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SCP 0621/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 6 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
6 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52761-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela; denunció que el Juez y Vocal –hoy accionados– vulneraron su derecho a la libertad, al haber dispuesto el primero; y, confirmado el segundo, su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, sin considerar que no procedían los riesgos procesales que determinó el Juez a quo; y, esencialmente sin tener presente que su persona goza de protección reforzada constitucional, al ser madre lactante de su hija menor de un año de edad AA.

En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 43/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 164 a 165 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En casos de delitos de corrupción o vinculados a éstos, la detención preventiva resulta aplicable
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0621/2025-S4 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52761-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 43/2022 de 23 de diciembre, cursante a fs. 164 a 165 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alejandra Lucy Caballero Guía en representación sin mandato de Britta Adriana Miranda Cabrera contra César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1; y, 128 a 153, la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1 Hechos que motivan la acción

Al ser imputada formalmente por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz; dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, decisión judicial contra la que planteó recurso de apelación; instancia en la cual, el Tribunal de alzada desvirtuó el riesgo procesal de la posibilidad de su salida al exterior, manteniendo su privación de libertad y actuando como el inferior tampoco consideró los fundamentos que expuso con relación a la probabilidad de autoría; puesto que, su persona como funcionaria pública no fue quien emitió ni es de su autoría, el Informe 0084/2020 de 6 de julio; mediante el cual, se recomendó al Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, emitir la Resolución Ministerial que apruebe el Reglamento de Deberes y Obligaciones Comerciales y Contables para Comerciante; ya que simplemente, por formalidad firmó, advirtiéndose además que no se refirió en el informe que sería aplicado de manera retroactiva, existiendo duda razonable sobre la autoría de su persona al haber sido redactado por los abogados René Franz Huanca Cruz y Mariel Bernal Mercado y dirigido al Ministro de la cartera aludida, que fue quien agregó su aplicación retroactivamente. Refirió que, las autoridades judiciales ahora accionadas –a su turno–, vulneraron el principio de igualdad procesal y la valoración de la prueba, logicidad y razonabilidad al no haber tomado en cuenta la existencia de otra imputación formal formulada el 31 de marzo de 2022 contra su Jefe superior Marco Atilio Agramont Loza, por los mismos ilícitos, a quien el Juez a quo, favoreció con medidas sustitutivas a la detención preventiva ante la duda razonable de su posible autoría y no obstante que se trata de la misma situación respecto a su persona, contrariamente se dispuso su detención preventiva, sin tener presente que es madre de una menor lactante de un año de edad, lo que hacía procedente la aplicación de medidas sustitutivas y no así la privación de libertad como dispone la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, que refiere que no procede la detención preventiva, cuando se trate de mujeres con hijos menores de un año de edad; por lo cual, debieron aplicar la perspectiva de género en la aplicación de medidas cautelares por la protección que le otorga el art. 45.V de la Constitución Política del Estado (CPE), así como los instrumentos internacionales como las Reglas de Bangkok, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. De la misma forma, no consideraron la existencia de acumulación de casos respecto a su persona que si bien tiene otra investigación penal en su contra, ésta fue acumulada al proceso actual, no siendo por ello evidente que exista actividad delictiva reiterada.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho a la libertad por ser madre gestante, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 160 a 163 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela; a través de su abogado, ratificó inextenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que: a) El Juez a quo, en la audiencia de medidas cautelares dispuso su detención preventiva por probabilidad de autoría y la concurrencia de los riesgos procesales de los arts. 234.2 y 6 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), decisión contra la que planteó apelación; instancia, en la que hizo conocer que no existía en su caso la probabilidad de autoría, como tampoco los riesgos procesales y a pesar a ello, el Vocal –ahora accionado–, solo dio por desvirtuado el art. 234.2 del Código adjetivo penal, dejando subsistentes los determinados por el inferior; b) Con relación a la probabilidad de autoría alegó ante el Tribunal de alzada, que no se actuó en su caso con justicia, en consideración a que por la misma causa, bajo los mismos antecedentes a su Jefe que entonces trabajaba con ella, en la audiencia de medidas cautelares el Juez a quo puso en duda su probabilidad de autoría, teniendo ambos la misma situación jurídica; puesto que, ambos no firmaron el Informe 84/2022, sino pusieron su visto bueno; c) Tampoco es evidente que tenga conducta delictiva reiterada, porque la otra investigación seguida en su contra, fue acumulada al presente proceso penal, extremos descritos que no fueron valorados ni por el inferior ni por el Vocal ahora accionado; y, d) De la misma manera, ante ambas autoridades judiciales, presentó documentación que acreditaba ser madre de una menor de diez meses de edad que es lactante, demostrando que bajo el principio de favorabilidad, razonabilidad y logicidad, debía aplicarse una medida sustitutiva a la detención preventiva, porque goza de protección reforzada otorgada por los arts. 45.V y 48.VI de la CPE; reiterando por lo expuesto, se conceda la tutela solicitada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remitió informe escrito de 23 de diciembre de 2022, cursante a fs. 159 vta., argumentando que: 1) El accionante no señaló por cuál de las causales planteó esta acción tutelar, si su vida está estaría en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, ameritando ello la denegatoria de la tutela peticionada, más aún cuando su pretensión no fue correctamente planteada; puesto que, sus elementos configurados no se encontrarían identificados y fundamentados de forma adecuada; 2) No expresó concretamente que su vida estuviere en peligro por el incumplimiento de un acto, que sería el único argumento por el cual esta acción de defensa superaría la barrera de la subsidiariedad; sin embargo, no existió fundamentación alguna al respecto; consiguientemente, no manifestó la causal de procedencia de la acción de libertad; es decir, cuál de los numerales del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, 3) La impetrante de tutela se refirió sobre la valoración de la prueba; empero, el Tribunal de alzada en materia penal, se encuentra prohibido de efectuar una revalorización de la misma respecto a la falta de motivación o fundamentación y congruencia ya sea interna o externa, aspectos que no fueron mencionados; consecuentemente, la resolución emitida por el Tribunal de alzada, se encontraría debidamente motivada y fundamentada;

advirtiéndose además, que la accionante no señaló cuál sería esa falta de fundamentación o motivación, sin distinguir la diferencia entre ambas; de tal manera, que lo denunciado resultó genérico y sin sustento. William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, presentó informe escrito el 23 de diciembre de 2022, cursante a fs. 158 y vta., pidiendo se deniegue la tutela solicitada, arguyendo que: i) Mediante Resolución 740/2022, se dispuso que Britta Adriana Miranda Cabrera, asuma defensa con la medida extrema de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, por el tiempo de dos meses, decisión contra la que planteó apelación incidental, que fue remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que hasta la fecha no fue devuelta a su despacho judicial; y, ii) La accionante pretendió hacer incurrir en error a esta autoridad jurisdiccional presentando de manera errónea una acción de libertad, debido a que no cumplió con el principio de subsidiariedad, porque no agotó los mecanismos necesarios; es decir, que la decisión emitida fue apelada, encontrándose en conocimiento del Tribunal de alzada, extremos que evidenciaron que no existió vulneración del derecho a la libertad, siendo que esta acción tutelar sería temeraria y maliciosa.

I.2.3. Resolución

Mediante la Resolución 43/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 164 a 165 vta., la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto el Auto de Vista emitido por el Vocal accionado; y, por lógica consecuencia dejó sin efecto la Resolución primigenia 740/2022; ordenando al Juez a quo, dicte una nueva por la cual disponga medidas sustitutivas a la detención preventiva, por la mala valoración de los elementos que realizó en relación al peligro de no abandonar el país; empero, principalmente por el hecho que la accionante es madre de familia de quien depende una infante menor de edad, debiendo en efecto dictarse medidas sustitutivas a la detención preventiva a ser valoradas por el Juez a quo; y denegó la tutela solicitada en cuanto al Vocal accionado, siendo evidente que no podía revalorizar la prueba, simplemente observa éste la falta de fundamentación u otra situación del Juez a quo, con los siguientes fundamentos: a) De los antecedentes procesales se observó que el Juez a quo, dispuso la detención preventiva de la accionante sin una adecuada valoración de la documentación y elementos para desvirtuar riesgos procesales, que si lo fueron por el Tribunal de alzada en cuanto a la existencia de una actividad ilícita reiterada, cuando existe una acumulación de causas, certificación del Registro de Antecedentes Judiciales Penales (REJAP), además de haberse verificado que no fue tomado en cuenta al momento de la aplicación de medidas cautelares, el hecho de que se trata de la madre de una infante menor de un año de edad que depende absolutamente de ella para vivir; b) Si bien los delitos son intuito persona; en el caso presente, el Juez a quo, encontró indicios de autoría en contra de la imputada; y contradictoriamente, contra el Jefe inmediato superior de la misma que se encontraba en la misma situación jurídica, no estableció la probabilidad de autoría, habiéndose mantenido la misma en apelación, donde se desvirtuó solo un riesgo procesal, manteniendo su detención preventiva, sin haber considerado los aspectos precedentemente referidos; y, c) Debió tenerse presente el principio del favor debilis, al haberse acreditado que la accionante es madre de una infante menor de un año; por lo cual, debió aplicarse medidas más adecuadas no solo para la imputada sino para el ser que depende de ella, más aun encontrándose la causa en etapa de investigación, las medidas impuestas debieron ser sustitutivas y no detención preventiva, que perjudica directamente a la salud y bienestar de la menor de edad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido contra Britta Adriana Miranda Cabrera –hoy accionante–, y otros por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, por Auto Interlocutorio 740/2022 de 1 de diciembre, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por el tiempo de dos meses contra el que planteó apelación incidental en el mismo actuado procesal (fs. 120 a 127), fundamentando el recurso de apelación mediante memorial de 16 de igual mes y año (fs. 2 a 12 vta.), cuyo Auto de Vista no consta en obrados. II.2. Cursa el certificado de nacimiento de la hija menor de edad AA de la accionante, que acredita que nació el 22 de enero de 2022, contando al momento de la presentación de esta acción tutelar, con once meses de edad (fs. 100).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela; denunció que el Juez y Vocal –hoy accionados– vulneraron su derecho a la libertad, al haber dispuesto el primero; y, confirmado el segundo, su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, sin considerar que no procedían los riesgos procesales que determinó el Juez a quo; y, esencialmente sin tener presente que su persona goza de protección reforzada constitucional, al ser madre lactante de su hija menor de un año de edad AA.

En consecuencia, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. En casos de delitos de corrupción o vinculados a éstos, la detención preventiva resulta aplicable

La Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019–, si bien previó la improcedencia de la detención preventiva, también introdujo la inaplicabilidad de la misma señalando en qué casos:

“Artículo 232.- (IMPROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA).

I. No procede la detención preventiva:

1. En los delitos de acción privada; 2. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad; 3. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal, debidamente certificada; 4. Cuando se trate de personas mayores de sesenta y cinco (65) años; 5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro (4) años; 6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado; 7. Cuando se trate de mujeres embarazadas; 8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un (1) año; y, 9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o niño menor de seis (6) años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí misma. II. En los casos previstos en el Parágrafo precedente, y siempre que concurran los peligros de fuga u obstaculización, únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del Artículo 231 bis del presente Código.

III. Los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del Parágrafo I del presente

Artículo, no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos:

1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra.

2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores

3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas.

4. De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o vinculados.

5. De narcotráfico y sustancias controladas”. Como se extrae de la normativa citada, la improcedencia de la detención preventiva es inaplicable expresamente en los delitos de corrupción o vinculados a éstos, no obstante cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de un año. (las negrillas de la normativa transcrita nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

En el caso de autos, la impetrante de tutela, denuncia que en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el Juez ahora accionado; dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, decisión judicial contra la que planteó recurso de apelación; instancia en la cual, el Vocal hoy coaccionado, desvirtuó el riesgo procesal de la posibilidad de su salida al exterior, manteniendo su privación de libertad y actuando como el inferior, tampoco consideró los fundamentos que expuso con relación a la probabilidad de autoría; es decir, que las autoridades judiciales ahora accionadas –a su turno–, vulneraron el principio de igualdad procesal y la valoración de la prueba, logicidad y razonabilidad, al no haber tomado en cuenta que su Jefe superior coprocesado por los mismos ilícitos, fue favorecido por el Juez a quo, con medidas sustitutivas a la detención preventiva ante la duda razonable de su posible autoría y no obstante que se trata de la misma situación respecto a su persona, contrariamente se dispuso su detención preventiva; sin tener presente además, que es madre lactante de una menor de un año, lo que hacía procedente la aplicación de medidas sustitutivas; por lo cual, debieron aplicar la perspectiva de género, por la protección que se le otorga. Es así que, de los antecedentes procesales se verifica que, en el proceso penal seguido contra la ahora accionante y otros por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, el Juez ahora accionado por Auto Interlocutorio 740/2022 de 1 de diciembre, dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal por el tiempo de dos meses, contra el que planteó apelación incidental en el mismo actuado procesal, fundamentando el recurso mediante memorial de 16 de igual mes y año, cuyo Auto de Vista no consta en obrados y que hubo mantenido la privación de libertad de la solicitante de tutela, por haber desvirtuado solo un riesgo procesal y confirmando en lo demás, la resolución apelada; conforme se tiene del informe escrito presentado por el coaccionado Vocal de la Sala de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, de 23 de diciembre de 2022, cursante a fs. 159 vta., y lo expresado por el Juez de garantías en la Resolución emitida que resolvió la presente acción tutelar. Al respecto; cabe señalar que, en el caso concreto a pesar de no haberse adjuntado la Resolución cuestionada emitida por el Tribunal de alzada, se ingresará a su análisis, en virtud a la problemática traída a colación. En ese cometido; es prioritario aclarar que, no obstante de haber sido cuestionadas mediante esta acción de defensa las resoluciones dictadas –a su turno– por el Juez de la causa, como del Tribunal de alzada; en el caso de autos, tendría que revisarse el Auto de Vista emitido por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por ser la decisión de alzada y relacionada con los actos que se consideran ilegales; sin embargo, al haber verificado el Juez de garantías que en esa instancia se emitió resolución confirmando la detención preventiva impuesta a la accionante, quien es madre de una infante lactante, se ingresa a su análisis. En efecto, de conformidad con el art. 232.III.4 de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 –Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 mayo de 2019–, transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, procede la detención preventiva aun tratándose de madres durante la lactancia de hijos menores de un año; como ocurre en el caso de autos, en el que si bien y evidentemente la ahora accionante acreditó el nacimiento de su hija menor de edad, nacida el 22 de enero de 2022, quien al momento de interposición de esta acción tutelar contaba con once meses de edad; sin embargo, conforme manda la normativa citada, de forma expresa establece la inaplicabilidad de la improcedencia de la detención preventiva aun tratándose de madres lactantes en los delitos de corrupción o vinculados a este; haciéndola viable, al haberse verificado de los antecedentes procesales que está siendo procesada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, que se encuentran vinculados a los de corrupción; circunstancia por la cual, el Auto de Vista impugnado –se reitera, no fue adjuntado a esta acción tutelar–, al confirmar la detención preventiva de la peticionante de tutela, no vulneró su derecho a la libertad; toda vez que, la procedencia de su restricción se encuentra expresamente determinada en el precitado art. 232.III.4 del CPP.

Por consiguiente y lo expuesto precedentemente, se constata que el Vocal accionado, al confirmar la resolución apelada por la accionante y confirmar su detención preventiva, actuó correctamente sin vulnerar su derecho a la libertad, por encontrarse su restricción establecida expresamente por ley; lo que determina, no sea viable la concesión de la tutela impetrada.

III.3. Otras consideraciones

Causa extrañeza al Tribunal Constitucional Plurinacional, la forma de resolución asumida por la Juez de garantías que resolvió la presente acción tutelar; en virtud a que, si bien erróneamente concedió en parte la tutela; empero, debió otorgarla únicamente respecto al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que fue quien dictó el Auto de Vista, decisión de alzada ratificatoria de la emitida por el inferior y relacionada con los actos que se consideran ilegales; sin embargo, actuando contradictoriamente, dejó sin efecto ambas resoluciones impugnadas denegando la tutela respecto al Vocal accionante, lo que no corresponde y disponiendo que el Juez a quo sea quien dicte nueva Resolución por haber concedido la tutela parcial con relación a esa autoridad jurisdiccional, no siendo ello permisible, aspecto que como operadora de justicia y más aún constituida en Jueza de garantías, debe tener presente en lo sucesivo en las acciones de defensa que sean de su conocimiento, así como la inaplicabilidad de la improcedencia de la detención preventiva en casos de delitos de corrupción o vinculados a él. Por consiguiente, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, no actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 43/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 164 a 165 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercera del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0621_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): 80cf1f6a7f3efd307b20c8c8ee2ccac345b9a5ca8343a0775bd94705af3f041a

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