Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de junio de 2023
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a un juez imparcial; alegando que los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, autoridades ahora demandadas, en apelación, a través del Auto de Vista de 21 de enero de 2022, confirmaron el Auto interlocutorio de 14 de septiembre de 2021 impugnado, por haber declarado por no presentada la demanda ejecutiva que interpuso, al considerar que las firmas de los deudores se tratarían de una fotocopia, por haber sido estampadas con un bolígrafo de tinta negra el documento de la obligación, decisión adoptada sin el respaldo de un estudio pericial, que determine que las firmas observadas no serían auténticas y sin observar que la aplicación del art. 113 del CPC, que corresponde cuando la demanda no se ajusta a los requisitos exigidos en el art. 110 del citado Código adjetivo, refiriéndose exclusivamente a la demanda en su forma y contenido, no a la prueba que se adjunta; por lo que solicita que se le conceda tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista dictado por los Vocales demandados, ordenándose la prosecución del proceso, sea con pago de costas y daños y perjuicios.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65 de 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 51 a 52 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47715-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 65 de 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 51 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Lourdes Durán Roca contra Oscar Jesús Menacho Angeleri y Marisol Ortiz Hurtado, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Mediante memorial presentado el 4 de mayo de 2022, cursante de fs. 36 a 38, y escrito de subsanación presentado el 11 del citado mes y año, cursante a fs. 42 y vta., la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
El 6 de septiembre de 2021 presentó demanda ejecutiva contra Álbaro Hanssen Arze, Georgina Arze Pinto y Germán Roca Vaca, en mérito al documento privado de préstamo de dinero de $us12 000.- (doce mil dólares norteamericanos) que suscribieron, con un interés del 3% mensual, el cual no llegó a ser reconocido en sus firmas y rúbricas, debido a que los obligados no se apersonaron ante el Notario de Fe Pública para dicho cometido. Presentada la demanda con auto de intimación de pago, la Juez A quo observó el documento de préstamo de dinero, aduciendo que a simple vista que la firma de los deudores Álbaro Hassen Arze y Georgina Arze Pinto son fotocopias simples, señalando que previamente se debía cumplir con lo dispuesto por los arts. 110 del Código Procesal Civil (CPC); situación que fue aclarada mediante memorial presentado por su parte en el que se explica que el documento fue firmado por los deudores con tinta negra, siendo firmas auténticas, al igual que las otras dos firmas realizadas por la acreedora y el garante Germán Roca Vaca con tinta azul; sin embargo, sin el respaldo de un estudio pericial que determine que las firmas observadas no serían auténticas, por el solo hecho de haber sido estampadas con bolígrafo negro, mediante la emisión del Auto interlocutorio de 14 de septiembre de 2021, la Jueza de primera instancia declaró por no presentada la demanda; decisión que fue confirmada mediante Auto de Vista de 21 de enero de 2022. El art. 113 del CPC; norma en la que se fundó la decisión de la Jueza de primera instancia, confirmada por el Tribunal de alzada, establece que si la demanda no se ajustare a los requisitos exigidos en el art. 110 del citado Código adjetivo, se dispondrá la subsanación de los defectos en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada, refiriéndose exclusivamente a la demanda en su forma y contenido, no a la prueba que se adjunta a la demanda, dado que en ninguna parte señala la citada norma menciona que si la prueba tuviera algún error u observación, además que el Auto Interlocutorio no mencionó cual es el numeral del art. 110 aludido, consecuentemente la determinación asumida por la Jueza A quo no se ajusta a la disposición del art. 113 del CPC citado en la Resolución impugnada, puesto que lo que correspondía era correr traslado a la parte demandada, para que sea ésta quien oponga un incidente y se establezca por un perito la autenticidad del documento. El primer acto ilegal cometido es la restricción temeraria a su derecho de tener un proceso justo y equitativo, dado que sin contar con un informe pericial que respalde la decisión, se afirmó que las firmas de los deudores son fotocopia; a lo que se suma que la ilegal resolución se fundamentó en el art. 110 del CPC que establece los requisitos de forma y contenido de la demanda y que en ninguna parte señala que será rechazada por alguna observación del documento de base de la misma o por la prueba documental presentada relativa a la pretensión; por lo que tanto el Auto interlocutorio que dispuso por no presentada la demanda, como el Auto de Vista que lo confirmó, vulneraron flagrantemente sus derechos fundamentales.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a un juez imparcial; citando al efecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Se solicita se conceda la tutela impetrada, restituyendo sus derechos conculcados, se disponga la nulidad del Auto de Vista de 21 de enero de 2022 dictado por los Vocales demandados, disponiéndose la prosecución del proceso y se los condene al pago de costas y daños y perjuicios.
En la audiencia de acción de amparo constitucional, celebrada en forma virtual el 16 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 51, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de su abogado ratificó el tenor íntegro del memorial de la acción de amparo constitucional, puntualizando lo siguiente: a) La demanda ejecutiva que presentó tramitada en el Juzgado Público Civil Segundo de Montero, fue desestimada mediante Auto Interlocutorio, bajo el argumento de haber adjuntado un documento de deuda cuyas firmas de la deudora y del garante supuestamente fuera fotocopia; situación que no es admisible teniendo en cuenta que en la misma hoja figuran las firmas mencionadas con tinta negra, mientras que las firmas de los acreedores fueron estampadas con tinta azul, resultando poco probable que en la misma hoja solo dos firmas fueran originales y las otras dos fotocopia; b) El referido Auto cita el art. 110 del CPC que en ninguna parte establece que la demanda sea rechazada por algún defecto de la prueba documental y el art. 113 de la citada norma procesal en su parágrafo I establece que si la demanda no se ajustare a los requisitos previstos en el art. 110 antes citado, se dispondrá la subsanación en el plazo de 3 días bajo apercibimiento de tenerla por no presentada de no ser subsanada; y, c) El Auto de Vista emitido por los Vocales de la Sala Civil Quinta al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el Auto interlocutorio de rechazo de la demanda, confirmó el mismo vulnerando el derecho al debido proceso, garantizado por la Constitución Política del Estado.
Óscar Jesús Menacho Angeleri y Marisol Ortiz Hurtado, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco se conectaron a la audiencia, no obstante haber sido legalmente citados, conforme se evidencia en las diligencias cursantes a fs. 44 y 45 del expediente.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución 65 de 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 51 a 52 vta., denegó la tutela solicitada, determinación que fue tomada sobre la base de los siguientes argumentos: El planteamiento de la accionante está vinculado fundamentalmente a una función estricta del Tribunal o del Juez que conoce el proceso monitorio o el proceso de ejecución que incorporó el Código Procesal Civil, en el que frente a un documento se procede a dictar la sentencia inicial, contra la cual procede únicamente las excepciones enumeradas, las cuales pueden en su consecuencia, concluir con la emisión de una sentencia definitiva, en ese sentido lo que observó la jueza es que el documento tenga fuerza ejecutiva y lo que está planteando la impetrante de tutela, sin hacer mención a la relevancia constitucional, es que se puede interpretar no solo la legalidad ordinaria, sino la validez del contrato para efecto del proceso monitorio o de ejecución, es decir, no solo cuestiona la interpretación de la norma ordinaria, también la interpretación de un contrato; situación que está vedada al Tribunal de garantías, por lo que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional emitida respecto a las limitaciones de la jurisdicción constitucional, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática, consecuentemente, debe ser denegada la tutela impetrada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante documento suscrito el 31 de diciembre de 2019, Lourdes Durán Roca otorgó en calidad de préstamo de dinero la suma de $us.12 000.- en favor de Albaro Hanssen Arze y Georgina Kaleny Arze Pinto con un interés mensual del 3% mensual y por el plazo de tres meses, con la garantía personal y solidaria de Germán Roca Vaca (fs. 2). II.2. Mediante memorial presentado el 6 de septiembre de 2021, Lourdes Durán Roca, ahora accionante, interpuso demanda ejecutiva con intimación de pago contra Albaro Hassen Arze, Georgina Arze Pinto y Germán Roca Vaca, por el cobro de $us.12 000.- más interés moratorios y costas; demanda que fue observada por la Juez Público Civil y Comercial Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, disponiendo que previamente la demandante cumpla con lo dispuesto por el art. 110 numeral 5 del CPC y la Circular 72/2016 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo adjuntar el Contrato de préstamo original, dado que en el documento presentado, figuran únicamente dos firmas en original y dos firmas en copia; además de adjuntar fotocopia de la credencial del abogado patrocinante (fs.10 a 12). II.3. Por memorial de 13 de septiembre de 2021, la accionante en atención a las observaciones de la Juez de la causa, aclaró sobre las firmas del contrato señalando que son originales, puesto que los deudores firmaron con lapicero de tinta negra mientras que su persona y el garante con lapicero de tinta azul, por lo que las cuatro firmas estampadas son todas auténticas (fs. 15). II.4. A través del Auto de 14 de septiembre 2011, la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Montero, Santa Cruz, en aplicación del art. 113.I del CPC, declaró por no presentada la demanda ejecutiva planteada por la accionante, disponiendo el archivo de obrados, al haber evidenciado que las firmas que cursan en el documento de préstamo de dinero adjunto a la demanda, las firmas de los demandados no son originales, sino fotocopias, por lo que no fue subsanada la observación; decisión que fue objeto del recurso de reposición con alternativa de apelación mediante memorial presentado por la demandante, ahora accionante, argumentando que las previsiones del art. 110 del CPC están referidas exclusivamente a la demanda en su forma y contenido y en ninguno de sus numerales hace referencia a defectos de la prueba; consiguientemente no se aplica el art. 113 de la citada norma procesal. Por otra parte, cuestionó que prejuzgó que las firmas no fueran originales, sin que previamente se hubiera efectuado un estudio pericial; recurso que fue reencaminado a un recurso de apelación directa toda vez que el Auto impugnado es definitivo no susceptible de reposición, por lo que concedió la apelación disponiendo la remisión de obrados ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 16 a 19). II.5. Remitido el expediente en grado de apelación el 7 de octubre de 2021 y radicado el mismo el 21 del citado mes y año en la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, fue pronunciado el Auto de Vista 68/2022 de 21 de enero, confirmando el Auto Definitivo 169/2021 impugnado, con condenación de costos y costas a la parte apelante; decisión notificada a la impetrante de tutela el 31 del citado mes y año (fs. 22 a 30).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a un juez imparcial; alegando que los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, autoridades ahora demandadas, en apelación, a través del Auto de Vista de 21 de enero de 2022, confirmaron el Auto interlocutorio de 14 de septiembre de 2021 impugnado, por haber declarado por no presentada la demanda ejecutiva que interpuso, al considerar que las firmas de los deudores se tratarían de una fotocopia, por haber sido estampadas con un bolígrafo de tinta negra el documento de la obligación, decisión adoptada sin el respaldo de un estudio pericial, que determine que las firmas observadas no serían auténticas y sin observar que la aplicación del art. 113 del CPC, que corresponde cuando la demanda no se ajusta a los requisitos exigidos en el art. 110 del citado Código adjetivo, refiriéndose exclusivamente a la demanda en su forma y contenido, no a la prueba que se adjunta; por lo que solicita que se le conceda tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista dictado por los Vocales demandados, ordenándose la prosecución del proceso, sea con pago de costas y daños y perjuicios.
Consecuentemente, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se analizarán los siguientes temas: 1) El debido proceso; 2) La motivación y fundamentación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.
Refiriéndose al debido proceso la SCP 0671/2018-S2, 17 de octubre de 2018, señaló lo siguiente:
“El art. 115.II de la CPE, dispone que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; a su vez, el art. 117.I de la Ley fundamental establece que: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”.
El derecho al debido proceso consagrado en la Norma Suprema, se encuentra en armonía con los instrumentos internacionales, de los cuales es signatario el Estado Boliviano, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyos arts. 8 -relacionado con los incs. 2, 3, 4, 5 y 6 del art. 7; 9, 10, 24, 25 y 27, lo consagra como un derecho humano; asimismo, está contemplado en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
En la sustanciación de todo proceso, los litigantes tienen derecho a que las autoridades jurisdiccionales, basen su decisión en sujeción a la ley y a las normas procesales; lo cual, viene a constituirse en el principio de aplicación objetiva de la ley, como componente del debido proceso. Al respecto, la SCP 2203/2012 de 8 de noviembre, que cita a la SC 0295/2010-R de 7 de junio, en su Fundamento Jurídico III.2, señaló que:
…el debido proceso, exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por ley, garantía y derecho a la vez, aplicable a los procesos judiciales y administrativos en los que se imponga sanciones” (el resaltado fue añadido).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento:
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, 1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
(…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.
otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a un juez imparcial; alegando que los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, autoridades ahora demandadas, en apelación, a través del Auto de Vista de 21 de enero de 2022, confirmaron el Auto interlocutorio de 14 de septiembre de 2021 impugnado, por haber declarado por no presentada la demanda ejecutiva que interpuso, al considerar que las firmas de los deudores se tratarían de una fotocopia, por haber sido estampadas con un bolígrafo de tinta negra el documento de la obligación, decisión adoptada sin el respaldo de un estudio pericial, que determine que las firmas observadas no serían auténticas y sin observar que la aplicación del art. 113 del CPC, que corresponde cuando la demanda no se ajusta a los requisitos exigidos en el art. 110 del citado Código adjetivo, refiriéndose exclusivamente a la demanda en su forma y contenido, no a la prueba que se adjunta; por lo que solicita que se le conceda tutela y se disponga la nulidad del Auto de Vista dictado por los Vocales demandados, ordenándose la prosecución del proceso, sea con pago de costas y daños y perjuicios. Ahora bien, de acuerdo con los antecedentes remitidos en revisión, se puede advertir que por memorial, presentado el 6 de septiembre de 2021, Lourdes Durán Roca, ahora accionante, interpuso demanda ejecutiva con intimación de pago contra Albaro Hassen Arze, Georgina Arze Pinto y Germán Roca Vaca, por el cobro de $us12 000.- más interés moratorios y costas, adjuntando como título ejecutivo, el documento privado de préstamo de dinero suscrito el 31 de diciembre de 2019, por la suma de $us12 000.-. Dicha demanda fue observada por la Jueza Público Civil y Comercial Segundo de Montero del departamento de Santa Cruz, disponiendo que previamente la demandante cumpla con lo dispuesto por el art. 110 numeral 5 del CPC y la Circular 72/2016 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, debiendo adjuntar el contrato de préstamo original, dado que, en el documento presentado, figuran únicamente dos firmas en original y dos firmas en copia. Por tal motivo, a través del memorial de 13 de septiembre de 2021, la accionante aclaró que las firmas del contrato son originales, puesto que los deudores firmaron con lapicero de tinta negra mientras que su persona y el garante con lapicero de tinta azul, por lo que las cuatro firmas estampadas son todas auténticas; sin embargo, por Auto de 14 de septiembre 2011, la Jueza Pública Civil y Comercial Segunda de Montero, Santa Cruz, en aplicación del art. 113.I del CPC, declaró por no presentada la referida demanda ejecutiva, disponiendo el archivo de obrados, al haber evidenciado que las firmas de los deudores que cursan en el documento de préstamo de dinero adjunto a la demanda, no son originales, sino fotocopias, por lo que no fue subsanada la observación; decisión que fue objeto del recurso de reposición con alternativa de apelación mediante memorial presentado por la demandante, ahora accionante, argumentando que las previsiones del art. 110 del CPC están referidas exclusivamente a la demanda en su forma y contenido y en ninguno de sus numerales hace referencia a defectos de la prueba; consiguientemente no se aplica el art. 113 de la citada norma procesal. Por otra parte, cuestionó que prejuzgó que las firmas no fueran originales, sin que previamente se hubiera efectuado un estudio pericial; recurso que fue reencaminado a un recurso de apelación directa toda vez que el Auto impugnado es definitivo no susceptible de reposición, por lo que concedió la apelación disponiendo la remisión de obrados ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Radicada la apelación en la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar y Pública Quinta, fue pronunciado el Auto de Vista 68/2022 de 21 de enero, confirmando el Auto Definitivo 169/2021 impugnado, con condenación de costos y costas a la parte apelante, con los siguientes fundamentos:
1) El proceso ejecutivo está compuesto por un conjunto de actuaciones dirigidas a obtener la satisfacción plena de una prestación u obligación en favor del demandante acreedor y a cargo del demandado deudor, siendo un procedimiento establecido para poder hacer efectivo el cobro de un crédito o el cumplimiento de una obligación de dar una suma de dinero, que se encuentra inserta dentro del título ejecutivo que sirve de base de ejecución; crédito u obligación que no requieren ser reconocidos o declarados como tales, dado que ya supone cierta su existencia por el simple hecho de constar en el título ejecutivo;
2) En el proceso ejecutivo basado en un título con fuerza de ejecución, cuando se trata de cobrar una deuda en dinero, la autoridad jurisdiccional no hace otra cosa que examinar cuidadosamente dicho título, la personería de las partes, la exigibilidad de la obligación y el plazo vencido, para luego ordenar el pago de lo adeudado, no pudiendo desviar su atención en la averiguación de situaciones controvertidas o que corresponden ser resueltas en procesos ordinarios;
3) El proceso ejecutivo exige requisitos de forma y de fondo; los primeros se refieren a un acreedor cierto, titular de la obligación; un deudor cierto que se encuentre en mora respecto al cumplimiento de la obligación; un título ejecutivo que contenga una suma líquida y exigible, con plazo vencido o mora; los requisitos de fondo, son que el título ejecutivo debe ser cierto, es decir que el juez a primera vista con solo leer el título ejecutivo debe quedar informado de quien es el acreedor, quien es el deudor y cuál es la suma de la obligación; la liquidez de la obligación la cual debe dar a conocer lo que se debe, cuanto se debe; la exigibilidad, determinada con el estado o declaración de mora del deudor, es decir, debe constatar que se trate de un documento indiscutible;
4) En el caso analizado, la autoridad judicial en primera instancia observó la demanda ejecutiva en sentido de que la actora debía adjuntar el original del contrato de préstamo, porque el que presentado contenía las dos firmas correspondientes a los deudores en fotocopia, mientras que las firmas de la acreedora y del garante figuraban en original; observación que es correcta puesto que en conformidad con el art. 380 del CPC, es deber del juzgador examinar el documento presentado para establecer si cumple o no con los requisitos que lo constituyen en título ejecutivo, el mismo que además de estar entre los enumerados en el art. 379 de la norma procesal civil, debe contener la obligación contraída, el plazo de cumplimiento vencido, exigibilidad de la obligación, personería y legitimación de las partes, y en el caso analizado, se observa a simple vista que las firmas de ambos deudores no son originales, por lo que no se trata de un lapicero negro como arguye la recurrente, dado que se aprecia que son copias o escaneado del original, no pudiendo darse validez a dicho documento si no constan las firmas originales de los demandados, por lo que no son ciertos los argumentos expuestos por la apelante, por lo que la Jueza A quo haciendo uso de sus atribuciones actuó correctamente en mérito a los elementos fácticos y jurídicos, no se advierte ninguna vulneración de las normas jurídicas adjetivos ni sustantivas civil. Los argumentos expuestos en el Auto de Vista 68/2022, permiten establecer que el Tribunal de alzada, conformado por los Vocales ahora demandados, explicaron detalladamente los motivos por los cuales confirmaron la resolución apelada que determinó tener por no presentada la demanda ejecutiva, al considerar que no se subsanó la observación de no haber sido presentado el documento original del título ejecutivo, concluyendo que el Juez A quo debía observar lo establecido por los arts. 379 y 380 del CPP, siendo por ende justificada la decisión de tener por no presentada la demanda. Al respecto, cabe señalar que conforme establece el art. 378 del CPC, el proceso ejecutivo se promueve en mérito a alguno de los títulos están detallados en el art. 379 de la citada norma procesal civil, entre los cuales se enumeran los documentos públicos y los documentos privados suscritos por los deudores o sus representantes, que hubieren sido voluntariamente reconocidos ante notario se fe pública o dados por reconocidos ante autoridad competente. Asimismo, conforme al procedimiento señalado por el art. 380 del Código adjetivo de la materia, una vez presentada la demanda, la autoridad judicial debe examinar cuidadosamente el título ejecutivo, para luego de reconocer su competencia, capacidad, legitimación de las partes, así como la liquidez y el plazo vencido de la obligación, para luego dictar la sentencia inicial disponiendo el embargo y mandando llevar adelante la ejecución hasta hacerse efectivo el pago pretendido, con los intereses, costas y costos incluidos; sin embargo, si el Juez considerase que el documento carece de fuerza ejecutiva, declarará que no hay lugar a la ejecución, mediante auto interlocutorio. De acuerdo con lo precedentemente señalado, se tienen que los Vocales demandados al pronunciar el Auto de Vista 68/2022, justificaron su decisión en aplicación de la normativa procesal que rige el proceso ejecutivo, llegando a establecer que el documento en el cual se basó la demanda ejecutiva no cumple con la exigencia del art. 379 del CPC para ser considerado un título ejecutivo, por cuanto no se adjuntó el documento de préstamo de dinero con las firmas originales de los deudores, aspecto que estaba dentro de la competencia del Juez a quo ser revisado y observado y que ante la falta de subsanación, concluyó que fue correcta la decisión de declarar por no presentada la demanda. Por lo expuesto, no corresponde conceder la tutela pretendida. Por todo lo expuesto, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 65 de 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 51 a 52 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0620_2023-S1.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9202c3b92da290552a2bf433e9503adb86eb116379555908d12d2ca175c29544
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →