B.IA.LEGAL

SCP 0622/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
17 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
52825-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y al debido proceso en sus elementos a la defensa y legalidad; y, del principio pro actione; toda vez que, fueron aprehendidos mediante acción directa y se les aplicó el art. 393 ter I.2 del CPP, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; es así que, el 16 de septiembre de 2022, el Ministerio Público solicitó su detención preventiva por el plazo de un mes, alegando riesgos procesales; sin embargo, vencido dicho plazo, el 17 de octubre de ese año, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, por Auto Interlocutorio 334/2022, prolongó de manera ilegal su detención por tres meses sin requerimiento fiscal previo ni resolución motivada de ampliación, contrariando lo dispuesto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 38/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada; 2° Disponer que, por Secretaría General de este Tribunal, se remita copia legalizada de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Ministerio Público y a la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, a efectos de que inicien las investigaciones correspondientes y determinen, en su caso, la eventual responsabilidad administrativa o penal de Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, 3° A través de la Comisión de Admisión de este Tribunal, ante denuncias fundadas de irregularidades procesales atribuibles a jueces, tribunales de garantías o salas constitucionales que excedan sus competencias o intervengan en ámbitos ajenos a su jurisdicción, deberá procederse al adelanto de sorteo, en atención a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La informalidad de la acción de libertad no elimina la necesidad de presentar prueba pertinente para dar certeza al proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2025-S2 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52825-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 38/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Pablo Rodríguez Soto, Julia Fajardo Quispe y Tito Mamani Vargas contra Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia; Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital y Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo, todas del departamento de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 16 de septiembre de 2022, en el marco del proceso penal por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, signado con Código Único de Denuncia (CUD) 601102012201550, el Ministerio Público formuló requerimiento de imputación formal en su contra y solicitó la aplicación de medida cautelar de detención preventiva por el plazo de un mes, alegando la existencia de riesgos procesales. Al día siguiente -17 del citado mes y año-, durante la audiencia de medidas cautelares, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -ahora codemandada-, tras escuchar las fundamentaciones presentadas, dispuso su detención preventiva por el término solicitado y fijó la audiencia de control de cumplimiento de la medida cautelar para el 17 de octubre del mismo año. No obstante, en dicha audiencia de control de cómputo de la medida cautelar, mediante Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre, la citada autoridad demandada dispuso la continuidad de la detención preventiva, en tanto estimó que la investigación revestía complejidad -debido a la existencia de tres imputados- y que persistían riesgos procesales pendientes de desvirtuarse. La resolución resulta contraria a la ley, toda vez que, conforme lo establecido en el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para la cesación de la medida cautelar, no debe existir más exigencia que el vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva; asimismo, que el Fiscal de Materia asignado al caso no solicitó la ampliación de su detención preventiva ni planteó fundamento alguno en relación a la complejidad de la causa; más al contrario, señaló que presentó la acusación fiscal y que la etapa investigativa ya concluyó; por lo que la Resolución en cuestión resulta ultra petita, contrariando el precedente contenido en la SCP 0491/2021-S4 de 2 de septiembre; ante lo cual, presentaron recurso de apelación incidental. Después de los trámites correspondientes, Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia -codemandada-conoció el recurso de apelación incidental y llevó a cabo la audiencia respectiva, quien mediante Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre, declaró “sin lugar” el recurso interpuesto, manteniendo su detención preventiva sin considerar los plazos de cumplimiento de la misma -superados “abundantemente”-, siendo su detención preventiva ilegal en cuanto fueron aprehendidos mediante una acción directa conforme la imputación formal; por lo que, si se requerían actos investigativos, el Fiscal de Materia debió solicitar de manera fundamentada un plazo de treinta días. Las autoridades demandadas obviaron que, para determinar la situación jurídica de un imputado en relación al transcurso del tiempo, no se deben desvirtuar riesgos procesales, ya que se encuentran detenidos por tres meses, cuando la solicitud del Ministerio Público era de un mes sin que se haya ampliado su detención preventiva mediante resolución motivada. Por lo expuesto, al estar en la etapa de juicio por efecto de una acusación formal, corresponde se determine su libertad por estar sometidos a una detención ilegal.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, al debido proceso en sus elementos defensa y legalidad; y, del principio pro actione; citando al efecto los arts. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 281/2022-SP2 y el Auto Interlocutorio 334/2022, ordenándose se emita un nuevo fallo en cumplimiento del art. 239.2 del CPP y la jurisprudencia contenida en la SCP 0491/2021-S4, disponiendo su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 17 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los peticionantes de tutela, a través de su abogado, ratificaron in extenso el contenido del memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, manifestaron que: a) El Ministerio Público los imputó formalmente por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; y, en virtud de las facultades conferidas por el art. 302 y siguientes del CPP, mediante Auto Interlocutorio 319/2022 de 17 de octubre, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -codemandada-, dispuso su detención preventiva por treinta días, considerando que se trataba de un delito en flagrancia, conforme lo dispuesto en los arts. 230 y 293 ter de la citada norma procesal penal; asimismo, se fijó audiencia para verificar su situación jurídica para el 17 de igual mes y año; b) Aunque el art. 233 del CPP permite la ampliación de la detención preventiva, esta debe ser fundamentada y solicitada expresamente por el Fiscal de Materia, lo que no ocurrió en el caso presente; sin embargo, al haber concluido la etapa preparatoria y estar presente el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, además de existir riesgos procesales conforme indica el art. 234.1, 2 y 7 de la referida norma, se debió remitir la causa al Tribunal de sentencia correspondiente sin solicitar ni justificar la ampliación de la medida cautelar. Posteriormente, la Jueza cautelar codemandada emitió el Auto Interlocutorio 334/2022, mediante el cual decidió la continuidad de la detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos del departamento de Tarija, sin establecer plazo alguno, lo cual constituye una actuación ultra petita y un anticipo de condena, vulnerando garantías constitucionales, ya que no se justificó la complejidad del caso ni se fundamentó la necesidad de prolongar la detención preventiva, incumpliendo con lo establecido en los arts. 233 y 239.2 del CPP; además, no se otorgó traslado sobre la eventual ampliación, omitiendo así un requisito esencial del procedimiento; c) Al no haber una solicitud fiscal fundamentada para la ampliación, debía aplicarse directamente el art. 239.2 del CPP, que ordena el cese de la detención una vez vencido el plazo, sin necesidad de desvirtuar riesgos procesales; y, d) Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital -codemandada-, bajo el principio de revisabilidad y dirección judicial, debió verificar tales aspectos y no radicar la causa.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

En audiencia de garantías, la Secretaria del Juzgado de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juzgado de garantías, dio lectura de los informes presentados por las autoridades demandadas en el siguiente orden: Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -demandada-, señaló que: 1) Su única intervención fue al emitir el Auto de Vista 281/2022-SP2, donde el único apelante fue Tito Mamani Vargas -accionante-, quien no se presentó a la audiencia de apelación, el cual pudo ejercer su derecho a la libertad en base al principio de inocencia; y, 2) Respecto al Auto Interlocutorio 334/2022, la defensa presentó un incidente de actividad procesal defectuosa, pero la Jueza de instancia lo rechazó in límine; aclaró que, al concluir la etapa investigativa, ya no existirían peligros procesales activos, y que existen documentos que acreditan el domicilio y trabajo de los acusados en Tarija. Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, manifestó que, i) No es responsable de la emisión del Auto Interlocutorio 334/2022 ni del Auto de Vista 281/2022-SP2, ya que fueron pronunciadas por otras autoridades; este caso actualmente tiene señalamiento de audiencia de juicio para el 27 de diciembre de 2022, con todas las partes debidamente notificadas; ii) La acción de libertad se interpuso en la ciudad de La Paz, cuando el proceso penal por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, y todas las partes involucradas como ser Ministerio Público y acusados, tienen su sede en Tarija, lo cual le imposibilita a la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz -Jueza de garantías- analizar los antecedentes con profundidad; y, iii) La acción de defensa debe declararse improcedente, porque los accionantes buscan su libertad con argumentos fuera de lugar; además, no mencionaron los derechos vulnerados, ya que en todo momento contaron con defensa técnica, no existiendo evidencias de actos arbitrarios o ilegales; asimismo, persisten los riesgos procesales de fuga y obstaculización, donde su defensa no desvirtuó los riesgos procesales. Al existir acusación formal en su contra, la detención preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo del proceso. Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, no presentó informe alguno pese a su notificación cursante a fs. 11.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 38/2022 de 22 diciembre, cursante de fs. 18 a 20, concedió en parte la tutela solicitada con relación a Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia y Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo, ambas del departamento de Tarija; disponiendo lo siguiente: a) Se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 334/2022 y el Auto de Vista 281/2022-SP2, debiendo dictarse una nueva resolución que se adecue a procedimiento y a lo señalado en el art. 239.2 del CPP, donde únicamente debe verificarse el cumplimiento del tiempo dispuesto, sin que ello implique desvirtuar los riesgos procesales; por lo que, corresponde aplicar lo establecido en el art. 231 bis del citado Código, es decir, la imposición de medidas cautelares que aseguren la presencia de los acusados durante el juicio público y contradictorio; b) Entre las medidas a aplicar, se debe disponer la detención domiciliaria, el pago de una fianza que no exceda los Bs15 000.-(quince mil bolivianos), la obligación de presentarse una vez a la semana ante la autoridad correspondiente y el arraigo; medidas que son consideradas adecuadas para garantizar la presencia de los acusados a lo largo del desarrollo del juicio; y, c) Dado que los antecedentes del caso ya fueron remitidos a Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, le corresponde emitir una nueva resolución conforme a los lineamientos establecidos en la presente acción de libertad; y, se denegó la tutela impetrada respecto a la citada Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, por no evidenciarse que hubiese generado alguna acción, debiendo notificarse a las partes presentes conforme al art. 126.IV de la CPE, así como a las autoridades demandadas, quienes deben cumplir lo dispuesto en el plazo de veinticuatro horas; y, en cuanto a las costas, estas serán dispuestas por el Tribunal Constitucional Plurinacional al momento de revisar la presente sentencia, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se advierte la vulneración del derecho al debido proceso en relación con la falta de fundamentación en la audiencia de consideración de la situación procesal de los acusados, debido a que estos se encontraban con detención preventiva, en esa circunstancia la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del referido departamento, debió limitar su análisis al transcurso del tiempo, conforme al procedimiento previsto para la ampliación de la medida cautelar, que debió ser solicitada y debidamente fundamentada por el Ministerio Público; sin embargo, en el caso concreto, la Fiscal de Materia, únicamente señaló la existencia de un pliego acusatorio y la persistencia de riesgos procesales, sin presentar una solicitud formal ni motivación suficiente para ampliar la detención preventiva; 2) La citada Jueza cautelar negó la cesación de la detención preventiva y, de manera ultrapetita, dispuso su mantenimiento bajo el argumento de que ya existía acusación fiscal y que debía asegurarse la presencia de los acusados en juicio; además, sin respaldo en la solicitud fiscal, calificó el proceso como complejo y no precisó el plazo de vigencia de la medida, lo que constituye una clara falta de fundamentación; 3) La Sala Penal Segunda del departamento de Tarija, al resolver la apelación incidental mediante el Auto Interlocutorio 334/2022, ratificó íntegramente la decisión de la Jueza de instancia, avalando así las vulneraciones denunciadas, en lugar de advertir el exceso en la decisión judicial, ratificando que se trataba de un caso complejo y que era necesario garantizar la presencia de los acusados, sin observar la actuación ultrapetita de la señalada Jueza; y, 4) Con relación a la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del mismo departamento, no se evidenció vulneración de derechos, dado que su intervención se limitó al conocimiento posterior del proceso tras la remisión del pliego acusatorio; en consecuencia, respecto de las dos primeras autoridades demandadas, se constata que la audiencia de verificación de la situación jurídica de los acusados debió ceñirse únicamente al análisis del transcurso del tiempo, no a la valoración de riesgos procesales, lo cual corresponde a otro supuesto del art. 239 del CPP, al no existir una solicitud fundamentada del Ministerio Público, la decisión de mantener la detención preventiva carece de motivación, resultando contradictoria y vulneratoria del debido proceso y del derecho a la libertad. En virtud de solicitud de complementación, explicación y enmienda de 3 de enero de 2023 -sin constancia de recepción-, cursante de fs. 30 a 31, presentada por Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, no consta en obrados la resolución respectiva.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 3 de enero de 2023 -sin constancia de recepción-, Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija -ahora demandada-, solicitó a la Jueza de garantías complementación, explicación y enmienda de la Resolución 38/2022 de 22 de diciembre, argumentando que: i) Su persona no emitió el Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre ni el Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de octubre, no correspondiendo que se le ordene emitir una nueva resolución sobre decisiones que no dictó; ii) Se le ordenó aplicar el art. 239.2 del CPP, lo cual implica verificar solamente el cumplimiento del tiempo de detención y no valorar riesgos procesales; sin embargo, en la acción de libertad, la Jueza de garantías no consideró la existencia de acusación formal y la complejidad del proceso como argumentos para mantener la detención preventiva de los accionantes, lo cual fue apelado y declarado “sin lugar” por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, según el art. 233 del CPP; de ahí que, lo dispuesto por dicha autoridad constitucional, no consideró que en etapa de juicio la detención preventiva solo procede si se acreditan riesgos procesales, lo cual no fue evaluado adecuadamente; y, iii) Finalmente, la Jueza de garantías debió enfocar su análisis en la vulneración de los derechos fundamentales de los impetrantes de tutela, en atención a lo dispuesto en el art. 125 de la CPE, y no disponer que se aplique las medidas cautelares como la detención domiciliaria, fianza, presentación semanal ante la autoridad y arraigo; medidas que deben ser determinadas por la autoridad judicial que conoce el fondo del proceso en audiencia específica, realizando la valoración de la prueba y análisis de los riesgos procesales activos, siguiendo criterios de proporcionalidad y necesidad (fs. 49 a 50). II.2. Mediante oficio Cite Of. 36/2023 - JSP6° de 20 de enero, dirigida al Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, la citada Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija hizo conocer que, en el caso penal seguido contra los ahora accionantes, por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, éstos se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario Morros Blancos del referido departamento, la causa radicada en la ciudad de Tarija; sin embargo, se presentaron dos acciones de libertad en La Paz y El Alto por los abogados de los impetrantes de tutela -incluida la presente causa-, las cuales fueron tramitadas de manera irregular. La Jueza de garantías dispuso medidas cautelares, que corresponden exclusivamente al juez natural, incluso ordenando la detención domiciliaria sin escolta, emitidas sin competencia territorial de conformidad con el art. 2 de la Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018 (fs. 53 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes, a través de su representante sin mandato, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad, a la vida y al debido proceso en sus elementos a la defensa y legalidad; y, del principio pro actione; toda vez que, fueron aprehendidos mediante acción directa y se les aplicó el art. 393 ter I.2 del CPP, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación; es así que, el 16 de septiembre de 2022, el Ministerio Público solicitó su detención preventiva por el plazo de un mes, alegando riesgos procesales; sin embargo, vencido dicho plazo, el 17 de octubre de ese año, Teresa Jesús Torrez Torrez, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, por Auto Interlocutorio 334/2022, prolongó de manera ilegal su detención por tres meses sin requerimiento fiscal previo ni resolución motivada de ampliación, contrariando lo dispuesto por el art. 239.2 de la citada norma procesal; asimismo, se exigió sin respaldo legal, que probaran la inexistencia de riesgos procesales una vez vencido el plazo de detención inicial, requisito que ya no correspondía conforme a la normativa vigente, empero, pese a ello, la detención preventiva se mantuvo, y Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -demandado-, por Auto de Vista 281/2022-SP2, confirmó esta decisión en alzada, lo que consolidó una detención arbitraria al no haberse observado las exigencias legales y jurisprudenciales para su prórroga; así como, Nataly Angélica Flores Jijena, Jueza de Sentencia Penal Sexta de igual Capital y departamento -codemandada-, radicó la causa sin observar tales aspectos. Ante ello, la Vocal demandada en audiencia señaló que su única participación fue la emisión del Auto de Vista 281/2022-SP2, donde el apelante Tito Mamani Vargas no asistió a la audiencia; el incidente de actividad procesal defectuosa relacionado con el Auto Interlocutorio 334/2022 fue rechazado in límine por la Jueza de instancia, quien consideró que, concluida la investigación, no subsistían riesgos procesales.

Por su parte, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Tarija, codemandada negó su responsabilidad en la emisión del Auto Interlocutorio 334/2022 y el citado Auto de Vista 281/2022-SP2, argumentando que los mismos fueron dictados por otras autoridades, cuestionando que la acción de libertad fue presentada en la ciudad de La Paz, cuando el proceso penal y todas las partes están en Tarija; además, que los impetrantes de tutela tuvieron defensa técnica constante, persistiendo riesgos procesales y resultando la detención preventiva necesaria dada la acusación formal existente. En cuanto a la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija -codemandada-, no presentó informe alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La informalidad de la acción de libertad no elimina la necesidad de presentar prueba pertinente para dar certeza al proceso

La SCP 2109/2012 de 8 de noviembre señaló que: “El art. 3 del CPCo, que regula los principios procesales de la justicia constitucional, prevé que un tiempo de impartir justicia constitucional, los jueces y tribunales de garantías, así como el Tribunal Constitucional Plurinacional, se regirán entre otros, por el principio de no formalismo inserto en su numeral 5: “Por el que sólo podrán exigirse aquellas formalidades estrictamente necesarias para la prosecución del proceso”. Se entiende de ello, las pruebas indispensables para la resolución de la acción impetrada, por cuanto no podrá fallar favorablemente, cuando no exista certidumbre sobre la vulneración de los derechos denunciados de transgredidos, por las consecuencias indeseables que ello generaría dentro de la justicia constitucional. Así, el art. 33 del mismo Código, dentro de las normas comunes de procedimiento en las acciones de defensa instituidas por el orden constitucional, determina en su numeral 7, que la acción debe contener al menos: “Las pruebas que tenga en su poder o señalización del lugar donde se encuentren”. Destaca que, el no formalismo en la acción de la libertad, no implica de modo alguno que el accionante esté absuelto de adjuntar a su demanda, prueba mínima y necesaria que demuestre la verosimilitud de sus alegaciones, siendo que le incumbe probar la existencia de o los actos lesivos que lesionaron sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; estando obligado la jurisdicción constitucional, a fallar sobre la certidumbre de los mismos a fin de resolver adecuadamente la problemática sujeta a examen, compulsando los hechos demandados de ilegales, en relación a los elementos probatorios que los respalden…”.

III.2. Análisis del caso concreto

Del examen del caso, se advierte que los accionantes sostienen que su detención preventiva devino en ilegal una vez vencido el plazo de un mes dispuesto en la audiencia cautelar de 17 de septiembre de 2022, señalando que la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de San Lorenzo del departamento de Tarija, prorrogó indebidamente la medida y que la Vocal demandada, omitió valorar este extremo al resolver la apelación incidental. Conforme lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en la acción de libertad rige el principio de informalidad; sin embargo, ello no implica de modo alguno que el accionante esté absuelto de adjuntar a su demanda, la prueba mínima y necesaria que demuestre la verosimilitud de sus alegaciones, en la jurisdicción constitucional solo se puede conceder tutela cuando exista certeza sobre la lesión denunciada; sin embargo, las afirmaciones de los impetrantes de tutela no vienen acompañadas de la prueba mínima que permita generar certeza sobre los hechos denunciados, en su petitorio solicitan se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 334/2022 de 17 de octubre y el Auto de Vista 281/2022-SP2 de 28 de igual mes, fallos que no fueron adjuntados; además, de otras piezas procesales, como ser la resolución de imputación formal, lo dispuesto en la audiencia de 17 de septiembre de 2022 en la que se fijó un mes de detención preventiva, la apelación incidental presentada, entre otros. En ese sentido, sin estos elementos, no es posible contrastar sus alegaciones con las actuaciones de las autoridades demandadas ni establecer si existió una prolongación arbitraria de la detención preventiva; sumado a ello, que tampoco fue desvirtuado los informes de las autoridades demandadas presentadas en audiencia, puesto que no se acreditó documentación alguna que refute tales argumentos. Por ello, ante la ausencia de prueba mínima que permita constatar el acto lesivo y otorgar certeza al proceso constitucional, corresponde denegar la tutela impetrada; puesto que la justicia constitucional no puede suplir la carga probatoria de los accionantes ni reconstruir actuaciones procesales que no fueron acreditadas, más aún cuando existen vías específicas dentro del proceso penal para cuestionar resoluciones cautelares o alegar su ilegalidad.

III.3. Otras consideraciones

En el análisis del presente caso, se advierte que la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en su calidad de Jueza de garantías, incurrió en una actuación manifiestamente ilegal, al asumir competencia en una acción de libertad que involucraba hechos y personas circunscritos exclusivamente de la jurisdicción del departamento de Tarija; proceder que resulta contrario a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley 1104, norma que delimita con claridad la competencia territorial de los jueces, tribunales de garantías y salas constitucionales, cuya inobservancia vulnera principios fundamentales del orden procesal. Asimismo, se constata que la citada Jueza de garantías emitió una resolución propia de un juez penal ordinario, puesto que, a tiempo de dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 334/2022 y Auto de Vista 281/2022-SP2, impuso medidas cautelares personales como son la detención domiciliaria, arraigo, fianza y presentación ante la autoridad una vez a la semana; lo que configuró una extralimitación de sus funciones, conducta que no solo vulnera el principio de legalidad procesal, sino que también afecta garantías esenciales como el debido proceso y el juez natural, pilares consagrados en la Norma Jurídica Fundamental. Cabe destacar que, esta actuación ilegal fue advertida también por autoridades judiciales del departamento de Tarija, como es la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital de ese departamento, quien incluso presentó una aclaración, complementación y enmienda (Conclusión II.1), además de hacer conocer a este Tribunal Constitucional Plurinacional mediante Nota Cite Of. 36/2023 - JSP6º de 20 de enero, sobre las actuaciones irregulares de la autoridad de garantías. En tal situación, corresponde disponer la remisión de antecedentes no solo al Ministerio Público, sino también al Consejo de la Magistratura, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes (Conclusión II.2) en la medida en la que ya existe un antecedente en la SCP 0554/2025-S2 de 5 de junio, respecto a la actuación de la referida Jueza de garantías. Tomando en cuenta la actuación de la referida autoridad, resulta pertinente señalar que, en situaciones similares, cuando jueces, tribunales o salas constitucionales exceden sus competencias o intervienen en ámbitos ajenos a su jurisdicción, la parte afectada puede solicitar el adelanto de sorteo sin esperar estrictamente el turno ordinario, debido a que la inactividad procesal puede comprometer el desarrollo oportuno de las denuncias disciplinarias, generando dilaciones que dificulten un tratamiento adecuado de los hechos eventualmente constitutivos de faltas en el ejercicio de la función jurisdiccional. Debe considerarse que la demora en la realización del sorteo regular se convierte en un obstáculo relevante para el avance de los procesos disciplinarios, pues paraliza injustificadamente su tramitación y afecta la continuidad necesaria para impulsar la investigación, este tipo de retrasos no solo dificulta la verificación oportuna de los hechos, sino que también debilita el ejercicio efectivo del control institucional sobre los servidores judiciales; por lo que, en casos debidamente sustentados, corresponde disponer el adelanto de sorteo.

La intervención oportuna mediante el adelanto de sorteo en este tipo de casos busca asegurar el inicio inmediato de las actuaciones pertinentes y resguardar la integridad del sistema disciplinario, de lo contrario, la dilación en este acto procesal clave puede afectar la posibilidad de determinar responsabilidades y generar un escenario en el que hechos relevantes no sean oportunamente examinados, comprometiendo la vigencia del orden legal y constitucional. Finalmente, se debe señalar que, si bien la intervención de la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, -autoridad carente de competencia territorial para conocer la acción- pudo generar la nulidad del procedimiento constitucional por afectar el debido proceso, dicha medida no resulta necesaria en este caso, debido a que esta resolución se está limitando a denegar la tutela sin realizar un examen de fondo, por lo que la actuación irregular no produjo un impacto sustancial en la decisión ni en los derechos de las partes, lo que excluye la necesidad de retrotraer obrados. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 38/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada; 2° Disponer que, por Secretaría General de este Tribunal, se remita copia legalizada de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional al Ministerio Público y a la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, a efectos de que inicien las investigaciones correspondientes y determinen, en su caso, la eventual responsabilidad administrativa o penal de Wendy Luna Castro, Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, 3° A través de la Comisión de Admisión de este Tribunal, ante denuncias fundadas de irregularidades procesales atribuibles a jueces, tribunales de garantías o salas constitucionales que excedan sus competencias o intervengan en ámbitos ajenos a su jurisdicción, deberá procederse al adelanto de sorteo, en atención a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0622_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 25e882c932be3d0f67dd9be614cf024538831ced248ea84ce23a02d389b9fb51

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →