Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; a la defensa y a la tutela judicial efectiva así como del principio de presunción de inocencia; aduciendo que, fue ilegalmente detenido por funcionarios policiales quienes se hicieron pasar por profesores e ingresaron con engaños a su domicilio para ejecutar una acción directa en su contra; por otro lado, el Juez demandado negó su solicitud de cesación de la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 057/2025 de 6 de marzo, sin considerar, que estuvo detenido más de los noventa días previstos en el art. 291 del CNNA, asimismo no se compulsó las declaraciones de los otros coimputados, quienes en la inspección técnica ocular manifestaron que él no participó en el hecho investigado y que inclusive no lo conocían. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 12/2025 de 2 de abril, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a la libertad vinculada al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; en los mismos términos que dispuso el Tribunal de garantías. 2º Denegar respecto a la presunta lesión de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva así como del principio de presunción de inocencia por los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 73382-2025-147-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2025 de 2 de abril, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Herminia Mayta Quispe en representación del menor AA contra Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y de la Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 1 de abril de 2025, cursante de fs. 56 a 66 vta., el accionante a través de su representante, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Martín Antonio Huanca Mamani en su contra, y de otros, por la presunta comisión de los delitos de robo agravado y lesiones graves y leves, el 6 de marzo de 2025 la autoridad demandada pronunció el Auto Interlocutorio 057/2025 negando su solicitud de cesación a la detención preventiva. No se consideró que llevaba privado de su libertad desde el 5 de diciembre de 2024, es decir por más de ciento quince días -entiéndase al momento de presentada esta acción de defensa-, además fue detenido de forma irregular por Alcides Coronel Ticona y Richard Mamani Copa, funcionarios policiales, que ingresaron a su domicilio haciéndose pasar por profesores. El citado Auto Interlocutorio fue pronunciado sin fundamentación y motivación adecuadas; por cuanto, no se mencionó la duración de la detención preventiva que viene cumpliendo. Por otra parte se omitió darle valor a las declaraciones de los otros coimputados quienes en la Inspección Técnica Ocular manifestaron de manera uniforme desconocerlo y que no participó en el hecho investigado.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; a la defensa y a la tutela judicial efectiva así como del principio de presunción de inocencia citando al efecto los arts. 23, 115, 116 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela disponiendo: a) Se restituya su libertad pura y simple; b) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura respecto al Auto Interlocutorio 057/2025 pronunciado por el Juez demandado; c) La remisión de antecedentes al Ministerio Público respecto a la autoridad demandada y Alcides Coronel Ticona y Richard Mamani Copa, funcionarios policiales, que efectuaron la acción directa en su contra; y, d) La remisión de antecedentes ante la Dirección de Investigación Policial Interna (DIDIPI) de los referidos funcionarios policiales por privarlo de libertad y posteriormente golpearlo a momento de recabar su declaración.
Celebrada la audiencia pública virtual el 2 de abril de 2025, según consta en acta cursante de fs. 78 a 80, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo refirió que: 1) Formuló cesación de la detención preventiva conforme el art. 291 inc. c) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, que está prevista para situaciones cuando la duración no exceda los cuarenta y cinco días sin acusación fiscal o de noventa días en caso de pluralidad de personas adolescentes computados a partir de la notificación con la imputación formal, desde la cual le fue notificado el 6 de diciembre de 2024, hasta el momento en que se llevó la segunda audiencia transcurrieron más de los noventa días señalados; pese a ello, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 057/2025, rechazando esa pretensión; y, 2) Debió considerarse la SCP 232/2024-S4 de 11 de junio, que establece la excepcionalidad de la detención preventiva en caso de menores.
Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y de la Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 2 de abril de 2025, cursante de fs. 76 a 77 vta. y en audiencia de garantías sostuvo que: i) Carecía de “legitimidad” -siendo lo correcto legitimación- pasiva por cuanto los actos investigativos son responsabilidad del Ministerio Público; y, ii) Se conminó al Fiscal Departamental de La Paz, el 25 de marzo de igual año, para que el Fiscal de Materia a cargo de la investigación presente requerimiento conclusivo, es así que presentan Sobreseimiento a favor del accionante, por lo cual se señaló audiencia para considerar esa decisión para el 2 de abril de idéntico año, a horas 15:00.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 12/2025 de 2 de abril, cursante de fs. 81 a 84 vta., concedió la tutela impetrada, dejando sin efecto y disponiendo la nulidad del Auto Interlocutorio 057/2025, debiendo al efecto, el Juez demandado emitir una nueva resolución; con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada desconoció e inobservo el art. 291.I inc. c) del CNNA al rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva; por cuanto, el impetrante de tutela estaba detenido desde el 6 de diciembre de 2024, no pudiendo exceder su privación de libertad por más de noventa días es decir hasta el 6 de marzo de 2025, a partir de esa fecha su detención era arbitraria e indebida; y, b) Debió considerarse que según el art. 293 del CNNA la etapa preparatoria no puede exceder los noventa días que fenecía la indicada fecha; por lo cual, se emitió la conminatoria de control jurisdiccional recién el 19 de marzo de 2025, con una demora de trece días.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio (fs. 91 a 95), se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa diligencia de notificación con imputación formal a la madre del menor AA -accionante- de 6 de diciembre de 2024 (fs. 25).
II.2. Consta acta de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva incoada por el accionante desarrollada el 6 de marzo de 2025 ante el Juzgado Público de la Niñez y de la Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz (fs. 19 a 22). II.3. A través del Auto Interlocutorio 057/2025 de la señalada fecha Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y de la Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 23 a 24 vta.). II.4. Se tiene Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 1 de abril de 2025, a favor del solicitante de tutela (fs. 69 a 74) y decreto emitido por la autoridad demandada fijando audiencia para considerar esa determinación para el 2 de mismo mes y año (fs. 74 vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación; a la defensa y a la tutela judicial efectiva así como del principio de presunción de inocencia; aduciendo que, fue ilegalmente detenido por funcionarios policiales quienes se hicieron pasar por profesores e ingresaron con engaños a su domicilio para ejecutar una acción directa en su contra; por otro lado, el Juez demandado negó su solicitud de cesación de la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 057/2025 de 6 de marzo, sin considerar, que estuvo detenido más de los noventa días previstos en el art. 291 del CNNA, asimismo no se compulsó las declaraciones de los otros coimputados, quienes en la inspección técnica ocular manifestaron que él no participó en el hecho investigado y que inclusive no lo conocían. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0546/2012 de 9 de julio, manifestó que: “El extinto Tribunal Constitucional, en la SC 0818/2006-R de 21 de agosto, precisó que no es aplicable la subsidiaridad excepcional del habeas corpus -ahora acción de libertad- en aquellos casos en los que estén involucrados menores de edad, señalando que: 'En principio, resulta necesario determinar que la subsidiariedad con carácter excepcional del recurso de hábeas corpus, instituida en la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, cuando existen medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, a los cuales el afectado deberá acudir en forma previa y solamente agotados tales medios de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus, no es aplicable a los supuestos en los que menores de 16 años, considerados menores infractores, se vean involucrados en la presunta comisión de delitos, por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia, cuyas normas son de orden público y de aplicación preferente…'” (las negrillas son nuestras).
Al respecto la SCP 0334/2017-S1 de 19 de abril, señaló que: “La legitimación pasiva en la acción de libertad, según la jurisprudencia constitucional es un requisito insoslayable al momento de ser planteada la misma, con la finalidad de efectivizar en este caso las vulneraciones establecidas en el art. 125 de la CPE, que tiene que ver con uno de los derechos fundamentales protegidos por la misma, como es el de la libertad, es así que la SCP 1485/2014 de 16 de julio, señaló que: ‘La legitimación pasiva se constituye en un requisito esencial para la activación de la acción de libertad, la misma identifica a la persona o autoridad que presuntamente vulneró algún derecho fundamental, debiendo dirigirse la acción tutelar contra el sujeto que lesiono los derechos, dicha exigencia radica en que, el sujeto infractor será pasible a las sanciones emergentes de las acciones u omisiones atribuidas a él.
…la jurisprudencia establecida en la SC 0483/2011-R 25 de abril, entre otras, recogiendo el razonamiento de la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, es clara al establecer que: ‘…es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 0691/2001-R de 9 de julio, reiterada en las SSCC 0817/2001-R, 0139/2002-R, 1279/2002-R y otras, 7 se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción”’ (las negrillas son nuestras).
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, el art. 124 del CPP establece: “…(Fundamentación). Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba”.
Bajo ese contexto, la jurisprudencia constitucional estableció que la fundamentación y motivación que realice todo juez o tribunal a tiempo de emitir una resolución, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión; en ese marco, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, precisó que: “…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
(…)
Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (las negrillas son nuestras).
Asimismo, la SCP 0531/2013 de 8 de mayo, estableció que: “…la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva, sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP)…” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
El 6 de diciembre de 2024, se notificó a la madre del menor AA -accionante- con imputación formal, (Conclusión II.1), más adelante el prenombrado impetró cesación a la detención preventiva que se celebró el 6 de marzo de 2025, mereciendo el Auto Interlocutorio 057/2025, pronunciado por el Juez demandado, rechazando esa solicitud (Conclusiones II.2 y II.3); y, en el devenir del proceso se pronunció requerimiento conclusivo de Sobreseimiento de 1 de abril del señalado año, a favor del solicitante de tutela cuya audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva se fijó para el 2 de mismo mes y año (Conclusión II.4).
Previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, es menester aclarar que en los casos donde estén involucrados menores de edad, (el accionante contaba con dieciséis años a momento de la presunta comisión del ilícito investigado fs. 3 y 5) dado el grado de vulnerabilidad que caracteriza a ese grupo etario, no es posible aplicar los presupuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, consistentes en medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado; por cuanto es obligación de nuestro Estado y la sociedad garantizar un régimen especial de protección y atención a todo niño, niña y adolescente por lo que, de forma excepcional es posible superar el referido principio y analizar la denuncia realizada respecto al ahora demandado. En ese sentido el accionante realiza dos reclamos en su acción de libertad, el primero respecto a la forma en la que fue aprehendido, aduciendo que se ejecutó de forma irregular la acción directa en su contra al ingresar a su domicilio dos funcionarios policiales, haciéndose pasar por profesores; y, el segundo el rechazo de su solicitud de cesación a la detención preventiva mediante Auto Interlocutorio 057/2025. Respecto a la primera problemática conforme el escrito de esta acción de defensa, el impetrante de tutela señala bajo el rótulo de “2. LEGITIMACION PASIVA” al Juez demandado, y si bien dentro su escrito identifica a Alcides Coronel Ticona y Richard Mamani Poma como los presuntos funcionarios policiales, que procedieron aparentemente a efectuar la acción directa en su contra de forma irregular al hacerse pasar por maestros; no obstante, este mecanismo constitucional no fue dirigido contra los mismos; por lo cual, no fueron notificados y siendo que conforme la jurisprudencia descrita en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para que esta acción de defensa proceda en su tramitación, es indispensable que sea dirigida contra el sujeto o autoridad que causó las presuntas lesiones; y al no configurarse ese extremo no es posible ingresar al análisis de fondo respecto a la primera problemática, correspondiendo denegar la tutela. En ese marco y del acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, se advierte que el accionante mediante su abogado argumentó lo siguiente:
1) Se obtuvo una verificación domiciliaria, que demuestra contaba con los elementos de habitualidad y habitabilidad en el bien inmueble ubicado en la Zona Cosmos 79 calle Chijuallo número 2114 de la ciudad de El Alto; y además contaba con una actividad lícita como estudiante de colegio;
2) Se presentó un informe pericial informático que demostraba la pericia realizada a su teléfono celular, no habiéndose encontrado ningún elemento que lo incrimine; ya que, era inocente respecto al hecho investigado;
3) En observancia del art. 231 inc. a) y c) del CNNA, asimismo conforme la notificación con la imputación formal que le practicaron el 6 de diciembre de 2024, fue privado de libertad por más de noventa días, ya que al momento de celebración de ese actuado el Ministerio Público no emitió ningún requerimiento conclusivo; por lo cual, solicitó, se le apliquen medidas menos gravosas;
La Autoridad demandada, resolvió rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva del solicitante de tutela, expresando su decisión en el Auto Interlocutorio 057/2025; conforme los siguientes fundamentos:
i) Respecto al domicilio; si bien, cursaba requerimiento que ordenó la verificación domiciliaria en la propiedad ubicada en la Zona Cosmos 79 calle Chihuayo 2114 de la ciudad de El Alto; empero, no se aparejó las condiciones en las cuales se habitaría ese bien inmueble;
ii) En lo concerniente a la actividad lícita se tenía una certificación emitida por Eladio Ramos Aruquipa, Director de la Unidad Educativa Martín Cárdenas Hermosa, el cual acredita la actividad lícita;
iii) Con relación al inciso b) del artículo 290 del CNNA, no fue mencionado ni desvirtuado por la parte solicitante ni Ministerio Público; y en lo referente a los incisos d) y e) del citado artículo los investigados eran cuatro y existían actos investigativos pendientes; por otra parte, del informe pericial se detalle que no se contaría con mensajes o imágenes de la fecha del hecho investigado; empero, respecto a la ubicación del adolescente se tiene que la aplicación Google Maps no se encontraba habilitada; por lo cual, se mantenían los riesgos procesales.
En ese contexto y conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda resolución emitida por autoridad que resuelve una situación jurídica, debe estar debidamente fundamentada y motivada, exponiendo los motivos legales que sustentan el fallo judicial, así como los hechos establecidos si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador, lea y comprenda la misma, caso contrario, se vulnera el derecho al debido proceso en dichos componentes.
De la revisión al Auto Interlocutorio confutado, se desprende que la autoridad demandada razonó que el accionante no demostró contar con un domicilio constituido; por cuanto, no se habría adjuntando los elementos que permitan enervar ese riesgo procesal, sin embargo del acta de la audiencia se tiene que la defensa del prenombrado expresó que se contaba con una verificación domiciliaria; al respecto, no es un razonamiento que debería importar mayor complejidad por cuanto dada las características de un adolescente en general el mismo salvo determinadas condiciones habita con sus padres o familiares en este caso el menor ahora impetrante de tutela a través de su abogado adjunto placas fotográficas de su progenitora dentro del bien inmueble en cuestión por lo cual este riesgo procesal no fue adecuadamente compulsado.
Respecto a la actividad de estudiante la autoridad demandada razonó que fue debidamente acreditada lo que favorecía al solicitante de tutela; por lo cual, no requiere mayor desarrollo.
Ahora bien, el Juez demandado omitió pronunciarse respecto a la duración de la detención preventiva, aspecto que fue reclamado por la defensa del accionante de forma específica, señalando que desde el 6 de diciembre de 2024 al 6 de marzo de 2025, cuando se celebró esa audiencia de cesación a la detención preventiva hubieran transcurrido los noventa días que señala como límite el art. 291.I inc. c) del CNNA para esa medida cautelar, señalando además, la defensa del peticionante de tutela no contar con ningún requerimiento conclusivo a esa fecha, omitiendo realizar el Juez demandado el razonamiento correspondiente; por cuanto, de una simple verificación del proceso penal podía determinarse la concurrencia o no de un requerimiento conclusivo y de la sentencia en cuestión que exige la referida norma; labor que no se realizó; en ese entendido, se advierte lesión a la fundamentación y motivación en este punto, máxime si el tiempo transcurrido fue de noventa días no podía alegarse que existían más de un imputado y por ello debían seguir realizándose actos investigativos cuando el artículo 293.II del CNNA prevé que el límite para la etapa investigativa cuando concurra pluralidad de personas menores imputadas es de noventa días.
En lo concerniente a que no se hubiera tomado en cuenta las declaraciones de los coimputados vertidas en la inspección técnica ocular que denostaban que no lo conocían y que el no participó en el hecho, es menester aclarar que ese acto investigativo fue realizado el 21 de marzo de 2025, es decir, de forma posterior a la audiencia de cesación a la detención preventiva de 6 de igual mes y año, por lo cual, no era posible exigir su compulsa al Juez ahora demandado.
Se advierte que en el presente caso ya se emitió Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento el cual; si bien, es susceptible de impugnación; empero, el mismo en el caso bajo estudio podría afianzar la cesación de todas las medidas cautelares o la imposición de medidas menos gravosas que la detención preventiva a favor del accionante.
En lo referente al pedido de que se disponga su libertad, debe considerarse que aquello está fuera de la competencia constitucional, por cuanto el art. 236 del Código de Procedimiento Penal (CPP) señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso…”; entendiéndose que debe ser el Juez de la causa quien disponga la cesación de aquella medida. Respecto a la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al DIDIPI, respecto al Juez demandado no se advierte elementos que permitan otorgar lo solicitado; de igual forma en cuanto a los funcionarios policiales al no haberse activado la legitimación pasiva contra ellos, tampoco es viable conceder aquello; sin perjuicio de ello, el accionante tiene la vía expedita para formular las denuncias que considere pertinentes ante la instancia correspondiente. Finalmente, respecto a la presunta lesión de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva así como del principio de presunción de inocencia; del escrito de acción de libertad no se advierte en qué forma hubieran sido transgredidos máxime si al presente incluso ya se cuenta con un Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento a favor del impetrante de tutela por lo cual no es posible otorgar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 12/2025 de 2 de abril, cursante de fs. 81 a 84 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación a la libertad vinculada al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; en los mismos términos que dispuso el Tribunal de garantías. 2º Denegar respecto a la presunta lesión de los derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva así como del principio de presunción de inocencia por los Fundamentos Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0620_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 604646999c6e6261e5cff55df0e5b00e493bb00e1186b0d6e0d03f1632f4da92
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