B.IA.LEGAL

SCP 0621/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51688-2022-104-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La Compañía accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de legalidad, de “seguridad jurídica”, a la impugnación y de acceso a la justicia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, declarando ilegal el recurso de compulsa que formuló por presentarse fuera de plazo, sin tomar en cuenta que su solicitud de aclaración, complementación y enmienda fue rechazada, la cual suspendió el plazo del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 135/2022-S1 de 9 de noviembre, cursante de fs. 97 a 99 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima, dejando sin efecto el Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, disponiendo que los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitan un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía general del debido proceso en su elemento del derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0621/2024-S3 Sucre, 7 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51688-2022-104-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 135/2022-S1 de 9 de noviembre, cursante de fs. 97 a 99 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Marcelo Pablo Miranda Zelada en representación legal de la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima (CESSA) contra Rodrigo Erick Miranda Flores y Misael Willy Valda Cuellar, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La Compañía accionante a través de su representante legal, por memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 22 a 33, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso laboral seguido por Wilfredo Saavedra Zeballos -hoy tercero interesado- contra la Compañía CESSA sobre su reincorporación laboral, en la fase de ejecución provisional de sentencia, radicado en el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca; la Jueza del indicado Juzgado mediante Auto Interlocutorio 160/2022 de 7 de abril, dispuso la ejecución provisional de la “Sentencia N° 02/2017” ordenando la reincorporación del demandante -ahora tercero interesado- a su antigua fuente laboral; empero, sin dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 217 del Código Procesal del Trabajo (CPT) referente a la fianza personal y tampoco a la SCP 0773/2020-S1 de 26 de noviembre, que derivó de dicho proceso.

Bajo esos antecedentes, la Compañía que representa solicitó aclaración, complementación y enmienda del Auto Interlocutorio 160/2022; así como, la imposibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia, porque le ocasionaría un perjuicio grave de difícil reparación, por las delicadas funciones que desempeña el asesor legal en la citada Compañía; puesto que, la reincorporación del ex asesor legal hoy tercero interesado implica su actuación como juez y parte en los procesos sociales, civiles y penales iniciados contra el nombrado, al igual que en el proceso laboral, en el cual solicita su reincorporación laboral, como demandante y al retornar llegaría a ser abogado defensor de la parte demandada como Jefe del Departamento Jurídico; sin embargo, “a la fecha” -se entiende de interposición de esta acción tutelar- no existe ese cargo en el organigrama por Resolución de Junta General de Accionistas 29/2022 de 28 de mayo, en la cual aprueban el plan de fortalecimiento institucional en el área jurídica, ejecución parcial que se puso en vigencia; no obstante, la solicitud de aclaración, complementación y enmienda fue rechazada por la Jueza de la causa omitiendo considerar la prueba que acredita la existencia del evidente conflicto de intereses. En ese contexto, se interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022 que dispuso la ejecución provisional de la “Sentencia N° 02/2017”, el cual fue rechazado por decreto de 4 de mayo de 2022, con el argumento de que la solicitud de aclaración, complementación y enmienda no corta el plazo para la apelación. Ante esa negativa, planteó recurso de compulsa que también se declaró ilegal mediante Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, emitido por los Vocales ahora accionados señalando que dicho recurso de apelación se presentó fuera de plazo, y que la Jueza de la causa actuó conforme a derecho al negar ese recurso de apelación; ya que, consideraron que la petición de aclaración, complementación y enmienda está reservada únicamente para la sentencia, auto de vista y auto supremo; en ese entendido, no consideraron la suspensión del plazo para apelar, por la presentación de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda; la cual es aplicable en todos los casos en los que se presente la mencionada solicitud contra autos interlocutorios definitivos como en el presente caso, a partir de los principios pro homine y de progresividad, restringiéndoles el derecho de acceso a la justicia, a la doble instancia, al debido proceso y a la seguridad jurídica; agotándose todos los recursos intraprocesales en sede judicial, abriendo la jurisdicción constitucional. Asimismo, los Vocales ahora accionados no tomaron en cuenta la suspensión del plazo para interponer el recurso de apelación, previsto por el art. 226.V del Código Procesal Civil (CPC); por lo que se pidió explicación, complementación y enmienda del Auto Interlocutorio 160/2022; ya que, el computo del plazo procesal para apelar debió efectuarse desde el momento en que se les notificó con la resolución que rechazó dicha solitud. Al respecto, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0874/2015-S1 de 22 de septiembre, se pronunció en un caso análogo, disponiendo la suspensión del plazo para el recurso de apelación contra autos interlocutorios.

Finalmente, se aclara que el 11 de julio de 2022, la Compañía accionante presentó una acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, la misma fue observada por falta de legitimación activa en representación de la indicada Compañía; por lo que, a través de la Resolución 103/2022 de 16 de agosto, se determinó el rechazo de esa acción de defensa resolviendo la problemática planteada sin ingresar al análisis de fondo; así como, por memorial presentado el 24 de agosto del citado año, ante la referida Sala Constitucional se presentó desistimiento de la indicada acción tutelar, lo cual no impide conocer la presente acción de defensa.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

La Compañía accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de legalidad, de “seguridad jurídica”, a la impugnación y de acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: a) Declarar “NULO” el Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo; y, b) Que los Vocales hoy accionados emitan un nuevo auto de vista que resuelva el recurso de compulsa en el caso concreto, con las directrices legales y jurisprudenciales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 9 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 85 a 96 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La Compañía accionante a través de sus abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Rodrigo Erick Miranda Flores y Misael Willy Valda Cuellar, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 63 y 64.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Wilfredo Saavedra Zeballos, en audiencia, manifestó que: 1) La Compañía accionante reconoce que a través de Pánfilo Teófilo Barrientos Rojo el 11 de julio de 2022, presentó una acción de amparo constitucional contra los Vocales hoy accionados por la emisión del Auto de Vista 06/2022, denunciando supuesta vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, con relación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, solicitando la nulidad del citado Auto de Vista y la emisión de uno nuevo; empero, fue denegada mediante Resolución 103/2022 por la impersonería de su representante legal, sin ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada y remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional el 22 de agosto del señalado año, para su revisión, signado con el número de expediente “94384-2022-99-AAC”, el cual se encuentra pendiente de su resolución definitiva; en ese entendido, existe triple identidad entre la primera acción de amparo constitucional, y la presente acción tutelar la cual devela un acto temerario, malicioso que deviene en su improcedencia, que si bien refieren que presentaron desistimiento; sin embargo, ese hecho no consta en los registros, peor aún, no existe ninguna resolución que, resuelva el citado desistimiento aceptando o rechazando; 2) Si se analiza el fondo de la problemática planteada en la acción de defensa, se debe diferenciar entre un auto simple y uno definitivo; ya que, los autos interlocutorios conforme el art. 210 del CPC resuelven cuestiones en la tramitación del proceso y de acuerdo al art. 212 de ese Código los autos definitivos resuelven cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven la causa; el alcance del recurso de aclaración, complementación y enmienda -art. 226 del CPC- refiere que las partes procesales podrán solicitar sobre algún concepto oscuro corrección de cualquier error o subsanación de errores que correspondan a la sentencia, auto de vista y auto supremo en el plazo de veinticuatro horas de su notificación, en cuyo caso se suspenderá el plazo para interponer ese recurso en la causa principal, tomando en cuenta el principio pro homine que es aplicable a toda situación en la que se presente la solicitud de aclaración, complementación y enmienda en una resolución de carácter definitivo, por lo que “…el recurso de aclaración, enmienda y complementación alcanza a los autos interlocutorios definitivos…” (sic) y no alcanza contra autos interlocutorios simples, por disposición de la norma legal, como por la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0874/2015-S1; y, 3) Es necesario referirse a los medios de impugnación y plazos procesales; con relación al recurso de reposición -art. 253 del CPC- se podrá interponer en cualquier momento del proceso incluso en ejecución de sentencia si la naturaleza de lo resuelto lo permite y en el plazo de tres días, contra autos interlocutorios, con alternativa de apelación al señalado recurso de manera conjunta, contra autos definitivos en el plazo de diez días -art. 257 del CPC-, estableciéndose criterios diferenciadores, diez días cuando se trate de sentencias, autos interlocutorios definitivos y tres días en autos interlocutorios simples, considerando el entendimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional efectuando una interpretación sistemática de la norma y “…tomando en cuenta que el recurso de aclaración, complementación y enmienda no alcanza a los autos interlocutorios simples, empero si a los autos definitivos…” (sic), en el presente caso se resolvió el fondo del proceso por contarse con la “…sentencia N° 02/2017 más un auto de vista…” (sic), y el pronunciamiento del Auto Interlocutorio 160/2022 que se encuentra en la fase de ejecución provisional de la citada Sentencia, el cual es simple y no es meritorio a la solicitud de aclaración complementación y enmienda -art. 226 del CPC-; ya que, de manera directa únicamente puede ser impugnado por los recursos de reposición o de apelación; razón por la cual, se advierte que “…por negligencia e impericia de CESSA han equivocado el camino legal al interponer un recurso de complementación y enmienda sobre un auto interlocutorio simple” (sic); asimismo, la Compañía accionante fue notificada con el citado Auto Interlocutorio el 7 de abril de 2022 e interpuso su recurso de apelación el 19 del indicado mes y año, cuando debió ser presentada hasta el 12 de ese mes y año; es decir, fuera de plazo, y la decisión asumida por los Vocales ahora accionados fue la correcta al declarar ilegal el recurso de compulsa. Por los argumentos expuestos pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 135/2022-S1 de 9 de noviembre, cursante de fs. 97 a 99 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a la identidad de sujeto, objeto y causa, en una anterior acción de amparo constitucional presentada por la Compañía accionante, la cual fue denegada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada al carecer de poder suficiente de representación legal; ya que, no existía obstáculo alguno para la presentación de una nueva acción tutelar; ii) Para declarar ilegal el recurso de compulsa presentado por la Compañía accionante; los Vocales ahora accionados señalaron que el plazo para la presentación del recurso de apelación correspondía efectuarlo a partir de la notificación con el Auto Interlocutorio 160/2022; iii) La Compañía accionante considera que el mencionado Auto Interlocutorio es definitivo, porque resuelve la solicitud de ejecución provisional de la “Sentencia N° 02/2017”; además, que dispuso la reincorporación del hoy tercero interesado; empero, se puede constatar que se emitió en razón a la impugnación de la conminatoria efectuada y en mérito al cumplimiento del “Auto 370/2019 de 2 de agosto” (sic), el cual se encuentra ejecutoriado, por lo que mal puede ser considerado de carácter definitivo como afirma la Compañía accionante; ya que, se funda en derecho; y, iv) La solicitud de aclaración, complementación y enmienda solo procede contra resoluciones judiciales que resuelven el fondo de la sentencia, auto de vista, auto supremo y auto definitivo, que resuelven de manera definitiva el proceso y cortan ulterior tramite; sin embargo, el Auto Interlocutorio 160/2022 no es definitivo, sino, una mera tramitación de lo dispuesto con anterioridad, que fue confirmado en apelación; por ello, no se demostró la ilegalidad de lo alegado, tampoco es evidente la vulneración de los derechos.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, suscrito por Rodrigo Erick Miranda Flores y Misael Willy Valda Cuellar, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy accionados-, por el que declararon ilegal el recurso de compulsa presentado por la Compañía CESSA -ahora accionante- contra el decreto de 4 del citado mes de 2022, que fue emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Tercera de la Capital del mismo departamento, que rechazó la concesión del recurso de apelación contra el Auto de 26 de abril de ese año, el cual rechazó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022 de 7 de abril, por interponerse fuera de plazo, bajo los siguientes fundamentos: a) El art. 226.III del CPC, establece de manera precisa cuales son las resoluciones susceptibles de aclaración, complementación y enmienda dentro de las cuales no se encuentra el referido Auto Interlocutorio recurrido; b) Es pertinente el razonamiento de la Jueza de la causa al rechazar la aclaración, enmienda y complementación por el citado decreto; ya que, fue tramitada de conformidad al art. 226.III del CPC; y, c) En el presente caso, el compulsante -Compañía accionante- pretende hacer valer la notificación con el decreto de rechazo de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda para interponer el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022; empero, -al ser un auto interlocutorio simple- no tiene las características de una resolución conforme al art. 226.III del CPP y al ser rechazada, el computo del plazo para el recurso de apelación es a partir de la notificación con dicho Auto Interlocutorio; por lo que el recurso de apelación presentado se encuentra fuera de plazo (fs. 17 a 19). II.2. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal, se advierte la existencia de la SCP 0893/2023-S4 de 11 de septiembre, suscrita por los Magistrados de la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvieron la acción de amparo constitucional interpuesta por Pánfilo Teófilo Barrientos Rojo en representación legal de la Compañía CESSA contra los Vocales hoy accionados, confirmando la Resolución 103/2022 de 16 de agosto, la cual fue pronunciada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; denegando la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La Compañía accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de legalidad, de “seguridad jurídica”, a la impugnación y de acceso a la justicia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, declarando ilegal el recurso de compulsa que formuló por presentarse fuera de plazo, sin tomar en cuenta que su solicitud de aclaración, complementación y enmienda fue rechazada, la cual suspendió el plazo del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La garantía general del debido proceso en su elemento del derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos constitucionales; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los citados tratados internacionales, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la 1 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 115.II de la CPE, establece que: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 2 Respecto al debido proceso como garantía, el art. 117.I de la CPE, determina que: “I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas nos pertenecen). Respecto al debido proceso como derecho, el art. 181.I de la CPE, refiere que: “I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.

II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley” (las negrillas nos corresponden). 4 El carácter tridimensional del debido proceso fue desarrollado en las SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 902/2010-R de 10 de agosto y SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otras. 5 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue señalado en las SSCC 902/2010-R de 10 de agosto, 0981/2010-R de 17 de agosto y 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otras. 6 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue mencionado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre y 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otras.

motivación y congruencia de las decisiones…” (las negrillas son nuestras). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos fundamentales, previsto por el art. 13.I de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, el debido proceso al constituirse en una garantía general, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- o entidad privada que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier actividad decisoria que establezca algún tipo de sanción o resoluciones que determinen derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el principio, derecho y garantía general del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos y obligaciones. Ahora bien, en nuestro orden constitucional la impugnación constituye un principio constitucional que disciplina la función de impartir justicia, reconocido por el art. 180.II de la CPE. Sin embargo, el art. 8.2 inc. h) de la CADH, consagró el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, como elemento de una garantía judicial mínima; norma que es complementada con el reconocimiento del derecho a un recurso sencillo, 7 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso. El Fundamento Jurídico III.4.1, indica que: «La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.

El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas» (las negrillas son nuestras).

rápido y efectivo, prescrito por el art. 25 de la CADH, cuya denominación jurídica es “protección judicial”, en los siguientes términos: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso” (las negrillas nos pertenecen). En ese marco, la Corte IDH expresó que el derecho de recurrir de un fallo, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó, ante el que pueda tener acceso; complementando este entendimiento, la misma Corte en el párrafo 158 de la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expresó que: “…es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona” (las negrillas son nuestras). En sintonía con los razonamientos expresados, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, concluyó que, el derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa. Delimitado el marco Constitucional y Convencional del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, cuyo alcance se encuentra establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, se puede concluir que su eficacia se encuentra vinculada con el derecho a la defensa, entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, con la finalidad de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, consiguientemente, los elementos que la componen se disgregan en los siguientes ámbitos: 1) El derecho a ser escuchado en el proceso; 2) El derecho a presentar prueba; 3) El derecho a hacer uso de los recursos; y, 4) El derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal. Estos razonamientos se afianzan con la mención de que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa reconocido por el art. 119.II de la CPE. Los razonamientos precedentemente expuestos con relación al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, quedan reforzados en vista de la observancia del principio pro actione que constituye un parámetro de interpretación que enfatiza el deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción o evitar el pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos subsanables, sin dar la oportunidad de subsanarlos; en el caso particular de los 10 La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio , en cuanto al derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia, señaló que: “…admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa…” (las negrillas nos pertenecen). 11 Respecto al contenido del derecho a la defensa la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, entendió como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (las negrillas son nuestras). 12 Los elementos que componen el derecho a la defensa se establecieron en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre: “…de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal” (las negrillas nos pertenecen). 13 La SC 0501/2011-R de 25 de abril, respecto al principio pro actione, expresó que: “…se constituye como es deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de la acción, lo que también evita pronunciamiento de inadmisibilidad por defectos que puedan ser subsanados sin dar la oportunidad de recursos, las condiciones o limitaciones previstas para el acceso a un recurso deben ser interpretadas de manera tal que no privilegien la forma e impidan ingresar al análisis de fondo y el principio de prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, que implica que el reconocimiento de la finalidad superior de la justicia, no puede resultar sacrificada por las consideraciones de forma, que no sean las estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez; puesto que, el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional con la finalidad de la realización o eficacia de los derechos substanciales. La eventual contradicción entre normas que regulan las impugnaciones deben ser resueltos con una interpretación destinada a dar eficacia al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, propiciando la resolución de fondo del recurso, por sobre las exigencias formales estrictamente necesarias que condicionan la resolución de la impugnación planteada por el accionante.

III.1.1. De la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, que puede ser presentada contra autos interlocutorios simples

Los autos interlocutorios simples pueden ser susceptibles de solicitud de aclaración, complementación y enmienda; ya que, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, se encuentra vinculado a la citada solicitud de las resoluciones, de la cual se tiene como efecto la suspensión del plazo de impugnación; empero, es necesario efectuar algunas precisiones al respecto. En ese entendido, el art. 226 del CPC, señala que: “I. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales. II. Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos podrán ser corregidos aun en ejecución de sentencia. III. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo. Si se tratare de resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia. IV. La aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal. V. Respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad por una sola vez; en este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación” (las negrillas y el subrayado son nuestros). De la lectura del mismo, aparentemente la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, se encuentra reservada a la sentencia, auto de vista o auto supremo. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional, efectuando una interpretación de las normas que regularon esa solicitud en el Código de Procedimiento Civil abrogado, ya se pronunció señalando que, también los autos interlocutorios definitivos, pueden ser susceptibles de solicitud de aclaración, complementación y enmienda con la consiguiente suspensión del plazo de impugnación. Ahora bien, efectuando una lectura sistemática y teleológica de la norma que regula la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, se puede advertir con claridad que la misma, tiene la finalidad de corregir de oficio, errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos, incluso en ejecución de sentencia a pedido de parte, la aclaración de algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de alguna omisión; empero, no se podrá alterar lo substancial de la decisión principal asumida. En ese contexto, es admisible la presentación oportuna de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda respecto a un auto interlocutorio simple, con la consiguiente suspensión del plazo de la impugnación, en cumplimiento al principio pro actione que da cuenta del deber de interpretar las normas procesales en el sentido más favorable a la admisibilidad de los recursos, cuyas condiciones de acceso se interpreten de manera tal que no privilegien la forma e impidan ingresar al fondo y el principio de prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, con la finalidad de otorgar eficacia al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, propiciando la resolución de fondo del recurso, por sobre las exigencias extremadamente formales; ya que, una lectura contraria implicaría una interpretación totalmente restrictiva, formal y una aplicación literal de la norma motivo de análisis. La jurisprudencia constitucional, con diferentes razonamientos, se pronunció en este sentido, concluyendo textualmente que “…contra cualquier determinación judicial se puede pedir aclaración, enmienda y complementación…” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La Compañía accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su elemento de legalidad, de “seguridad jurídica”, a la impugnación y de acceso a la justicia; puesto que, los Vocales ahora accionados emitieron el Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, declarando ilegal el recurso de compulsa que formuló por presentarse fuera de plazo, sin tomar en cuenta que su solicitud de aclaración, complementación y enmienda fue rechazada, la cual suspendió el plazo del recurso de apelación. Ahora bien de la revisión de antecedentes se concluye que, mediante sus intervenciones en la presente causa -memorial de acción de amparo constitucional e informe presentado- la Compañía accionante y el hoy tercero interesado, señalaron coincidentemente que en el proceso laboral sobre reincorporación laboral seguido por el nombrado contra la Compañía 16 La SCP 0801/2020-S3 de 4 de noviembre, con diferentes razonamientos concernientes a la interpretación del art. 226 del CPC, se pronunció manifestando que: “Conforme la norma señalada precedentemente, resulta evidente que la solicitud de aclaración, enmienda y complementación puede ser requerida incluso en ejecución de sentencia, situación que en el caso de examen sucede, por cuanto se estaría pidiendo se aclare, enmiende o complemente un Auto emitido en ejecución de sentencia, propiamente el Auto Interlocutorio que dispuso la nulidad de los actos procesales hasta el decreto de ‘fs. 73 vta.’ inclusive, con la finalidad que se designe un abogado defensor de oficio para los herederos de Manuel Gantier Valda y ‘personas desconocidas’; determinación que conforme a la norma es pasible de enmendarse, corregirse o subsanarse en el entendido que si bien el art. 226.III del CPC establece que solo procede contra sentencias, autos de vista y autos supremos, resulta restrictivo considerando que la aclaración, complementación y enmienda no altera lo sustancial de la resolución principal y su finalidad es corregir o enmendar los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos advertidos en las resoluciones judiciales, de ahí que el auto interlocutorio que resolvió los incidentes de nulidad podía ser objeto de aclaración, complementación y enmienda no obstante que no se trate de una sentencia, auto de vista o auto supremo conforme instituye la citada disposición legal, sino, valga la reiteración, por su condición de resolución judicial que resuelve una pretensión que está claramente establecido en el parágrafo I y II del art. 226 del antedicho Código; por lo que, el argumento utilizado por los Vocales accionados en sentido de que su pedido sería inadmisible debido a que el Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2019, respecto al cual se solicitó se complemente, enmiende y aclare, “sería un auto interlocutorio simple que resolvió incidentes de nulidad, y que dicho fallo no constituiría una sentencia, un auto de vista o auto supremo”, es incompleta, incorrecta y lesiva al derecho al debido proceso del peticionante de tutela; por cuanto, se le estaría limitando su derecho a que pueda suspenderse el plazo para poder interponer cualquier recurso de impugnación posterior; así conforme dispone el art. 226.V del CPC, la parte puede suscitar la enmienda si bien por una sola vez, ese acto suspende el plazo para poder interponer el recurso principal; es decir, activar eventualmente un posterior medio de impugnación, más aún si la referida norma prevé con claridad que el plazo para la impugnación comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación el auto que accedió o denegó la aclaración enmienda o complementación.

En ese contexto, se evidencia que los Vocales accionados efectuaron una errada interpretación del art. 226.III del CPC, al señalar que contra la Resolución y Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2019, emitido por el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, a través del cual declaró improbado el incidente de nulidad de obrados, no se podía solicitar aclaración, enmienda y complementación, lesionando con ello el derecho al debido proceso del accionante; toda vez que, le impide poder habilitarse posteriormente a interponer el recurso de apelación contra la Resolución y Auto Interlocutorio de 11 de abril de 2019, cuando conforme a lo descrito precedentemente, contra cualquier determinación judicial se puede pedir aclaración, enmienda y complementación;…” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

accionante, fue pronunciada la “Sentencia N° 02/2017” en favor del demandante -ahora tercero interesado-; en etapa recursiva a la fecha de interposición de esta acción de defensa, por una parte, fue confirmada por el Auto de Vista 06/2022. Por otra parte, la Jueza de la causa dispuso la ejecución provisional de la sentencia a solicitud de la parte demandante -hoy tercero interesado-, mediante el Auto de Vista 06/2022, suscrito por los Vocales hoy accionados, por el que declararon ilegal el recurso de compulsa presentado por la Compañía accionante contra el decreto de 4 de mayo de 2022, que fue emitido por la Jueza de la causa, que rechazó la concesión del recurso de apelación contra el Auto de 26 de abril de ese año, el cual rechazó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022, por interponerse fuera de plazo, bajo los siguientes fundamentos: i) El art. 226.III del CPC, establece de manera precisa cuales son las resoluciones susceptibles de aclaración, complementación y enmienda dentro de las cuales no se encuentra el citado Auto Interlocutorio recurrido; ii) Es pertinente el razonamiento de la Jueza de la causa al rechazar la aclaración, enmienda y complementación por el citado decreto; ya que, fue tramitada de conformidad al art. 226.III del CPC; y, iii) En el presente caso, el compulsante -Compañía accionante- pretende hacer valer la notificación con el decreto de rechazo de la solicitud de aclaración, complementación y enmienda para interponer el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022; empero, -al ser un auto interlocutorio simple- no tiene las características de una resolución conforme el art. 226.III del CPP y al ser rechazada, el computo del plazo para la apelación es a partir de la notificación con dicho Auto Interlocutorio, por lo que el recurso de apelación presentado se encuentra fuera de plazo (Conclusión II.1.). En ese contexto, se analizaron los hechos de relevancia constitucional que motivan esta acción tutelar contra el Auto de Vista 06/2022, que declaró ilegal el recurso de compulsa -previa solicitud de complementación y enmienda- contra el decreto de 4 de mayo de 2022, que rechazó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022, que dispuso la ejecución provisional de la sentencia confirmada mediante el indicado Auto de Vista. Empero, previamente es preciso abordar la cuestión procesal o de forma, referente a la triple identidad de objeto, sujeto y causa opuesta por el ahora tercero interesado, al plantear la Compañía accionante previamente otra acción de amparo constitucional y que la misma se encuentra en etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe ser resuelta previamente, antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en esta acción de defensa. Respecto a la triple identidad de sujeto, objeto y causa, esta cuestión procesal planteada por el hoy tercero interesado, denota de la interposición de una anterior acción de amparo constitucional a la presente, con los mismos sujetos procesales, los supuestos hechos vulnerados y el objeto.

En ese entendido, de la revisión del Sistema de Gestión Procesal, se advierte la existencia de la SCP 0893/2023-S4, suscrita por los Magistrados de la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvieron la acción de amparo constitucional interpuesta por Pánfilo Teófilo Barrientos Rojo en representación legal de la Compañía CESSA contra los Vocales hoy accionados, confirmando la Resolución 103/2022, la cual fue pronunciada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; denegando la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada (Conclusión II.2.). Por consiguiente, al resolverse la anterior acción de amparo constitucional con la denegatoria de la tutela solicitada, por falta de legitimación activa, no existe obstáculo procesal para la revisión, consideración y resolución del análisis de fondo de la problemática planteada en esta acción de defensa. Asimismo, sobre el análisis de fondo de la problemática planteada en esta acción tutelar, como se tiene descrito el Auto de Vista 06/2022 que declara ilegal el recurso de compulsa -previa solicitud de complementación y enmienda- contra el decreto de 4 de mayo de 2022, que rechazó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 160/2022, el cual dispuso la ejecución provisional de la sentencia confirmada mediante el referido Auto de Vista y que constituye el hecho vulnerado, que fue denunciado por la Compañía accionante en la presente acción de defensa; en ese entendido, se centró el fundamento en que la solicitud de aclaración, complementación y enmienda solo procede en la sentencia, auto de vista o auto supremo; por consiguiente, solo en esos casos tiene un efecto suspensivo para el computo de los plazos de impugnación, citando para el efecto el art. 226.III del CPC. Por lo que, el mencionado Auto Interlocutorio, apelado en el proceso de ejecución provisional de sentencia, al ser un auto interlocutorio simple, no cumple las características de la señalada disposición legal; ya que, el plazo para plantear el recurso de apelación se computa a partir de la notificación con el auto apelado y no del rechazo de la solicitud de complementación y enmienda, como pretendió la Compañía accionante. En ese marco, con el propósito de verificar si los razonamientos expuestos por los Vocales hoy accionados para sustentar el Auto de Vista 06/2022, tienen la debida fundamentación y motivación, es preciso tomar en cuenta que, si bien se reconoce la impugnación como un principio constitucional; no obstante, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se encuentran consagrados como un derecho humano, el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, con el objeto de permitir que una decisión administrativa o judicial pueda ser revisada por una autoridad superior en grado y en su caso corregir los defectos del inferior a través de un pronunciamiento de fondo, reclamado por el interesado, sin la exigencia excesiva de requisitos formales para hacer efectiva de esa manera el derecho a la defensa, en los alcances citados en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional. En ese entendido, la justificación del Auto de Vista 06/2022 que declaró ilegal el recurso de compulsa presentado por la Compañía accionante, impugnada en esta acción tutelar, es absolutamente restrictiva, formal y obedece a una aplicación literal de la norma; puesto que, restringe la facultad para solicitar aclaración, complementación y enmienda, exclusivamente a la sentencia, auto de vista o casación; así como, el Auto Interlocutorio 160/2022, objeto de recurso de apelación, es un “auto interlocutorio simple” -expresamente lo catalogan en esos términos los Vocales ahora accionados-, y no se encuentra en ninguno de los tipos previstos por el art. 226.III del CPC, por esa razón, tampoco puede ser objeto de la petición de aclaración, complementación y enmienda; por consiguiente, no es posible aplicar la suspensión del plazo del recurso de apelación, por esa solicitud presentada por la Compañía accionante. Sin embargo, los mencionados criterios restrictivos, formales y de aplicación literal de la norma, fueron superados en observancia de los principios pro actione, la prevalencia del derecho substancial al formal, con la finalidad de otorgar eficacia al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, propiciando una resolución a la cuestión de fondo planteada por el recurso de apelación; en ese entendido, el Auto Interlocutorio 160/2022, que dispuso la ejecución provisional de la sentencia a solicitud del demandante -hoy tercero interesado-, puede ser objeto de un pedido de aclaración, complementación y enmienda presentado oportunamente por la Compañía accionante; ya que, esa solicitud de enmienda, complementación y aclaración, puede ser presentada contra cualquier auto interlocutorio simple, con la consiguiente suspensión del plazo del recurso de apelación. Finalmente, en mérito a los anteriores razonamientos, los Vocales ahora accionados al emitir el Auto de Vista 06/2022, que declara ilegal el recurso de compulsa presentado por la Compañía accionante, con las justificaciones analizadas en líneas precedentes, efectuaron una interpretación absolutamente restrictiva, formal y de aplicación literal de la norma, restringiendo el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo de la Compañía accionante, impidiendo la resolución de fondo del recurso de apelación presentado; es decir, restringiendo su derecho al debido proceso y de acceso a la justicia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicita, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 135/2022-S1 de 9 de noviembre, cursante de fs. 97 a 99 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada por la Compañía Eléctrica Sucre Sociedad Anónima, dejando sin efecto el Auto de Vista 06/2022 de 19 de mayo, disponiendo que los Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitan un nuevo auto de vista, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

3

8

9 En la Sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte IDH, respecto al derecho al recurso expresó lo siguiente: “161. La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso” (las negrillas nos corresponden).

hacerlo, prohibiendo asimismo la discriminación al acceso de la justicia de cualquier persona y brindar una justicia pronta y oportuna, sin dilaciones” (las negrillas y el resaltado nos corresponden), entendimiento citado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2246/2012 de 8 de noviembre, 0698/2017-S2 de 3 de julio y 0198/2018-S1 de

21 de mayo, entre otras.

14 Respecto al principio de prevalencia del derecho sustancial al derecho formal, se tiene ampliamente desarrollado en la SC 2029/2010-R de 9 de noviembre y la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, citada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0886/2013 de 20 de junio y 0120/2018-S3 de 18 de abril, entre otras.

15 Respecto a los autos interlocutorios definitivos, pueden ser susceptibles de solicitarse enmienda, complementación y aclaración, con la consiguiente suspensión del plazo para la presentación de impugnación, la SCP 0113/2013-L de 20 de marzo, expreso: “…referente al hecho de que la facultad reconocida a las partes, de solicitar aclaración, complementación y enmienda, establecido en el art. 196.2) del CPC, no sólo es para la sentencia, sino también para cualquier otra resolución que tenga carácter definitivo; es menester establecer, en el presente, si la suspensión de plazos establecido en el art. 221 del CPC, llega a ser aplicable, cuando dicha aclaración, complementación y enmienda, es interpuesta con anterioridad a la interposición de la apelación de un auto interlocutorio emitido en ejecución de sentencia…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen) citado por la SCP 0874/2015-S1, entre otras.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0621_2024-S3.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6534fe7225b9e6f86e0d096002d9a59f4be49ec020da136918d97296d02f7e70

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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