Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 9 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, y de la garantía del debido proceso en sus elementos legalidad, fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso civil extraordinario de desalojo de vivienda que siguió contra Agustina Guevara Delgadillo -tercera interesada-, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 109/2023, por el cual, dispusieron la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda para que acredite: “…la relación en la que se encontraba la demandada…” (sic), sin que ello fuera solicitado y sin considerar los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y no convalidación que rigen las nulidades procesales; incurriendo en una decisión arbitraria y sin sustento razonable. Ante ello, los Vocales demandados no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 358 vta. a 361, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firme y subsistente los actos producidos de la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la accionante, dispuesta por la Sala Constitucional referida.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0618/2026-S2 Sucre, 9 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56145-2023-113-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 358 vta. a 361, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Abidon Yssa Escobar en representación legal de Marie Denise González Pinto contra Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 18 y 26 de mayo de 2023, cursantes de fs. 212 a 220; y, 237 y vta., la accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso civil extraordinario de desalojo de vivienda que siguió contra Agustina Guevara Delgadillo -hoy tercera interesada- ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, fue emitida la Sentencia 102 de 8 de julio de 2022, por la cual se declaró probada la demanda, otorgando el plazo de veinte días a la prenombrada para la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la localidad de Santa Rita inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7014010000110, con la prevención de expedirse mandamiento de lanzamiento en caso de resistencia. En ese contexto, Agustina Guevara Delgadillo y Felipe Escobar Irusti -tercero
“afectado” en el proceso civil- interpusieron recursos de apelación contra la Sentencia, señalando como agravios que existieron errores procesales y que se omitió compulsar la prueba; ante lo cual, contestó negativamente, indicando -entre otros puntos- que no se identificaron agravios y que se reiteraron argumentos de un incidente que fue rechazado anteriormente; por otro lado, cabe mencionar que la prenombrada confesó que ocupaba el bien inmueble objeto del proceso en razón a que le fue entregado por Jaime Villarroel Durán -quien le habría vendido originalmente el mismo-. Por consiguiente, pese a que no fue solicitado, mediante Auto de Vista 109/2023 de 6 de abril, Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados- anularon obrados hasta la admisión de la demanda y dispusieron que el Juez a quo ordene a la parte demandante que subsane o adecúe su acción conforme a los fundamentos de la decisión, argumentando que se acreditó su derecho propietario y “…no así la relación en la que se encontraba la demandada…” (sic), sin considerar los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y no convalidación que rigen las nulidades procesales; por ende, la referida Resolución de segunda instancia fue expedida de forma arbitraria y sin sustento razonable.
Denunció la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, y de la garantía del debido proceso en sus elementos legalidad, fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 109/2023, ordenando a los Vocales demandados la emisión de uno nuevo, aplicando el régimen de nulidad procesal relativo a la especificidad, convalidación, trascendencia y en el marco del principio per saltum.
Celebrada la audiencia virtual el 7 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 352 a 358, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: a) El Auto de Vista cuestionado sustentó la nulidad de obrados en fundamentos que no fueron objeto de la expresión de agravios por los apelantes, por lo que la resolución es incongruente, ausente de fundamentación y motivación; b) Se quebrantaron los principios rectores de la interpretación gramatical, sistemática e histórica; c) No toda infracción del orden público importa nulidad de obrados tal como razonaron los Vocales demandados; además, de una interpretación gramatical del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) se tiene que la nulidad opera en asuntos previstos por ley; y, d) De acuerdo a una interpretación sistemática, la nulidad procesal tiene que ser efectiva para la reparación de un derecho sustantivo real y concreto, lo cual no aconteció en el presente caso.
Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno pese a sus notificaciones cursantes a fs. 243 y 244.
Agustina Guevara Delgadillo, Felipe Escobar Irusti y Estanislao Ignacio Maldonado, en audiencia de la acción tutelar, a través de su abogado, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: 1) No se cumplieron los requisitos formales del proceso extraordinario civil, ya que no existe un contrato vinculado al derecho de vivienda o a un alquiler, en ese sentido, la causa debió tramitarse en la “vía monitoria”; 2) El folio real del bien inmueble y el contrato de compraventa de la accionante hacen referencia a un fundo rústico, por lo que, se estaría cuestionando las facultades del Juez de la causa y, al no estar el predio destinado a vivienda, los Vocales demandados tenían plena facultad de anular obrados de oficio, aun cuando no se hubiesen solicitado aclaraciones; 3) Existen dos procesos ordinarios de usucapión previos a éste, “...en virtud a las facultades que tenía el Juez Ad quo expresadas en el artículo 24 del Código Procesal Civil, el Juez debió haber hecho un análisis sobre la situación y verificando de que hay igualdad de actores, igualdad de sujetos, objeto y causa, debió realizar una acumulación o en su defecto no debió ser admitido este proceso extraordinario...” (sic); y, 4) Solicitan como medida cautelar la paralización del proceso civil.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 105 de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 358 vta. a 361, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 109/2023 a efecto que se emita uno nuevo en apego a los fundamentos de lo decidido; con base en los siguientes fundamentos: i) El referido Auto de Vista, transcribe citas de la doctrina legal aplicable al caso y de jurisprudencia; sin embargo, no cuenta con justificación de la decisión asumida; ii) Los Vocales demandados no diferenciaron entre fundamentación de motivación, implicando la primera las citas legales, jurisprudenciales, de doctrina legal, de jurisprudencia y de legislación concordada, mientras que la segunda es la explicación razonada de la decisión, “…sin duda alguna el Auto de fecha 06 de abril de 2023 no cumple con este presupuesto...” (sic); y, iii) El art. 17 de la LOJ señala los supuestos en los cuales un tribunal de alzada puede considerar una nulidad procesal de oficio, “...véase además de que el Tribunal no considera la salvaguarda de las cuestiones de orden procesal que hacen a la conservación del acto, es decir, que actos pudiesen ser salvados en el desarrollo del proceso, y pasa a anular en forma directa y amplía todas las actuaciones que se tramitaron en la causa...” (sic), situación que no es coherente con las garantías de una justicia material. En vía de enmienda, complementación y aclaración, los terceros interesados, a través de su abogado, solicitaron pronunciamiento respecto a la petición de medida cautelar de paralización del proceso de desalojo; al respecto, los Vocales de la Sala Constitucional, señalaron que no corresponde la medida cautelar, refiriendo que no se sustentó “...la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora...” (sic).
Por Auto Constitucional (AC) 196/2023-CA/S de 23 de noviembre, cursante de fs. 376 a 379, ante las solicitudes efectuadas por Agustina Guevara Delgadillo y Estanislao Ignacio Maldonado -terceros interesados- de aplicación de medida cautelar de no ejecución de la Resolución 105 de 7 de junio de 2023 (fs. 365 a 366; y, 371 a 372), la Comisión de Admisión de este Tribunal rechazó la medida cautelar solicitada. Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 384 a 386); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso civil extraordinario de desalojo de vivienda seguido por Marie Denise González Pinto -hoy accionante- contra Agustina Guevara Delgadillo -tercera interesada-, por Sentencia 102 de 8 de julio de 2022, el Juez Público Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda, otorgando el plazo de veinte días para la desocupación y entrega del bien inmueble ubicado en la localidad de Santa Rita, inscrito en DD.RR. bajo la Matrícula 7014010000110, a favor de la impetrante de tutela, con la prevención de expedirse mandamiento de lanzamiento (fs. 80 a 81 vta.). II.2. A través de memoriales presentados el 18 y 19 de agosto de 2022, Agustina Guevara Delgadillo y Felipe Escobar Irusti -ahora terceros interesados-, respectivamente, interpusieron recursos de apelación contra la Sentencia 102, solicitando su revocatoria y la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda (fs. 82 a 86 vta. y 88 a 96 vta.); ante lo cual, por memoriales presentados el 15 y 20 de septiembre del mismo año, la accionante contestó a dichos recurso (115 a 118; y, 120 a 124). II.3. Mediante Auto de Vista 109/2023 de 6 de abril, Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, anularon obrados hasta la admisión de la demanda extraordinaria inclusive, disponiendo que el Juez a quo ordene a la parte demandante -del proceso civil- que subsane o adecue su acción a los fundamentos de la decisión (fs. 198 a 202).
La accionante, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, y de la garantía del debido proceso en sus elementos legalidad, fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dentro del proceso civil extraordinario de desalojo de vivienda que siguió contra Agustina Guevara Delgadillo -tercera interesada-, los Vocales ahora demandados emitieron el Auto de Vista 109/2023, por el cual, dispusieron la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda para que acredite: “…la relación en la que se encontraba la demandada…” (sic), sin que ello fuera solicitado y sin considerar los principios de especificidad, finalidad del acto, trascendencia y no convalidación que rigen las nulidades procesales; incurriendo en una decisión arbitraria y sin sustento razonable. Ante ello, los Vocales demandados no asistieron a la audiencia de garantías ni presentaron informe escrito alguno.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 1335/2010-R de 20 de septiembre, puntualizó que: “…el único caso en que un juez o tribunal superior en grado podría apartarse del cumplimiento del principio de congruencia respecto a su pronunciamiento, encuentra respaldo en el contenido del art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg), al disponer que los tribunales y jueces de alzada, en relación con los de primera instancia y los de casación respecto de aquéllos, estaban obligados a revisar los procesos de oficio para determinar si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos y proceder a corregir el procedimiento, aplicando, en su caso, las sanciones pertinentes; además de observar que toda nulidad tiene que estar expresamente prevista por ley, conforme al principio sentado por el art. 251.I del CPC; acorde a ello, en caso de advertirse la vulneración de derechos fundamentales o garantías constitucionales, quedaba plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre lo resuelto por el inferior en grado y lo impugnado por el apelante en su recurso, en el supuesto que la situación advertida no hubiese sido cuestionada” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen), razonamiento que fue reiterado en la SCP 0332/2012 de 18 de junio, entre otras. Por su parte, la SCP 1357/2013 de 16 de agosto, señaló que: “…es necesario entender que la revisión de oficio de las actuaciones procesales procede exclusivamente ante los asuntos previstos por ley, tal como lo determina el art. 17.I de la LOJ; pero también debe incluirse dicha procedencia frente aquellos actos procesales que sustenten su vigencia bajo hechos que supongan una notoria lesión y vulneración a derechos y garantías procesales constitucionales, de modo que sea materialmente posible el resguardo de las personas que intervengan como sujetos procesales dentro el ámbito jurisdiccional o administrativo. (…) De ese modo, el art. 17.I de la LOJ, debe ser entendido de forma amplia a efecto de que proceda la revisión de actuaciones procesales de oficio cuando el juez o tribunal identifique que la irregularidad jurídica del acto conlleva una intolerable vulneración de derechos y garantías. De esa manera, los parágrafos II y III de la misma disposición se flexibilizan conjuntamente con el art. 236 del CPC; en la medida que frente a un supuesto de conculcación evidente de derechos y garantías, el juez o tribunal podrá pronunciarse más allá de los aspectos solicitados en el recurso interpuesto, únicamente para hacer notar tal situación respecto a la tramitación de determinado acto procesal y demostrar que su vigencia es inválida por ser contrario a la Constitución, consecuencia que se deberá expresar con la declaratoria de nulidad del respectivo acto procesal. Por lo que, la nulidad no procederá solamente ante irregularidades reclamadas oportunamente, sino también de oficio cuando el juez o tribunal se halle frente a una evidente violación constitucional en los términos ya expuestos” (las negrillas nos corresponden).
Conocidos el objeto procesal de la presente acción de tutelar y los argumentos desarrollados por las partes, se tiene que Marie Denise González Pinto -hoy accionante- instauró un proceso civil de desalojo de vivienda contra Agustina Guevara Delgadillo -tercera interesada-, en el cual, fue emitida la Sentencia 102 de 8 de julio de 2022, por la que, se declaró probada la demanda, disponiendo la desocupación y entrega del bien inmueble inscrito en DD.RR. bajo la Matrícula 7014010000110, en favor de la impetrante de tutela (Conclusión II.1). Ante ello, el 18 y 19 de agosto de 2022, Agustina Guevara Delgadillo y Felipe Escobar Irusti -ahora terceros interesados-, respectivamente, interpusieron recursos de apelación contra la Sentencia 102, que fueron contestados por la accionante el 15 y 20 de septiembre de igual año (Conclusión II.2). En ese contexto, por Auto de Vista 109/2023 de 6 de abril, Mirael Salguero Palma y Marcelo Velásquez Molina, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -hoy demandados-, anularon obrados hasta la admisión de la demanda extraordinaria inclusive, disponiendo que el Juez a quo ordene a la parte demandante -del proceso civil- que subsane o adecue su acción a los fundamentos de la decisión (Conclusión II.3) en este sentido se ingresó a “…revisar de oficio los actuados procesales que cursan en el expediente remitido en alzada…” (sic [fs. 200 vta.]), prevista por los arts. 106.I del CPC y 17.I de la LOJ; en ese entendido, señalaron que entre las pruebas presentadas por la accionante no cursa un contrato de alquiler, arriendo u otros que acrediten la cesión del bien inmueble; y que, conforme a los arts. 369 y 392.III del CPC, el desalojo de vivienda requiere que “…la posesión [sea] entregada con base en un contrato entre las partes, por tanto, el demandado tiene la obligación de devolverla…” (sic [fs. 201]) aspecto que en su criterio debió observarse oportunamente.
Es decir, las autoridades judiciales demandadas, indicaron que el Juez de la causa refirió como “único fundamento” el derecho propietario de la parte accionante y que en realidad se: “…debió verificar cuál era la función de los documentos presentados (…) y a qué tipo de proceso se ajusta, y si esto afecta o no a la prosecución del proceso…” (sic [fs. 201]), ello desde una valoración probatoria que permita que la decisión de fondo se encuentre fundada en la “verdad real” de los hechos. Bajo dicha premisa, este Tribunal evidencia que el Auto de Vista 109/2023 cuenta con una explicación de los motivos llevaron a los Vocales demandados a pronunciarse pues se habría vulnerado el debido proceso en su elemento valoración probatoria, ya que las pruebas consistentes en “...alodial, certificado de tradición, certificado catastral, plano de ubicación, contrato de compra venta más su reconocimiento de firmas…” (sic [fs. 201 vta.]) solo acreditan la propiedad de la accionante y no así la existencia de un contrato de alquiler o arrendamiento, por lo que, si ello fuese así podría corresponder la tramitación de un proceso extraordinario de desalojo, sino una acción reivindicatoria. Al respecto, se tiene que dichos argumentos no fueron rebatidos por la impetrante de tutela, pues, en su memorial de acción de amparo constitucional, se limitó a referir de manera genérica que no se consideraron “…el contenido de los antecedentes y la falta de perjuicio real y efectivo a la parte demandada…” (sic [fs. 216]), pese a que el Auto de Vista cuestionado contiene una explicación sobre la carencia de valoración probatoria durante el proceso, que llevó a que se desarrolle un proceso extraordinario de desalojo sin que exista un contrato que determine la obligación de devolución del inmueble por lo que entendió que debía darse la oportunidad a la parte impetrante de tutela a subsanar lo observado aspecto que a criterio de los Vocales demandados a tiempo de la admisión de la demanda. Finalmente, en lo que concierne al debido proceso en su elemento legalidad, la accionante, no estableció con claridad cuál o cuáles son las disposiciones normativas que hubiesen sido erróneamente interpretadas, pues hizo mención de los arts. 17 de la LOJ, 105 y 106.I del CPC, sin explicar cuál la interpretación arbitraria o absurda en la que hubiesen incurrido los Vocales demandados sobre los mismos, tampoco mencionó cuál el nexo de causalidad de dicha interpretación con sus derechos fundamentales ni su relevancia constitucional, de modo que de no haberse incurrido en dicha interpretación el resultado sería otro, todo ello de acuerdo a la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, que establece dichos presupuestos. Por otro lado, si bien es cierto que la impetrante de tutela mencionó que no se consideraron los métodos de interpretación gramatical, sistemática e histórica, no mencionó cuáles serían las reglas de estos métodos que se hubiesen obviado por las autoridades judiciales demandadas; por lo que, este Tribunal se ve impelido a denegar la tutela en relación a dicho elemento del debido proceso.
Finalmente, considerando que en primera instancia se concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 109/2023 a efecto que se emita uno nuevo en apego a los fundamentos de lo decidido; empero, conforme se razonó en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, dicha determinación resulta incorrecta, mereciendo la denegatoria de tutela; no obstante, en aplicación del art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que faculta a modular los efectos de los fallos sobre el fondo de la acción considerando el tiempo transcurrido y los efectos ya producidos, corresponde mantener los alcances favorables derivados de la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, cursante de fs. 358 vta. a 361, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional, en atención al tiempo transcurrido, disponiendo mantener firme y subsistente los actos producidos de la Resolución 105 de 7 de junio de 2023, como consecuencia de la concesión efectuada en favor de la accionante, dispuesta por la Sala Constitucional referida. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0618_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 231c3c3a969b1ab81a1c99ea2ff365d50e10a1ec94d2f12d569563787dd1a11a
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