Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de agosto de 2024
Concede la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral; al trabajo, en su elemento de salario para una vida digna; y, a percibir una remuneración oportuna; puesto que, la Empresa hoy accionada, no cumplió con lo dispuesto en la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 de 5 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, ya que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fueron reincorporados a sus fuentes de trabajo ni efectuado el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 163/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 69 a 73 pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2024-S3 Sucre, 7 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51684-2022-104-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 163/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 69 a 73, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elvis Mercado Ascuy, Luis Oscar Quispe Yarhui, Luis Miguel Condori Auza y German Nina Huarachi contra Olga Dahia Molina Espinoza en representación legal de la Empresa POTENZA Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
Los accionantes por memoriales presentados el 13 y 24 de octubre de 2022, cursantes de fs. 49 a 53 y 56, manifestaron lo siguiente:
Son ex trabajadores de la Empresa POTENZA S.R.L., que cuentan con un contrato de trabajo suscrito por tiempo indefinido, cuya fecha de ingreso, sueldo y puesto laboral es como sigue: a) Luis Oscar Quispe Yarhui, ingresó el 1 de octubre de 2010, con un salario de Bs4 905.- (cuatro mil novecientos cinco bolivianos), en el cargo de estibador; b) Luis Miguel Condori Auza, ingresó el 6 de junio de 2012, con un salario promedio de Bs4 900.- (cuatro mil novecientos bolivianos), en el cargo de estibador montacarguista; c) Elvis Mercado Ascuy, ingresó el 1 de agosto de 2013, con salario promedio de Bs5 367.- (cinco mil trescientos sesenta y siete bolivianos), en el cargo de estibador; y, d) German Nina Huarachi, ingresó el 26 de enero de 2014, con un salario promedio de Bs4 490.- (cuatro mil cuatrocientos noventa bolivianos), en el cargo de estibador montacarguista. El 2 y 6 de junio de 2022, la Empresa ahora accionada a través de su supervisor, les citó en diferentes horarios para que se presenten en sus oficinas a objeto de firmar planillas de retroactivos; empero, cuando acudieron, se les entregó memorándo de retiro forzoso, que contenía un sello con la palabra “restructuración”, señalando que el último día laboral sería el 6 de junio del indicado año; asimismo, se les quiso hacer firmar formularos de finiquito, a lo cual se rehusaron. Ante la vulneración de sus derechos, acudieron ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Dicha instancia administrativa, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 de 5 de septiembre, que conminó a la Empresa POTENZA S.R.L. para que les reincorpore a su fuente laboral al último cargo que venían desempeñando, así como el pago de sueldos devengados y demás derechos que correspondan al día de su reincorporación, en el plazo máximo de tres días, prohibiendo todo acoso laboral y discriminación. Sin embargo, la citada Empresa, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no cumplió la referida Conminatoria de Reincorporación Laboral, emitida en su favor, como se evidencia del Informe J.D.T.CBBA.-SMLV-VR-088/22 de 5 de octubre, que da cuenta que luego de la verificación in situ, se constató que no se dio cumplimiento a la nombrada Conminatoria de Reincorporación Laboral.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral, al trabajo en su elemento de salario para una vida digna; y, a percibir una remuneración oportuna; citando al efecto los arts. 46.I.2, 48.II, y 49.III de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) El cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022, mediante la cual se conminó a la Empresa hoy accionado para proceder a su reincorporación a su fuente laboral al último cargo que venían desempeñando; y, 2) El pago de sueldos devengados y demás derechos que correspondan al día de su reincorporación laboral, en el plazo máximo de tres días, prohibiendo toda clase de acoso laboral y discriminación.
Celebrada la audiencia virtual el 31 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 67 a 68, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
La Empresa POTENZA S.R.L., a través de su abogada en audiencia, manifestó que: i) La citada Empresa, tiene por objeto prestar servicios complementarios y/o temporales de soporte operativo y técnico para los procesos productivos de sus clientes; por lo que el contrato comercial por el cual se regían las fuentes laborales de los accionantes concluyeron, razón por la que resulta imposible su reincorporación a su misma fuente laboral; ii) No se actuó con engaños, dolo ni malicia con sus trabajadores, ya que debido a la post pandemia, a la situación en la que se encuentra el país y a la mercadería que ingresa de países vecinos, la referida Empresa se vio forzada de prescindir de los servicios de sus trabajadores; y, iii) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0177/2012 de 14 de mayo y 1088/2015-S1 de 5 de noviembre, hace referencia a la extinción de la acción laboral por causas ajenas al empleador y al trabajador; por lo que solicitó se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 163/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 69 a 73, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Empresa hoy accionada, a través de su representante o representantes legales, en el plazo de cuarenta y ocho horas de notificada con esa Resolución constitucional, cumpla en su totalidad con la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 de forma íntegra e inmediata; es decir, reincorporar a los trabajadores, al cargo que ocupaban -Estibadores-, con el mismo salario que percibían en ese cargo y demás derechos sociales que correspondan, prohibiéndose toda forma de acoso laboral y discriminación, más el pago de salarios devengados, sin costas por ser excusable; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes se evidencia que los accionantes, trabajaban en la Empresa ahora accionada; empero por memorandos de 6 de junio de 2022, con la suma retiro forzoso, y bajo el argumento de reconformar al personal, fueron desvinculados de sus fuentes laborales; b) Ante esa situación, presentaron denuncia ante la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social; instancia que luego de emitir la única citación de 7 de junio de 2022, y cumplido el procedimiento, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T. CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022, por la que resuelve conminar a la Empresa hoy accionada, que por intermedio de sus representantes legales, procedan a la reincorporación laboral de los accionantes, en el último cargo que venían desempeñando en sus funciones, así como el pago de sus salarios devengados y demás derechos laborales, prohibiéndose toda clase de acoso laboral y discriminación contra los citados trabajadores, otorgándose el plazo de 3 días; c) A pesar de su legal notificación con dicha Conminatoria el 16 de septiembre de 2022, a la Empresa ahora accionada no se dio cumplimiento; es decir, que no se procedió a la reincorporación de los accionantes a su fuente laboral, lo cual fue corroborado por el Informe J.D.T.CBBA.-SMLV-VR-088/22, suscrito por la Inspectora de la citada Jefatura, quien pudo verificar que la referida Empresa, no dio cumplimiento a la conminatoria de 5 de septiembre de 2022, evidenciándose de esa manera el incumplimiento de esa determinación; d) En el presente caso, se cumple con los requisitos establecidos en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, emitida por la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que los trabajadores -accionantes- luego de ser cesados, optaron por la reincorporación laboral, habiendo obtenido la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 sin embargo, al no materializarse esa reincorporación laboral por la Empresa hoy accionada, se interpuso la presente acción de amparo constitucional, razón por la cual, corresponde a esa Sala Constitucional velar por el cumplimiento íntegro de la citada Conminatoria, sin omitir ninguna de sus determinaciones, que contempla la reincorporación, el pago de sueldo y salarios devengados y otros derechos sociales, en vigencia del entendimiento establecido en la SCP 0795/2018-S3 de 14 de noviembre; e) No corresponde a la jurisdicción constitucional realizar examen alguno respecto a la razonabilidad de la conminatoria referida a la modalidad o la relación laboral existente entre el empleador y el trabajador, ya que la controversia sobre ese aspecto, es la jurisdicción laboral la llamada a establecer la naturaleza de la relación laboral de manera definitiva, lo que implica que la conminatoria de reincorporación laboral pronunciada por la instancia administrativa tiene carácter provisional; asimismo el empleador está obligado a su cumplimiento inmediato de reincorporación laboral, aun cuando se hubiera planteado recurso de revocatoria o cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa; finalmente, conforme establece la citada Resolución de Doctrina Constitucional, la concesión de tutela no implica el desconocimiento de los derechos e intereses de la parte patronal, ya que la misma, sin perjuicio de la ejecución inmediata y obligatoria de las conminatorias laborales, tiene la facultad de impugnar en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico y/o en sede judicial; y, f) Si bien es cierto que se alega la imposibilidad para materializar la reincorporación laboral, en razón de estar atravesando una situación delicada por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y otros factores, que justificarían la desvinculación laboral por motivos de fuerza mayor; empero, no fueron demostrados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S.
0495-2010/SMLV/ 071/2022 de 5 de septiembre, mediante el cual, la Jefa Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó a la Empresa POTENZA S.R.L. -hoy accionada-, por intermedio de su representante y/o representantes legales, proceder a la reincorporación laboral de German Nina Huarachi, Luis Oscar Quispe Yarhui, Luis Miguel Condori Auza y Elvis Mercado Ascuy, -ahora accionantes-, en el último cargo que venían desempeñando sus funciones, con el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su reincorporación (fs. 14 a 15 vta.); con dicha Conminatoria se notificó a la citada Empresa, el 16 de septiembre de 2022 (fs. 12).
II.2. Mediante Informe J.D.T.CBBA.-SMLV-VR-088/22 de 5 de octubre, emitido por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social se informó que luego de la verificación in situ evidenció que la Empresa hoy accionada no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 (fs. 10 y vta.).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral; al trabajo, en su elemento de salario para una vida digna; y, a percibir una remuneración oportuna; puesto que, la Empresa hoy accionada, no cumplió con lo dispuesto en la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 de 5 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, ya que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fueron reincorporados a sus fuentes de trabajo ni efectuado el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Por una parte, es preciso señalar que el derecho al trabajo se encuentra consagrado como un derecho fundamental con la denominación derecho al “trabajo digno”, cuyo alcance “comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” según establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrado a la Norma Suprema mediante el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es necesario también resaltar en la norma constitucional citada, el deber constitucional que le impone al Estado de proteger el trabajo en todas sus formas; en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de seguridad industrial y de seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86 inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -Decretos Supremos (DDSS) 28699 y 0495-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: 1) El pago de beneficios sociales; o, 2) La reincorporación laboral al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación laboral, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, una vez comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo; puesto que, ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha Conminatoria de Reincorporación es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los 4 El art. 50 de la CPE establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. 5 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, establece expresamente: “Artículo 10°.- (BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN)
I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.
II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo del presente Decreto Supremo.
III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras).
6 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 0495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones:
“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:
‘III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’ (las negrillas nos pertenecen)
II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:
‘IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.
recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral.
En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias en materia laboral, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo pendular. Una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorables al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitiva, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas nos pertenecen). 7 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495, 1 de mayo de 2010 y de la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. 8 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como expresa la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra concluyo que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados, así lo entiende la SCP 0900/2013 de 20 de julio. 9 Con relación a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, señaló que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas nos pertenecen). 10 En lo que se refiere a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso que: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social,… no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se sustancie y resuelvan los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa o revisión judicial. En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, citando la anterior jurisprudencia, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, ha glosado textualmente: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas nos pertenecen). Esta referida jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos corresponden). 11 La jurisprudencia expresada en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial.
Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestras), citado por la SCP 0610/2015-S2 de 12 de junio, SCP 0877/2015-S2 de 27 de agosto, SCP 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otros. 12 Efectuada el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012, ha expresado textualmente “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 13 Cita jurisprudencial que fue establecida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0088/2014-S3, 1500/2014, 1760/2014, 0240/2015-S2, 0510/2015-S1, 0203/2017-S3, 0594/2017-S2, entre otras.
emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013, citado precedentemente al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia. En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos corresponden).
14 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, (cita la SCP 0591/2012) “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.
Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Esta misma jurisprudencia, razonó que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta su fuente laboral que constituye su medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada. Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que expreso el siguiente razonamiento: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas son nuestras). Es necesario resaltar que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), de 6 de julio de 2010, emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciadas en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones;” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos; sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura del Trabajo, tomando en cuenta que la tutela solicitada que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos de revocatoria y jerárquico en sede administrativa o la revisión en sede judicial.
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la estabilidad laboral; al trabajo, en su elemento de salario para una vida digna; y, a percibir una remuneración oportuna; puesto que, la Empresa hoy accionada, no cumplió con lo dispuesto en la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022 de 5 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, ya que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, no fueron reincorporados a sus fuentes de trabajo ni efectuado el pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales.
Conforme se tiene desarrollado en los Fundamentos jurídicos III.1. y III.1.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral es obligatorio, caso contrario, el accionante puede acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional para obtener su cumplimiento y de esa manera la restitución de sus derechos vulnerados. Dicho cumplimiento debe ser efectuado de manera inmediata, independientemente de que la parte patronal la haya impugnado en sede administrativa o sede judicial. Por otra parte, se debe aclarar que la protección otorgada en la acción de amparo constitucional, constituye una tutela de carácter provisional; puesto que puede ser revertida en virtud a las acciones administrativa y judicial que pueda interponer el demandado, donde se dilucidará la situación jurídica definitiva del accionante.
En el presente caso, de la revisión de antecedentes se tiene que la Jefa Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022, mediante la cual, conminó a la Empresa hoy accionada, a proceder a la reincorporación laboral de los accionantes, en el último cargo que venían desempeñando sus funciones, con el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales que le correspondan hasta el día de su respectiva reincorporación efectiva (Conclusión II.1.). Dicha Conminatoria no fue cumplida por la empresa hoy accionada, conforme se acredita del Informe J.D.T.CBBA.-SMLV-VR-088/2022, emitida por la Inspectora de la citada Jefatura (Conclusión II.2.). Ahora bien, conforme se cita en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional en mérito a los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, el empleador se encuentra compelido a dar cumplimiento inmediato e íntegro a la conminatoria de reincorporación laboral; puesto que de lo contrario se incurre en la vulneración de los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral. Dicha vulneración sucedió en el presente caso, ya que la Empresa ahora accionada, no obstante de ser notificada con la Conminatoria de Reincorporación Laboral J.D.T.CBBA./D.S. 0495-2010/SMLV/ 071/2022, no dio cumplimiento integral e inmediato, ya que los accionantes no fueron reincorporados a su fuente laboral en el último puesto que ocupaban antes de su despido; y, menos se les pagó sus salarios devengados y demás derechos sociales, extremo, que se verificó por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Cochabamba del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, como consta en el Informe J.D.T.CBBA.-SMLV-VR-088/22. Con dicho incumplimiento, resulta evidente que la Empresa hoy accionada, vulneró los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral de los accionantes, a quienes se les privó de su fuente laboral y con ello de la percepción de sus salarios que constituye el medio de sustento de sus personas y familia; así como de otros derechos sociales; por cuya razón corresponde conceder la tutela solicita, de manera provisional; es decir, hasta que la jurisdicción administrativa, o la autoridad judicial competente, resuelva definitivamente la situación laboral de los accionantes; ante cuyas instancias puede acudir la Empresa ahora accionada, a objeto de impugnar la citada Conminatoria de Reincorporación Laboral y revertir sus efectos, si así lo estima conveniente.
Por otra parte, en cuanto a la objeción efectuada por la parte hoy accionada respecto a la naturaleza del contrato de trabajo suscrito con los accionantes, alegando que es de carácter comercial, así como de la existencia fuerza mayor justificante de los despidos, se debe precisar que la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título “UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL”, estableció que la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre contiene el estándar jurisprudencial más alto, en cuanto a la imposibilidad de acudir a la justicia constitucional para revisar el fundamento de las conminatorias, señalando que “La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria”. Consecuentemente, no corresponde revisar si la conminatoria efectuó o no una indebida o ilegal fundamentación y menos aún sí el despido se encuentra o no justificado por fuerza mayor, como se alegó, aspectos que corresponde sean dilucidados en la vía judicial, en el marco de un debido proceso.
Finalmente, en cuanto al pago de los sueldos devengados y demás derechos sociales, que incumbe a la concesión de la tutela íntegra, la citada SCP 0795/2019-S3, señala que corresponde “…a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 163/2022 de 31 de octubre, cursante de fs. 69 a 73 pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 Respecto al derecho al trabajo, el art. 46 de la CPE establece: “I. Toda persona tiene derecho: 1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. 2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución” (las negrillas nos corresponden).
2 El alcance dado al derecho al trabajo, en el art. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), establece que: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”.
3 Respecto al bloque de constitucionalidad el art. 410.II de la CPE, establece expresamente: “II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país….” (las negrillas nos pertenecen).
15 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
16 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0620_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 68588dcf2da95e9bc27a61d663369ec22b415033c65f0edf66422d6ff1d79ef5
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →