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SCP 0619/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47116-2022-95-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, pese al cumplimiento de la condena impuesta en su contra, y habiendo impetrado a la autoridad demandada la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, ésta no atendió su solicitud hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, manteniéndolo privado de libertad indebidamente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 19, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa; exhortando a la autoridad jurisdiccional demandada, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarde el cumplimiento de los plazos procesales conforme a las normas en vigencia; con mayor razón cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o
  2. III.2. Sobre los mandamientos de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0619/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47116-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 19, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Mario Laime Flores en representación sin mandato de Rubén Enrique Mendoza Condori contra Patricia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de abril de 2022, cursante de fs. 1, 6 a 8, el accionante a través de su representante sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, se emitió la Sentencia 030/2020 de 19 de septiembre, condenándolo a pena privativa de libertad de dos años y seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, misma que empezó a cumplir el 9 de diciembre de 2020 en virtud al correspondiente mandamiento de condena. Añade que, de los antecedentes del proceso radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Segundo del mencionado departamento, se establece que su detención fue ejecutada el 7 de octubre de 2019; por lo que, al 7 de abril de 2022, se habría cumplido el tiempo de la sanción que le fue impuesta; es decir, 2 años y 6 meses; en tal sentido, su abogado, el 7 de abril de 2022, solicitó la emisión del mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, mereciéndose providencia de 8 de igual mes y año, por el que, la autoridad ahora demandada, estableció que, previo a considerar lo impetrado, por Secretaria de su despacho judicial se practique el cómputo de la pena cumplida, en cuyo efecto se labró el señalado cómputo el 13 de igual mes y año, haciendo conocer a la autoridad jurisdiccional, que la pena había sido cumplida, sobrepasándose incluso la misma en seis días. En virtud a dicho informe, la juzgadora dictó el decreto de 13 de abril de 2022, teniendo presente el cómputo y disponiendo que sea arrimado a los antecedentes, así como sea puesto en conocimiento del interesado y del Ministerio Público, sin pronunciarse respecto a su libertad definitiva por cumplimiento de condena, situación que vulnera su derecho a la libertad y el principio de celeridad, pues aún continúa privado de la misma en el recinto penitenciario.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La parte accionante denuncia la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad, citando al efecto, los arts. 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH); y, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, “…en el marco de los derechos vulnerados, por haberse atentado contra el debido proceso a través de una dilación injustificada en la resolución de su pretensión, manteniéndolo aún privado de libertad, sin que pese en su contra mandamiento de condena alguno. Sea con las formalidades y prerrogativas de ley” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad el 20 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a 17 y vta., presente el accionante asistido de abogado y ausente la Jueza demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante ratificó el contenido íntegro de su acción de libertad, ampliando respecto al informe presentado por la demandada señalo que: a) Habiéndose apersonado al Juzgado de Ejecución Penal Segundo, evidenció que no existía mandamiento de libertad alguno; por lo que, se interpuso la acción tutelar; b) Si bien el mandamiento de libertad extrañado ya existe, no queda duda que el derecho a la libertad fue lesionado; toda vez que, el peticionario de tutela, al momento del cómputo realizado, sobrepasó la condena impuesta en su contra con seis días, habiendo permanecido hasta la fecha privado de libertad por más de trece días sin que exista condena en su contra, extremo que vulneró el mandato contenido en el art. 23 de la CPE; c) De igual forma fue lesionado el principio de celeridad como elemento del debido proceso, siendo además que, al momento de la celebración de la audiencia de acción de libertad, continua privado de su libertad; y, d) Debe dejarse claramente establecido que no se trata de alcanzar un beneficio, sino de la libertad definitiva del encausado que fue impetrada el 7 de abril de 2022.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Patricia Mendoza Murillo, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Segundo de mismo departamento, mediante informe presentado el 20 de abril de 2022, cursante a fs. 16, señaló que: 1) Se encuentra en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Segundo, no obstante, no se vulneró derechos constitucionales reclamados por el accionante, siendo que el 14 de abril de 2022, la Secretaria del Juzgado del que ejerce suplencia legal, puso en su conocimiento el cómputo de pena cumplida, habiéndose dispuesto en el mismo días, que el mismo sea de conocimiento de los demás sujetos procesales y remitidos los formularios de notificación a la Oficina Gestora; 2) Se dictó la Resolución 52/2022 de 19 de abril y se expidió el respectivo mandamiento de libertad en favor del impetrante de tutela, actuados que se encuentran arrimados al cuaderno procesal, así como las respectivas diligencias de notificación a la Dirección General de Régimen Penitenciario y al recinto penitenciario de San Pedro de La Paz; y, 3) No existe vulneración a los principios de seguridad y celeridad, debido a que los documentos extrañados fueron despachados en el día, pese a encontrarse cumpliendo una suplencia legal y ser titular del Juzgado de Sentencia Penal Cuarto, teniendo que atender dos juzgados a la vez.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 19, concedió la tutela solicitada, recomendando a la autoridad demandada que en futuras actuaciones y similares casos, atienda con la celeridad posible; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Del cuaderno procesal remitido, se advierte que la autoridad demandada, desde el 14 de abril de 2022, en que tuvo conocimiento del cómputo de la pena cumplida, hasta la fecha de interposición de la acción tutelar el 19 de igual mes y año, recién procedió a la notificación con el indicado informe; ii) Asimismo y en idéntica data (19 de abril de 2022), la Jueza demandada emitió la Resolución 52/202, disponiendo la libertad del accionante por haber cumplido la totalidad de su condena, disponiendo que por Secretaría se libre el correspondiente mandamiento de libertad definitiva y se notifique por la Oficina Gestora, sin especificar cuál el actuado que debe ser diligenciado al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; no obstante, no cursan en el cuaderno procesal diligencias de notificación con la referida decisión ni el mandamiento de libertad; iii) El art. 39 de la Ley 2298 –Ley de Ejecución Penal y Supervisión-. establece que una vez cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día sin necesidad de trámite alguno; previsión normativo que fue incumplida por la autoridad demandada, quebrantando su obligación y deber de tramitar con celeridad y sin dilaciones lo que prevé la norma procesal; toda vez que, ante el conocimiento de una solicitud efectuada por una persona privada de libertad, esta debe ser atendida con prontitud y de manera oportuna, en virtud del principio de celeridad que rige a la administración de justicia.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, por Rubén Enrique Mendoza Condori –ahora accionante– por el cual solicitó al Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, emita con urgencia el mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, emitiéndose la providencia de 8 de igual mes y año, por la que, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de La Paz en suplencia legal del Juzgado de Ejecución penal Segundo del mismo departamento –ahora demandada–, estableció que previo a considerar lo que corresponda, por Secretaría se practique el cómputo de la pena cumplida (fs. 2 a 3). II.2. Cursa Cómputo de Pena Cumplida de 13 de abril de 2022, realizado por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, mediante el cual, dando cumplimiento a la providencia de 8 del indicado mes y año, refiere que el impetrante de tutela, a la fecha de emisión del señalado informe había cumplido 2 años, 6 meses y 6 días de condena; teniéndose presente el referido informe mediante providencia de 14 de abril de igual año, ordenando se arrime a los antecedentes y sea puesto en conocimiento de las partes procesales (fs. 4 a 5). II.3. Mediante Resolución 52/”2021” (lo correcto es 2022) de 19 de abril, la Jueza ahora demandada dispuso la libertad definitiva del impetrante de tutela, por haber cumplido la totalidad de su condena, asimismo, determinó que por Secretaría del despacho judicial, se libre el respectivo mandamiento de libertad definitiva; decisión que fue notificada en idéntica fecha al Ministerio Público y al accionante a las 11:14 y 12:05 respectivamente (fs. 14 a 15 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, pese al cumplimiento de la condena impuesta en su contra, y habiendo impetrado a la autoridad demandada la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, ésta no atendió su solicitud hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, manteniéndolo privado de libertad indebidamente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada sobre la acción de libertad traslativa o

de pronto despacho y la acción de libertad innovativa

En relación a la acción de libertad traslativa e innovativa, la SCP 0990/2022-S4 de 8 de agosto, incorporando a la SCP 0908/2015-S3 de 17 de septiembre, estableció que: “‘El habeas corpus –ahora acción de libertad– traslativo o de pronto despacho, ha sido instituido por la jurisprudencia constitucional como una modalidad de esta acción de defensa, a través de la cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad (SSCC 1579/2004-R, 0465/2010-R y 0044/2010-R) enfatizando que todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 0528/2013 de 3 de mayo) para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos’ (SCP 0011/2014 de 3 de enero). La aludida SCP 0011/2014, también razonó que: ‘…existen supuestos en los cuales posteriormente a las dilaciones indebidas y ante la formulación de la acción de libertad, la autoridad judicial demandada resuelve inmediatamente la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; sin embargo, este aspecto no elimina la posibilidad que mediante esta acción se evalúe la actividad de la autoridad demandada, en cuanto la acción de libertad se configura también bajo la modalidad innovativa. La misma que procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ya ha cesado, a efectos de no dejar en impunidad el actuar lesivo de quien ha vulnerado el derecho a la libertad′. Dicho razonamiento también debe ser aplicado para aquellos supuestos en que sea posible prever que la situación jurídica del demandado haya sido resuelta o modificada incluso por una autoridad diferente o como consecuencia del desarrollo mismo del proceso, atendiendo la finalidad descrita por la jurisprudencia referida previamente” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre los mandamientos de libertad

En cuanto al mandamiento de libertad el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021–, señala que: “…cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”. En ese orden cabe indicar que este Tribunal, a partir de la SC 0100/2010-R de 10 de mayo, reiteró el entendimiento asumido en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, con relación al art. 39 de la LEPS, estableciendo que; “…ha determinado que, cuando ese precepto ‘[...] señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’, comprobación y consulta que deberá ser realizada inmediatamente, una vez recibido el mandamiento de libertad” Entendimiento complementado por las SSCC 0192/2004-R y 1696/2004-R, entre otras (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, pese al cumplimiento de la condena impuesta en su contra, y habiendo impetrado a la autoridad demandada la emisión del correspondiente mandamiento de libertad, esta no atendió su solicitud hasta la fecha de interposición de la acción tutelar, manteniéndolo privado de libertad sin que exista mandamiento de condena alguno. De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico contra el impetrante de tutela, este, presentó memorial del 7 de abril de 2022, solicitando al Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, se emita con urgencia mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, emitiéndose la providencia de 8 de igual mes y año, por la que, la ahora Jueza demandada, en suplencia legal del señalado despacho judicial, estableció que previo a considerar lo que corresponda, por Secretaría se practique el cómputo de la pena cumplida. Es así que, en cumplimiento de dicha determinación, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, presentó el 13 de abril de 2022 ante la hoy demandada, cómputo de Pena cumplida, estableciendo que el impetrante de tutela, a la fecha de emisión del señalado informe había cumplido 2 años, 6 meses y 6 días de condena; habiéndose dictado proveído de 14 de abril de igual año, por el que, la autoridad judicial demandada, tuvo presente el mencionado cómputo, ordenando se arrime a los antecedentes y sea puesto en conocimiento de la parte interesada, denunciante y Ministerio Público. Posteriormente, el 19 de abril de igual año, la ahora demandada, dictó la Resolución 52/”2021” (lo correcto es 2022), disponiendo la libertad definitiva del impetrante de tutela, por haber cumplido la totalidad de su condena; asimismo, determinó que por Secretaría del despacho judicial, se libre el respectivo mandamiento de libertad definitiva; decisión que fue notificada en idéntica fecha al Ministerio Público y al accionante a las 11:14 y 12:05 respectivamente En función a lo denunciado por la parte accionante, el acto lesivo se configura en la no emisión oportuna del mandamiento de libertad por cumplimiento de condena; no obstante, debe mencionarse que en obrados cursa la Resolución 52/”2021” (lo correcto es 2022) de 19 de abril, la Jueza ahora demandada dispuso la libertad definitiva del impetrante de tutela, por haber cumplido la totalidad de su condena; igualmente, determinó que por Secretaría del despacho judicial, se libre el respectivo mandamiento de libertad definitiva; decisión que fue notificada en igual fecha al Ministerio Público y al accionante a las 11:14 y 12:05 respectivamente; por lo que, a partir de dicho actuado, se tiene que la decisión extrañada por la parte impetrante de tutela ya fue dispuesta.

Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud al cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no sólo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho. En armonía con lo antedicho, conforme se desglosó en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el art. 39 de la LEPS, dispone expresamente que: “…cumplida la condena, concedida la libertad condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esa disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las disposiciones penales que correspondan”, mandato que es muy claro al disponer que quien cumplió su condena debe ser liberado de inmediato, puesto que a partir del día en que se cumple la condena, la privación de libertad se convierte en apresamiento ilegal e indebido. Así, en el caso que se analiza y de acuerdo a los argumentos expresados por el impetrante de tutela, que no fueron desvirtuados por la hoy demandada, este fue condenado a pena privativa de libertad mediante Sentencia 030/2020, por la que se dispuso su reclusión por dos años y seis meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, misma que empezó a cumplir el 9 de diciembre de 2020, en virtud al mandamiento de condena emitido, además que, conforme constaría en antecedentes del proceso penal, su detención fue ejecutada el 7 de octubre de 2019, por lo que, al 7 de abril de 2022, se habría cumplido el tiempo de la sanción que le fue impuesta; es decir, 2 años y 6 meses. Por ello, en la fecha antes señalada (7 de abril de 2022), solicitó la emisión del mandamiento de libertad definitiva por cumplimiento de condena, mereciéndose providencia de 8 de igual mes y año, por el que, la autoridad ahora demandada, estableció que, previo a considerar los impetrado, por Secretaria de su despacho judicial se practique el cómputo de la pena cumplida, en cuyo efecto se labró el señalado cómputo el 13 de idénticos mes y año, por la Secretaria del Juzgado, haciendo conocer a la autoridad jurisdiccional, que la pena había sido cumplida, sobrepasándose incluso la misma en seis días; en tal sentido, la juzgadora dictó decreto de 13 de abril de 2022, teniendo presente el cómputo y disponiendo que sea arrimado a los antecedentes, así como sea puesto en conocimiento del interesado y del Ministerio Público para, finalmente, el 19 de abril de 2022; es decir, el mismo día en que se celebró la audiencia de acción de libertad, dictar la Resolución 52/”2021” (lo correcto es 2022), por la que dispuso la libertad definitiva del impetrante de tutela, por haber cumplido la totalidad de su condena, asimismo, determinó que por Secretaría se libre el respectivo mandamiento de libertad; decisión que fue notificada el mismo día al Ministerio Público y al accionante a las 11:14 y 12:05 respectivamente. En el marco de dicho antecedentes, se advierte que, desde el 7 al 19 de abril de 2022, transcurrieron doce días sin que la autoridad ahora demandada, hubiera dado cumplimiento a lo previsto por el art. 39 de la LEPS, pues no libró de forma inmediata y conforme establece dicho precepto legal, el correspondiente mandamiento de libertad por cumplimiento de condena, manteniendo al accionante, privado ilegalmente de su libertad por doce días e incurriendo en vulneración del debido proceso en su elemento de celeridad, lesionando su derecho a la libertad. En tal sentido, no queda duda alguna de que evidentemente existió un apartamiento ostensiblemente de lo previsto en la referida disposición legal y la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto la celeridad de todos los trámites relacionados con la libertad de las personas y específicamente a la diligencia que se debe guardar con relación a la emisión de los mandamientos de libertad cuando se hubiera cumplido una condena. No obstante y conforme se tiene evidenciado, al momento de realización de la audiencia tutelar, el extrañado mandamiento de libertad, ya hubiera sido emitido y notificada la decisión que así lo dispuso a las partes del proceso; por lo que, el objeto y finalidad de esta acción tutelar ya habría sido alcanzado; correspondiendo en tal sentido otorgar la tutela solicitada en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; así como, la innovativa, tipologías de la acción de libertad, que buscan por una parte, acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; así como evitar que tales omisiones se vuelvan a reiterar. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada obró correctamente.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2022 de 20 de abril, cursante de fs. 18 a 19, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en la modalidad de acción de libertad innovativa; exhortando a la autoridad jurisdiccional demandada, que en la tramitación de las causas sometidas a su conocimiento, resguarde el cumplimiento de los plazos procesales conforme a las normas en vigencia; con mayor razón cuando de por medio se encuentre el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0619_2023-S4.pdf · páginas 1 a 9.

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