Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 17 de septiembre de 2024
Concede la tutela
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, los miembros del Tribunal de Sentencia –ahora demandados–, no hubiesen emitido el mandamiento de libertad en la audiencia de lectura de la Sentencia 06/2022 de 15 de julio, solicitado en virtud a lo establecido en el art. 365 del CPP; toda vez que, la pena que se le impuso fue de dos años y hasta la fecha de la emisión de la señalada Sentencia, estaría sobrepasando con dieseis días el tiempo que estuvo recluida.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciado por el Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2024-S4 Sucre, 17 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49441-2022-99-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 01/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Pedro Carvalho Ojopi en representación sin mandato de Maritzabel Bolaños Nico contra Roberto Rejas Ribera, Guido Wilson Inturias Torrico y Verónica López Arauz, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal de San Borja del departamento de Beni.
Por memorial presentado el 21 de julio de 2022, cursante de fs. 12 a 15 vta.; la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro de proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de encubrimiento y amenazas, sancionado en los art. 171 y 293 del Código Penal (CP); en el desarrollo de juicio oral el Tribunal de Sentencia Penal de San Borja del departamento de Beni, se emitió la Sentencia 06/2022 de 15 de julio, que la declaró culpable por la comisión de los señalados delitos, condenándola a dos años de reclusión, debiendo computarse para efectos de cumplimiento de la pena, desde el momento de su detención incluso en sede policial; por lo que, después que haber escuchado la parte resolutiva de la sentencia condenatoria, el Tribunal de Sentencia citado, omitió dar complimiento con lo dispuesto en el art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), concretamente establecer la fecha de finalización de la condena, máxime tomando en cuenta que se encuentra detenida desde el 29 de junio del 2020 y hasta emisión de la Sentencia condenatoria, 15 de julio del 2022, se encontraba recluida dos años y dieciséis días; y, siendo que su condena fue de dos años, esta sobrepasó la pena impuesta; en tal razón, al seguir recluida se estaría privando su libertad prolongando su detención por falta de emisión de mandamiento de libertad que debió emitir el Tribunal de Sentencia Penal de San Borja del departamento de Beni, independientemente que las partes puedan recurrir en apelación restringida. Ante tal situación, en audiencia de lectura de Sentencia, su abogado defensor de oficio, puso en conocimiento esa situación al señalado Tribunal y solicitó que consideraran dicha situación y emitan el mandamiento de libertad; empero, los miembros del referido Tribunal –hoy demandados– rechazaron su requerimiento con el argumento que debía esperar, toda vez que las partes tenían derecho a interponer recurso de apelación en contra de la mencionada Sentencia.
La accionante mediante su representante sin mandato, alegó lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto, los arts. 23.I, 24, 109.I, 115.I y II; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y “previo trámite de rigor, pronuncien sentencia”, se disponga que: a) En el día, se emita el mandamiento de libertad a su favor; y, b) Ordene al “Comandante de la Carceleta de la San Borja” (sic), para que proceda con su liberación de manera inmediata.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 96 a 99 vta., presentes la accionante a través de su abogado y la representante del Ministerio Público; y, ausentes las autoridades demandadas; se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó los argumentos de su memorial de demanda de acción de libertad, y ampliándola, manifestó que, desconocería el Mandamiento de Libertad de 21 de julio de 2022, librado a su favor; y, que tomó conocimiento en la presente momento de la realización de la audiencia, porque Verónica López Arauz, Jueza demandada, adjuntó como prueba a su informe de la presente acción de defensa, mandamiento que nunca se le notificó.
Verónica López Arauz, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primera de San Borja del departamento de Beni, mediante informe escrito de 25 de julio de 2022, cursante de fs. 80 a 81, manifestó lo siguiente: 1) El abogado defensor de oficio de la ahora impetrante de tutela, después de haber dado lectura a la Sentencia 06/2022, no presentó documentación referente al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) actualizado, ni solicitó ningún beneficio como el perdón judicial o suspensión condicional de la pena, únicamente se limitó a pedir el mandamiento de libertad, en tal razón el Presidente del Tribunal de Sentencia Penal codemandado, le explicó en audiencia que las partes tenían el recurso de apelación restringida para impugnar dicha sentencia y mientras ésta no se ejecutorié no podría emitir mandamiento de libertad; 2) Al haberse dictado una sentencia condenatoria, la situación jurídica de la impetrante de tutela ya cambió, pues gozaba de una cesación a la detención preventiva en trámite, que solo faltaba que presentara dos garantes a efectos de efectivizar su libertad; empero, su solicitud de modificación a fianza juratoria fue rechazada y se encuentra en grado de apelación; y, 3) El Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, emitió el Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2022, que dispuso la libertad de la accionante, mediante medidas sustitutivas a la detención preventiva, debiendo firmar el libro una vez por mes; por lo que actualmente la sindicada se encontraría en libertad. Roberto Rejas Ribera y Guido Wilson Inturias Torrico, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, no se presentaron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, ni remitieron informe escrito alguno, pese a sus legales citaciones cursantes a fs. 54 vta.
Gisele Ygraine Aguilera Carranza, Fiscal de Materia, en audiencia, refirió que, habiendo escuchado la acción tutelar de la accionante, bajo el principio de objetividad, e imparcialidad, solicitó se dicte la resolución correspondiente respecto a restituir la libertad de la misma, y no así en cuanto a que se pronuncie sobre las medidas sustitutivas que la impetrante de tutela hace referencia.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 100 a 102 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La accionante al momento de ser condenada –15 de julio de 2022–, debió solicitar el beneficio de perdón judicial; toda vez que, no se requiere que la sentencia esté ejecutoriada para acceder a este beneficio; y, si bien el Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni, no emitió el mandamiento de libertad, se debió justamente a la falta de ejecutoria, ya que una posible apelación restringida podría modificar su situación jurídica; ii) El señalado Tribunal, velando por el derecho a la libertad, modificó la medida cautelar por otra más favorable que no restrinja la libertad de la impetrante de tutela, es así que se encuentra en libertad a partir del 21 de julio de 2022, en mérito al Auto Interlocutorio de la misma fecha; y, iii) En cuanto lo cuestionado por parte de la solicitante de tutela, referido a que el aludido Tribunal de Sentencia no precisó el día que debió cumplir su pena; sin embargo, esta omisión debe ser considerada en la jurisdicción ordinaría a través de los recursos que la ley precisa, y no ser revisado por este Tribunal de garantías.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Sentencia 06/2022 de 15 de julio, los Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni –ahora demandados–, en relación a Maritzabel Bolaños Nico –hoy accionante–, la declararon culpable por la comisión del delito de encubrimiento y amenazas, y condenándola a dos años, debiendo computarse para efectos de cumplimiento de la pena, desde el momento de su detención incluso en sede policial (fs. 1 a 11). II.2. A través de Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2022, los Jueces demandados, dispusieron de oficio que se modifiquen las medidas sustitutivas a la detención preventiva de la impetrante de tutela, debiendo la misma: a) Presentarse en el Juzgado de Riberalta a firmar los libros correspondientes una vez al mes; b) No acercarse a la víctima; y, c) La prohibición de comunicarse directamente o indirectamente, o por cualquier medio con la víctima o sus familiares (fs. 78). II.3. Por Mandamiento de Libertad de 21 de julio de 2022, los Jueces demandados, ordenaron al Gobernador de la Carceleta de San Borja, ponga en inmediata libertad a la solicitante de tutela, siempre que no estuviera detenida por otra causa penal la misma (fs. 79).
La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, los miembros del Tribunal de Sentencia –ahora demandados–, no hubiesen emitido el mandamiento de libertad en la audiencia de lectura de la Sentencia 06/2022 de 15 de julio, solicitado en virtud a lo establecido en el art. 365 del CPP; toda vez que, la pena que se le impuso fue de dos años y hasta la fecha de la emisión de la señalada Sentencia, estaría sobrepasando con dieseis días el tiempo que estuvo recluida.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0585/2013 de 21 de mayo, ha formulado el siguiente entendimiento: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.
En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012, 'la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada' (las negrillas son agregadas).
Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas y subrayado son nuestras).
Al respecto la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE” (las negrillas nos pertenecen). En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´”. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’.
Así también, la SCP 0819/2019-S4 de 12 de septiembre, al respecto señaló que: “‘…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. La SCP 0673/2020-S4 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0880/2019-S4 de 9 de octubre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas son nuestras).
Ahora bien, de la revisión de los antecedentes y Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, mediante Sentencia 06/2022 de 15 de julio, Roberto Rejas Ribera, Guido Wilson Inturias Torrico y Verónica López Arauz, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de San Borja del departamento de Beni –hoy demandados–, declararon a Maritzabel Bolaños Nico –ahora accionante–, culpable por la comisión del delito de encubrimiento y amenazas, condenándola a dos años de reclusión, debiendo computarse para efectos de cumplimiento de la pena, desde el momento de su detención incluso en sede policial (Conclusión II.1). Por otro lado, a través de Auto Interlocutorio de 21 de julio de 2022, los Jueces demandados, dispusieron de oficio que se modifiquen las medidas sustitutivas a la detención preventiva de la ahora impetrante de tutela, debiendo la misma: 1) Presentarse en el Juzgado de Riberalta a firmar los libros correspondientes una vez al mes; 2) No acercarse a la víctima; y, 3) La prohibición de comunicarse directamente o indirectamente, o por cualquier medio con la víctima o sus familiares (Conclusión II.2.); en tal razón, por Mandamiento de Libertad de la misma fecha, las merituadas autoridades, ordenaron al Gobernador de la Carceleta de San Borja, ponga en inmediata libertad a la solicitante de tutela, siempre que no estuviera detenida por otra causa penal la misma (Conclusión II.3).
En ese contexto, la parte accionante, denunció como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, las autoridades demandadas, no hubiese emitido el mandamiento de libertad en audiencia de lectura de la Sentencia 06/2022 de 15 de julio, solicitado en virtud a lo establecido en el art. 365 del CPP; toda vez que, la pena que se le impuso fue de dos años y hasta la fecha de la emisión de la señalada Sentencia, estaría sobrepasando con dieseis días el tiempo que estuvo recluida. Previamente corresponde señalar que, si bien el acto lesivo desapareció pues se dispuso el Mandamiento de Libertad el 21 de julio de 2022 a favor de la accionante; en cumplimiento al desarrollo jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referido a la acción de libertad innovativa; que establece, que aún el acto lesivo se haya extinguido como sucede en la presente causa, corresponde ingresar a resolver el fondo de la problemática planteada y verificar si resulta evidente la lesión a los derechos alegados por la impetrante de tutela; y, de advertirse la misma, evitar que se incurran en futuras dilaciones de esta naturaleza, que transgreden el orden constitucional y vulneran derechos fundamentales y garantías constitucionales, protegidos por la acción de libertad que se revisa. De lo detallado precedentemente, se tiene presente que los Jueces demandados, a tiempo de la emisión de la precitada Sentencia condenatoria en contra de la ahora accionante, se encontraban obligados a cumplir con lo previsto en el art. 365 de CPP, que establece:
“Artículo 365.- (Sentencia condenatoria). Se dictará Sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. La sentencia fijará con precisión las sanciones que correspondan, la forma y lugar de su cumplimiento y, en su caso, determinará el perdón judicial, la suspensión condicional de la pena y las obligaciones que deberá cumplir el condenado. Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial. Se establecerá la forma y el plazo para pagar la multa, y se unificarán las condenas o las penas. La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley. La sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad ejecutoriada habilitará el procedimiento especial para la reclamación de los daños y perjuicios que correspondan.” (las negrillas nos pertenecen). En consecuencia, conforme lo precisado supra, las referidas autoridades, previo el control de plazo de la detención y el tiempo de condena dispuesto, correspondía, primero establecer con precisión la fecha de finalización de condena para luego de corresponder emitir el mandamiento de libertad solicitado por la impetrante de tutela; ya que, como señaló la misma, ya se hubiera sobrepasado con dieciséis días el tiempo de su pena impuesta –hasta el día de la emisión de su sentencia condenatoria–. De lo precedentemente expuesto, se evidencia que en la emisión de la Sentencia 06/2022 de 15 de julio, no se señaló la fecha de cumplimiento de la pena con relación a la accionante, incumpliendo con lo previsto por el art. 365 del CPP, que establece que: “Se fijará con precisión la fecha en que la condena finaliza. Se computará como parte cumplida de la sanción que se aplique, el tiempo que haya estado detenido por ese delito, inclusive en sede policial” (el subrayado nos corresponde); elemento que hubiese permitido en ese momento, determinar si correspondía o no la emisión de un mandamiento de libertad; situación que, si bien fue rencausada mediante Mandamiento de Libertad de 21 de julio de 2022; empero, este no habría sido notificado a la impetrante de tutela, hasta la realización de la audiencia de acción de libertad, donde recién tomó conocimiento de dicha determinación, transcurriendo cuatro días sin que se efectivice la notificación con el citado beneficio, incurriendo las autoridades demandadas en una dilación indebida. Es así que, producto del incumplimiento con lo estipulado en el art. 365 del CPP, es decir, la omisión en el cómputo del tiempo que estuvo privada de libertad la impetrante de tutela; quedó en evidencia que la petición estaba vinculada directamente con el derecho a la libertad de la misma; por lo que, ésta debió ser respondida sin dilaciones indebidas que causen dicha afectación, en procura de la efectivización del principio de celeridad; de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, de cuyo razonamiento se extrae que toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe tramitarse con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables; por cuanto es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos, observar los plazos procesales y cumplirlos de manera responsable, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; correspondiendo en consecuencia en el presente caso conceder la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2022 de 25 de julio, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciado por el Juez Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Rurrenabaque del departamento de Beni; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0620_2024-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6299e7335919eaaa74558b56028aa9daff3e9faf8499e699f93f2c584ed3e654
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