Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 17 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a “recurrir”, al debido proceso y libertad personal; puesto que, en el proceso penal que le siguen y por el que se encuentra ilegalmente privado de libertad a causa de un indebido procesamiento, la autoridad demandada emitió una sentencia condenatoria contra la que interpuso recurso de apelación restringida. Ante ello, el Juez demandado alega que, en el proceso penal cumplió con la norma procesal y, habiendo el peticionante de tutela interpuesto recurso de apelación restringida, la presente acción de libertad debe ser denegada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 74 a 75, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0621/2025-S2 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52865-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 74 a 75, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristina Cari Cutile en representación sin mandato de Ronald Pinto Cari contra Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 60 a 67, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Fue sometido a presiones, hostigamiento e intimidación para que se autoinculpe en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), sin la presencia de un abogado. Cuando se encontraba en celdas policiales, recién fue asistido por uno, tomando conocimiento de los hechos ilícitos que se le atribuyen, vinculados al homicidio presuntamente ocurrido el 12 de agosto de 2018 a horas 21:00 en la av. Baptista de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, fecha en la que no estaba en el mencionado lugar, porque de horas 19:00 a 23:00 se encontraba en la preentrada de la zona Villa Fátima de la referida ciudad junto a su amigo Carlos Pedro Pari Ramírez; por lo que, la sindicación que le hicieron los Fiscales de Materia fue calumniosa y no probaron nada, emitiendo una imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de complicidad y sometiéndolo a un ilegal encarcelamiento desde el 2019 en el Centro Penitenciario Qalauma de Viacha del departamento de La Paz.
Dentro de dicho proceso se emitió la Sentencia “…10/21 de (…) 15/06/2021…” (sic), la cual lo declaró culpable del delito de homicidio, imponiéndole una pena privativa de libertad de quince años en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. En tiempo oportuno, presentó recurso de apelación restringida contra la referida determinación, cuestionando que la misma no se pronunció respecto a la calificación inicial de homicidio en el grado de tentativa, que no existió una investigación, tampoco una valoración de la prueba para “…cada uno de los 4 acusados…” (sic) y la falta de valoración de descargos presentados, denunciando las irregularidades cometidas en el desarrollo del proceso, puesto que no señalan al autor del hecho que presuntamente segó la vida de la víctima.
El accionante, a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos a “recurrir”, al debido proceso y libertad personal; citando al efecto los arts. 115 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene al Juez demandado emita mandamiento de libertad en su favor por estar ilegalmente encarcelado, conforme a las pruebas de descargo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 73 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su escrito de interposición de la presente acción tutelar.
Walter Juan Fernández Cuentas, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: a) Conoció y resolvió la causa penal seguida contra varios ciudadanos incluyendo al accionante, contra quien pronunció sentencia condenatoria y que “…al presente efectivamente se encuentra con apelación restringida en la Sala Penal Primera…” (sic); por lo que, como Juez, nada más dio cumplimiento a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico penal; y, b) La acción de libertad no corresponde sea considerada, puesto que el accionante hizo uso del recurso de apelación restringida y se encuentra pendiente de resolución.
El Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 74 a 75, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante contextualiza la problemática señalando que se encuentra sometido a un proceso penal en el cual se vulneró su derecho a la defensa, ya que, mediante Sentencia “…10/2021 de 15 de julio…” (sic), pronunciada por el entonces Tribunal de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, fue declarado autor del delito de homicidio, sin que se haya justificado la sanción penal impuesta, para posteriormente reconocer que planteó recurso de apelación restringida contra la referida determinación, que se encuentra radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, pendiente de pronunciamiento; y, 2) Es inviable la activación de vías paralelas, por un lado, la vía ordinaria a través de la interposición de un recurso de apelación restringida, que es el medio idóneo para la revisión de la sentencia condenatoria y, por otra, la formulación de una acción de libertad, tendiente a revisar la sentencia condenatoria en sede constitucional respecto a la valoración de la prueba, puesto que se corre el riesgo de que exista contradicción entre ambas jurisdicciones.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 040/2019 de 20 de febrero, Hugo Huacani Chambi, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Ronald Pinto Cari -hoy accionante- en el Centro Penitenciario “Calauma” -siendo lo correcto Qalauma- de Viacha del mencionado departamento, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de complicidad (fs. 12 a 16). II.2. Por memorial presentado el 9 de julio de 2021, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación restringida contra la Sentencia “…10/2021 de (…) 15 de junio de 2021…” (sic), dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Bárbara Vargas Villarroel por la presunta comisión del delito de homicidio (fs. 49 a 59).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a “recurrir”, al debido proceso y libertad personal; puesto que, en el proceso penal que le siguen y por el que se encuentra ilegalmente privado de libertad a causa de un indebido procesamiento, la autoridad demandada emitió una sentencia condenatoria contra la que interpuso recurso de apelación restringida. Ante ello, el Juez demandado alega que, en el proceso penal cumplió con la norma procesal y, habiendo el peticionante de tutela interpuesto recurso de apelación restringida, la presente acción de libertad debe ser denegada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, señaló que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad". La SC 0619/2005-R de 7 de junio, citando a la SC 1865/2004-R, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad-cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo presentarse concurrentemente los siguientes supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad" (las negrillas nos corresponden).
Asimismo, la SCP 0839/2012 de 20 de agosto, indicó que: “…se infiere que en los casos en que el procesamiento indebido es la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad física o a la vida, es exigible su tutela a través de esta acción de defensa extraordinaria siempre y cuando se hayan agotado previamente los medios o recursos que el orden legal prevé”.
El accionante denuncia que se encuentra sometido a un indebido procesamiento y a una ilegal privación de su libertad; en ese entendido, de los antecedentes del proceso, se evidencia que, en el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a instancia de Bárbara Vargas Villarroel, por la presunta comisión del delito de homicidio, se celebró una audiencia de aplicación de medidas cautelares en la que se pronunció el Auto Interlocutorio 040/2019 de 20 de febrero, por el cual el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Qalauma de Viacha del referido departamento (Conclusión II.1). En el mencionado proceso penal, en etapa de juicio, se emitió la Sentencia “…10/2021 de (…) 15 de junio de 2021…” (sic), condenando al accionante a una pena privativa de libertad, contra la cual interpuso recurso de apelación restringida por memorial presentado el 9 de julio de 2021 (Conclusión II.2). Con esos antecedentes, es necesario precisar que, cuando se denuncia indebido procesamiento, la acción de libertad solo brinda protección cuando concurren dos presupuestos: i) Los actos lesivos denunciados deben constituir la causa directa de la restricción o supresión o la amenaza de restricción o supresión de la libertad personal; y, ii) El accionante debe encontrarse en absoluto estado de indefensión en el proceso; es decir, que no tuvo la oportunidad de impugnar los actos lesivos denunciados y que recién asumió conocimiento de la afectación del derecho a la libertad, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En ese entendido, puede advertirse con claridad que, en el proceso penal al que es sometido el peticionante de tutela y que, a la fecha, se encuentra en etapa recursiva, en la audiencia de medidas cautelares de 20 de febrero de 2019, se dispuso su detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 040/2019, siendo ésta la causa directa de su privación de libertad, por lo que, el supuesto indebido procesamiento que denuncia no se encuentra vinculado a la causa directa de su detención preventiva; es más, en la presente acción de libertad no cita ni efectúa denuncia alguna contra la mencionada determinación. Finalmente, al reconocer el accionante que interpuso el recurso de apelación restringida contra la Sentencia “10/2021”, mediante memorial presentado el 9 de julio de 2021, extremo corroborado por la autoridad demandada, quien asintió señalando que el mismo se encontraba pendiente de resolución en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; de ninguna manera se encuentra en estado de indefensión, ya que hizo uso del recurso que la norma procesal establece; en cuyo mérito, no se tienen los supuestos exigidos para la procedencia de la acción de libertad por indebido procesamiento, recayendo en su denegatoria. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 6 de enero, cursante de fs. 74 a 75, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0621_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 868761d11217afcb54b6a33b486c4d33a531ede8407064cd1736f597be4d132b
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