B.IA.LEGAL

SCP 0622/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
47099-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad y de locomoción, así como el principio de celeridad; toda vez que, los demandados: i) La mantuvieron indebidamente en celdas policiales, debiendo librarse inmediatamente el mandamiento de detención domiciliaria, a efectos de cumplir con las medidas sustitutivas dispuestas en el Auto Interlocutorio 124/2022; asimismo, emitieron el mandamiento de arraigo y la boleta de depósito judicial de la fianza económica con errores en su apellido materno; y, ii) No remitieron el cuaderno de apelación ante el tribunal de alzada; por lo que, pidió se cumpla con ese actuado de forma inmediata. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El debido proceso y alcances de su protección. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0622/2023-S2 Sucre, 4 de julio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 47099-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paola Alejandra La Torre Torrico en representación sin mandato de Adriana Laura Machaca Callizaya contra Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza; y, Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de fs. 8 a 10, la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 1 de abril de 2022, a horas 13:30, fue aprehendida y posteriormente remitida al Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, donde se fijó audiencia de consideración de las medidas de carácter personal, para horas 19:00 del 2 de ese mes y año, concluyendo la misma a horas 2:00 -se entiende del 3 de igual mes y año-, emitiéndose el Auto Interlocutorio 124/2022 de 2 de abril, que dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva, determinando su detención domiciliaria, arraigo y cancelación de una fianza económica, que fueron solicitadas por el Fiscal de Materia, siendo conducida a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), lugar en el que permaneció hasta horas 23:00 del 4 del mes y año señalados, considerando que se encontraba indebidamente privada de su libertad hasta ese momento. Es así que, para el cumplimiento de las medidas dispuestas, su pareja solicitó oficios a la Dirección General de Migraciones, con el fin de efectuar el correspondiente trámite, siendo rechazado porque el apellido materno estaba erróneamente escrito como “Callisaya” -con s-, siendo lo correcto con “z”, debiendo constar “Callizaya”, lo mismo ocurrió con la boleta de depósito judicial de la fianza económica, que tenía el mismo error en dicho apellido, siendo también rechazado; por lo que, pidió corregir esos errores, escribiendo su reclamo en el libro del litigante, manifestando que hasta el día de la audiencia de esta acción tutelar, no fueron subsanados. Interpuesto el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 124/2022, que determinó la detención domiciliaria, la autoridad judicial demandada, ordenó se remitan actuados en el plazo de veinticuatro horas, sin embargo, la misma no fue cumplida por el Secretario demandado, a pesar que se trata de un caso con aprehendido. Señaló que las acciones del órgano jurisdiccional lesionaron sus derechos, al ser inicialmente detenida indebidamente en celdas judiciales a pesar de contar con medidas sustitutivas, y haberle otorgado un plazo para cumplir lo determinado; preguntándose cómo podía cumplir esas medidas si se encontraba “en celdas” o con detención domiciliaria. También manifestó que, al emitirse el oficio de arraigo y la boleta para el empoce de la fianza económica, se cometieron errores al consignar su nombre -apellido materno-, extremos que hicieron inviable cumplir con las medidas dispuestas mediante Auto Interlocutorio 124/2022.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad y de locomoción, así como el principio de celeridad; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Se emitan de manera inmediata, un nuevo mandamiento de arraigo y boleta de depósito judicial de fianza económica, para cumplir con las medidas dispuestas; y, b) Se remita la apelación incidental de forma inmediata -hizo notar que a pesar de estar cumpliendo con la detención domiciliaria, su derecho a la libertad ya fue vulnerado-.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia el 8 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 28, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, aunque de manera inentendible y confusa, añadiendo se conceda la tutela solicitada mediante la presente acción de libertad en su modalidad innovativa.

I.2.2. Informe de los demandados

Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe en audiencia, mediante el cual pidió se deniegue la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: 1) Estando de turno ese fin de semana, atendió treinta audiencias con detenidos; entre ellos, de la ahora accionante; 2) En relación a la remisión del cuaderno de apelación, una vez concluida la audiencia, fue enviada en fotocopias a la Sala Penal -Segunda- del Tribunal Departamental de Justicia, conforme al oficio de remisión, que tiene el sello de recepción de la citada Sala; 3) Aclaró que el cuaderno de control jurisdiccional se encuentra con el juez natural; es decir, con el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del señalado departamento, en el entendido que el caso en cuestión se atendió en turno de fin de semana, motivo por el que no se pudo remitir dicho cuaderno a la presente audiencia de acción de libertad; 4) Señaló la audiencia de consideración de medidas de carácter personal para el 2 de abril de 2022, a horas 19:00; sin embargo, la imputada -ahora accionante- a esa hora y fecha, se encontraba sin su abogado defensor; por lo que, se declaró cuarto intermedio, y continuó atendiendo las otras audiencias programadas; reinstalada la misma concluyó a horas 1:25 de la madrugada del 3 de similar mes y año; 5) La impetrante de tutela, indicó que el Auto Interlocutorio 124/2022, que determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, consistentes en la detención domiciliaria, el cumplimiento del arraigo y la cancelación de una fianza económica, entre otras, fue apelado conforme a procedimiento, encontrándose pendiente de resolución, en esa razón, no se cumplió el principio de subsidiariedad; 6) Concluida la audiencia de consideración de medidas cautelares de carácter personal, inmediatamente se emitió el mandamiento de detención domiciliaria, que contiene el sello de la FELCC -de celdas judiciales, de 4 de igual mes y año-; el trámite en esa instancia, si bien demoró fue debido a la falta de autorización del encargado policial, que según los funcionarios policiales, no se encontraba en ese momento; motivo por el cual considera que fueron dichos funcionarios los que lesionaron los derechos de la solicitante de tutela, en el ámbito administrativo, permitiendo que continúe en celdas policiales; al respecto, la mencionada pudo interponer queja o alguna acción contra los mismos, para que cumplan sus funciones; 7) Por otra parte, para el cumplimiento de las medidas dispuestas, se otorgó el plazo de setenta y dos horas, estando la misma dentro del plazo dispuesto en el Auto Interlocutorio 124/2022; consiguientemente, no vulneró ningún derecho o garantía de la accionante; y, 8) Sobre el mandamiento de arraigo y la boleta de depósito judicial para la fianza económica, fueron emitidos como se dispuso, habiéndose apersonado al Juzgado a su cargo, el enamorado de la peticionante solicitante de tutela, Ever Gustavo Guarachi, a fin de recoger los documentos citados, indicándole que verifique los datos -nombres y apellidos- de la imputada, dando su conformidad y retirándose; sin embargo, al poco tiempo retornó al Juzgado, indicando que en ambos documentos, existía error en el apellido materno de la ahora impetrante de tutela, siendo atendido de manera inmediata; aclarando que, antes de recoger esos documentos, debió advertir el error que indicó, motivo por el que le rechazaron; cuando le exhortaron revisar los datos continuaba dentro del plazo de setenta y dos horas otorgados para cumplir lo determinado en el Auto Interlocutorio 124/2022, por lo que el derecho a la libertad de la accionante no fue lesionado. Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona sur de la Capital del departamento de La Paz, presentó informe oral en audiencia y solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos: i) El sábado 2 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de carácter personal, a instancias del Ministerio Público contra la hoy accionante, misma que concluyó el domingo 3 de abril por la madrugada; es decir, al día siguiente de su instalación; ii) Mediante Auto Interlocutorio 124/2022, se determinó la detención domiciliaria de la mencionada, e inmediatamente concluida la audiencia se libró el mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, todo el día domingo 3 de igual mes y año, hasta el mediodía del lunes 4 de ese mes y año, recién se apersonó su abogado, reclamando “…porque no libramos el mandamiento…” (sic) y que “iba a accionar”; por Secretaría se le informó que debía de cumplir con las medidas dispuestas, en especial, con el depósito judicial de la fianza económica; iii) Su persona conjuntamente con Ever Gustavo Guarachi -enamorado de la impetrante de tutela-, se apersonó a dependencias de celdas policiales, aproximadamente a horas 15:00, con el mandamiento de detención domiciliaria; empero, le pidieron que retorne a las 18:00 porque no se encontraba su superior, quien da la autorización; regresando a la hora indicada, los mismos funcionarios policiales volvieron a indicar que aguarde, porque el encargado de firmar y sellar no se encontraba; una hora después retornó a esas dependencias, reiterando su conducta los funcionarios policiales, sin querer liberar a la ahora accionante, hechos que se realizaron en presencia del citado Ever Gustavo Guarachi, ante esa conducta, les refirió que elevaría informe, y que la parte interesada considere las acciones que pueda ejercer contra los policías, y sólo de esa manera liberaron a la hoy accionante; iv) Aclaró que Ever Gustavo Guarachi, se apersonó al Juzgado señalado el 4 de abril de 2022 por la tarde, quien dijo ser enamorado de la imputada, con el objeto de colaborar con los trámites, a quién se le entregó el mandamiento de arraigo y la boleta de depósito judicial de la fianza económica, recomendándole que revise si los datos escritos estaban correctos, dando su conformidad, motivo por el que se le entregó los mismos; y, v) Contra el Auto Interlocutorio 124/2022 que determinó la detención domiciliaria y otras medidas, la peticionante de tutela interpuso recurso de apelación, habiéndose remitido el cuaderno de apelación a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro del plazo previsto; por lo que, pidió se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 20/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 32, concedió en parte la tutela solicitada, de forma simplemente declarativa, en favor de la accionante, solamente respecto a la extensión del mandamiento de detención domiciliaria, ya que verificó dilación de casi un día en la emisión del mismo y su efectivización, exhortando a que en futuras actuaciones se observe la celeridad en actos relacionados con el derecho a la libertad de las personas. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) A través del Auto Interlocutorio 124/2022, emitido por la autoridad demandada en audiencia instalada el 2 de abril de 2022, que concluyó el domingo 3 del mismo mes y año, a horas 1:25, se determinó la medida sustitutiva de la detención domiciliaria y la fianza económica, entre otras, a favor de la ahora accionante; b) El mandamiento de detención domiciliaria fue librado concluida la audiencia y efectivizado el 4 de abril de 2022, encontrándose la impetrante de tutela cumpliendo con la medida dispuesta; sin embargo, la accionante permaneció en celdas judiciales aproximadamente veinticuatro horas más, no obstante de contar con la detención domiciliaria a su favor, que debió efectivizarse de forma inmediata, por lo que se verificó una dilación indebida que incidió en la vulneración del derecho a la libertad; c) La remisión del cuaderno de apelación, conforme a los oficios que hicieron llegar en copias legalizadas a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tiene fecha de recepción de 11 de igual mes y año, por la práctica que realizan en esa Sala Penal; si bien, no se observó el plazo de veinticuatro horas establecido en la norma procesal adjetiva; empero, la jurisprudencia constitucional, fijó hasta el máximo de tres días para la remisión del cuaderno de apelaciones en distritos judiciales con bastante carga procesal, como en los departamentos del eje central, más aun, considerando que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del referido departamento, se encuentra alejado del Edificio Central donde funcionan las Salas Penales, además, que “…en la semana de turno…” (sic) -fin de semana- se llevaron a cabo treinta audiencias de medidas cautelares, cuyas resoluciones también son tramitadas en apelación; y, d) En relación a las equivocaciones contenidas en el mandamiento de arraigo y en la boleta de depósito judicial de la fianza económica, no existe nexo causal entre la emisión de esos documentos por dicho Juzgado, que constituían la condición para la emisión del mandamiento de detención domiciliaria, siendo que los encargados de tramitarlas eran las personas que colaboraban a la demandante de tutela, que debieron revisar minuciosa y exhaustivamente dichos documentos al momento de recogerlos; es decir, advertir cualquier error u omisión de forma inmediata, antes de presentarlos a la instancia correspondiente, siendo comprensible el error cometido por la enorme carga procesal en días de turno del mencionado Juzgado, no evidenciándose vulneración a derecho alguno que haya incidido en la libertad de la demandante de tutela. En vía de aclaración, la autoridad judicial hoy demandada señaló a la Jueza de garantías que en su Resolución no mencionó a qué hora concluyó la audiencia de medidas cautelares, siendo por la madrugada del 3 de abril de 2022, y era difícil remitir en ese momento el mandamiento de detención domiciliaria, tanto para la recepción como para los trámites administrativos en celdas judiciales, puesto que los trámites pertinentes en su Juzgado se efectuaron hasta las 5:00 horas de la madrugada de la fecha indicada, aproximadamente. La Jueza de garantías aclaró que si bien el mandamiento de detención domiciliaria no se pudo efectivizar el domingo 3 de abril de 2022 en la madrugada, el mismo tendría que haber sido emitido en horas de la tarde de esa fecha, ya que el Juzgado a cargo de la autoridad demandada continuaba de turno; sin embargo, tanto la fecha de emisión como la recepción del referido mandamiento es de 4 de igual mes y año.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 124/2022 de 2 de abril, de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, a favor de Adriana Laura Machaca Callizaya -hoy accionante-, emitido por Erika Neptali Aranda Uzquiano, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, se dispuso, entre otras, lo siguiente: 1) “La detención domiciliaria de la ahora imputada, a tal efecto deberá señalar un domicilio donde deba cumplir la detención domiciliaria” (sic); 2) “Una fianza económica de bolivianos 10 mil montos de dinero que deberá se empozado al concejo de la magistratura…” (sic); y, 3) “Por último la prohibición de salir del país a tal efecto expídase el mandamiento de arraigo correspondiente medidas cautelares que deben ser cumplidas en el plazo de 72 horas a partir de su legal notificación bajo advertencia de que en caso de incumplimiento se puede disponer la revocatoria de las mismas y otra medida más gravosa”; “La presente determinación es dictada a hora 01:25 de fecha 4 de abril del año 2022…” (sic), decisión contra la que interpuso recurso de apelación incidental en la misma audiencia (fs. 20 a 22 vta.). II.2. Consta Mandamiento de detención domiciliaria de 4 de abril de 2022, a favor de Adriana Laura Machaca Callizaya, suscrita por la Jueza demandada y Daniel Esteban Ochoa Pérez, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital de la Zona Sur del departamento de La Paz -también demandado- (fs. 16).

II.3. Cursa Mandamiento de arraigo a favor de Machaca “Callisaya” Adriana Laura, de 5 de abril de 2022, suscrita por la Jueza hoy demandada (fs. 6). II.4. Se tiene nota de 7 de abril de 2022, CITE Of. 200/2022, con referencia: “REMISIÓN DE OBRADOS EN COPIAS LEGALIZADAS – por motivo de APELACIÓN INCIDENTAL en contra de la RESOLUCION No. 124/2022” (sic), con sello de recepción de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 11 del señalado mes y año, a horas 8:30 (fs. 17 a 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de su su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad y de locomoción, así como el principio de celeridad; toda vez que, los demandados: i) La mantuvieron indebidamente en celdas policiales, debiendo librarse inmediatamente el mandamiento de detención domiciliaria, a efectos de cumplir con las medidas sustitutivas dispuestas en el Auto Interlocutorio 124/2022; asimismo, emitieron el mandamiento de arraigo y la boleta de depósito judicial de la fianza económica con errores en su apellido materno; y, ii) No remitieron el cuaderno de apelación ante el tribunal de alzada; por lo que, pidió se cumpla con ese actuado de forma inmediata. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El debido proceso y alcances de su protección. Jurisprudencia reiterada

Con relación al alcance de la acción de libertad respecto al debido proceso, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 0011/2010-R de 6 de abril, señala que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE” . La acción de libertad se constituye en un medio de defensa oportuno e inmediato, estableciendo el alcance que brinda esta acción tutelar, mediante la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, que refiere lo siguiente: “No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida”. El ámbito de protección de esta acción tutelar, en cuanto al debido proceso, a través de la SC 0699/2010-R de 26 de julio, señala que la protección que brinda la acción de libertad: “‘«…no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad utilizar las vías legales pertinentes'» (SSCC 1034/2000-R, 1380/2001-R, 0111/2002-R, 0940/2003-R, 1758/2003-R y 0219/2004-R)’. En ese entendido, sólo podrá otorgarse la tutela cuando sea evidente que el derecho a la libertad fue restringido, suprimido o amenazado, o cuando se constate que la inobservancia al debido proceso es la causa directa para restringir, suprimir o amenazar dicho derecho” (el subrayado nos corresponde). Conforme los entendimientos señalados, la jurisprudencia constitucional a través de la SC 1030/2010-R de 23 de agosto, manifiesta que: “…en la SC 0619/2005-R de 7 de junio, ‘…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad’” (las negrillas nos corresponden). Así también, la SC 0638/2010-R de 19 de julio, indica que: “…a través del recurso de habeas corpus ahora acción de libertad, sólo se puede tutelar la garantía del debido proceso cuando el acto lesivo sea la causa directa para la restricción del derecho a la libertad y exista estado absoluto de indefensión; debiendo las demás infracciones de la garantía del debido proceso ser reparadas por los mismos órganos que conocen la causa y una vez agotados los recursos e instancias ordinarias, recién se podrá acudir a la justicia constitucional, correspondiendo dicha tutela a la acción de amparo constitucional instituido en el art. 128 de la CPE” (las negrillas son nuestras). Entendimiento asumido por la SCP 0042/2022-S2 de 6 de abril.

III.2. Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Jurisprudencia reiterada

En este sentido, la misma SCP 0135/2019-S2 de 17 de abril, respecto a la libertad traslativa, indica lo siguiente: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando se denuncian dilaciones indebidas, en los trámites donde se debe resolver la situación jurídica de una persona. Esta tipología de acción de libertad, tiene su sustento jurídico en el art. 180.I de la CPE, que establece los principios sobre los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, encontrándose entre ellos la celeridad, asimismo, en relación con la citada norma constitucional, el art. 178.I de la Norma Suprema, prevé que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. (…) Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, definió lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’ .

En consecuencia, de los preceptos y jurisprudencia constitucional desarrollada se colige que el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del accionante, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; razón por la que, toda autoridad judicial o administrativa esta impelida de actuar con la mayor diligencia o dentro de los plazos señalados, en aquellos casos en los que se encuentra de por medio la libertad del encausado, dado que de no hacerlo lesiona los derechos fundamentales señalados” (las negrillas fueron añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

La demandante de tutela denuncia que los demandados lesionaron su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad y de locomoción, así como el principio de celeridad; por cuanto: a) Fue retenida indebidamente en celdas policiales, pese a que en el Auto Interlocutorio 124/2022 de 2 de abril se dispuso su detención domiciliaria, hecho denunciado contra los ahora demandados; además, se consignó de forma errónea su apellido materno como “Callisaya”, siendo lo correcto “Callizaya”, tanto en el mandamiento de arraigo como en la boleta de depósito judicial de la fianza económica; motivo por el que fueron rechazados en la Dirección General de Migraciones y en el Consejo de la Magistratura, respectivamente, no pudiendo cumplir con lo determinado en el citado Auto Interlocutorio, que dispuso las medidas sustitutivas a la detención preventiva; y, b) Los demandados no remitieron el cuaderno de apelación dentro de las veinticuatro horas; solicitando por ello, sea remitido inmediatamente. Previo al análisis de fondo, es necesario aclarar la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional y administrativo, en este caso del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; conforme el entendimiento de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, incluso alcanza a funcionarios policiales en el orden administrativo, por lo que se ingresa al análisis de fondo de la problemática, a efectos de conceder o denegar la tutela solicitada. 1) Con relación a la indebida retención en celdas policiales: De acuerdo a los antecedentes y la demanda tutelar, la accionante consideró lesionado su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad y de locomoción, al ser indebidamente retenida en las celdas policiales, incluso por la relación de hechos y el informe de los demandados, este acto administrativo, se dio por negligencia de los funcionarios policiales, quienes en tres oportunidades en los que el Secretario demandado se apersonó a esas dependencias, para efectivizar el Auto Interlocutorio 124/2022 que dispuso la detención domiciliaria de la accionante, argumentaron que no se encontraba su inmediato superior para autorizar la libertad de la imputada, ahora accionante, y sólo después que el Secretario demandado les indicó que elevaría informe para que la parte interesada interponga la acción legal que corresponda contra ellos, recién efectivizaron la libertad de la precitada, hechos presenciados por el enamorado de la imputada, Ever Gustavo Guarachi. En consecuencia, los demandados en este punto, no lesionaron ningún derecho de la demandante de tutela, habiendo cumplido con sus deberes y funciones; al contrario, quienes lesionaron esos derechos fueron los funcionarios policiales, empero, no fueron demandados en la presente acción de defensa. 2) Con relación a la inadecuada extensión del mandamiento de arraigo y de la boleta de depósito judicial de la fianza económica: De acuerdo a los informes de los demandados, se tiene que después de concluida la audiencia de medidas cautelares de carácter personal, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 124/2022 (Conclusión II.1) disponiendo la detención domiciliaria de la ahora accionante y las medidas sustitutivas a la detención preventiva, debiendo cumplir con el arraigo y la cancelación de una fianza económica en la suma de Bs10 000.- (diez mil bolivianos); la defensa técnica de la imputada -solicitante de tutela-, durante todo el día domingo 3 de abril de 2022 no se apersonó a recabar los mandamientos de detención domiciliaria, libertad, arraigo y la boleta para el depósito judicial de la fianza económica determinada, mientras la autoridad judicial demandada continuaba con las audiencias del turno de fin de semana. Así, el lunes 4 de abril de 2022, cerca al medio día se apersonó el abogado de la ahora accionante, quien reclamó por qué no se expidió el mandamiento de detención domiciliaria, ante lo cual el personal del Juzgado le explicó el procedimiento previo a cumplir -conforme al art. 245 del Código de Procedimiento Penal (CPP)-, es decir, cancelar la fianza económica para hacer efectiva la libertad de la mencionada, ocurrido ello, dicho profesional abogado se retiró. Por la tarde del 4 de abril de 2022, se apersonó ante el Juzgado -de Instrucción Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz-, Ever Gustavo Guarachi, quien se identificó como enamorado de la impetrante de tutela, con el objeto de recoger los mandamientos de arraigo y la boleta de depósito judicial para la fianza económica, pidiéndole revise y verifique los datos insertos en esos documentos, dando su conformidad; por lo que, una vez que recibió dichos documentos, se retiró. Posteriormente, retornó al Juzgado indicando que el apellido materno de la imputada se encontraba consignado erróneamente como “Callisaya”, cuando lo correcto era “Callizaya”, con “z”, motivo por el que le rechazaron, estando aún dentro del plazo de setenta y dos horas otorgado en el Auto Interlocutorio 124/2022, en consecuencia, se atendió ese reclamo de forma inmediata, subsanando el error que debió ser advertido al momento de recoger dichos documentos. De los antecedentes traídos en revisión y lo descrito precedentemente, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, solo se puede tutelar la garantía del debido proceso, cuando el o los actos lesivos, sean causa directa para la restricción del derecho a la libertad, además, que exista o se hubiera generado absoluto estado de indefensión; sin embargo, tales circunstancias no se dan en el caso en examen, al contrario, este Tribunal Constitucional Plurinacional, advirtió la negligencia de la defensa técnica de la ahora accionante, en recabar la documentación de las medidas dispuestas por el Auto Interlocutorio 124/2022, una vez concluida la audiencia cautelar; en consecuencia, no existe el vínculo directo para la restricción del derecho a la libertad; más aún, la indebida retención en celdas policiales, fue por la actitud de los funcionarios policiales que no viabilizaron la libertad y el mandamiento de detención domiciliaria, conforme a los informes prestados por los demandados, siendo testigo el mismo enamorado de la impetrante de tutela, de la actitud de dichos funcionarios, no habiendo interpuesto ninguna queja contra los mencionados o activado alguna acción de defensa. Estas infracciones debieron ser reparadas por la misma autoridad judicial que llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares y una vez agotados los recursos o instancia ordinaria, recién podría acudir a la justicia constitucional, siendo la acción de amparo constitucional la vía idónea en este caso, careciendo, en consecuencia, los demandados de legitimación pasiva, quienes tampoco lesionaron el debido proceso vinculado a la libertad física y de locomoción de la accionante, como se fundamentó precedentemente; debiendo denegarse la tutela impetrada respecto a esta problemática.

3) Con relación a la remisión del cuaderno de apelación a la Sala Penal correspondiente: De acuerdo a los antecedentes de la demanda tutelar, la accionante denunció que el cuaderno de apelación no fue remitido dentro de las veinticuatro horas a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que pidió envíen de forma inmediata dichos actuados. Sin embargo, por el informe prestado por los demandados, se tiene que una vez concluida la audiencia cautelar con el Auto Interlocutorio 124/2022, apelada como fue esa Resolución, se dispuso la remisión del cuaderno de apelación en el plazo de veinticuatro horas, y previo sorteo, correspondió su conocimiento a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.4), que se hizo efectiva mediante nota CITE Of. 200/2022 de 7 de abril de 2022, con referencia “REMISIÓN DE OBRADOS EN COPIAS LEGALIZADAS – por motivo de APELACIÓN INCIDENTAL en contra de la RESOLUCION No. 124/2022” (sic [Conclusión II.4)]), corroborada por la copia del cuaderno de remisión (fs. 19), siendo enviada el 8 de igual mes y año; y su recepción en la Sala Penal Segunda data del 11 de ese mes y año. Consiguientemente, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, esta Sala no advierte dilación indebida en la remisión del cuaderno de apelación, además no se pudo identificar el vínculo directo de restricción de la libertad de la accionante, ya que la misma fue beneficiada con la detención domiciliaria, siendo que al momento de interponer la acción de libertad, ésta ya cumplía con lo determinado en el Auto Interlocutorio 124/2022; finalmente, el cuaderno de apelación fue remitido a la citada Sala Penal Segunda dentro de plazo, de acuerdo al informe y a la prueba adjuntada por los demandados, que no fueron controvertidos por la accionante; consiguientemente, no siendo evidente la lesión al principio de celeridad; por los fundamentos expuestos, en este acápite, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 20/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0622_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 69a8a63faf96f25bfcabed46aa009d16a8982a4f0be60f533adbc6eb66f87275

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