Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, relacionado a la garantía del debido proceso en su vertiente valoración razonable e integral de la prueba; toda vez que: 1) La Juez codemandada rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva considerando subsistente el peligro de fuga contenido en el art. 234.1 del CPP, debido a que el acuerdo de rescisión de contrato a futuro no contaba con el reconocimiento de firmas y rúbricas del empleador, y sobre la segunda relación laboral omitió realizar el análisis integral de los elementos aportados para demostrar la existencia y funcionamiento de la empresa empleadora; sobre el art. 234.7 del referido Código, omitió aplicar la jurisprudencia constitucional que prohíbe fundar los peligros de fuga u obstaculización en los mismos elementos que sustentaron la probable autoría; y, 2) La Vocal demandada: i) Sobre el art. 234.1 del CPP, ratificó el criterio de primera instancia observando el reconocimiento de firmas y rúbricas del empleador en la rescisión de un contrato a futuro, considerando por ende la coexistencia de dos relaciones laborales vigentes y, respecto a la segunda relación laboral, persiste en la exigencia de documentación relativa a la existencia y funcionamiento de la empresa que es responsabilidad del empleador y no del empleado; así también agrava las observaciones de primera instancia al exigir demostrar solvencia financiera para realizar contrataciones de la empresa empleadora y omitió valorar prueba; y, ii) Respecto al art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de julio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 48916-2022-98-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de “8” -lo correcto y en adelante es 9- de julio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ronald Raúl Orozco Rosales en representación sin mandato de Adhemar Claros Tejada contra María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del referido departamento.
Por memorial de 8 de julio de 2022, cursante de fs. 2 a 7, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 301102012103636, seguido en su contra, solicitó en varias oportunidades la cesación a su detención preventiva; empero, Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, señaló que: a) No acreditó la existencia de un trabajo futuro en los términos del art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ya que, para demostrar una relación laboral posterior, era indispensable rescindir contractualmente el vínculo anterior, si bien su persona presentó un acuerdo de rescisión suscrito con el empleador René Ricardo Pacheco Zurita, el formulario presentado el 21 de abril del mismo año carece de validez legal plena, toda vez que el reconocimiento de firmas y rúbricas fue realizado únicamente por el imputado y no por ambas partes, sin considerar que se trataba de un contrato de trabajo a futuro condicionado a la obtención de su libertad. Respecto a la segunda relación laboral a futuro, tampoco realizó un análisis integral de todos los elementos superados como el contrato aclaratorio y complementario, el Número de Identificación Tributaria (NIT), Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), licencia de funcionamiento, certificado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), talonarios de factura, declaraciones juradas fiscales, informe del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quillacollo, entre otros, como aspectos exigidos a un empleado; y, b) Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del referido Código, de conformidad con el art. 250 del mismo cuerpo legal -que faculta la modificación de las medidas cautelares, incluso de oficio-, solicitó la aplicación de la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio, que establece que no es permisible fundar los riesgos procesales utilizando los mismos elementos que sustentaron la probable autoría, toda vez que esto generaría una condición imposible de superar; sin embargo, la Jueza codemandada aplicó la normativa de manera estrictamente formal, omitiendo el estándar constitucional señalado. Ambos extremos fueron objeto de apelación incidental y María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, mediante Auto de Vista 183/2022 de 23 de junio, señaló lo siguiente: 1) Respecto al peligro de fuga contenido en el art. 234.1 del CPP: i) Ratificó el criterio del Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, relativo a la necesidad de contar con un acuerdo de rescisión de contrato anterior para validar el trabajo a futuro declarando improcedente los agravios fundamentados; en ese orden, lo único que hizo fue verificar el fundamento de la Jueza a quo, señalando que no se aparta de criterios de razonabilidad o sana crítica y que no vulnera el razonamiento de la jurisprudencia que fuera citada, desacreditando los supuestos análogos, confundiéndolos con los antecedentes particulares del caso, sin considerar que la misma concluyó que resulta una pretensión desmedida exigir a la parte el NIT, el reconocimiento de firmas y rúbricas del contrato a futuro, una nota fiscal al empleado, y otros documentos que acreditan la existencia y funcionamiento de la empresa al empleado, cuando esa responsabilidad recae en el empleador; ii) Cuestionó la vigencia de dos contratos a futuro para acreditar trabajo, haciendo entrever que se trataría de dos relaciones laborales vigentes y que por ello no se puede acreditar el último contrato a futuro; y, iii) Declaró procedente el recurso de apelación incidental que planteó el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), agravando las observaciones efectuadas por la autoridad judicial de primera instancia, bajo una nueva exigencia excesiva al empleado de demostrar solvencia financiera de la empresa empleadora para realizar contrataciones, siendo una obligación del contribuyente empresario, así también la valoración omisiva al verificar la declaración jurada y no los estados financieros de ventas de tres meses; y, 2) Sobre el peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por su persona, debido a que no fue objeto de razonamiento alguno la aplicabilidad de la SCP 0583/2017-S2 relativa a la imposibilidad de aplicarse una construcción perjudicial imposible de superar al estar vinculada con los elementos que sirvieron para sustentar la probabilidad de autoría.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, relacionado a la garantía del debido proceso en su vertiente valoración razonable e integral de la prueba, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 183/2022, emitido por la Vocal demandada; y, b) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, disponiendo el pronunciamiento de una nueva disposición bajo parámetros de razonabilidad, valoración integral, equidad y aplicación de la jurisprudencia vinculante.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de julio de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 33 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 31 y vta., sostuvo que: 1) Mediante Auto de Vista 183/2022 ratificó el Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, respecto a los recursos de apelación incidental de medida cautelar opuestos por el Gobierno Autónomo Departamental (GAD) de Cochabamba, SIN, Banco Unión Sociedad Anónima (S.A.) y el ahora accionante; declarando improcedente el recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por el GAD de Cochabamba; procedente en parte la impugnación efectuada por el SIN en lo relativo al arraigo “actividad lícita”, consignado en el art. 234.1 del CPP dando por no acreditado el segundo indicador ; e, improcedente el recurso de apelación planteado por el imputado al advertirse la falta de concreción de agravios y la insuficiencia de la carga argumentativa desplegada; 2) Conforme al art. 398 del referido Código, la resolución del recurso se circunscribe a la fundamentación de agravios practicada por los recurrentes, no hubo una reforma en perjuicio del imputado, debido a que los presupuestos relativos a la solvencia no fueron incorporados por esa instancia, sino que se encontraban entre las observaciones por la Jueza a quo y recogidas en un “Auto de Vista” previo; 3)
La defensa técnica se limitó a la mención de la SCP 1214/2014 de 16 de junio, por lo que se fundamentó su inaplicabilidad en el caso de Autos, a objeto de evidenciar la disquisición relativa al caso concreto; y, 4) La SCP 0026/2012 de 16 de marzo, citada a su vez en la SCP 0150/2018-S4 de 16 de abril, señala los límites de la valoración de la prueba en acción de libertad, siendo una atribución privativa de la jurisdicción ordinaria, pudiendo la justicia constitucional valorar la prueba de manera excepcional, únicamente cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad o se haya omitido arbitrariamente tomar en cuenta la evidencia con lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, no participó en la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 10 y vta.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 9 de julio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) La Juez codemandada, a través de Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, estableció que el imputado -ahora accionante- debía rescindir el contrato de trabajo a futuro suscrito con René Ricardo Pacheco Zurita, representante de la Empresa Teletaxi; con ese fin acompañó, el acuerdo de rescisión de contrato de trabajo de 29 de enero de 2022, empero el formulario o certificación únicamente tiene el reconocimiento de firmas y rubricas del imputado y no del empleador, motivo por el cual no ha concluido. Si bien el imputado al comparecer ante un notario con el contrato de trabajo rescindido para el reconocimiento de firmas y rúbricas acató la disposición de la autoridad judicial de primera instancia, dando por bien hecho lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, aspecto por el cual no se conculcó derecho alguno, no se observa que esa prueba haya sido valorada con apartamiento del marco legal y de razonabilidad; y, ii) El Auto de Vista 183/2022, emitido por la Vocal demandada, resolvió el recurso de apelación en el que no advirtió vulneración alguna de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por no haber advertido agravios, toda vez que, el imputado guarda detención preventiva por encontrarse dentro de los parámetros previstos en los arts. 233, y 234.1 y 7 del CPP, a los efectos del art. 221 de referido Código, que la misma puede ser cesada conforme previene el art. 239 del Adjetivo Penal.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 46 a 50); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022 mediante el cual, Karen Irlanda Munguía Barrientos, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba -hoy codemandada-, rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Adhemar Claros Tejada -ahora accionante-, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por los delitos previstos en los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), disponiendo mantener lo establecido a través de Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021, respecto a la concurrencia del art. 233.1 y 2 del CPP y los peligros procesales contenidos en el art. 234.1 y 7 de la misma norma procesal penal (fs. 18 vta. a 21 vta.). II.2. Consta acta de audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 23 de junio de 2022, en mérito a los recursos de apelación incidental interpuestos por el GAD de Cochabamba, SIN, Banco Unión S.A. y el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio de 24 de mayo de ese año, siendo los aspectos cuestionados en relación con la presente acción de libertad, el imputado preciso: a) Sobre la persistencia del art. 234.1 del CPP, se circunscribe a la vulneración del debido proceso en su vertiente incongruencia y valoración omisiva, defectuosa e irracional de la prueba debido a que se exige una rescisión del contrato a futuro, lo que es irracional debido a que no se ha consolidado al tener una condición suspensiva como es la de obtener la libertad afectando la razonabilidad de la prueba conforme a la SCP 1214/2014 de 16 de junio; b) Presentó prueba de un proceso familiar con liquidación contra el imputado, conforme a los arts. 239.1 del CPP y 60 de la CPE, sin embargo la autoridad judicial no le da valor, generando su indefensión; y, c) Respecto al art. 234.7 del CPP señala que corresponde dar la aplicación objetiva de la norma y cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “56/2014” y 0070/2014-S1 de 20 de noviembre, que evalúan las circunstancias para determinar si existe peligro para la víctima y la SCP 0185/2019-S3 de 30 de abril, que precisa los aspectos relativos a la concurrencia de peligro para la sociedad que debe demostrarse con antecedentes ejecutoriados, máxime si considera aspectos relacionados a la autoría, debido a que nunca se podría desvirtuar el mismo conforme señaló la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio, por lo que se acompañó el certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) al amparo del art. 250 del Adjetivo Penal (fs. 23 a 24 vta.). II.3. Mediante Auto de Vista 183/2022 de 23 de junio, María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -hoy demandada-, ratificó el Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022 emitida por la Jueza ahora codemandada, resolviendo declarar “IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; PROCEDENTE EN PARTE (…); a su vez, IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el imputado…” (sic [fs. 25 a 30 vta.]).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, relacionado a la garantía del debido proceso en su vertiente valoración razonable e integral de la prueba; toda vez que: 1) La Juez codemandada rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva considerando subsistente el peligro de fuga contenido en el art. 234.1 del CPP, debido a que el acuerdo de rescisión de contrato a futuro no contaba con el reconocimiento de firmas y rúbricas del empleador, y sobre la segunda relación laboral omitió realizar el análisis integral de los elementos aportados para demostrar la existencia y funcionamiento de la empresa empleadora; sobre el art. 234.7 del referido Código, omitió aplicar la jurisprudencia constitucional que prohíbe fundar los peligros de fuga u obstaculización en los mismos elementos que sustentaron la probable autoría; y, 2) La Vocal demandada: i) Sobre el art. 234.1 del CPP, ratificó el criterio de primera instancia observando el reconocimiento de firmas y rúbricas del empleador en la rescisión de un contrato a futuro, considerando por ende la coexistencia de dos relaciones laborales vigentes y, respecto a la segunda relación laboral, persiste en la exigencia de documentación relativa a la existencia y funcionamiento de la empresa que es responsabilidad del empleador y no del empleado; así también agrava las observaciones de primera instancia al exigir demostrar solvencia financiera para realizar contrataciones de la empresa empleadora y omitió valorar prueba; y, ii) Respecto al art. 234.7 del referido Código, no se pronunció sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia que precisa que los peligros de fuga u obstaculización no se pueden sustentar en los mismos elementos que fundaron la probable autoría. Ante ello, la Vocal demandada señala que, resolvió a través del Auto de Vista 183/2022 los recursos de apelación incidental de medida cautelar opuestos por el GAD de Cochabamba, SIN, Banco Unión S.A. y el opuesto por el imputado -ahora accionante-, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por el imputado al advertir la falta de concreción de agravios y la insuficiencia de la carga argumentativa desplegada; no hubo una reforma en su perjuicio, debido a que la solvencia fue observada por la Jueza a quo. Asimismo, la jurisprudencia citada no es análoga al caso concreto; y, la valoración de la prueba corresponde a la jurisdicción ordinaria. Al respecto, la Jueza codemandada no participó en la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0748/2019-S2 de 28 de agosto, manifestó que: “…la exigencia de fundamentación y motivación abarca también a los fallos de medidas cautelares, estando tanto los jueces cautelares como los tribunales de segunda instancia, constreñidos a cumplir el debido proceso, en la revisión de las resoluciones de una medida cautelar, que la revoca, modifica, sustituye u ordena la cesación de detención preventiva. (…) Conforme a lo anotado, resulta evidente que los tribunales de alzada se hallan constreñidos a dictar resoluciones con la debida fundamentación, motivación y congruencia, fundamentando la decisión por la que deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer su cesación, encontrándose obligados a determinar la concurrencia de los presupuestos procesales referentes a los peligros de fuga y obstaculización, precisando de forma debida las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, consignando motivadamente la presencia de los mismos, no pudiendo justificar su omisión respecto a lo indicado, en los límites instituidos en el art. 398 del CPP. En ese orden, en virtud a los razonamientos jurisprudenciales descritos supra tratándose de la aplicación de medidas cautelares el precitado artículo no debe ser entendido literalmente sino de forma integral y sistemática con los arts. 233 y 236 del CPP, lo que deriva en que, los tribunales de alzada no se encuentren eximidos en motivar y fundamentar su resolución explicando, se reitera, la presencia o no de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva” (las negrillas nos corresponden).
Previamente a ingresar al análisis de fondo, cabe señalar que, el accionante demandó a la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada- y a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del referido departamento -codemandada-; en tal sentido, corresponde aclarar que, en el marco del principio de subsidiariedad excepcional que rige este mecanismo constitucional, la revisión de las determinaciones asumidas en la jurisdicción ordinaria, se realizará a partir de la última resolución; es decir, en el presente caso el Auto de Vista 183/2022 de 23 de junio; por cuanto, dicho fallo tenía la posibilidad de corregir, enmendar o anular las decisiones de la autoridad judicial inferior.
En relación con los antecedentes, corresponde precisar que, mediante Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022 la Jueza codemandada, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el ahora accionante por los delitos previstos en los arts. 198 (falsedad material), 199 (falsedad ideológica) y 203 (uso de instrumento falsificado) del CP, dispuso mantener lo establecido a través de Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2021 respecto a la concurrencia del art. 233.1 y 2 del CPP y los peligros procesales contenidos en el art. 234.1 y 7 de la misma norma procesal penal (Conclusión II.1); dicha disposición fue objeto de apelación incidental por el GAD de Cochabamba, SIN, Banco Unión S.A. y el hoy impetrante de tutela (Conclusión II.2). Consecuentemente, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 183/2022, ratifica el Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, resolviendo declarar “IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba; PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por Impuestos Nacionales, únicamente en la parte pertinente al punto 7 que desarrolla los fundamentos relativos al arraigo actividad lícita del riesgo de fuga consignado en el art. 234 núm. 1), declarándose no acreditado el segundo indicador que configura la observación enunciada en la audiencia previa verificada de cesación; a su vez, IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el imputado, por no advertirse la concreción de los agravios, merced de la insuficiencia en la carga argumentativa y demás fundamentos que han sido desarrollados previamente; en consecuencia, al advertirse aquellas modificaciones que se incorporan no resultan trascendentes a su vez para motivar una modificación en el decisorio del inferior…” (sic [Conclusión II.3]) En tal contexto, en relación con el primer agravio, el impetrante de tutela sostuvo que, la Vocal demandada mediante Auto de Vista 183/2022, -respecto al riesgo de fuga contenido en el art. 234.1 del CPP- ratificó el criterio de primera instancia, sobre la pretensión desmedida y arbitraria de exigir al empleado el reconocimiento de firmas y rúbricas del empleador sobre el acuerdo de rescisión de un contrato a futuro, considerando por ende la coexistencia de dos relaciones laborales vigentes y consecuentemente la imposibilidad de acreditar otra mientras la anterior no hubiera concluido; al respecto, de la revisión del Auto de Vista cuestionado, si bien repite el fundamento del Auto Interlocutorio de 24 de mayo de 2022, además precisa que el reconocimiento de firmas y rúbricas del empleador en relación con el acuerdo de rescisión de contrato laboral a futuro -formulario presentado el 21 de abril de 2022- no se encuentra el apartado de razonabilidad; en ese orden, para el Tribunal de alzada la existencia de dos contratos vigentes al mismo tiempo, es una situación de duda e incertidumbre, siendo el reconocimiento de firmas la única vía formal para dar certeza de que el contrato anterior realmente ya no surte efectos, criterio que no fue desvirtuado por la parte accionante. Respecto a la misma problemática, además señaló que la SCP 1214/2014 de 16 de junio -citada por el impetrante de tutela-, no es aplicable debido a que en la misma el imputado ya tenía acreditada actividad lícita, mientras que en el caso concreto se encontrarían vigentes dos contratos que explicitan relaciones laborales distintas, es decir la existencia de una “duplicidad” contractual no resuelta, razonamientos con los cuales responde a plenitud el agravio expuesto en el recurso de apelación que interpuso en audiencia de 23 de junio de 2022 (Conclusión II.2), por lo que no se advierte vulneración. Con relación a la segunda relación laboral, el accionante precisa en esta acción extraordinaria que persiste la exigencia de documentación relativa a la existencia y funcionamiento de la empresa que es responsabilidad del empleador y no del empleado; empero, dicho reclamo no fue planteado en el recurso de apelación en la audiencia de 23 de junio de 2022, incurriendo en subsidiariedad de la acción de libertad; debido a que, las autoridades judiciales demandadas no tuvieron la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto, porque la parte no planteó recurso alguno al respecto, correspondiendo su improcedencia. Sobre la alegación del accionante, señala que a través del Auto de Vista 183/2022, la Vocal demandada; agravó las observaciones de primera instancia al exigir que demuestre la solvencia financiera de la empresa empleadora para realizar contrataciones. Como es de conocimiento del impetrante de tutela, dicho razonamiento responde al recurso de apelación incidental planteado por el SIN, al respecto, el Auto de Vista cuestionado precisó que no se trata de una nueva exigencia, sino de la observación generada con anterioridad por la Juez a quo que vinculó el talonario manual de facturas de la empresa empleadora, para acreditar ubicación y funcionamiento; empero, para demostrar solvencia financiera para realizar contrataciones -respecto a la remuneración del empleado- requirió el llenado de los formularios en la página del SIN, evidenciando que no fueron pagadas, manteniendo esa observación; dicha problemática tampoco fue objeto de apelación del imputado -ahora peticionante de tutela-, por lo cual, no corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento, toda vez que debió ser objeto de análisis de la jurisdicción ordinaria, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mismo entendimiento se aplica a la omisión en la valoración de los estados financieros de ventas de tres meses ahora reclamada, debido a que tampoco fue un agravio en el recurso de apelación del imputado. En relación al segundo agravio el accionante precisó que la Vocal demandada declaró improcedente el recurso de apelación que planteó respecto al art. 234.7 del CPP, sin pronunciarse sobre la aplicabilidad de la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio, que precisó que los peligros de fuga u obstaculización no se pueden sustentar en los mismos elementos que fundaron la probable autoría, al respecto el Auto de Vista 183/2022 precisó que el certificado de REJAP, ya fue objeto de evaluación por la autoridad de primera instancia, al no haberse aportado nuevos elementos de convicción que desvirtuaran los motivos que fundaron la medida, ni haberse satisfecho la carga argumentativa mínima para cuestionar la razonabilidad del riesgo procesal, en ese orden, la justicia constitucional no puede suplir la falta de carga argumentativa de la parte impetrante de tutela ante la jurisdicción ordinaria respecto a los elementos que fueron considerados en relación al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, así como para sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible conforme lo previsto en el art. 233.1 del CPP, aspecto por el cual no se puede determinar la vulneración de los derechos reclamados. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 9 de julio de 2022, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0619_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 38a5e6f669c219aa831bb23f8aa3d25239cd65d9ebaedf169b5a2a7c9a42363a
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