente no correspondía proceder a la revisión y control de constitucionalidad del contenido de dicho Requerimiento de aplicación; empero, en cumplimiento del principio de informalidad previsto en el art. 4.11 de la Ley 348 que a la letra dice:

…En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables (las negrillas son ilustrativas). Ese impedimento u obstáculo se encuentra salvada, de tal manera que se halla plenamente justificada la revisión y control de constitucionalidad por parte de este Tribunal hacia el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado emitida por el Ministerio Público. d) Otras consideraciones

En ese orden, la accionante denuncio que la Fiscal de Materia al haber emitido la Resolución Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, vulneró su derecho a la libertad, que si bien fue señalada en su memorial de acción de libertad; empero, la misma no aportó prueba alguna respecto a esta denuncia, haciendo inviable que esta jurisdicción constitucional emita pronunciamiento al respecto, consecuentemente se deniega la tutela, aclarando que no se ingresó al fondo de la misma.

En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 02/2022 de 28 de enero, cursante de fs. 356 a 359 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital de departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y valoración de la prueba, consiguientemente:

a) Se deja sin efecto el “Requerimiento” -lo correcto es Resolución- Fundamentada de Rechazo de 21 de enero de 2022, disponiéndose que la Fiscal de Materia a cargo del caso, emita en el plazo de tres días de notificada el presente fallo constitucional, una nueva resolución en base a los fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

b) Se deja sin efecto el Requerimiento de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado de 17 de enero de 2022, emitido por la Fiscal de Materia, debiendo conforme lo estipula la normativa legal vigente de manera diligente y acorde a los estándares internacionales e internos descritos en este fallo constitucional emitir una nueva, efectuando una ponderación y aplicación efectiva de los arts. 309 y 310 incs. f) y k) del Código Penal, en base a los argumentos y fundamentos jurídicos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a los derechos al debido proceso en su elemento fundamentación; y, a la libertad, conforme a los fundamentos descritos en este fallo constitucional. 4° Exhortar al Ministerio Público como encargado de la dirección de la investigación de actuar con la debida diligencia para proteger a la mujer contra toda forma de violencia por razones de género. 5° Notificar a la Fiscalía General del Estado como autoridad jerárquica superior del Ministerio Público, para que el mismo a su vez haga llegar una copia de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria de todo el País. 6° Notificar al Tribunal Supremo de Justicia, para que a su vez haga llegar una copia de este fallo constitucional a los Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales y Jueces de todo el País. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) (las negrillas son agregadas).

2 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx.

funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.

4 Corte IDH, Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 100.

5 Parr. 150. En lo que respecta casos de alegada violencia sexual, la Corte ha señalado que las agresiones sexuales se caracterizan, en general, por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de estas formas de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho.

6 Corte IDH, Caso Veliz Franco y Otros Vs. Guatemala, Sentencia de 19 de mayo de 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Parr. 208.

7 SCP 0319/2018-S2 de 9 de julio

8 El FJ III.1, establece: “Que, en material de hábeas corpus, dada la naturaleza de los derechos bajo su protección, le está permitido a la jurisdicción constitucional en una correcta aplicación de la justicia constitucional no sólo limitarse a compulsar la violación de las normas que citara el recurrente como vulneradas, sino también de otras que a consecuencia de aquellas y principalmente del hecho o acto que se refiere como constitutivo de la lesión resultan también vulneradas, lo que bajo ningún

12 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

13 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

15 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional‴.

17 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la

Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

18 La Constitución Política del Estado en su art. 203 determinó que: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno.”

19 El Código Procesal Constitucional establece: “Artículo 15°. - (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias) Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.”

20 Voto Disidente a la SCP 0868/218-S2 de 20 de diciembre de 2018. Fundamento Jurídico II.1 señala: La legitimación activa en la acción de libertad, se encuentra explicada en el texto constitucional cuando en su art. 125, concordante con el art. 48.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo) señala: Toda persona que considere que su vida o integridad física está en peligro, que está ilegalmente perseguida, indebidamente procesada, presa o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Así también, el art. 48 del CPCo, amplia la legitimación para interponer la acción de libertad a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; asimismo, establece como sujetos que tienen la potestad de interponer la misma, la víctima o agraviado, sus familiares, cualquier persona a su nombre de manera oral o escrita y sin ninguna formalidad.

21 La SCP 0832/2019-S1 de 4 de septiembre hizo hincapié en la abstracción a las exigencias procesales ante la protección reforzada que existe a los denominados grupos vulnerables, como son: los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las minorías étnicas o raciales; y, los adultos de la tercera edad; personas que, por su vulnerabilidad gozan de protección inmediata por parte del Estado en todas sus instancias, e incluso de la abstracción del principio de subsidiariedad en las acciones de defensa para poder interponerlas de manera directa, a pesar de existir los medio de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico (las negrillas son añadidas).

26 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Párr. 101.

27 Problemas de relevancia que pueden existir cuando se tenga dudas sobre la norma aplicable, en los casos en los que existan lagunas o antinomias normativas, estas últimas que se presentan cuando dos normas del mismo sistema jurídico regulan un mismo supuesto de hecho de manera diferente e incompatible, casos en los que para decidir cual es la normativa aplicable se debe recurrir a los tradicionales criterio de resolución de antinomia (criterio cronológico, jerárquico, especialidad y competencia). 28El Código Niña, Niño y Adolescente determina: “ARTÍCULO 12. (PRINCIPIOS). Son principios de este Código: a) Interés Superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor; la necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes; su condición específica como persona en desarrollo; la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas;

b) Prioridad Absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes”.

29 Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 49, párr. 144.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0623_2023-S1.pdf · páginas 1 a 53.

Huella digital del PDF (SHA-256): c6f621a500b9c1b2edd387105509dcf046cfe4f26c83fa2c265c3a44278d5ac9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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