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SCP 0618/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de agosto de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51637-2022-104-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado, por decreto de 7 de octubre de 2022, concedió el plazo de sesenta días para la complementación de diligencias policiales, determinación contra la cual formularon el recurso de reposición que no fue resuelto ni notificado hasta la interposición de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 99 a 101 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la última parte de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad que debe ser observado por jueces y tribunales en una correcta administración de justicia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0618/2024-S3 Sucre, 7 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51637-2022-104-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 120/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 99 a 101 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Vannia Isabel Miranda Pinaya y Carlos Rodríguez Jarro contra William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, por memorial presentado el 25 de octubre de 2022, cursante de fs. 10 a 15, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por la presunta comisión del delito de exacciones, el Fiscal de Materia el 6 de octubre de 2022, comunicó al Juez ahora accionado la complementación de diligencias policiales por el espacio de sesenta días, que mereció el decreto de 7 de igual mes y año, disponiendo que bajo el mandato del art. 301.2 del Código Procedimiento Penal (CPP) concedía el plazo máximo legal de sesenta días, a cuyo término se dispondría lo establecido en el art. 301 del referido CPP, decisión con la que fueron notificados el 12 de octubre de ese año a las 16:33 horas al formular un recurso de reposición, el cual no fue resuelto ni notificado a sus personas hasta la interposición de esta acción tutelar, cuando el plazo para que dicho recurso sea resuelto está expresamente determinado en el art. 402 del indicado Código, el cual se venció superabundantemente, al transcurrir ocho días.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 8.I, 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se le conceda la tutela; y, en consecuencia, el Juez ahora accionado en el plazo de veinticuatro horas pronuncie la resolución que resuelva el recurso de reposición formulado el 12 de octubre de 2022.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 8 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 97 y 98 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado en audiencia, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestaron que: a) La presente acción de defensa se presentó el 25 de octubre de 2022; empero, la audiencia para su consideración fue señalada luego de catorce días, cuando la Constitución Política del Estado indica que se debe señalar en el plazo de cuarenta y ocho horas; b) La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, fijó audiencia para la consideración de esta acción tutelar teniendo conocimiento de que el Vocal Constitucional gozaría de sus vacaciones, tiempo en el que se dictó el Auto de 13 de dicho mes y año que resolvió el recurso de reposición formulado; es decir, se emitió el citado Auto luego de que se notificó con esta acción de defensa al Juez ahora accionado; y, c) El recurso de reposición que interpusieron el 12 de indicado mes y año fue resuelto el 13 de igual mes y año, y la notificación a los sujetos procesales fue posterior a la presentación de esta acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante a fs. 32, manifestó que: 1) El recurso de reposición presentado el 12 de octubre de 2022, fue declarado fundado por el Auto de 13 de igual mes y año; por lo que, se dispuso la conminatoria al Ministerio Público y la correspondiente notificación; y, 2) No se vulneró ningún derecho de los accionantes.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Roció Ángela Zambrana Checa y Carlos Jonás Calisaya Zelada, no asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción de amparo constitucional ni remitieron informe alguno, pese a sus notificaciones cursantes a fs. 23 y 24.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -con la aclaración que se convocó al Vocal de su similar Segundo-, mediante Resolución 120/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 99 a 101 vta., concedió la tutela solicitada; sin embargo, no dispuso que se emita una nueva resolución; debido a que, a través del decreto de 13 de octubre de 2022, y no así Auto, se resolvió el recurso de reposición formulado por los accionantes; asimismo, se exhortó al Juez ahora accionado por no realizar el control correspondiente respecto a la notificación de actuados; todo ello bajo los siguientes fundamentos: i) Las notificaciones son las formas más usuales para hacer conocer a las partes interesadas las resoluciones del Órgano Judicial, para que tengan validez deben realizarse de forma tal que se asegure su recepción por parte del destinatario; puesto que, la notificación no está dirigida a cumplir una formalidad sino que la determinación asumida sea de conocimiento efectivo del destinatario; por lo que, es deber de las autoridades judiciales dar la necesaria eficacia a la comunicación de los actos procesales para no generar indefensión a las partes procesales y en su caso notificar en el plazo para que asuman defensa; ii) Los accionantes con el recurso de reposición de 12 de dicho mes y año y el decreto de 13 de igual mes y año, el cual resuelve el referido recurso, fueron notificados el 26 de mencionado mes y año a las 18:29 horas, y el Juez hoy accionado fue notificado con la presente acción tutelar el 26 de octubre de 2022 a las 16:26 horas; por consiguiente, se debe señalar que, si bien fue resuelto el recurso de reposición; no obstante, la notificación fue realizada después de admitida y notificado el Juez ahora accionado con la acción de amparo constitucional; y, iii) Extremos que evidencian que existió vulneración a los derechos del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022, ante William García Ríos, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro -ahora accionado-, el Fiscal de Materia hizo conocer que dispuso la complementación de diligencias policiales, fijando el plazo razonable de sesenta días para acumular elementos de convicción, solicitando se tenga presente a objeto de asumir el control jurisdiccional (fs. 4), mereciendo en respuesta el decreto de 7 de dicho mes y año, en el que manifestó que bajo el mandato del art. 301.2 del CPP, se concede el plazo máximo legal de sesenta días, a cuyo término se disponga lo establecido en el art. 301 del citado Código (fs. 6). II.2. A través del memorial presentado el 12 de octubre de 2022, Vannia Isabel Miranda Pinaya y Carlos Rodríguez Jarro -hoy accionantes- formularon recurso de reposición contra el decreto de 7 de igual mes y año, por el cual solicitaron que sea revocado y alternativamente se conmine al Fiscal Departamental de Oruro; asimismo, se disponga que el Fiscal de Materia presente el requerimiento conclusivo de la investigación preliminar (fs. 8 a 9 vta.; y, 82 a 83 vta.). II.3. Por Auto de 13 de octubre de 2022, el Juez ahora accionado, declaró fundado el recurso de reposición formulado por los accionantes, y transcurriendo más de veinte días desde la comunicación de complementación de diligencias policiales conminó al Fiscal de Materia, a través del Fiscal Departamental para que en el término de cinco días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar conforme el art. 301 del CPP (fs. 84 y vta.), determinación con la que los accionantes fueron notificados el 26 de citado mes y año, a través de su abogado por Buzón de Ciudadanía Digital (fs. 85).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado, por decreto de 7 de octubre de 2022, concedió el plazo de sesenta días para la complementación de diligencias policiales, determinación contra la cual formularon el recurso de reposición que no fue resuelto ni notificado hasta la interposición de esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad que debe ser observado por jueces y tribunales en una correcta administración de justicia

La SCP 0165/2019-S2 de 24 de abril, estableció que: “El art. 178.I de la Ley Fundamental, dispone: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. Previendo el art. 180.I de la CPE, que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez’. Expresando finalmente el art. 115.II de la Norma Suprema, la obligación del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. Así, el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, constriñe a quienes administran justicia a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en las causas sometidas a sus conocimientos.

En ese orden, en cuanto a la aplicación de los principios constitucionales de la función de impartir justicia en la actividad judicial; la SCP 0507/2012 de 9 de julio, refiere que: ‘Para impartir justicia conforme imponen los mandatos de la Constitución Política del Estado, las autoridades jurisdiccionales deben cultivar los valores y principios que son la base del nuevo documento constituyente, el cual contiene una vocación axiológica, principista y finalista que configura un Estado sustentado en valores y principios con una convicción progresista en relación a la clásica confección estatal de tipo positivo; dicho de otro modo, nuestra Carta Fundamental construye el Estado Plurinacional sobre la base de valores, principios y principios ético morales, que erigen una sociedad respetuosa de la libertad, la igualdad, la equidad y la justicia, los cuales se encuentran previstos en muchos de los artículos del texto constitucional, además del Capítulo Segundo del Título Primero, de la Primera Parte, titulado: ‘Principios, Valores y Fines del Estado’. En ese contexto, de la lectura del texto constitucional, es posible identificar valores y principios en los arts. 1, 2, 11, 178, 180, 186, 190, 196 y otros del documento constitutivo del Estado Plurinacional boliviano; muchos de esos principios son dedicados con exclusividad a la función de impartir justicia, siendo imprescindibles en la labor jurisdiccional, por lo que se constituyen en la dogmática constitucional inexcusable en todo acto judicial. Por ello, este Tribunal afirma que la labor del juez sólo será acomodada a la Constitución Política del Estado, cuando cada uno de los actos jurisdiccionales sea ejecutado tomando en cuenta los principios que rigen la función de impartir justicia; a tal efecto, no es suficiente la simple enunciación de los principios constitucionales rectores de la jurisdicción, pues su aplicación debe ser verificable por medios de la racionalización y análisis del acto jurisdiccional; de modo tal, que el usuario del sistema judicial, luego de cumplidos los actos jurisdiccionales, pueda percibir en los resultados de tal actuación, la vigencia y materialización de los principios constitucionales que otorgan validez a los eventos judiciales. (…) En ese orden de ideas, el principio de celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones de la actuación judicial, y el subprincipio ‘oportunidad’ importa la conveniencia de tiempo y de lugar del acto judicial.

Conforme a lo desarrollado, el contenido del principio de celeridad, de un lado implica el cumplimiento de los plazos procesales evitando dilaciones; y de otro, comprende la actuación conveniente en tiempo y espacio de la autoridad judicial, lo que obliga a la evaluación de las circunstancias particulares de cada situación jurídica, para discernir una oportuna respuesta judicial; así como abreviar los plazos procesales de acuerdo a esas diferencias” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado, por decreto de 7 de octubre de 2022, concedió el plazo de sesenta días para la complementación de diligencias policiales, determinación contra la cual formularon el recurso de reposición que no fue resuelto ni notificado hasta la interposición de esta acción de defensa. De la revisión de los antecedentes, se tiene que mediante memorial presentado el 6 de octubre de 2022 ante el Juez ahora accionado, el Fiscal de Materia hizo conocer que dispuso complementación de diligencias policiales, fijando el plazo razonable de sesenta días para acumular elementos de convicción, solicitando se tenga presente a objeto de asumir el control jurisdiccional, mereciendo en respuesta el decreto de 7 de dicho mes y año, en el que manifestó que bajo el mandato del art. 301.2 del CPP, se concede el plazo máximo legal de sesenta días, a cuyo término se disponga lo establecido en el art. 301 del citado Código (Conclusión II.1.); por lo que, los accionantes formularon el 12 de igual mes y año el recurso de reposición contra el decreto de 7 indicado mes y año, por el cual solicitaron sea revocado y alternativamente se conmine al Fiscal Departamental de Oruro; asimismo, se disponga que el Fiscal de Materia presente el requerimiento conclusivo de la investigación preliminar (Conclusión II.2.). El recurso de reposición que fue resuelto por el Juez hoy accionado a través del Auto de 13 de octubre de 2022, declarándolo fundado y transcurriendo más de veinte días desde la comunicación de complementación de diligencias policiales conminó al Fiscal de Materia, a través del Fiscal Departamental para que en el término de cinco días emita resolución conclusiva de la investigación preliminar conforme el art. 301 del CPP; determinación con la que los accionantes fueron notificados a través de su abogado por Buzón de Ciudadanía Digital el 26 de dicho mes y año (Conclusión II.3.).

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, por el principio de celeridad el Estado a través de los jueces y tribunales que administran justicia está obligado a garantizar el derecho al debido proceso y a una justicia, pronta, oportuna y sin dilaciones; es decir, que debe evitarse dilaciones indebidas e innecesarias, mediante el cumplimiento de plazos procesales como medio para lograr una oportuna respuesta judicial. En ese entendido, se tiene que evidentemente el 12 de octubre de 2022, los accionantes formularon recurso de reposición contra el decreto de 7 de igual mes y año -que concedió el plazo máximo legal de sesenta días para la complementación de diligencias policiales-, el cual si bien fue resuelto por el Juez ahora accionado en el plazo de veinticuatro horas en apego al art. 402 del CPP, al emitirse el Auto de 13 de ese mes y año, tal como cursa en antecedentes; sin embargo, recién fue puesto en conocimiento de los accionantes el 26 dicho mes y año a través del Buzón de Ciudadanía Digital de su abogado; es decir, de forma posterior a la presentación de esta acción de defensa -25 de mencionado mes y año- de notificado el Juez ahora accionado con el Auto de admisión, que se efectuó el 26 de igual mes y año a las 16:26 horas (fs. 20), cuando conforme al art. 160 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- “Las notificaciones tienen como objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales (…) Las resoluciones judiciales que se emitan en audiencia, serán notificadas las partes presentes con el sólo pronunciamiento de la resolución sin ninguna otra formalidad. El resto de las resoluciones y órdenes judiciales serán notificadas por la Oficina Gestora de Procesos obligatoriamente dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de su pronunciamiento, a través de sus buzones de notificaciones de ciudadanía digital” (las negrillas nos pertenecen); asimismo, la SCP 1780/2013 de 21 de octubre, estableció que: “….la finalidad de la notificación, no es cumplir una formalidad, sino que la determinación judicial o administrativa llegue a conocimiento del destinatario (…) dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (…). Consecuentemente, la finalidad de la notificación es que a través de uno de los medios legales de notificación, el interesado (imputado, víctima o querellante) conozca las determinaciones judiciales o administrativas que pudieran afectar sus derechos y asuma defensa haciendo uso de los medios o recursos legales que el ordenamiento jurídico de la materia prevé” (las negrillas son nuestras). En ese entendido, se colige que el Juez ahora accionado no cumplió en el plazo determinado por la normativa procesal penal -veinticuatro horas-, con el actuado procesal -notificación- que tiene el objeto de hacer conocer a las partes procesales, en este caso, a los accionantes la determinación que fue emitida por el Juez ahora accionado como efecto de la formulación de su recurso de reposición, el cual fue extrañado a través de esta acción tutelar, al no conocer los accionantes hasta la interposición de esta acción de defensa que el recurso que formularon fue resuelto, actuación de la autoridad judicial ahora accionada poco diligente y sin la debida celeridad al momento de impartir justicia, que ocasionó la vulneración de los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones de los accionantes; correspondiendo, conceder la tutela solicitada.

Sobre el plazo de resolución de la acción de amparo constitucional

El art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo), estableció que: “Presentada la acción, la Jueza, Juez o Tribunal señalará día y hora de audiencia pública, que tendrá lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción”. Al respecto, se tiene que esta acción de tutelar fue interpuesta el 25 de octubre de 2022; sin embargo, la audiencia donde se conoció y resolvió la misma se desarrolló el 8 de noviembre de dicho año; es decir, luego de casi medio mes, sobrepasando abundantemente el plazo de cuarenta y ocho horas establecidos; por lo que, se incurrió en incumplimiento de plazos procesales; correspondiendo, llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por no cumplir con lo establecido en el CPCo para el trámite de esta acción tutelar, instándoles a que en futuras acciones cumplan sus funciones en apego a la normativa y no incurran en actuaciones dilatorias. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 120/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 99 a 101 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º Llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la última parte de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0618_2024-S3.pdf · páginas 1 a 9.

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