Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación, así como a la garantía del debido proceso y ser juzgada en un plazo razonable, argumentando que solicitó sin éxito la cesación a la detención preventiva, interponiendo apelación incidental; la audiencia de apelación fue fijada de forma presencial, pese a que su defensa, impedida por razones médicas y de distancia, solicitó su realización virtual, derivando en que las autoridades judiciales demandadas omitieran pronunciarse sobre dicha solicitud, llevando adelante la audiencia sin la participación de su defensa técnica y desestimando el recurso. La parte demandada no asistió a la audiencia de garantías, tampoco remitió informe alguno ni el expediente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presenta fallo constitucional; y, 2° Disponer dejar sin efecto la determinación asumida en audiencia de apelación incidental de 1 de septiembre de 2023, mediante la cual se tuvo por desestimado el recurso de apelación incidental y que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señale nueva audiencia de apelación incidental, salvo que la misma ya se hubiese realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58348-2023-117-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Catalina Rodríguez Pascual contra Gladis Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante a fs. 2 y 10 a 12 vta., la accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso su detención preventiva; en ese entendido, el 10 de agosto de 2023, se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, el Juez de Sentencia Penal Tercero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, rechazó su solicitud, motivo por el cual interpuso de manera oral un recurso de apelación incidental; una vez fueron remitidos los antecedentes ante la Sala Penal Tercera de ese distrito judicial, se fijó audiencia presencial para el 1 de septiembre del mismo año; empero, su abogada defensora, se encontraba con baja médica por posparto y residía en la ciudad de Cochabamba, por lo que presentó memorial de 31 de agosto de la citada gestión, solicitando que dicha audiencia se desarrolle de manera virtual, ya que dicha profesional se encontraba en período de puerperio, además de la insuficiencia de recursos económicos para cubrir los gastos de viaje. Esa petición tenía la finalidad de evitar su indefensión, garantizar la fundamentación oral de la apelación incidental y resguardar sus derechos; no obstante, las autoridades demandadas omitieron pronunciarse sobre su solicitud, instalaron la audiencia de apelación incidental sin la presencia de su defensa técnica y declararon desestimado el recurso formulado, impidiendo la revisión de su situación jurídica y lesionando su derecho a la libertad, incurriendo en actos dilatorios y formalismos excesivos incompatibles con la tutela judicial efectiva y el derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación, así como a la garantía del debido proceso y ser juzgada en un plazo razonable, sin hacer mención alguna de norma constitucional que los contenga.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de 1 de septiembre de 2023, señalando día y hora de audiencia virtual de apelación incidental en veinticuatro horas; b) La remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura; y, c) Que en lo sucesivo se observen las normas y la jurisprudencia.
Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 19 a 20 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogada, ratificó íntegramente el memorial de la acción tutelar, manifestando que, pese a haber solicitado oportunamente señalamiento de audiencia dentro de los plazos legales, las autoridades demandadas fijaron la audiencia “…para dentro de más de dos semanas…” (sic), extremo que fue presentado como una afectación al derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, considerando que permanecía privada de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, asimismo, el 1 de septiembre, se le comunicó que el memorial mediante el cual solicitó la realización virtual de la audiencia “…no había sido respondido ni siquiera considerado…” (sic), pese a la documentación médica presentada para acreditar la baja por postparto de su abogada defensora. Los Vocales demandados desestimaron directamente la apelación incidental sin emitir fundamentación alguna ni considerar la prueba adjunta, configurándose una actuación arbitraria e ilegal; también, las precitadas autoridades no presentaron informe ni remitieron antecedentes procesales que justificaran la desestimación de la apelación incidental, circunstancia que, evidenció la ausencia de argumentos jurídicos que respalden la actuación denunciada.
Gladys Alba Franco y Julio Nelson Alba Flores, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentaron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 17 y 18.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 18 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que la Sala Penal Tercera del referido Tribunal Departamental, instale una audiencia de apelación a la accionante y que la misma sea de manera virtual, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante informó oportunamente a la indicada Sala Penal Tercera que su abogada defensora no podía asistir a la audiencia fijada, debido a una baja médica por posparto en la ciudad de Cochabamba, solicitando que la audiencia se realice de manera virtual, argumentando tanto la imposibilidad física de traslado de la defensa como la falta de recursos económicos de la accionante para concurrir a una audiencia presencial en el departamento de Santa Cruz; 2) La accionante indicó la vulneración del derecho a la defensa y a la doble instancia (impugnación), y la garantía del debido proceso al haberse mantenido la modalidad presencial pese a la solicitud justificada de virtualidad; 3) Las autoridades demandadas no presentaron informe ni remitieron el expediente, lo que afectaría el principio de igualdad de partes y la verificación de posibles vulneraciones; 4) Se evidenció que el memorial de solicitud de audiencia virtual para la apelación incidental fue presentado el 31 de agosto de 2023, con anterioridad a la audiencia fijada para el 1 de septiembre de ese año, demostrando que dicha petición fue oportuna y debidamente fundamentada; por consiguiente, la negativa a realizar la audiencia virtual lesionó el derecho a la defensa, a contar con abogado de confianza y a la doble instancia, configurando un agravio evidente; 5) Fundamentación adicional sobre procesamiento indebido: se estableció que el caso configuraba un procesamiento ilegal o indebido, al haberse impedido el ejercicio efectivo del derecho a impugnar, directamente vinculado a la libertad personal; y, 6) La decisión se respaldó en el art. 180.II de la Constitución Política el Estado (CPE), así como en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que garantizan el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior, conforme a la normativa procesal penal vigente (modificada por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-), es viable la realización de audiencias por videoconferencia, siempre que se garantice el derecho a la defensa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 31 de agosto de 2023, presentado por Catalina Rodríguez Pascual -accionante-, solicitando la habilitación de audiencia virtual en razón a la imposibilidad física de su abogada (fs. 6).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación, así como a la garantía del debido proceso y ser juzgada en un plazo razonable, argumentando que solicitó sin éxito la cesación a la detención preventiva, interponiendo apelación incidental; la audiencia de apelación fue fijada de forma presencial, pese a que su defensa, impedida por razones médicas y de distancia, solicitó su realización virtual, derivando en que las autoridades judiciales demandadas omitieran pronunciarse sobre dicha solicitud, llevando adelante la audiencia sin la participación de su defensa técnica y desestimando el recurso. La parte demandada no asistió a la audiencia de garantías, tampoco remitió informe alguno ni el expediente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0689/2023-S1 de 27 de junio, en cuanto al tópico señaló: “Primero. Por regla general las audiencias deben desarrollarse con la presencia ininterrumpida de las partes, pero además toda audiencia debe ser instalada para luego recién disponer su suspensión si fuera el caso; no obstante, en la práctica forense propia de la tramitación procesal penal, debido a la inconcurrencia de las partes, en muchas oportunidades las referidas audiencias no pueden desarrollarse. En tal antecedente, la Ley 1173, ha previsto las formas de proceder ante inconcurrencias de los sujetos procesales, siendo las siguientes: i) Si el imputado no comparece a la audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, sin justificación alguna;
la autoridad jurisdiccional, librará mandamiento de aprehensión a efectos de su comparecencia. ii) Si el defensor injustificadamente no asiste a la audiencia o se retira de ella, este actuar será considerado como un abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio; asimismo, el juez o tribunal procederá a sancionarlo conforme dispone el art. 105 del CPP (sanción por abandono malicioso) posibilitando también la remisión de antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, unicamente para fines de registro. (…) En cuanto a la imposibilidad de desarrollar las audiencias, la indicada norma en estudio, ha previsto que excepcionalmente por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de ofició para preparar la defensa, el juez o tribunal señalará audiencia dentro el plazo de cuarenta y ocho (48) horas con la habilitación incluso horas inhábiles. En este punto, resulta pertinente señalar que el abogado ni el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad; es decir, no resulta eficaz el hecho de justificar su inasistencia sustentando en la notificación a otra audiencia después o con posterioridad al señalamiento efectuado por el tribunal o juez. (…) Consecuentemente, resulta evidente que la inasistencia del imputado a una audiencia de apelación sea restringida, incidental o propios del régimen de medidas cautelares, no suspenderá el actuado procesal cuando el abogado defensor se encuentre en audiencia; es decir, a efectos de asegurar la celeridad de los actuados procesales y el ejercicio de la defensa técnica, el tribunal que conoce las apelaciones, deberá desarrollar las audiencias con la sola presencia del abogado defensor a efectos de que este fundamente los agravios y las pretensiones de su defendido; contexto, que conlleva a enfatizar que, bajo ningún motivo los tribunales de apelación deberán prescindir u omitir la participación amplia del abogado defensor antes de emitir la resolución que corresponda, garantizando de esa forma el derecho a la defensa técnica del procesado penalmente. Respecto a la inasistencia injustificada del abogado defensor a la audiencia de apelación incidental, la indicada norma ha previsto que dicho causídico debe ser reemplazado con la designación de un abogado defensor estatal o uno de oficio (lo que supone una posible sanción al abogado inasistente); medida que, conlleva a que el juez o tribunal suspenda la audiencia y señale otra dentro las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de que el abogado estatal o el de oficio, preparé su defensa; de ello, se colige que, el legislador ordinario ha previsto la suspensión excepcional de las audiencias; excepcionalidad, que también aplica a las audiencias donde se resuelvan solicitudes propias del régimen de medidas cautelares en primera instancia y apelación; de igual forma, el legislador ha previsto que el procesado penalmente debe contar en todo momento con un abogado defensor en el desarrollo de las audiencias que implica también los actuados donde se resuelvan medidas cautelares en ambas instancias; razonamiento que se ajusta a garantizar el derecho a la defensa del procesado; sobre el particular, el indicado `Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal´, mediante su art. 24 epigrafiado como (INCONCURRENCIA DEL ABOGADO DE LA DEFENSA)… (…) Finalmente, incumbe señalar que, el derecho a la defensa del imputado o acusado, en su amplia dimensión en materia penal, no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también implica la defensa material como una garantía fundamental que se encuentra vigente en todo el proceso penal, cuya ejericicio amplio no puede ser coartado bajo ningún concepto; puesto que, la actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración del art. 115.II de la CPE y lo previsto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), referido a que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’” (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).
En el caso en examen, la accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y a la impugnación, así como a la garantía del debido proceso y ser juzgada en un plazo razonable, alegando que, dentro del trámite de apelación incidental formulada contra la resolución que rechazó la cesación de su detención preventiva, las autoridades demandadas llevaron adelante la audiencia señalada para el 1 de septiembre de 2023, sin considerar la solicitud de realización virtual presentada oportunamente por su defensa técnica, declarando posteriormente desestimado el recurso de apelación incidental.
De los antecedentes cursantes en obrados, se advierte que, la accionante presentó memorial de 31 de agosto de 2023 solicitando la habilitación de audiencia virtual de la apelación incidental presentada, justificando documentalmente la imposibilidad de asistencia física de su abogada defensora, quien se encontraba con baja médica por postparto y residía fuera de la jurisdicción de Santa Cruz (Conclusión II.1). Esa solicitud fue formulada antes de la celebración de la referida audiencia y tenía como finalidad garantizar la participación de la defensa técnica en la fundamentación oral de los agravios expuestos contra la resolución que mantuvo la detención preventiva. En ese contexto, corresponde precisar que el art. 113 del CPP establece que las audiencias deben desarrollarse bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción, siendo la presencialidad la regla general en materia penal; mientras que, la realización de audiencias mediante videoconferencia, constituye una facultad excepcional de la autoridad jurisdiccional, condicionada a que no se afecte el derecho a la defensa. En consecuencia, la sola solicitud de virtualidad no genera automáticamente la obligación de concederla; sin embargo, sí impone a la autoridad judicial el deber de pronunciarse de manera fundamentada sobre dicha petición y adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo de la defensa técnica, especialmente cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad personal. Ahora bien, el parágrafo II del art. 113 del CPP prevé expresamente que, ante la imposibilidad justificada de desarrollar una audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito, la autoridad jurisdiccional podrá señalar nuevo acto procesal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; asimismo, dispone que, ante la incomparecencia del defensor, corresponde la designación de un defensor estatal o de oficio, precisamente a efectos de evitar que el imputado quede sin asistencia técnica durante actuaciones procesales que involucren el ejercicio de derechos fundamentales. En el presente caso, las autoridades demandadas, pese a tener conocimiento previo de la imposibilidad material de concurrencia de la abogada de confianza de la accionante, respaldada además con documentación médica, omitieron emitir pronunciamiento alguno respecto al memorial presentado; por ende, tampoco fundamentaron la inviabilidad de la modalidad virtual, ni adoptaron medidas alternativas destinadas a resguardar el derecho a la defensa, como la suspensión excepcional de la audiencia, su reprogramación dentro del plazo legalmente previsto o la designación de defensa pública o de oficio conforme prevé el propio art. 113.II del CPP.
Por el contrario, las autoridades demandadas instalaron la audiencia y posteriormente desestimaron el recurso de apelación incidental prescindiendo totalmente de la participación de la defensa técnica de la accionante, actuación que resulta incompatible con el entendimiento desarrollado por la SCP 0689/2023-S1, el cual estableció que los Tribunales de apelación, bajo ningún motivo, pueden omitir la participación amplia del abogado defensor en audiencias vinculadas al régimen de medidas cautelares, al encontrarse comprometido el derecho fundamental a la libertad (Fundamento Jurídico III.1). En ese sentido, la lesión constitucional advertida no radica propiamente en la negativa de celebrar una audiencia virtual, puesto que la virtualidad constituye una medida excepcional y no un derecho absoluto; sino en la omisión de las autoridades judiciales de adoptar una decisión motivada y razonable frente a una imposibilidad debidamente justificada, así como en haber llevado adelante una audiencia cautelar sin garantizar la defensa técnica de la accionante, privándola materialmente de ejercer, a través de su defensa técnica, el derecho a sustentar oralmente la apelación incidental interpuesta contra la decisión que mantenía vigente su detención preventiva.
En consecuencia, las autoridades demandadas incurrieron en un procesamiento ilegal o indebido, al haber restringido de manera injustificada los derechos a la defensa, a contar con abogado de confianza, a la impugnación y a la tutela judicial efectiva, todos ellos directamente vinculados con el derecho fundamental a la libertad personal de la accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18 de 7 de septiembre de 2023, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos en el presenta fallo constitucional; y, 2° Disponer dejar sin efecto la determinación asumida en audiencia de apelación incidental de 1 de septiembre de 2023, mediante la cual se tuvo por desestimado el recurso de apelación incidental y que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señale nueva audiencia de apelación incidental, salvo que la misma ya se hubiese realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0620_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1e73a71aaca4b51456805e0cec58ae02ab33bf0f7f26c5e48f4b6cfa24068da7
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