B.IA.LEGAL

SCP 0622/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47171-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de derecho a la libertad; alegando que: i) Los funcionarios policiales demandados, procedieron a aprehenderlo a través de una acción directa, sin que haya existido flagrancia; ii) La Fiscal codemandada, emitió imputación formal, la cual carece de fundamentación, ya que no estableció con exactitud su aparente participación; iii) El Juez codemandado, dispuso su detención preventiva sin que exista una fundamentación clara que sustente la medida, y sin valorar correctamente la probabilidad de autoría señalada en la imputación, pues no existe ningún elemento que compruebe su participación en el hecho; y, iv) La Vocal codemandada, emitió un fallo carente de fundamentación, pues no se pronunció acerca de la probabilidad de autoría y la calificación provisional. En consecuencia, corresponde ahora analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 021/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 77 a 82 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Acción de libertad como mecanismo de tutela de derechos ante un procesamiento ilegal e indebido
  2. III.2. Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47171-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 021/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 77 a 82 vta, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sergio Vicente Rivera Renner en representación sin mandato de Jesús Reynaldo Cochi Challco contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del mismo Departamento; Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia; Boris Gutiérrez, José Luis Mollinedo, Ximena “Mollo” Aguilar y Jorge Chura Condori, funcionarios policiales de la Unidad Policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) zona central, todos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante de fs.1; y, 45 a 53 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 18 de marzo se encontraba realizando sus funciones en la discoteca “QUEEN”, que consistía en vigilar la puerta e ingresar de momentos a verificar que no existan inconvenientes; de ahí que, aproximadamente a las 19:30, cuando recién abrieron encontrabase vacío el lugar, se acercó una señorita en busca de trabajo, razón por la que la dejó entrar sin pedirle carnet de identidad, ya que al ser un motivo de cuestión laboral solo requería información, y que presentaría su documentación al momento de solicitar el trabajo de mesera para verificar su edad, a la cual no conocía ni había visto nunca, desconociendo que contra la misma existía un reporte de persona desaparecida. Añade que, su persona salió en busca de comida y cuando retornó se percató que dicha persona ya no se encontraba en el lugar, por lo que preguntó a su compañero de trabajo, quién le señaló que se había retirado en un auto; no obstante, entre la media noche la aludida, ingresó de forma abrupta a dicha discoteca en compañía de efectivos policiales, quienes señalaron que se encontraban realizando un operativo; dado que, procedieron a aprehenderlo, dejándolo totalmente desconcertado ya que sólo realizaba su trabajo, no existiendo vinculo que demuestre que fue partícipe de algún delito; sin embargo, se encuentra privado de libertad por la connotación mediática que se hizo del hecho, ya que a pesar que la policía tiene conocimiento que dicha persona no se encontraba en la referida discoteca sino en la discoteca “DUBAI”, como ella misma refirió, “la policía con el fin de plantar pruebas falsas decide aprehenderlo a sabiendas que el mismo no tenía ninguna relación con el hecho” (sic), existiendo un claro abuso de autoridad al realizar una acción directa cuando no existía flagrancia, ya que no existen elementos que demuestren que cometía el delito de corrupción de menores, por lo que no podía restringírsele su derecho a la libertad. Asimismo, señala que la Fiscal ahora demandada emitió imputación formal en su contra, la cual carece de fundamentación, ya que no estableció con exactitud cómo habría cometido el delito por el cual se lo responsabiliza; es decir, cuando, cómo y donde, dejando en evidencia que solo actuó por la connotación social, buscando de manera inquisitiva responsabilizarlo, sin ni siquiera individualizar su aparente participación, impidiéndole defenderse en libertad pese a la predisposición que tiene de colaborar en el esclarecimiento del hecho, asumiendo una conducta de omisión pues no solo desconoció sus derechos fundamentales sino lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), y los Tratados Internacionales que protegen la libertad, pues no existen argumentos ni fundamentos que sostengan dicho requerimiento. El Juez de la causa, ahora demandado, debió haber realizado el respectivo control jurisdiccional; sin embargo, continuando con la cadena de vulneración a sus derechos, sin que exista una fundamentación clara que sustente la medida, dispuso su detención preventiva, sin valorar correctamente la probabilidad de autoría señalada en la imputación, pues no existe ningún elemento que compruebe la misma; no obstante, dicha determinación fue ratificada de manera sesgada por la Vocal hoy codemandada, quién no valoró adecuadamente los elementos de convicción y la relación circunstancial de los hechos, sino de manera subjetiva influenciada por la viralización, mediatismo del hecho y factores sociales inquisitivamente lo responsabiliza.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante a través de su representante sin mandato considera lesionado su derecho de libertad, sin cita de norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio 090/22 y Auto de Vista 228/2022, y las medidas cautelares impuestas, restituyendo su derecho a la libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Del Auto de Admisión de acción de libertad de 19 de abril de 2022 cursante a fs. 54, consta que se señaló audiencia para su consideración para el 20 de abril; sin embargo, en los antecedentes remitidos en revisión a este no se cuenta con el acta de dicha audiencia.

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

En la Resolución 021/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 77 a 82 vta, se plasmó la intervención efectuada en audiencia, donde puede evidenciarse que la parte hoy accionante ratificó el contenido de la acción de libertad interpuesta, y ampliándola señaló que: a) Hizo referencia al art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, señalando que no se puede utilizar a un “niño” para hacer procesos penales por lo que se interpuso la acción de libertad reparadora e innovativa; b) Fue presentado sin su consentimiento a los medios de comunicación vulnerando el art. 296 del Código de Procedimiento Penal (CPP), aspectos que fueron reclamados a la Fiscal ahora demandada “no ha hecho nada, el Juez ahora accionado no ha hecho nada y la Vocal también ahora accionada, no ha corregido en nada ante los reclamos realizados habiéndose vulnerado el derecho a la dignidad humana” (sic), dañando su imagen y honor que se encuentran mellados; c) La Vocal demandada emitió un fallo carente de fundamentación, pues no se pronunció acerca de la probabilidad de autoría y la calificación provisional, vulnerando la presunción de inocencia, por lo que corresponde conceder la tutela ante la inexistencia de flagrancia; d) Se realizó una fundamentación genérica de los riesgos procesales contenidos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP, la cual debió ser de manera individualizada; e) Exhibiendo videos, señaló que corresponderían al 18 de marzo de 2022, donde la menor sale de la discoteca “QUEEN”, otro de 19 de igual mes y año, donde la misma llega en un vehículo a dicha discoteca, y otro video de donde podría establecerse que ésta desciende junto con la policía e ingresan al lugar, en cuyo contexto refirió que no existe fundamentación sobre la probabilidad de autoría; f) El Informe de acción directa sería falso, ya que del Informe Psicológico practicado a la menor, está habría trabajado en la discoteca “DUBAI”, aspectos que se reclamaron a la Fiscal, al Juez y la Vocal hoy demandados, al no existir objetividad del Ministerio Público en el hecho; y, g) No se pretende que la jurisdicción constitucional realice una valoración, sino que ejerza control de la jurisdicción ordinaria, y disponga se emita nuevas resoluciones en relación a las medidas cautelares, que el Ministerio Público de aplicación al art. 225 –no precisa de que norma-, la Vocal demandada cumpla con el art. 124 del CPP y la Policía de aplicación al principio de verdad material conforme al art. 180 de la CPE, debiendo abstenerse de armar casos utilizando a menores de edad, por lo que solicita se les ordene que informen la verdad debiendo remitirse dentro el plazo correspondientes al Ministerio Público, y que esta institución a su vez exija informe a la Policia Boliviana de cuando se encontró por primera vez con la menor, que el Juez pronuncie nueva resolución fundamentada respecto a los reclamos que efectuó, al igual que la Vocal demandada, debiendo darse el plazo de 24 horas para que emita nuevo Auto de Vista en función a la nueva resolución que pronuncie el Juez Cautelar. “Que, habiéndose realizado las consultas correspondientes la parte accionante señala que todo momento se ha reclamado la ausencia de fundamentación en la relación a la probabilidad de autoría y que si no se hubiera reclamado no se estaría en este momento en una acción de defensa” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades y funcionarios policiales demandados

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 20 de abril de 2022, cursante a fs. 66 y vta., manifestó: 1) Como Tribunal de alzada se rigen por el principio de limitación establecido en el art. 398 del CPP; es decir que, se emite la fundamentación correspondiente en torno a los agravios expuestos por la parte apelante, la respuesta a los mismos, siendo sobre estos, antecedentes y los elementos de prueba presentados, además de tomarse en cuenta que la víctima es una persona vulnerable por su condición de mujer, aspectos sobre los cuales con fundamentos de hecho, derecho y jurisprudenciales fue emitido el Auto de Vista 199/2022, ; 2) El delito es de orden público, por lo que corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos; 3) El accionante no cumplió con los presupuestos para que la jurisdicción ordinaria ingrese al análisis de la legalidad ordinaria; 4) La medidas cautelares son temporales y variables, es decir que no causan estado; y, 5) El accionante no precisó de manera cierta y concreta como se habrían vulnerado sus derechos y garantías constitucionales, argumentos en base a los cuales solicitó se deniegue la tutela impetrada. Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado la misma fecha, que consta a fs. 63 y vta., preciso que: i) Por turno de fin de semana conoció la imputación formal con aprehendido emitido por la Fiscal ahora demandada, habiéndose llevado audiencia cautelar, donde fue emitido el Auto Interlocutorio 90/22 de 21 de marzo de 2022, realizándose un estudio exhaustivo de los argumentos de la defensa, así como una valoración objetiva e integral de los elementos probatorios y de los antecedentes de la causa, en base a los cuales se dispuso que guarde detención preventiva, determinación que conforme bien afirma el hoy accionante fue confirmada por el Tribunal de alzada mediante el Auto de Vista 228/2022, consecuentemente debe entenderse que cualquier acto u omisión irregular, ilegal o arbitrario, tuvo que ser cuestionado a través del recurso de apelación, en cuya consecuencia no procede la acción de libertad en su contra, por lo que solicitó se deniegue la tutela; y, ii) Finalizando aclaró que el proceso fue devuelto al Juzgado de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, donde radica la causa. Sarina Guardia Guardia, Fiscal de Materia, por informe cursante a fs. 64 a 65, presentado la fecha referida, manifestó que: a) El 24 de febrero de 2022, tuvo conocimiento de una acción directa, por lo que se dio inicio a una investigación mediante imputación formal, por el presunto delito de trata y tráfico de personas y corrupción niña, niño y adolescente, siendo la víctima menor de edad la cual se encontraba reportada como desaparecida, realizando las investigaciones para llegar al esclarecimiento de los hechos para determinar lo que en derecho corresponda, por lo que no actuó de forma ilegal como refiere el accionante; b) Por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada dado el carácter temerario de la acción tutelar interpuesta, pues su actuación fue enmarcada en la SCP 3941/2018-S2 y 017/2018, que en la ratio decidendi establece que las autoridades deben aplicar la perspectiva de género e interseccionalidad, bajo el principio pro actione en favor de los más débiles y en base al art. 60 de la CPE, al ser deber del Estado y la sociedad garantizar la prioridad de la niña, niño y adolescente, velando por la protección de sus derechos como manda la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto de San José de Costa Rica. Boris Gutiérrez, funcionario policial de la Unidad Policial de la FELCC zona central, del departamento de La Paz, en audiencia (extractado de la Resolución emitida por el Juez de garantías) manifestó que en honor a la verdad ya había una denuncia y que los videos exhibidos no fueron judicializados, refiriendo en lo principal que la menor habría sido objeto de violación el mismo día del rescate, que la enviaron a alojamientos no una sino varias veces, que el guardia de seguridad –hoy accionante- nunca se identificó como tal, y que lo único que precautelaron fue a la menor de edad, quién se encontraba desaparecida 20 días, por lo que solicitó se tenga presente lo referido. Ximena “Mollo” Aguilar, funcionaria policial de la misma dependencia, sólo aclaro que su nombre correcto era Ximena Montaño Aguilar. Jorge Luis Mollinedo, funcionario policial, hizo referencia que ya existía un trabajo de inteligencia en el tiempo que se encontraba desaparecida, razón por la cual se realizó la intervención policial. Jorge Chura Condori, funcionario policial, señaló que se adhería a lo manifestado por el Teniente Boris Gutiérrez.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 021/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 77 a 82 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: 1) Se cuestionó la probabilidad de autoría al Juez de la causa y al Tribunal de alzada, siendo precisamente sobre este aspecto que la Vocal ahora demandadas, hizo énfasis que debe tomarse en cuenta que a imputación formal es provisional y que con el transcurso del tiempo puede cambiar, y que por mandato del art. 225 de la CPE, el Ministerio Publico ejerce la acción penal pública a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos, pues dicha institución no investiga a “ultranza”, por lo que el a quo en el segundo considerando habría efectuado un análisis objetivo respecto a la relación circunstancial del hecho, por lo que consideró que no existía agravio con relación al presupuesto de la probabilidad de autoría conforme el art. 233.1 del CPP; 2) Debe tenerse presente lo señalado por la SCP 398/2018-S3 de 3 de agosto, que en relación a la protección de las víctimas niñas y adolescentes mujeres, estableció la aplicación del enfoque interseccional, que constituye una herramienta útil para analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres comprendiendo sus desigualdades y necesidades conforme la Convención Belem do Pará; y, 3) Se realizaron actos jurisdiccionales, encontrándose el proceso en etapa de investigación, siendo las medidas cautelares modificables incluso de oficio.

CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 090/22 de 21 de marzo de 2022, el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz –ahora demandado–, dispuso la detención preventiva de Jesús Reynaldo Cochi Challco –hoy accionante– y otros (fs. 36 a 43). II.2. A través de Auto de Vista 228/2022 de 1 de abril, la Sala Penal Segunda compuesta por la Vocal hoy demandada, mediante la cual “determina la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación las cuestiones planteadas en el fondo CONFIRMA la Resolución N° 090/2022 emitido por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal” (sic) (fs. 67 a 73 vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de derecho a la libertad; alegando que: i) Los funcionarios policiales demandados, procedieron a aprehenderlo a través de una acción directa, sin que haya existido flagrancia; ii) La Fiscal codemandada, emitió imputación formal, la cual carece de fundamentación, ya que no estableció con exactitud su aparente participación; iii) El Juez codemandado, dispuso su detención preventiva sin que exista una fundamentación clara que sustente la medida, y sin valorar correctamente la probabilidad de autoría señalada en la imputación, pues no existe ningún elemento que compruebe su participación en el hecho; y, iv) La Vocal codemandada, emitió un fallo carente de fundamentación, pues no se pronunció acerca de la probabilidad de autoría y la calificación provisional. En consecuencia, corresponde ahora analizar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Acción de libertad como mecanismo de tutela de derechos ante un procesamiento ilegal e indebido

La SCP 1665/2012 de 1 de octubre, señaló lo siguiente: “La Norma Suprema, en sus arts. 115.II y 117.I, reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que dichas autoridades adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso” (las negrillas son nuestras).

En relación a la denuncia de la vulneración de derechos mediante un indebido procesamiento la SCP 1566/2013 de 16 de septiembre, refirió que: “(…) cuando se denuncia la existencia de un indebido procesamiento a través de la acción de libertad (…) la jurisprudencia constitucional a través de la SCP de 0505/2013 de 18 abril, ha reiterado el entendimiento de la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre entre otras, señalando que: ‘…la protección que brinda el Recurso de hábeas corpus en cuanto al debido proceso se refiere, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes’ (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 1312/2001-R, 111/2002-R, 81/2002-R, 397/2002-R, 940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R, entre otras)” .

La SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, citando a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, ha señalado las condiciones por las cuales la acción de libertad se puede activar ante el reclamo de un indebido procesamiento que lesiona el derecho a la libertad personas y de locomoción, indicando que: “(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad” (las negrillas nos pertenece).

III.2. Sobre la obligación del juzgador de fundamentar y motivar las resoluciones judiciales que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señaló que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: “...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes”.

En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‵…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva‵.

Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar”.

De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alega que su derecho a la libertad fue vulnerado efecto de las actuaciones y omisiones realizadas por los funcionarios policiales, Fiscal de la causa y autoridades jurisdiccionales de primera y segunda instancia, razón por la cual el estudio respecto a cada uno de ellos será realizado de manera separada, teniéndose entonces respecto a:

i) En relación a los funcionarios policiales demandados En cuanto a éstos se denuncia que realizaron una aprehensión ilegal a través de una acción directa, sin que haya existido flagrancia; al respecto, debe considerarse que conforme el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no es una vía idónea para resolver una presunta denuncia de procesamiento ilegal o indebido; no obstante, de forma excepcional puede ingresar a su análisis cuando concurran los siguientes presupuestos: a) Que el acto lesivo denunciado se encuentre de manera directa vinculado con su derecho a la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) Exista absoluto estado de indefensión. En ese marco, resulta menester aclarar que la denuncia traída a materia a través de esta acción tutelar, no tiene vinculación con su derecho a la libertad; toda vez, que la restricción del citado derecho obedece a una medida impuesta por el Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 090/22 de 21 de marzo de 2022; y de acuerdo a los principios que rige la presente acción tutelar, ante la supuesta actitud negligente de la autoridad de tratar su denuncia, cuya presentación no fue demostrada de manera objetiva ante esta instancia constitucional, correspondía que active los mecanismos de impugnación pertinentes en el ordenamiento, como ser el recurso de apelación; en cuyo contexto, al no concurrir los presupuestos señalados para que a través de la acción de libertad se analicen las presuntas lesiones al debido proceso, torna pertinente denegar la tutela solicitada, resultando la acción de amparo constitucional, el mecanismo constitucional idóneo para el resguardo y restablecimiento del debido proceso cuando no se encuentra vinculado con el derecho a la libertad, previo agotamiento de la jurisdicción ordinaria. ii) En relación a la Fiscal codemandada A dicha autoridad le atribuye la emisión de una imputación formal la cual presuntamente carece de fundamentación, ya que no estableció con exactitud su aparente participación; al respecto, dicho aspecto también se encuentra inmerso dentro de la esfera del debido proceso, cuyos presupuestos ya fueron explicados en la problemática anterior, teniéndose en cuanto al primer postulado que la presunta falta de fundamentación de la imputación formal, no constituye por sí misma la causa de la restricción de la libertad del hoy accionante, puesto que, la misma deviene -conforme también ya fue señalado-de la imposición de una medida cautelar personal extrema dispuesta por autoridad competente; asimismo, no se evidencia que el accionante se encuentre en absoluto estado de indefensión, ya que tiene conocimiento del proceso y viene activando los medios de defensa e impugnación que le faculta el ordenamiento jurídico, por lo que ante la evidente inconcurrencia de los presupuestos jurisprudenciales referidos, corresponde denegar la tutela impetrada.

iii) Con relación al Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz codemandado

Cuya reclamación versa en que presuntamente hubiera dispuesto su detención preventiva sin que exista fundamentación clara que sustente la medida, y sin valorar correctamente la probabilidad de autoría señalada en la imputación; al respecto, resulta menester aclarar que si bien es evidente que a través del Auto Interlocutorio 090/22 de 21 de marzo de 2022, la aludida autoridad impuso contra el hoy accionante la medida extrema de última ratio (Conclusión II.1), no es menos cierto que dicha determinación fue objeto de recurso de apelación, que mereció el Auto de Vista 228/2022 de 1 de abril, pronunciado por la Sala Penal Segunda, por lo en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la revisión de las decisiones asumidas en instancia judicial se realiza a partir de la última resolución pronunciada, en el entendido de que esta tuvo la posibilidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones de las autoridades de menor jerarquía; por lo que este Tribunal circunscribirá su análisis sólo lo que concierne al aludido Auto de Vista, correspondiendo por ello denegar la tutela en lo que respecta a Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo del departamento de La Paz, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la denuncia deducida contra la referida autoridad judicial, por los motivos antes expuestos.

iv) Respecto a la Vocal demandada

Quién presuntamente emitió un fallo carente de fundamentación, pues no se pronunció acerca de la probabilidad de autoría y la calificación provisional, omitiendo además realizar un análisis individualizado respecto a los riesgos procesales contenidos en el art. 234.7 y 235.2 del CPP; correspondiendo en ese marco, remitirnos al contenido del Auto de Vista ahora cuestionado, el cual en el Considerando II, en la parte que nos concierne, la Vocal demandada precisó que: 1) La calificación realizada en la imputación formal era provisional, y que con el transcurso de la investigación podía cambiar, ya que era responsabilidad del Ministerio Público llegar a la verdad histórica de los hechos; respecto a la probabilidad de autoría si bien en el análisis realizado en torno al hoy accionante, se limitó a señalar que en el Considerando II del fallo apelado, se realizó un análisis objetivo respecto a la relación circunstancial de los hechos; no obstante, en acápites anteriores en cuanto al mismo tema fundamentó que el Ministerio Público había presentado imputación formal en contra de Jesús Reynaldo Cochi Chalca –hoy accionante–, Romario Richard Cubo Herrera, Roberto Carlos Camacho Quispe, Juan Carlos Morales Cruz, Raúl Abdías Solíz Valero y Jenny León Santos, sosteniendo que el 19 de marzo de 2022, producto de un patrullaje cibernético realizado en la División Trata y Tráfico de personas, ante la denuncia de la desaparición de una menor de edad de catorce años, con fecha de desaparición el 24 de febrero del aludido año, en sus diferentes plataformas digitales se había ubicado a la misma, la cual se encontraba en la discoteca “QUEEN”, quienes por medio de engaños y falsas fachadas de empresas de discotecas ofrecían servicios de compañía de menores de edad abusando de su situación y vulnerabilidad con promesas de pagos por parte de los administradores y otros partícipes de la asociación delictuosa, induciendo y favoreciendo la recepción de menores víctimas de trata de personas y delitos en relación de explotación sexual comercial generando la satisfacción de los deseos libidinosos para los clientes que combinan dichas acciones, por lo que la carga de la prueba correspondía al Ministerio Público a los fines de llegar a la verdad histórica de los hechos, a cuya conclusión debería presentar requerimiento conclusivo de sobreseimiento o de acusación; 2) Con relación al art. 234.7 del CPP, señaló que el apelante no especificó de manera objetiva cuales serían los agravios en los cuales hubiera incurrido el Juez a quo, no existiendo una crítica razonable para ingresar al fondo del fundamento emitido por la defensa del procesado; y, 3) En cuanto al art. 235.2 de la norma de referencia, señaló que de acuerdo a los fundamentos explanados por el Juez de primera instancia, los 5 imputados podían amenazar a la víctima –mujer menor de edad– a su entorno familiar y amigos, influyendo negativamente en éstos, siendo ese el modus operandi para que la víctima acceda a las solicitudes de trabajo nocturno, comercio sexual y consumo de bebidas alcohólicas; asimismo, de acuerdo con la SCP 1172/2016-S3 de 26 de octubre, ante la existencia de varios implicados “no se requiere que se den los nombres de otros implicados o testigos o peritos y no debe perderse de vista, por la parte imputada que la Resolución de imputación formal se da en un primer momento luego de haberse prestado su declaración informativa” (sic), por lo que al encontrarse el proceso en etapa preparatoria mal podría exigirse al Ministerio Público consigne la lista de testigos y peritos, ello además por razones de estrategia en la investigación, aspectos en torno al cual concluyó que los fundamentos que sostienen la postura del a quo en cuanto a la concurrencia de dicho riesgo procesal contenía la suficiente logicidad jurídica, por el momento procesal en el que aún se encontraban.

De la contrastación de los fundamentos ilustrados con la problemática de referencia, se tienen como no evidentes los extremos denunciados por el accionante; toda vez, que la Vocal demandada de manera razonable estableció que la calificación realizada en la imputación formal resultaba provisional, ya que podía cambiar con el transcurso de la investigación, habiéndose también precisado los acontecimientos suscitados el día de los hechos en base a los cuales se sustentó la probabilidad de autoría, y en cuanto a los riesgos procesales si bien no se ingresó al análisis del art. 234.7 del CPP, la autoridad demandada aclaró que dicha determinación fue asumida en virtud a que el apelante no especificó de manera objetiva cuales serían los agravios en torno a dicho peligro. Así en relación al art. 235.2 del mismo cuerpo legal, consideró que la captación que sufrió la víctima, fue producto de su estado de vulnerabilidad como mujer menor de edad, condición que fue aprovechada para que acceda a las solicitudes de trabajo nocturno, comercio sexual y consumo de bebidas alcohólicas, en cuya situación estableció que tanto la prenombrada como su entorno familiar, podrían ser objeto de influencia negativa por parte de los cinco imputados; por otro lado, además aclaró que por razones de estrategia en la investigación no era posible exigir al Ministerio Público consigne la lista de testigos y peritos. Determinaciones que fueron debidamente sustentadas en concordancia con la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal con relación a la perspectiva de género y el enfoque interseccional, al tratarse el caso de una víctima mujer menor de edad que merece una tutela reforzada, en cuyo marco las autoridades judiciales se encuentran obligadas en la aplicación de medidas cautelares o su modificación, a tomar en cuenta los derechos de la víctima, asumiendo medidas para evitar probables hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su familia, así sobre este particular la SCP 0871/2021-S4 de 17 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 relativo a la obligación de las autoridades judiciales de juzgar con perspectiva de género, velando por la preeminencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la protección reforzada a las víctimas de violencia de género y generacional, precisó: “ (…)se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (…)”.

Por cuanto al resultar los fundamentos expuestos suficientes y claros para comprender los motivos que llevaron a la Vocal demandada a confirmar el fallo apelado, cumpliendo así con el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, así como la obligación de todo administrador de justicia de juzgar con perspectiva de género, que implica la preeminencia de los derechos en el caso de la adolescente y su protección reforzada en su calidad de víctima, corresponde denegar la tutela impetrada.

Finalmente, este Tribunal no puede soslayar la referencia realizada en torno a una presunta vulneración contra su imagen y honra, al haber sido expuesto en medios de comunicación sin contar con su autorización; aspecto en torno al cual corresponde aclarar que el derecho a la imagen, se encuentra fuera de los alcances de protección que brinda esta acción de defensa de conformidad a su configuración constitucional establecida en el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo cual impide efectuar pronunciamiento alguno al respecto.

III.4. Otras consideraciones

Es necesario puntualizar que el Tribunal o Juez de garantías y las Salas Constitucionales, tienen la obligación de remitir todos los actuados procesales desarrollados efecto de la sustanciación de una acción tutelar, porque dicha documental concierne también ser analizada en esta instancia de revisión; en ese sentido, se exhorta al Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz, quién conoció la presente acción de libertad, que en próximas actuaciones cumpla con la íntegra remisión de los actuados correspondientes, pues en el caso presente no se adjuntó el acta de audiencia de acción de libertad, habiéndose tenido que extractar la intervención de las partes del contenido de la Resolución traída en revisión; no obstante, de no encontrarse plasmadas hubiera generado la necesidad de requerir su envío, debiendo para ello suspenderse el plazo de resolución de la causa, con inevitable demora. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 021/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 77 a 82 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de conformidad a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía MAGISTRADO MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0622_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): ad17582f40e79b1fc2dd1bbb32d404e8443430582454af047fff33a0d989b8ef

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →