B.IA.LEGAL

SCP 0619/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51665-2022-104-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, impugnación y de petición; puesto que, en el sumario informativo militar al que fue sometida y que concluyó con la imposición de una sanción disciplinaria, mediante el Auto Final 14/2021 de 10 de diciembre -en cuya parte resolutiva expresamente refiere que dicha decisión no reconoce ulterior recurso-, el Comandante en Jefe ahora accionado no emitió pronunciamiento alguno, a pesar de las reiteradas solicitudes de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, formuladas previamente en su impugnación contra el citado Auto Final. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 210/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 222 a 226 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada y de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/2024-S3 Sucre, 7 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51665-2022-104-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 210/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 222 a 226 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lucia Mónica Paredes Torrez contra Augusto Antonio García Lara, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memoriales presentados el 15 y 29 de julio de 2022, cursantes de fs. 136 a 154; y, 157 a 163 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su calidad de abogada, Asesora Jurídica de la Armada Boliviana, fue sometida a un sumario informativo militar mediante Auto Inicial del Sumario de 11 de noviembre de 2021, en el que no le permitieron acceder a información, obtener documentación, conocer las pruebas; le impidieron por todos los medios el acceso de información y el conocimiento de las pruebas del proceso, negándole la oportunidad de presentar su descargos, proponer pruebas testificales, interponer recursos; por consiguiente, negándole el ejercicio de una amplia defensa en el proceso sumario o penal militar. En el desarrollo del proceso sumario informativo militar se emitió el Auto Final 14/2021 de 10 diciembre, por Francis Efraín Franck Salazar, Comandante General ACC. de la Armada Boliviana -hoy tercero interesado-, imponiéndole la sanción disciplinaria de tres días de descuento de haber equivalente a setenta y dos horas de arresto, cuyas sindicaciones no fueron puestas a su conocimiento y respecto a los cuales jamás prestó su declaración indagatoria; por lo que, no asumió conocimiento de los documentos que sustentan la sindicación, menos asumió defensa. Mediante memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, solicitó a la autoridad encargada del sumario informativo militar, nulidad absoluta de obrados hasta el vicio más antiguo; puesto que, en el Auto Inicial del Sumario de 11 de noviembre de 2021 se le atribuye supuestamente que suprimió y/o destruyó documentos en formato digital y físico -informes, fax, oficios y otros- en la División “D” de la Dirección Jurídica del Comando General de la Armada Boliviana, tipificada por el art. 179 del Código Penal Militar (CPM), desconociendo la prueba que sustenta el inicio del proceso y recibiendo de la autoridad que organizó ese sumario, respuestas evasivas. Mediante memorial de 30 de diciembre de 2021 dirigido al Comandante General ahora tercero interesado, presentó impugnación contra el Auto Final 14/2021, fundamentando agravios. En consecuencia, ante la falta de pronunciamiento, presentó la acción de amparo constitucional contra el Comandante en Jefe hoy accionado, quien no atendió su solicitud y no realizó el control de convencionalidad con relación a la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales a la que fue sometida, a pesar de hacer uso del recurso establecido por ley y agotar las instancias previstas por la ley interna militar; empero, “a la fecha” no fueron reparados “…menos existe respuesta alguna a los memoriales presentados en el cual pido la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo…” (sic). Entre los actos lesivos que denuncia se encuentran los hechos que se le atribuyen, los cuales fueron calificados por un tipo penal -art. 179 del CPM- en el Auto Inicial del Sumario de 11 de noviembre de 2021; empero, en la fundamentación del Auto Final 14/2021 no se realizó consideración alguna respecto al tipo penal mencionado, llegándose a la convicción de que cometió el ilícito por el cual fue sumariada, vulnerándose los derechos a la defensa y al debido proceso en su elemento de congruencia. En el sumario informativo militar, al momento de su notificación no se le hizo entrega de las pruebas presentadas, tampoco fueron exhibidas por el Juez Sumariante y no dieron curso a la solicitud presentada al respecto, aspecto que no se tomó en cuenta en el Auto Final 14/2021, privándole del conocimiento de las pruebas presentadas y la información requerida, vulnerándose los derechos a la defensa y al debido proceso. En circunstancias de prestar su declaración indagatoria, solicitó la citación en calidad de testigo al “CC.CGON” Luis Solares Salas para probar la entrega de la documentación que se encuentra en el Tribunal de Personal, acto realizado en su presencia, así como la solicitud inspección in situ para evidenciar que la documentación no fue sustraída; sin embargo, se omite en el Auto final 14/2021 se omite ese importante acto, vulnerándose los derechos a la defensa y al debido proceso.

El Auto Final 14/2021 no valoró la prueba documental ajuntada; puesto que, existen documentos firmados, como el informe de entrega firmado en constancia por la parte denunciante, tomando solo las pruebas adjuntas por la misma, efectuando una lista de los documentos sin darle un valor a ninguna de las pruebas; además, el citado Auto Final no tomó en cuenta que fue designada como Asesora Jurídica del Departamento “I-PERS. EM GAB” según memorando que se extiende por la denunciante, cuyas obligaciones están establecidas en el Reglamento CJ-RGA 240, aprobada por “Resolución Suprema 24774”, entregándose documentos en conformidad con la denunciante, habiéndose entregado en todos los casos en mano propia. En la parte resolutiva del Auto Final 14/2021 se le impone una sanción disciplinaria, que no se encuentra sustentada en norma alguna, vulnerándose el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, principio de legalidad; además, incluye una disposición ejecutiva sancionando a Alfredo Norberto Grossweiler García, Juez Sumariante y Sergio David Calzada Castellón, sin motivación alguna e incluye de manera totalmente arbitraria, incongruente, ilegal en un párrafo expresó que el referido Auto Final, no reconoce recurso ulterior, sin desplegar fundamentación alguna, ni tomar en cuenta que se garantiza el principio de impugnación. Presentó solicitud de excusa contra el Comandante General hoy tercero interesado; empero, no hubo pronunciamiento alguno, dejándola en incertidumbre al respecto y vulnerando el derecho al juez natural como elemento del debido proceso. Reiteró su impugnación al Comandante en Jefe ahora accionado el 7 de enero de 2022 y el 30 de mayo de ese año, “…NO HABIENDO RECIBIDO RESPUESTA Y MENOS HABERSE PRONUNCIADO Y/O RESUELTO LA IMPUGNACIÓN PLANTEADA” (sic); así también, presentó denuncia para que se investigue las constantes vulneraciones en sus derechos y actos de discriminación cometidos en el sumario informativo militar, no solo por el Juez Sumariante; sino, por la autoridad que instauró dicho sumario.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, impugnación y de petición; citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga la nulidad hasta el vicio más antiguo, anulando el Auto Inicial del Sumario de 11 de noviembre de 2021, Auto Final 14/2021 de 10 de diciembre y el Memorando DPTO. I-PERS.DIV. “D” 1414/21 de 30 de igual mes y año.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 216 a 221, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Augusto Antonio García Lara, Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus representantes legales, mediante informe presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 209 a 214, manifestó que: a) La figura de funcionario público alcanza de manera muy restringida al personal de la FF.AA., cuyos funcionarios se encuentran regidos por las leyes y reglamentos en el ámbito militar; b) Se denuncia la vulneración de derechos; empero, no se puede entender cómo fueron trasgredidos; c) Respecto a la presunta vulneración del derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones como elemento del derecho al debido proceso, la accionante no señaló cuál fue el acto vulneratorio, tomando en cuenta que el sumario informativo militar es un procedimiento preparatorio que tiene por objeto investigar y reunir los elementos de convicción indispensables para determinar si las conductas del investigado se constituyen en actos calificados como faltas disciplinarias, delitos militares, delitos comunes, para el Tribunal de Honor y para ser sobreseídos, fue cumplido de manera pronta, oportuna y sin dilaciones, encontrándose concluido; d) En su denuncia de lesión de derechos alega al término impugnación, lo que no fue acertado porque el término es reclamación conforme al Reglamento de Faltas Disciplinarias 23; e) Con relación a la solicitud presentada el 17 de enero de 2022 ante el “…señor COMANDANTE EN JEFE…” (sic) para que en atención al “Auto Supremo 06/2021” se pronuncie en última instancia, en mérito a la impugnación presentada, solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por los actos vulneratorios de los derechos al debido proceso, defensa y a la “seguridad jurídica” cometidos en el proceso desde la orden de organización del sumario informativo militar, por la supresión y/o destrucción de documentos en formato digital y físico -informes, fax, oficios y otros- en la División “D” de la Dirección General de la Armada Boliviana por la accionante, vulneración prevista por el art. 179 del CPM; asimismo, el art. 195 del Código de Procedimiento Penal Militar (CPPM) prevé que el recurso de apelación solo procede contra sentencias y autos definitivos que determinen jurisdicción y competencia y no se encuentra reconocido sobre un “… Auto Final de Sumario Informativo Militar que establece una sanción disciplinaria…” (sic), se entiende que la competencia fue reconocida y no fue cuestionada en su oportunidad, tampoco existe la previsión de la figura de impugnación contra “la misma resolución”; f) Con relación al recurso o impugnación existe el pronunciamiento del Comando General de la Armada Boliviana, contra los autos finales del sumario informativo militar no procede recurso ulterior por ser de última instancia, solo cabe impugnación por actos previstos por el art. 2 del CPPM; ya que, la autoridad militar que dictó el Auto Final 14/2021 en dicho sumario, es la única autoridad llamada por ley para conocer impugnaciones; puesto que, no alcanza la posibilidad de que el Comandante en Jefe de las FF.AA. pueda atribuirse la facultad de anular procesos sumarios como pretende la accionante; por lo que, esa posición del “Comando General de Fuerza” fue de conocimiento de la accionante conforme decreto de 6 de enero de 2022 quedando legalmente notificada; g) Respecto al memorial de apersonamiento de impugnación presentado de manera directa al Comando en Jefe de las FF.AA., incurre en falta leve; puesto que, no observa el conducto regular para la presentación de solicitudes; ya que, dicho Comando no tiene competencia para conocer, menos resolver la impugnación contra el Auto Final 14/2021 del sumario informativo militar, cuya competencia está claramente determinada por los arts. 36 y 40 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) -Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992-; ya que, mediante decreto de 6 de julio de 2022, se le recordó que, en el citado Auto Final, se le otorgó setenta y dos horas para presentar su recurso, sin que en ese término hubiese presentado recurso alguno y sea resuelto por autoridad con jurisdicción militar; por lo que, se procedió a la ejecutoria del mencionado Auto Final conforme al art. 21 de la Ley de Organización Judicial Militar. Por los razonamientos expuestos pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Francis Efraín Franck Salazar, Comandante General ACC. de la Armada Boliviana, a través de su representante legal, mediante informe de 31 de agosto de 2022, cursante de fs. 179 a 184, así como en audiencia manifestó que: 1) Observa la competencia de la Sala Constitucional respecto a la sanción disciplinaria reglamentada por normas y procedimientos militares “…con la cual pretende generar que este Tribunal se arrogue competencias del Mando Militar, en una instancia ordinaria que resuelva o imponga Autoridad sobre el Manto Militar…” (sic); asimismo, señala que, “…la ahora accionante, INVENTA INSTANCIAS COMO LA DE APELACION que por el momento no se encuentra así legislado” (sic); 2) La figura del funcionario público alcanza de manera muy restringida al personal civil dentro de las FF.AA.; empero, jamás a militares; puesto que, la accionante no tiene legitimación activa para interponer la presente acción tutelar prevista por el art. 52 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), esta acción de defensa carece de procedencia; 3) El Comandante en Jefe hoy accionado no es funcionario público; por lo que, la presente acción de defensa decae en su improcedencia; además, que no realizó acto alguno; puesto que, jamás pudo incurrir en actos lesivos, extremo que la propia accionante reconoció al señalar que no atendió su recurso de apelación, “…situación evidente, en razón a que no es competencia del señor Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado el conocer apelaciones de procesos en los términos expresados por la accionante…” (sic); 4) Haciendo un esfuerzo para entender, el acto supuestamente vulnerado se trataría del recurso de apelación contra el Auto Final 14/2021 del sumario informativo militar, acto que fue notificado a la accionante el 27 de diciembre de 2021; es decir, hace más de siete meses; por lo que, “…no cumple con la condición de viabilidad, por estar fuera de plazo legalmente establecido…” (sic), para la presentación de la acción de amparo constitucional; 5) El trámite de la apelación reclamada por la accionante, es un acto procesal inventado por la misma, procedimiento que ni siquiera pasó por el legislador; por lo que, no se puede imputar la comisión de un acto, a quien no tiene ni tuvo competencia; 6) Denunció la vulneración de los derechos a la personalidad y capacidad jurídica, de ser evidente no estaría trabajando en la Armada Boliviana; ya que, alguien que no tiene ese derecho no puede ser considerada persona, tampoco individualizó quien cometió actos de discriminación y a qué tipo de actos de discriminación fue sometida o alguno de los derechos fundamentales mencionados por la accionante; 7) La nombrada al denunciar la vulneración de sus derechos a la congruencia y motivación incurre en confusión; ya que, “…su invento de apelación es contra un Sumario Informativo Militar, previstos por el Código de Procedimiento Penal Militar, en tanto que la sanción disciplinaria es otra cosa muy distinta, la misma se encuentra normada por el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos Nº 23, en consecuencia la accionante debe aclarar, cual es el acto vulneratorio, si es el Sumario se debe dejar en claro que el Sumario Informativo Militar, no concluye con responsabilidad del hecho investigado, y si es otra falta disciplinaria, esta debe aplicar las Reglas del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos Nº 23” (sic); 8) Denunció la vulneración de sus garantías constitucionales con relación al incumplimiento del deber de excusarse; empero, respecto a una eventual excusa o recusa suya no existe vulneración; puesto que, “…las sanciones disciplinarais no son objeto de incidentes como EXCUSAS Y RECUSAS, o por lo menos hasta la fecha no se encuentra legislado” (sic); 9) Al Comandante en Jefe ahora accionado se le atribuye responsabilidad, supuestamente como autoridad jurisdiccional de última instancia con facultades de corregir incluso de oficio los errores en la determinación del “Comandante General de la Armada Boliviana…” (sic); no obstante, ese reclamo es incongruente; puesto que, al Comandante en Jefe hoy accionado se le atribuye funciones que no le corresponden, por cuanto la máxima autoridad administrativa es el Ministro de defensa, operativamente el Comandante en Jefe de las FF.AA. y el último responsable de su fuerza el Comandante General de la Armada Boliviana; por lo que, carece de legitimación pasiva; 10) En cuanto al cuestionamiento respecto a la falta de motivación, fundamentación y congruencia entre los hechos -tipos penales-, solo corresponde recurrir al legislador para conocer de los fundamentos de la norma observada; empero, no concierne al Comandante en Jefe ahora accionado; puesto que, no es la autoridad legislativa; 11) La acción de amparo constitucional contra el referido Comandante, está vinculada a un apersonamiento de 17 de enero de 2022, el mismo no tiene relación con el Auto Final 14/2021 emitido por el “…señor Comandante General de la Armada Boliviana…” (sic); puesto que, “…los Autos Finales de Sumarios Informativos, por norma no son recurribles, es decir son de última instancia…” (sic), jamás tuvo, ni tiene competencia, por lo mismo no puede constituir vulneración de derechos fundamentales; 12) Respecto al “Auto Supremo 06/2021” del Tribunal Supremo de Justicia Militar, pretendieron asumir la función de legisladores disponiendo que el sumario -informativo militar- sea remitido en calidad de apelación; empero, la Armada Boliviana objetó la decisión; puesto que, el mencionado Tribunal no es una instancia legislativa para crear normas; y peor aún para modificar una ley, el Código Penal Militar, razón por la que, el citado Auto Supremo quedó en nada; en ese entendido, la accionante pretende que de manera automática y por capricho, el Comandante en Jefe ahora accionando se constituya en autoridad de apelación; 13) A la conclusión del sumario informativo militar “…no se encontraron suficientes inducios de culpabilidad en la comisión del delito investigado, pues no se dictó Auto de Procesamiento, es decir que análogamente la ahora accionante SALIO ABSUELTA DEL DELITO INVESTIGADO, en consecuencia es hasta algo absurdo que alegue vulneración de Derechos Garantías Constitucionales, cuando no es sancionada…” (sic); 14) Con relación al sumario informativo militar se establece que las faltas disciplinarias serán castigadas por el superior jerárquico en virtud a su competencia ejecutiva -art. 3 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos 23-; por lo que, los castigos disciplinarios no están sujetos a procesos o juicios “…y la forma de impugnación también se encuentra normada, siendo para este caso la reclamación ante la misma Autoridad quien dispuso la sanción (Art. 45 R-23), en consecuencia está claro que pretender una apelación respecto de una sanción disciplinaria y peor ante quien no la ha castigado es simplemente una aberración sin límites” (sic). Por lo expuesto, la acción de amparo constitucional se encontraría fuera de contexto, resultaría incoherente y no se hubiesen vulnerado derechos.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 210/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 222 a 226 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto Final 14/2021, que dio lugar a la emisión del Memorando DPTO. I-PERS. DIV. “D” 1414/21, fue notificado a la accionante el 27 de diciembre de 2021, la acción de amparo constitucional fue presentado el 15 de julio de 2022; y, ii) La acción tutelar debió ser presentada dentro de los seis meses, por los datos anotados en líneas precedentes, la presentación de la acción de defensa no cumplió con los seis meses, correspondiendo su denegatoria sin ingresar en el fondo. En vía de complementación, aclaración y enmienda, la accionante, través de su abogado solicitó a la Sala Constitucional, la aclaración y complementación de dos elementos esenciales con relación al derecho a la impugnación contra el Auto Final 14/2021; el 10 de enero -se entiende de 2022- se hubiese notificado con la respuesta al “memorial”, negando cualquier posibilidad, indicando en su segundo considerando que para esa finalidad se remita al Comando en Jefe de las FF.AA., parámetro que se consideró para reclamar ante la autoridad superior, quien no tomó en cuenta ese aspecto, incluso el “Auto Supremo” que determinó el derecho a la impugnación; por lo que, solicita aclaración al respecto, caso contrario se estaría ante un acto de discriminación. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional; .mediante Auto de 1 de septiembre de 2022, cursante a fs. 226 y vta., pronunciado en audiencia, señaló que, se encuentra impedida de considerar aspectos de carácter procedimental relacionados con la impugnación sobre nulidades de actos, por cuanto para ingresar al análisis de fondo de la tutela solicitada se debe observar los requisitos como la subsidiariedad e inmediatez, legitimación activa y pasiva, se remiten en particular a la inmediatez y lo que solicita es la nulidad del Auto Final 14/2021, notificada a la accionante el 27 de diciembre de 2021, hecho que constituye el acto vulneratorio, fecha desde la cual se debe tomar en cuenta para su procedencia, concluyéndose en definitiva que la acción no se presentó en el momento que correspondía, aspectos que fueron resueltos en la Resolución 210/2022, sin lugar a mayor fundamentación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Inicial del Sumario de 11 de noviembre de 2021 emitido por Alfredo Norberto Gossweiler García, Juez Sumariante, se inició sumario informativo militar contra Lucia Mónica Paredes Torrez -hoy accionante-, “…para investigar y esclarecer las causas y circunstancias sobre la supuesta transgresión del Art. 179 del Código Penal Militar, habiéndose realizado la supresión y/o destrucción de documentación en formato digital y físico (Informes, Fax, Oficios u otros) en la División ‘D’ de la Dirección Jurídica del Comando General de la Armada Boliviana…” (sic [fs. 10 ]). II.2. Consta Auto Final 14/2021 de 10 de diciembre, emitido por Francis Efraín Franck Salazar, Comandante General ACC. de la Armada Boliviana -hoy tercero interesado-; por el cual se impuso a la accionante la sanción disciplinaria de tres días de descuento de haber equivalente a setenta y dos horas de arresto, que sería descontado de su salario en cumplimiento a la Directiva de la Armada Boliviana 026/07, por falta grave en sujeción al art. 104 (Asesoramiento Jurídico) del CPPM que establece sanción “2” cuando el acto resulte ser falta grave, concordante con el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos “R-23”,· art. 10.35 “…ELUDIR RESPONSABILIDADES TENIENDO POSIBILIDAD O COMPETENCIA PARA ASUMIRLAS…” (sic); y en cuanto a la Directiva de la Armada Boliviana 014/13 y el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General Jurídica; en el citado Auto expresó textualmente “ANTE LA PRESENTE RESOLUCION, NO CABE RECURSO ULTERIOR, SIN PERJUICIO DE ELLO, PREVIO A LA EJECUTORIA, A EFECTOS DEL ART. 2 DEL CPPM, SE OTORGA A LAS PARTES EL PLAZO PERENTORIO DE 72 HORAS DESDE SU LEGAL NOTIFICACION” (sic [fs. 42 a 63]). II.3. Cursa Diligencia de Notificación de 27 de diciembre de 2021; por la cual la accionante fue notificada personalmente con el Auto Final 14/2021 (fs. 65); y, mediante Memorando DPTO. I-PERS. DIV. “D”

1414/21 de 30 de ese mes y año, fue acatado el descuento de tres días de haber equivalentes a setenta y dos horas de arresto en cumplimiento a la sanción disciplinaria impuesta por el Auto Final 14/2021 -consigna una firma ilegible de la accionante de “13-ENE-22” (fs. 64). II.4. Mediante memorial de 30 de diciembre de 2021 , -no registra cargo de presentación- dirigido al Comandante General ahora tercero interesado, la accionante presentó impugnación contra el Auto Final 14/2021 fundamentando agravios (fs. 67 a 85 vta.). Escrito que mereció el decreto de 6 de enero de “2021” -siendo lo correcto 2022- emitido por el citado Comandante General, por el cual de manera expresa “En atención a memorial de fecha 30 de diciembre de 2021, remitido a este comando, respecto al memorial que impugna el Auto Final Nro. 14/2021 se dispone: A lo principal: Haciendo conocer que no es el procedimiento legalmente establecido, sin perjuicio de ello, se cumple según lo pedido, a tal fin se remite al Comandante en Jefe de las FFAA con nota de atención” (sic) -consigna una firma ilegible de la accionante de “10-ENE-22” (fs. 94).

II.5. Cursa memorial presentado el 17 de enero 2022 ante el Comandante en Jefe de las FF.AA. del Estado Plurinacional de

Bolivia, por el que, la accionante se apersonó y solicitó nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por actos vulneratorios al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, al derecho a la defensa y seguridad jurídica (fs. 95 a 107); asimismo, mediante dos memoriales presentados el 7 de abril y 30 de mayo del referido año ante el citado Comandante, con similar suma reiteró la solicitud de la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (108 y 131).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, impugnación y de petición; puesto que, en el sumario informativo militar al que fue sometida y que concluyó con la imposición de una sanción disciplinaria, mediante el Auto Final 14/2021 de 10 de diciembre -en cuya parte resolutiva expresamente refiere que dicha decisión no reconoce ulterior recurso-, el Comandante en Jefe ahora accionado no emitió pronunciamiento alguno, a pesar de las reiteradas solicitudes de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, formuladas previamente en su impugnación contra el citado Auto Final. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de inmediatez

El art. 129.II de la CPE establece que, la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la vulneración alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Al respecto, el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos son vinculantes en tanto no contradigan los postulados de la Constitución Política del Estado vigente, en cumplimiento a su labor interpretativa y protectora de los derechos, se pronunció señalando que en el ámbito de la inmediatez por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías les sean restituidos. Con base a los razonamientos desplegados y tomando en cuenta este límite temporal fijado en la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional señaló que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia; puesto que, su apertura ilimitada e indefinida en el tiempo, causaría sin duda alguna, inseguridad e incertidumbre para los justiciables; por lo que, el constituyente boliviano fijó el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional a través de la acción de amparo constitucional de forma clara y categórica. Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional razonó que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se hubiese excedido en algunos días y la vulneración del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial -verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizó de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la vulneración al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción de amparo constitucional, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado.

4 La SC 0762/2003- R de 6 de junio de 2003, respecto a la posibilidad de flexibilización del plazo de la inmediatez y las condiciones necesarias establece que: “… plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso” (las negrillas y el subrayado son nuestras). En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, citando a su vez a la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. 5 La SC 0389/2004-R de 17 de marzo, con relación a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción señala que: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 6 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, establece que: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; a la defensa, impugnación y de petición; puesto que, en el sumario informativo militar al que fue sometida y que concluyó con la imposición de una sanción disciplinaria, mediante el Auto Final 14/2021 de 10 de diciembre -en cuya parte resolutiva expresamente refiere que dicha decisión no reconoce ulterior recurso-, el Comandante en Jefe ahora accionado no emitió pronunciamiento alguno, a pesar de las reiteradas solicitudes de nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, formuladas previamente en su impugnación contra el citado Auto Final. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se concluye que la accionante, en su calidad de abogada, Asesora Jurídica de la Armada Boliviana, mediante Auto Inicial del Sumario de 11 de noviembre de 2021, fue sometida a un sumario informativo militar “…para investigar y esclarecer las causas y circunstancias sobre la supuesta transgresión del Art. 179 del Código Penal Militar, habiéndose realizado la supresión y/o destrucción de documentación en formato digital y físico (Informes, Fax, Oficios u otros) en la División ‘D’ de la Dirección Jurídica del Comando General de la Armada Boliviana…” (sic [Conclusión II.1.]). En el sumario informativo militar, el Comandante General hoy tercero interesado, mediante Auto Final 14/2021, le impuso a la accionante la sanción disciplinaria de tres días de descuento de haber equivalente a setenta y dos horas de arresto, que sería descontado de su salario en cumplimiento a la Directiva de la Armada Boliviana 026/07, por falta grave en sujeción al art. 104 (Asesoramiento Jurídico) del CPPM que establece sanción “2” cuando el acto resulte ser falta grave, concordante con el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Castigos “R-23”,· art. 10.35 “…ELUDIR RESPONSABILIDADES POSIBILIDAD O COMPETENCIA PARA ASUMIRLAS…” (sic); y en cuanto a la Directiva de la Armada Boliviana 014/13 y el Manual de Organización y Funciones de la Dirección General Jurídica; además, el citado Auto expresa textualmente “ANTE LA PRESENTE RESOLUCION, NO CABE RECURSO ULTERIOR, SIN PERJUICIO DE ELLO, PREVIO A LA EJECUTORIA, A EFECTOS DEL ART. 2 DEL CPPM, SE OTORGA A LAS PARTES EL PLAZO PERENTORIO DE 72 HORAS DESDE SU LEGAL NOTIFICACION” (Conclusión II.2.). Con el Auto Final 14/2021, la accionante fue notificada el 27 de diciembre de 2021; y, mediante Memorando DPTO. I-PERS. DIV. “D” 1414/21, fue acatado el descuento de tres días de haber equivalentes a setenta y dos horas de arresto en cumplimiento a la sanción disciplinaria impuesta en el Auto Final 14/2021 -consigna una firma ilegible de la accionante de “13-ENE-22” (Conclusión II.3.). La accionante, mediante memorial de fecha 30 de diciembre de 2021 -no registra cargo de presentación- dirigido al Comandante General hoy tercero interesado, presentó impugnación contra el Auto Final 14/2021, fundamentando agravios. Escrito que mereció el decreto el 6 de enero de “2021”-siendo lo correcto 2022- emitido por el citado Comandante General, por el cual de manera expresa “En atención a memorial de fecha 30 de diciembre de 2021, remitido a este comando, respecto al memorial que impugna el Auto Final Nro. 14/2021 se dispone: A lo principal: Haciendo conocer que no es el procedimiento legalmente establecido, sin perjuicio de ello, se cumple según lo pedido, a tal fin se remite al Comandante en Jefe de las FFAA con nota de atención…” (sic) -consigna una firma ilegible de la accionante de “10-ENE-22” (Conclusión II.4.). Por memorial presentado el 17 de enero 2021 ante el Comandante en Jefe de las FF.AA. del estado plurinacional de Bolivia, la accionante se apersonó y solicitó nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo por actos vulneratorios al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, al derecho a la defensa y seguridad jurídica; asimismo, mediante dos memoriales presentados el 7 de abril y 30 de mayo de ese año ante el citado Comandante, con similar suma reiteró la solicitud la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo (Conclusión II.5.). En ese contexto, se procederá al análisis de la problemática planteada en la presente acción de amparo constitucional; sin embargo, es necesario analizar una cuestión procesal o de forma como es el incumplimiento del principio de inmediatez planteado por el Comandante General ahora tercero interesado al señalar que la accionante hace más de siete meses fue notificada con el Auto Final 14/2021 del sumario informativo militar; por lo que “…no cumple con la condición de viabilidad, por estar fuera de plazo legalmente establecido…” (sic) para la presentación de la acción tutelar, circunstancia que constituyó fundamento de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para denegar la tutela solicitada mediante Resolución 210/2022. Al respecto, es necesario tener presente que las presuntas vulneraciones a derechos fundamentales emergen del desarrollo del sumario informativo militar sustanciado contra la accionante en su calidad de abogada, Asesora Jurídica de la Armada Boliviana, que concluyó con la emisión del Auto Final 14/2021, imponiéndole la sanción disciplinaria de tres días de descuento de haber equivalente a setenta y dos horas de arresto, por falta grave; además, el citado Auto señala expresamente que dicha decisión no reconoce recurso ulterior al referir “ANTE LA PRESENTE RESOLUCION, NO CABE RECURSO ULTERIOR…” (sic), de conocimiento de la accionante el 27 de diciembre de 2021. Posición que fue reiterada por el decreto de 6 de enero de “2021” -2022 conforme al desarrollo cronológico de los actos procesales-al expresar “En atención a memorial de fecha 30 de diciembre de 2021, remitido a este comando, respecto al memorial que impugna el Auto Final Nro. 14/2021 se dispone: A lo principal: Haciendo conocer que no es el procedimiento legalmente establecido, sin perjuicio de ello, se cumple según lo pedido…” (sic), en respuesta al memorial de impugnación de 30 de diciembre de 2021, dirigido al Comandante General ahora tercero interesado, contra el Auto Final 14/2021 y de conocimiento de la accionante el “10-ENE-22”; constituyendo éste, el ultimo pronunciamiento en el sumario informativo militar como reconoce la propia accionante en la acción de amparo constitucional al señalar que las vulneraciones denunciadas al Comandante en Jefe ahora accionado no fueron reparadas “…menos existe respuesta alguna a los memoriales presentados en el cual pido la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo…” (sic [fs. 136 vta.]), agregando “…NO HABIENDO RECIBIDO RESPUESTA Y MENOS HABERSE PRONUNCIADO Y/O RESUELTO LA IMPUGNACIÓN PLANTEADA” (sic [fs.149]). Finalmente, se concluye que la decisión del Auto Final 14/2021 del sumario informativo militar no reconoce recurso ulterior y que constituye uno de los presuntos hechos lesivos que denuncia la accionante por vulnerar el derecho a impugnar en la presente acción de defensa, que ya fue de conocimiento de la nombrada el 27 de diciembre de 2021 y luego el 10 de enero de 2022; sin embargo, la accionante recién el 15 de julio de ese año, presentó esta acción de amparo constitucional; es decir, después de los seis meses de conocido el acto presuntamente vulneratorio, incurriendo en el incumplimiento del principio de inmediatez, rector de la acción de amparo constitucional y cuyo incumplimiento constituye causal de improcedencia de esta acción tutelar o de denegatoria de la acción de defensa presentada, sin que hubiese mérito para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 210/2022 de 1 de septiembre, cursante de fs. 222 a 226 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada y de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional señala que: “…razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” (las negrillas son nuestras).

2 La SC 1157/2003-R de 15 de agosto, en torno a la inmediatez establece que: “…está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (las negrillas nos corresponde), citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0450/2012 de 29 de junio, 0605/2016-S2 de 30 de mayo, entre otras.

3 La SCP 1880/2012 de 12 de octubre, con relación al principio de inmediatez señala que: “El principio de inmediatez del amparo constitucional, referido al planteamiento de dicha acción dentro de los seis meses, tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que es propio de la administración de la justicia, dado que, al permitirse aperturada la jurisdicción constitucional por un tiempo ilimitado e indefinido, sin la menor duda, provocaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables, a cuyo fin, la sabiduría del constituyente boliviano, estableció categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la presente acción de defensa” (las negrillas nos pertenece), citada en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” ( las negrillas y el subrayado son nuestros).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0619_2024-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 570e3668821ef1c0d40aa32c90e782c98634388925d1ae351bbf76d03519907e

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