Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Concede la tutela
Los accionante a través de su representante sin mandato denunciaron que su libertad se encuentra en riesgo, puesto que, en octubre de 2020, fueron comunicados el inicio de investigaciones en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que mereció la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021 al no encontrar elementos de convicción en la etapa de investigación; documento que a instancia del denunciante fue revocado, mediante la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, y notificado al Juez de la causa en septiembre de 2022; posteriormente, el 11 de octubre del mismo año, el Ministerio Público solicitó al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto -ahora demandado-, la ampliación de sesenta días durante la etapa investigativa. En ese contexto, el 25 de octubre de 2022, la parte accionante planteó recurso de reposición, rechazando la ampliación del plazo, al considerar que se trataría de una segunda ampliación y de una situación irregular, puesto que el Ministerio Público ya tuvo un plazo de investigación superabundante; razón por la cual, solicitaron que el Juez de la causa emita auto de control jurisdiccional por vencimiento de la etapa preliminar, toda vez que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar había transcurrido más de dos años desde el inicio de la investigación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 448/2022 de 27 de noviembre, cursante a fs. 122 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo incólume la disposición asumida por el Juez de garantías.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 11 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55220-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 448/2022 de 27 de noviembre, cursante a fs. 122 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Alejandro Paredes Mamani en representación sin mandato de Francisco Urbano, Verónica Lourdes y Rosalía Seferina, todos de apellidos Mamani Huarani contra Hector Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2022, cursante de fs. 26 a 28 vta., la parte accionante expresó lo siguiente:
Dentro el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, el 20 de octubre de 2020, fueron comunicados con el inicio de investigaciones; transcurrido el plazo de veinte días dispuesto por la normativa, el Ministerio Público solicitó la ampliación del plazo por sesenta días adicionales; es decir, hasta el 3 de diciembre de igual año; transcurrido tal plazo, y siendo que dicha entidad no encontró elementos de convicción durante el periodo de investigación, se emitió la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021 de 1 de abril. El mencionado rechazo fue revocado por el Fiscal Departamental mediante Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022 de 7 de junio; empero, recién el 11 de octubre de 2022, el Ministerio Público solicitó al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, la ampliación de sesenta días adicionales para la investigación, situación que resulta irregular, puesto que dicha entidad tuvo un plazo de investigación superabundante, es decir, de dos años y un mes de etapa preliminar hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar. Reclamaron que, dicha situación vulneró las garantías previstas en el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que exige que los juicios se realicen en un plazo razonable, también el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que señala que el plazo en materia penal es improrrogable; debido a la omisión del ahora demandado, de ejercer control jurisdiccional sobre la causa conforme manda el art. 279 del CPP, máxime si la norma adjetiva citada, no reconoce la existencia de una segunda ampliación de investigación, como pretendía aplicar el Juez demandado. El 25 de octubre de 2022, plantearon recurso de reposición, solicitando específicamente al Juez de la causa, que emita un auto de control jurisdiccional; a objeto de que dicha autoridad pueda subsanar su error y “agotar la vía para presentar una acción tutelar” (sic); sin embargo, por proveído de misma fecha la autoridad judicial denegó la reposición “…argumentando la falta de norma legal que establezca los plazos luego de una revocatoria y que por ello se debe ampliar el plazo del caso” (sic). Añadieron que, a partir de la revocatoria el Fiscal de Materia tuvo seis meses para el cumplimiento de los actos investigativos ordenados en la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022; no obstante, solicitó la ampliación por otros sesenta días; incluso la autoridad fiscal emitió el decreto de 18 de noviembre del citado año, sin observar los plazos previstos por ley, poniendo en riesgo su libertad personal, al disponer su aprehensión pese al vencimiento de los plazos previstos por ley.
La parte accionante no precisó el derecho o garantía que consideran lesionado, refiriendo únicamente que su libertad está en riesgo.
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto, en el plazo de veinticuatro horas “…NOTIFIQUE CON AUTO DE CONTROL JURISDICCIONAL POR VENCIMIENTO DE LA ETAPA PRELIMINAR AL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO CONFORME PROCEDIMIENTO DENTRO EL CASO…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 120 a 121, se produjeron los siguientes actuados:
Los impetrantes de tutela a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y ampliándola señalaron que: a) Producto del ejercicio de control jurisdiccional realizado por el Juez ahora demandado se emitió la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021, pues la investigación no arrojaba suficientes elementos para fundamentar una imputación formal; en mérito a ello, la parte denunciante interpuso recurso jerárquico ante el Fiscal Departamental de La Paz, el cual fue resuelto por Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022, enfatizando que pasaron cinco meses y veinte días hasta la fecha de la audiencia; sin embargo, abruptamente el Fiscal de Materia, Franz Adolfo Vargas Oblitas, amparándose en el art. 300.2 -siendo lo correcto 301.2- del CPP, volvió a solicitar una nueva complementación de diligencias o entiéndase una segunda complementación de diligencias policiales, solicitud que presentó graves errores de congruencia pues hizo mención a la Resolución 026/2022 -no indica fecha- cuando la resolución jerárquica es la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022; un segundo aspecto es que, se refiere al delito de robo agravado previsto y sancionado en el art. 332 del Código Penal (CP); b) Señalaron que conforme al cuaderno de control jurisdiccional remitido para la audiencia de garantías, en ningún momento se comunicó el inicio de investigaciones por este delito, aclarando que, conforme al art. 8 de la CADH, la potestad punitiva del Estado se limita en el tiempo y alcanza un límite en los márgenes de extinción y prescripción, en mérito al control jurisdiccional de la causa y velar por el cumplimiento exacto de los plazos procesales; c) El proceso penal se encontraba en etapa preliminar, citando la SCP 1128/2013 de 17 de julio, se indicó que en lo primordial y en lo que respecta al caso, la misma estableció que el plazo para que el Fiscal de Materia presente la imputación formal, es cuando conozca el informe de las diligencias establecidas por la Policía Boliviana, investigación que no puede superar los veinte días y en caso de complementación los noventa días; empero, en el presente caso habría pasado dos años un mes y seis días de la etapa preliminar incumpliendo lo establecido en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional; d) Interpusieron recurso de reposición bajo alternativa de una acción constitucional; y que en tal mérito, de conformidad con el “art. 401” -sin especificar la norma-, agotaron las instancias ordinarias, habiendo cumplidos con el principio de subsidiariedad; y, e) Existe un peligro contra el derecho a la libertad, pues la parte denunciante requirió a la autoridad fiscal la emisión del mandamiento de aprehensión contra la sindicada Rosalía Seferina Mamani Huarani y por decreto de 18 de noviembre de 2022, la autoridad jurisdiccional estableció que se requiera conforme a derecho; entonces, existe un peligro a la libertad vinculada con el no ejercicio del control jurisdiccional, a cuyo efecto solicitaron la aplicación de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, que determinó que en un proceso penal es la acción de libertad la que tiende a reparar los agravios; indicando que en todo proceso penal existe un peligro efectivo contra la libertad porque la consecuencia lógica de un proceso penal se plasma en una sanción que importa la pena privativa de libertad, en mérito a ello y estando en un proceso penal, también esta jurisprudencia fue ratificada por la SCP “0636/2018-S2” que establece y ratifica este criterio alcanzado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Hector Quilla Vargas, Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 116 a 117 vta. solicitó se declare la improcedencia de la presente acción tutelar, al no tener directa vinculación con el derecho a la libertad física o de locomoción, advirtiendo que tampoco se agotó el principio de subsidiariedad, acuyo efecto manifestó que: 1) El caso de autos aún se encuentra en etapa preliminar y no existe resolución que directa o indirectamente restrinja, suprima, amenace o vulnere el derecho a la libertad física o de locomoción de los accionantes; siendo la vía correcta ante un procesamiento indebido sin vinculación al derecho a la libertad o a la vida, la acción de amparo constitucional; 2) En el proceso penal en cuestión existe la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021, misma que fue revocada por la Fiscalía Departamental de La Paz, mediante Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022; sin embargo recién fue notificada al Juzgado que preside el 21 de septiembre de 2022; 3) Ante la revocatoria de una resolución de rechazo, debía esperarse veinte días para que el Fiscal asignado al caso realice los actos investigativos sugeridos por la Fiscalía Departamental de La Paz, y a la conclusión del mismo emitir el auto conminatorio correspondiente, conforme al art. 301 del CPP; 4) Ante una eventual ampliación del plazo de investigación informado por la autoridad fiscal asignado al caso el Fiscal Asignado al caso, es posible su concesión; toda vez que, en el Código de Procedimiento Penal y modificaciones, no existe una norma jurídica específica que prohíba aquello ni jurisprudencia suprema o constitucional que establezca algún lineamiento jurisprudencial sobre los plazos de investigación a controlar en etapa preliminar, luego de la revocatoria de una resolución de rechazo; 5) Entonces, ante una solicitud o informe de ampliación del plazo de investigación, luego de la revocatoria de una resolución de rechazo, corresponde conceder el plazo solicitado, toda vez que conforme establece el art. 279 del CPP, el juez de instrucción penal, cumple la función de control de derechos y garantías jurisdiccionales y no así sobre los actos investigativos ni el tiempo o plazo para los mismos; 6) Además, el art. 301.I.2 del CPP modificado por la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-, establece que es una facultad y atribución privativa del Ministerio Público, ordenar la complementación de las investigaciones, aspecto que fue realizado en el presente caso, conforme al Requerimiento Fiscal de 11 de octubre de 2022, contra lo cual no se planteó la presente acción de libertad, existiendo una falta de legitimización pasiva; 7) Por dicho antecedente, los accionantes refieren que el presente caso se encontraría vinculado al derecho a la libertad, afirmando que contra ellos existiría un mandamiento de aprehensión, siendo que el Fiscal de Materia no emitió ningún mandamiento, conforme se evidencia de los documentos adjuntos; 8) No obstante, si fuera cierto que se hubiera emitido de forma irregular algún mandamiento de aprehensión por parte del Fiscal asignado al caso, los accionantes debieron solicitar el control jurisdiccional o plantear algún incidente ante el Juez cautelar de la causa y no acudir directamente a la vía constitucional, por lo que en el presente caso, se evidencia que los accionantes no cumplieron con el principio de subsidiariedad; y, 9) Finalmente, se ratificó en los motivos y fundamentos expresado en el Auto de 25 de octubre de 2022, haciendo notar que los impetrantes de tutela solicitaron que se notifique un auto de control jurisdiccional -por vencimiento del plazo de la etapa preliminar-que aún no fue emitido, aclarando que la acción tutelar no fue interpuesta contra la providencia de 11 de octubre de 2022, que acepta la ampliación de la etapa de investigación por el plazo de sesenta días, ni contra el Auto de 25 de igual mes y año; como tampoco se cuestionó la Resolución Fiscal de complementación de diligencias preliminares de 11 del mismo mes y año.
El Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 448/2022 de 27 de noviembre, cursante a fs. 122 y vta., concedió la tutela, disponiendo que la autoridad demandada en un plazo menor a veinticuatro horas, de su legal notificación, emita auto de control de etapa preliminar y sea remitido ante el Fiscal Departamental de La Paz. Determinación que fue asumida, sobre la base de los siguientes argumentos: i) Citando el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), y tomando en cuenta lo expuesto, el presente caso se trata de un indebido procesamiento puesto que se estaría incumpliendo los plazos procesales previstos en la norma o jurisdicción ordinaria; ii) De acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional remitido, se cumplió con el principio de subsidiariedad, toda vez que ante la negativa de la pretensión de auto conminatoria o auto de control en etapa preliminar, se interpuso recurso de reposición y control jurisdiccional; actos que dan apertura a la jurisdicción constitucional, pues conforme a procedimiento no existe recurso ulterior; iii) La presente causa penal, data de la gestión 2020, a la fecha continua en etapa preliminar, es decir más de dos años, aspecto que se considera como una inobservancia a las funciones del Juez instructor como controlador de garantías y plazos procesales en la jurisdicción ordinaria; y, iv) Si bien, se tiene una objeción de rechazo que data desde septiembre de 2022, debe tomarse en cuenta que los plazos procesales son corridos para el Ministerio Público, así lo estipula la Ley Orgánica del Ministerio Público, en tal sentido el reclamo de la parte accionante se encuentra justificada y los hechos acontecidos en el presente caso son acorde a lo establecido en los arts. 125 de la CPE y art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 21 de octubre de 2020, el Ministerio Público informó al Juez de Instrucción de turno de El Alto del departamento de La Paz, el inicio de investigación preliminar, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado previstos y sancionados en los arts. 199 y 203 del CP; siendo los denunciados Rosalía “Serafin”, Francisco Urbano y Verónica Lourdes, todos de apellidos Mamani Huarani (fs. 1).
emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, se revocó la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021 de 1 de abril, dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público a denuncia de Ernesto Mamani Acarapi contra los prenombrados -ahora accionantes- por la probable comisión del hecho adecuado a los tipos penales de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 199 y 203 del CP; al considerar que “…es evidente que la Dirección Funcional de la Investigación no realizó suficientes actuados y/o diligencias investigativas para esclarecer el hecho investigado…” (sic), determinando continuar con la investigación y realizar las actuaciones necesarias para su esclarecimiento, y una vez “…cumplido el mismo deberá requerir lo que corresponda en cumplimiento a lo previsto por el artículo 301 de la norma adjetiva penal” [sic (fs. 4 a 9)].
Policiales RES./F.I.V.O./26/2022, presentada al Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de El Alto el 11 de octubre de 2022, se solicitó a la autoridad judicial ahora demandada que, ordene la complementación de diligencias por el plazo de sesenta días. Memorial que mereció el proveído de misma fecha, disponiendo ampliar la investigación por el plazo solicitado, “…debiendo a la término de dicho plazo presentar el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar” [sic (fs. 88 y vta)]. II.4. Mediante memorial presentado el 25 de octubre de 2022, Francisco Urbano Mamani Huaranilos, planteó recurso de reposición contra el proveído de 11 de igual mes y año, denunciando que no existe norma legal que permita realizar una segunda complementación de diligencias por sesenta días y que “…advertido del error solicitaron reposición del referido proveído y en su lugar se disponga la emisión en el día del auto de control jurisdiccional que ponga fin a la etapa preliminar y sea bajo alternativa de acción de amparo constitucional” [sic (fs. 94)].
II.5. Por Auto de 25 de octubre de 2022, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto, en relación al recurso de reposición interpuesto contra la providencia de 11 de igual mes y año, concluyó que no ha lugar a la reposición interpuesta, por cuanto el informe de ampliación de plazo de sesenta días para la complementación de diligencias preliminares del Ministerio Público se encontraría enmarcado dentro el Código de Procedimiento Penal y conforme a las atribuciones privativas conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público (fs. 95 y vta.).
Los accionante a través de su representante sin mandato denunciaron que su libertad se encuentra en riesgo, puesto que, en octubre de 2020, fueron comunicados el inicio de investigaciones en su contra, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que mereció la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021 al no encontrar elementos de convicción en la etapa de investigación; documento que a instancia del denunciante fue revocado, mediante la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022, emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, y notificado al Juez de la causa en septiembre de 2022; posteriormente, el 11 de octubre del mismo año, el Ministerio Público solicitó al Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto -ahora demandado-, la ampliación de sesenta días durante la etapa investigativa. En ese contexto, el 25 de octubre de 2022, la parte accionante planteó recurso de reposición, rechazando la ampliación del plazo, al considerar que se trataría de una segunda ampliación y de una situación irregular, puesto que el Ministerio Público ya tuvo un plazo de investigación superabundante; razón por la cual, solicitaron que el Juez de la causa emita auto de control jurisdiccional por vencimiento de la etapa preliminar, toda vez que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar había transcurrido más de dos años desde el inicio de la investigación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0428/2025 de 23 de mayo, haciendo cita a la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, determinó que: […«en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido (…) “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”. (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)». La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad] (las negrillas corresponden al texto original).
Los accionantes a través de su representante sin mandato denuncian que su libertad se encuentra en riesgo, puesto que el Juez de la causa -ahora demandando-, no emitió auto de control jurisdiccional por vencimiento de la etapa preliminar, a pesar de haber transcurrido más de dos años desde el inicio de la etapa de investigación, por lo cual consideran que es inminente que se emitan mandamientos de aprehensión en su contra, poniendo en riesgo su libertad, aspecto que es denunciado como hecho lesivo en la presente acción tutelar. De la documentación que informan los antecedentes de la acción tutelar, se evidencia el informe de inicio de investigación seguida por el Ministerio Público y puesta a conocimiento del Juez de la causa el 21 de octubre de 2020, dentro de la denuncia interpuesta por Ernesto Mamani Acarapi contra Francisco Urbano, Verónica Lourdes, y, Rosalía Seferina, todos de apellidos Mamani Huarani por la probable comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, tipificados y sancionados por los arts. 199 y 203 del CP; que a criterio del Fiscal asignado al caso en la etapa investigativa, al no haberse encontrado elementos de convicción suficientes para una imputación formal, emitió la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021 de 1 de abril; determinación que fue impugnada por el denunciante, a cuya consecuencia el Fiscal Departamental de La Paz, emitió la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022 de 7 de junio, que revocó la referida Resolución de Rechazo al considerar que “…es evidente que la Dirección Funcional de la Investigación no realizó suficientes actuados y/o diligencias investigativas para esclarecer el hecho investigado…” (sic), determinando continuar con la investigación y realizar las actuaciones necesarias para su esclarecimiento. Posteriormente la autoridad jurisdiccional por proveído de 11 de octubre de 2022, a solicitud de igual fecha presentada por el Fiscal asignado al caso, autorizó la ampliación del plazo dentro de la etapa investigativa, por el lapso de sesenta días, disponiendo que, al término de la misma, presente el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar; determinación que fue refutada por los accionantes mediante recurso de reposición presentado el 25 de octubre del mismo año, solicitando además que se ponga fin a la etapa preliminar; sin embargo, por Auto de misma fecha el Juez de Instrucción Penal Séptimo de El Alto -ahora demandado- determinó no ha lugar a la reposición interpuesta (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4 y II.5). Por los antecedentes expuestos, corresponde precisar que, conforme al art. 300 del CPP, el plazo de duración de la etapa preliminar es de veinte días, computables a partir del informe de inicio de investigación. Dicho plazo puede ser ampliado hasta un máximo de ciento veinte días, según lo previsto en el art. 301.2 del mismo cuerpo normativo. Vencido el plazo de la etapa preliminar, es deber de la autoridad jurisdiccional que ejerce el control conminar al Ministerio Público para que emita el requerimiento conclusivo correspondiente. En el presente caso, sin embargo, se dictó la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021, la cual fue objetada y posteriormente revocada mediante la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022 que en su parte resolutiva ordenó la continuación de las investigaciones. Por otro lado, el art. 305 del CPP, establece expresamente que: “…si se dispone al revocatoria, se ordenará la continuación de la investigación”, ahora bien, dicha investigación no puede ser indefinida, razón por la cual son aplicables nuevamente los plazos regulados por el art. 301.2 del CPP. Añade dicho artículo que la resolución de revocatoria o confirmación debe ser notificada al juez de control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro horas, bajo responsabilidad. En consecuencia, en el presente caso, la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022 que revocó el rechazo y ordenó la continuidad de las investigaciones, correspondía que la misma fuera notificada dentro de las veinticuatro horas siguientes. A partir de esa notificación debía computarse nuevamente el plazo de veinte días de la etapa preliminar. No Obstante, este aspecto no fue considerado por el Juez ahora demandado, quien mediante decreto de 11 de octubre de 2022 concedió una ampliación de sesenta días, sin tomar en cuenta que la resolución de revocatoria -Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022- había sido emitida el 7 de junio de igual año y que debió notificarse al día siguiente, momento desde el cual debía reiniciarse el cómputo de plazos de la investigación preliminar; es decir, la investigación preliminar posterior a al revocatoria de la Resolución de Rechazo /MSDS/RECHAZO 117/2021, debía durar hasta veinte días después de la citada fecha; sin embargo, sin tomar en cuenta este aspecto, el 11 de octubre de similar año, se amplió el plazo de sesenta días más, aun cunado incluso tal plazo estaba completamente vencido. De lo anterior se desprende que, desde la fecha en que debió notificarse la Resolución FDLP/WEAL/R 1478/2022 de revocatoria, transcurrieron más de cuatro meses de etapa preliminar. Por ello, no correspondía conceder la complementación de diligencias, toda vez que incluso el plazo de sesenta días de ampliación ya se encontraba vencido. Por lo descrito, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho al ser tal mecanismo el idóneo cuando exista vulneración al principio de celeridad conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 448/2022 de 27 de noviembre, cursante a fs. 122 y vta., pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo incólume la disposición asumida por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0622_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 178dd7c50ad649b7fd18de3d54a890d4517250a6520593ed2c8beeeaac028720
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →