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SCP 0618/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47708-2022-96-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, irretroactividad de la ley e in dubio pro reo; toda vez que, el Auto de Vista 113/2021-SP1 incurre en: i) Motivación arbitraria, se aparta del mandato del art. 398 del CPP, en forma ultra petita, sin analizar el agravio, complementó la fundamentación de la resolución de primera instancia, determinando la posibilidad de aplicar retroactivamente la ley; ii) Realiza una interpretación errada del art. 123 de la CPE; iii) Vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la prohibición de aplicación retroactiva de la Ley; y, iv) Aplicó la norma menos favorable a los imputados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se considera los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones en el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Sobre la amnistía conforme al Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 61/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 109 a 116 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 113/2021-SP1 de 11 de noviembre, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución pertinente, sobre la base de lo desarrollado en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Sobre la amnistía conforme al Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0618/2023-S1 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 47708-2022-96-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 61/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 109 a 116 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ximena Rosario Siles Jaksic y Christian Simón Cortes Gumucio contra Eve Carmen Mamani Roldan y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 11 de mayo de 2022, cursante de fs. 61 a 72, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y otros, contra sus personas y otros, se presentó el inicio de investigaciones el 17 de mayo de 2005; luego, el 31 de octubre del mismo año se emitió la Resolución de Imputación Formal contra Christian Simón Cortes Gumucio, la que se amplió a Ximena Rosario Siles Jaksic. Añaden que, el 27 de noviembre de 2014 se emite acusación formal por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas, previstos en los arts. 146 y 185 bis del Código Penal (CP) vigente el 2005. Transcurrieron dieciséis años, tres meses y diez días sin que la causa encuentre fin.

Ante la emisión del “Decreto Supremo 4461, de 18 de febrero de 2021” -siendo lo correcto Decreto Presidencial (DP) 4461 de 2 de febrero de 2021- amparados en el art. 5.I.2, solicitaron a la Directora Departamental Oruro del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) la concesión del beneficio de amnistía, que derivó en la emisión de las Resoluciones de Amnistía 19/2021 y 20/2021 ambas de 6 de septiembre, que conceden el beneficio en su favor; las mismas que fueron remitidas ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro para su homologación, quien dictó los Autos Interlocutorios 401/2021 y 402/2021 ambos de 7 de septiembre, que fueron dejados sin efecto por el Auto de Vista 95/2021-SP1 de 30 de septiembre, emitiéndose en consecuencia el Auto Interlocutorio 495/2021 de 19 de octubre, que declara infundada la concesión de amnistía y sin lugar a la solicitud de homologación. Ante tal determinación, interpusieron recursos de apelación, mereciendo el Auto de Vista 113/2021-SP1 de 11 de noviembre, que declara improcedente el recurso de apelación y confirma el Auto Interlocutorio 495/2021, con el argumento de que los delitos de uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas, previstos en los arts. 146 y 185 bis del CP conforme a la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, corresponden a la categoría de delitos de corrupción, por lo que no amerita prescripción ni amnistía, a pesar de que los hechos se suscitaron el año 2005, cuando aún no estaba vigente la Ley 004, ni la Constitución Política del Estado, resultan aplicables con preferencia los arts. 112 y 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), bajo la permisión de la retroactividad contenida en el art. 123 de la precitada Norma Suprema. El referido Auto de Vista incurre en: a) Motivación arbitraria, se aparta del mandato del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en forma ultra petita, sin analizar en su integridad el agravio, complementó la fundamentación de la Resolución de primera instancia, determinando la posibilidad de aplicar retroactivamente la Ley; b) Realiza una interpretación errada del art. 123 de la CPE; c) Vulnera el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la prohibición de aplicación retroactiva de la Ley; y, d) Aplicó la norma menos favorable a los imputados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes alegan la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, irretroactividad de la Ley e in dubio pro reo, citando al efecto los arts. 115, 116, 123 de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 113/2021-SP1 de 11 de noviembre, y se emita nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de mayo de 2022, según consta el acta cursante de fs. 101 a 108 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes se ratificaron íntegramente en los términos de su demanda tutelar y ampliando señalaron: 1) Los delitos de uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas el 2005 se encontraban en el Código Penal dentro de los delitos contra la función pública, no como ilícitos de corrupción; y, 2) La SCP 0770/2012 de 13 de agosto, establece que el principio de retroactividad en delitos de corrupción debe aplicarse en favor de los imputados, los arts. 115, 116 y 123 de la CPE se encuentran dentro del capítulo de garantías jurisdiccionales que no pueden darse en favor del poder punitivo sino en favor de las personas.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Eve Carmen Mamani Roldan y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, presentaron informe escrito el 16 de mayo de 2022, cursante de fs. 96 a 99, señalando que: i) La acción no cumple con los requisitos de contenido para su procedencia, alega de manera general la vulneración al debido proceso por falta de fundamentación y motivación y, errónea aplicación del art. 123 del CPE como si fuera otra instancia ordinaria; ii) No se cumplió los requisitos establecidos para ingresar al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, no expusieron los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o desconocidos en el Auto de Vista “123”/2021 -siendo lo correcto 113/2021-SP1-, no refiere cuáles son los principios fundamentales o valores supremos que no hubieran sido tomados en cuenta, no explican cuál sería el resultado al que se arribaría en caso de efectuar la interpretación que ellos creen correcta, no refieren la relevancia constitucional; y, iii) En la Resolución emitida se hizo interpretación integral a partir de la norma constitucional en cuanto a la protección de los bienes estatales.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Rodney Cristina Pérez Choque, Directora General Ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), a través de su representante legal en audiencia señaló que: a) Los preceptos de la Constitución Política del Estado deben entrar en vigencia y ser aplicadas de forma inmediata, aun cuando estos casos pendientes de resolución sean iniciados anteriormente a la vigencia de esta; b) Por mandato del art. 410 de la CPE, la Norma Suprema goza de primacía ante cualquier otra disposición normativa y debe estar enmarcada en el bloque de constitucionalidad;

c) El Auto de Vista está enmarcado en la norma constitucional, ya que la Ley es retroactiva en delitos de corrupción, no solo por lo determinado por el legislador constituyente, sino por los Convenios en Materia de Derechos Humanos suscritos por Bolivia, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la retroactividad persigue conductas que causan daño económico al Estado, por lo que opera en materia adjetiva; y, d) Los servidores públicos delinquieron en delitos de corrupción; por lo que pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, por Resolución 61/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 109 a 116 vta., denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: 1) El caso gira respecto a los beneficios que genera el DP 4461, se trata de normas de procedimiento, por qué causas el procedimiento penal debe cesar o no, no está definiendo elementos sustantivos, no está recalificando el delito. Hay una diferencia trascendental de lo que es la aplicación retroactiva de la norma sustantiva y la pretendida aplicación retroactiva de la norma adjetiva; 2) Se pide la aplicación del DP “4461 del 18 de febrero de 2021” (sic), a un proceso que se ha iniciado el año 2005, con la aplicación vigente de una norma adjetiva de procedimiento; 3) No se está discutiendo la aplicación o no de la norma más beneficiosa, sino, es la que se ha dictado o estaba vigente en el momento del hecho, se aplica la norma adjetiva vigente; 4) Los arts. 25 y 26 de la Ley 004, pueden ser aplicados con carácter retroactivo a los delitos establecidos en los arts. 146 y 185 bis del CP si están vinculados a la corrupción, así están expresados en el Auto de Vista 113/2021-SP1; 5) Las autoridades de instancia se equivocaron -sin que afecte la legalidad de esta resolución- al esmerarse en analizar criterios que ya están superados como es la retroactividad de la ley penal sustantiva y no se ha analizado la retrospectiva de la ley penal adjetiva porque no ha sido planteada; y, 6) El referido Auto de Vista contiene la fundamentación, motivación y congruencia necesaria, otorgando respuesta a lo pedido en el único agravio del recurso de apelación en el marco del debate, no evidenciándose vulneración al debido proceso ni al principio in dubio pro reo, incluso se advirtió carencia de relevancia constitucional. En vía de complementación interpuesta por la solicitante de tutela respecto al art. 5.I.2 del DP 4461 que como único requisito exige los quince años del proceso penal sin sentencia condenatoria ejecutoriada y el numeral 4 está referido a la superación del tiempo máximo de la etapa preparatoria donde no dice nada sobre el numeral 2, la Sala Constitucional aclara que la Resolución fue clara, no se ingresó a analizar temas sustantivos solo se analizó lo resuelto por el Auto de Vista que manifestó que aquello no fuera previsto porque está vinculado a un delito de corrupción, lo que hace improcedente la amnistía.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa inicio de investigación presentado por la representación fiscal el 17 de mayo de 2005 del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Christian Simón Cortes Gumucio, Ximena Rosario Siles Jaksic y otros, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, peculado, uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas, régimen administrativo de la legitimación de ganancias ilícitas (fs. 2 y vta.). II.2. Consta Resolución de Amnistía 19/2021 de 6 de septiembre, emitida por el SEPDEP de la Dirección Departamental Oruro, a favor de Christian Simón Cortes Gumucio (fs. 26 a 28). II.3. A través de la Resolución de Amnistía 20/2021 de 6 de septiembre, emitida por el SEPDEP de la Dirección Departamental Oruro, se otorga la misma a favor de Ximena Rosario Siles Jaksic (fs. 35 a 37). II.4. Mediante Auto Interlocutorio 495/2021 de 19 de octubre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro, declara infundada la pretensión expuesta, sin lugar a la homologación de la Resolución de Amnistía 19/2021 a favor del imputado Christian Simón Cortes Gumucio; y, la Resolución de Amnistía 20/2021 a favor de Ximena Rosario Siles Jaksic, argumentando que no puede interpretarse la procedencia de la amnistía solamente desde la mirada del transcurso del tiempo recurrido, cuando de por medio existe una prohibición de una norma legal relacionada a las personas procesadas por la Ley 004 (fs. 48 a 50 vta.). II.5. Por memoriales presentados el 27 de octubre de 2021, Ximena Rosario Siles Jaksic y Christian Simón Cortes Gumucio formulan recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 495/2021, alegando que su solicitud de homologación de amnistía está amparada en el art. 5.I.2 del DP 4461, no exige otro requisito que el haber superado los 15 años con proceso penal en curso sin que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada; y, de forma arbitraria la Jueza de la causa negó la homologación amparándose en el art. 5.II.4 que no tiene ningún tipo de relación con su solicitud que es independiente del resto de las causales de prohibición, tampoco realiza una interpretación sistemática e integral del art. 5 del DP 4461, se pronuncia sobre aspectos no solicitados ni pertinentes. Efectúa una errónea interpretación del DP 4461, no ingresa a un análisis concreto de lo solicitado, es confusa e incongruente, por lo que solicitan se revoque el Auto Interlocutorio 495/2021 y se conceda la homologación de la amnistía (fs. 50 a 57 vta.). II.6. Cursa Auto de Vista 113/2021-SP1 de 11 de noviembre, emitido por Eve Carmen Mamani Roldan y José Miguel Vásquez Castelo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, ahora demandados, que declara improcedente los recursos de apelación incidental y confirma el Auto Interlocutorio 495/2021 (fs. 58 a 60 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, irretroactividad de la ley e in dubio pro reo; toda vez que, el Auto de Vista 113/2021-SP1 incurre en: i) Motivación arbitraria, se aparta del mandato del art. 398 del CPP, en forma ultra petita, sin analizar el agravio, complementó la fundamentación de la resolución de primera instancia, determinando la posibilidad de aplicar retroactivamente la ley; ii) Realiza una interpretación errada del art. 123 de la CPE; iii) Vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la prohibición de aplicación retroactiva de la Ley; y, iv) Aplicó la norma menos favorable a los imputados. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se considera los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones en el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Sobre la amnistía conforme al Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Sobre la amnistía conforme al Decreto Presidencial 4461 de 2 de febrero de 2021

El art. 3 del DP 4461, con relación al ámbito de aplicación, señala:

“La amnistía y el indulto serán aplicables a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Decreto Presidencial y a la fecha de su publicación se encuentren sujetos a:

a. Detención preventiva en los establecimientos penitenciarios del país; b. Medidas sustitutivas a la detención preventiva o con proceso penal en curso; c. Aquellas que cuenten con una sentencia condenatoria ejecutoriada, únicamente para los casos de indulto”. En cuanto a la concesión de la amnistía y las condiciones que se requiere, el art. 5 establece:

“I. Se concede el beneficio de amnistía a las personas que a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial cumpla alguna de las siguientes condiciones: 1. Personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020; 2. Haber superado quince (15) años con proceso penal en curso sin que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada; 3. Haber cumplido o excedido con detención preventiva el tiempo de la pena establecido en la sentencia condenatoria en primera instancia sin que haya sido ejecutoriada; 4. Haber superado el tiempo máximo previsto para la duración de la Etapa Preparatoria sin que se instaure el juicio oral; o, haber superado el tiempo máximo de duración legal del proceso penal sin que se cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando pertenezcan a los siguientes grupos: a. Varones mayores de cincuenta y ocho (58) años o mujeres mayores de cincuenta y cinco (55) años; b. Personas con discapacidad grave o muy grave debidamente acreditada; c. Personas con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal, debidamente acreditada; d. Personas que tengan bajo su cuidado o custodia exclusiva y debidamente acreditada, a uno o varios hijos o hijas menores de doce (12) años de edad o con discapacidad grave o muy grave; en este último caso, debe acreditarse la tutoría legal; e. Mujeres en estado de gestación a la fecha de publicación del presente Decreto Presidencial. II. Las personas que cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 4 del Parágrafo precedente, no se beneficiaran con la amnistía cuando se encuentre procesadas por: 1. Delitos que, en la Constitución Política del Estado, el Código Penal u otra disposición legal no admitan indulto; 2. Delitos de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando; tenencia, porte o portación de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas; delitos financieros; 3. Delitos contra la Libertad Sexual, a excepción de los delitos de Actos Obscenos y Publicaciones y espectáculos obscenos; 4. Delitos previstos en la Ley Nº 004, de 31 de marzo de 2010, con excepción del primer párrafo del Artículo 154, Incumplimiento de Deberes y Artículo 149, Omisión de declaración de Bienes y Rentas; 5. Delitos de Violencia contra las mujeres determinados en el Capítulo II del Título V de la Ley Nº 348, de 9 de marzo de 2013, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; 6. Delitos de Acoso Político y Violencia Política contra las Mujeres, incorporados por la Ley Nº 243, de 28 de mayo de 2012, Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres; 7. Delitos cuya Victima sea niña, niño, adolescente, o persona incapaz; 8. Delitos con Victimas Múltiples; III. Tampoco accederán al beneficio de la amnistía aquellas personas beneficiadas con otros Decretos Presidenciales de amnistía o indulto en los tres (3) años anteriores a la vigencia del presente Decreto Presidencial”.

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, irretroactividad de la ley e in dubio pro reo; dado que, el Auto de Vista 113/2021-SP1, incurrió en: 1) Motivación arbitraria, se aparta del mandato del art. 398 del CPP, en forma ultra petita, sin analizar el agravio, complementó la fundamentación de la resolución de primera instancia, determinando la posibilidad de aplicar retroactivamente la ley; 2) Realiza una interpretación errada del art. 123 de la CPE; 3) Vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación respecto a la prohibición de aplicación retroactiva de la Ley; y, 4) Aplicó la norma menos favorable a los imputados. De acuerdo a la compulsa de los antecedentes, conclusiones y actuados contenidos en el expediente constitucional, se tiene que el Ministerio Público el 17 de mayo de 2005 inicia investigación penal contra Christian Simón Cortes Gumucio, Ximena Rosario Siles Jaksic y otros, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, legitimación de ganancias ilícitas y otros, previstos en los arts. 146 y 185 bis del CP; el 6 de septiembre de 2021 el SEPDEP de la Dirección Departamental de Oruro, emite las Resoluciones de Amnistía 19/2021 y 20/2021 a favor de los prenombrados, remitiendo a la autoridad jurisdiccional para su homologación, sin embargo la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro a través del Auto Interlocutorio 495/2021, declaró sin lugar a la homologación de las Resoluciones de Amnistía al encontrarse los delitos dentro del alcance de la Ley 004; ante tal decisión, los peticionantes de tutela, formularon recursos de apelación, emitiéndose el Auto de Vista 113/2021-SP1 por los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que declara improcedente el recurso de apelación incidental. A efectos de compulsar si el Auto de Vista 113/2021-SP1, cumple con el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, motivada y congruente, cuya verificación pasa por contrastar si dicho Auto en cuestión, cumple las finalidades implícitas propias del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, como ampliamente se señaló en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; se analiza el recurso de apelación. En ese contexto, los peticionantes de tutela Christian Simón Cortes Gumucio y Ximena Rosario Siles Jaksic, presentaron recursos de apelación incidental con argumentos coincidentes contra el Auto Interlocutorio 495/2021, solicitando que el superior en grado revoque el mismo y en su mérito conceda la homologación de amnistía, señalando los siguientes agravios: i) La solicitud de homologación de amnistía como una forma de extinción de la acción penal previsto en el art. 27.2 del CPP, fue planteada por los dos delitos: legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias, invocando el art. 5.I.2 del DP 4461, no exige otro requisito o condición que el haber superado los 15 años con proceso penal en curso sin que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada y en forma arbitraria la Jueza rechazó la homologación, aplicando incongruentemente el art. 5.II.4 del DP 4461 alegando tratarse de delitos de corrupción, el cual no tiene ninguna relación con la solicitud planteada, en forma ultra petita se consideró aspectos que no fueron peticionados; ii) El punto 5 de la Resolución apelada, establece la improcedencia de la amnistía porque los arts. 112 de la CPE y 91 bis del CPP están referidos a delitos de corrupción, que no admiten prescripción ni inmunidad; por lo que solicitan se revoque el Auto Interlocutorio 495/2021 y se conceda la homologación de la amnistía. De la revisión del Auto de Vista 113/2021-SP1, se puede advertir que los Vocales demandados, declararon la improcedencia de las apelaciones, confirmando el Auto Interlocutorio 495/2021; Resolución que fue sustentada en base a los siguientes fundamentos: a) En el Auto de Vista 95/2021-SP1 de 30 de septiembre, se mencionó los tópicos referidos; b) El delito de legitimación de ganancias ilícitas previsto en el art. 185 bis fue incorporado al Código Penal por la Ley 004 y también es un delito vinculado a la corrupción; c) Es aplicable al caso las normas constitucionales y en esa referencia el art. 112 de la CPE establece que los delitos cometidos por servidores públicos o que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, por otro lado el art. 324 de la Norma Suprema nos dice que son imprescriptibles las deudas por daños económicos causados al Estado, de lo que se entiende que cuando se trata de adeudos o recuperación de deudas económicas del Estado se debe aplicar con preferencia el art. 324 de la CPE, así lo establece la SCP 0770/2012; d) Teniendo en cuenta que la Constitución establece que los delitos vinculados a la corrupción -uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas-, no admiten régimen de inmunidad, tampoco pueden prescribir como indica la Ley 004; bajo ese argumento, no se puede dar curso a la homologación planteada en la cual se encuentran inmersos intereses del Estado, si bien el Auto Interlocutorio 495/2021 no hace esta referencia, pero como Tribunal de cierre, complementan, bajo esas circunstancias los fundamentos esgrimidos por dicha autoridad, no son contrarios al ordenamiento jurídico; y, e) En observancia a las SSCCPP 0084/2017 de 28 de noviembre y 0112/2012 de 27 de abril, las normas constitucionales son directamente aplicables, así los arts. 112 y 324 de la CPE establecen que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, no admiten régimen de inmunidad ni prescripción, tal cual establece la Ley 004, estando el caso dentro de la salvedad del art. 123 de la CPE, siendo posible la aplicación retroactiva de la Ley, en base a ese razonamiento, concluyen, que bajo ese entendimiento, no se puede dar curso a la homologación de la amnistía al estar comprometido intereses del Estado Ahora bien, corresponde a este Tribunal verificar si los argumentos expresados por los accionantes en la acción de amparo constitucional y lo manifestado en audiencia resultan evidentes o no respecto a la vulneración del debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, así como el principio de irretroactividad de la ley e in dubio pro reo.

III.3.1. Sobre la vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación vinculada a la irretroactividad de la ley

En cuanto concierne a este punto, los impetrantes de tutela alegan que los Vocales demandados al dictar el Auto de Vista 113/2021-SP1 incurrieron en fundamentación y motivación arbitraria porque en el agravio de los recursos se denunció que la solicitud de homologación de amnistía se encuentra amparada en el art. 5.I.2 del DP 4461 por haber superado los quince años de proceso penal sin que se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, la Jueza de la causa negó la homologación, aplicando de forma arbitraria e incongruente el parágrafo II.4 del art. 5 por considerar que los ilícitos de uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas son delitos de corrupción. Revisado el Auto de Vista 113/2021-SP1, se advierte que los Vocales demandados sobre el referido agravio se pronunciaron en sentido que el delito de legitimación de ganancias ilícitas, previsto en el art. 185 bis fue incorporado al Código Penal por la Ley 004 y también es un delito vinculado a la corrupción, en observancia a las SSCCPP 0084/2017 y 0112/2012, las normas constitucionales son directamente aplicables, así como los arts. 112 y 324 de la CPE establecen que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, no admiten régimen de inmunidad ni prescripción, tal cual establece la Ley 004, estando el caso dentro de la salvedad del art. 123 de la Norma Suprema, siendo posible la aplicación retroactiva de la ley, en base a ese razonamiento, concluyen, que bajo ese entendimiento, no se puede dar curso a la homologación de la amnistía al estar comprometido intereses del Estado. De lo expresado por el Auto de Vista 113/2021-SP1, se evidencia que las autoridades ahora demandadas no respondieron con pertinencia al agravio cuestionado por los recurrentes y menos se dio la explicación de por qué resulta razonable aplicar al caso, lo dispuesto por el parágrafo II.4 del art. 5 del DP 4461, cuando la solicitud de homologación de la amnistía de los solicitantes de tutela fue invocada en base al supuesto establecido en el art. 5.I.2, por haber superado quince años de proceso penal en curso sin haberse dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, aspecto que fue reclamado en los recursos de apelación, advirtiéndose que se modificó de modo decisivo el marco del debate contradictorio fijado por el agravio, donde el hilo conductor tomó otra dirección al hacer un análisis que no fue identificado como problema jurídico en los recursos de apelación, como es la aplicación retroactiva de la ley y la directa aplicación de los arts. 112, 123 y 324 de la CPE, sin un análisis coherente con la Constitución y el bloque de constitucionalidad, lo que implica quebrantamiento de lo dispuesto por el art. 398 del CPP. Los Vocales ahora demandados, no consideraron que en observancia de los principios pro hómine e interpretación progresiva de los derechos, en cada caso concreto, cuando se analiza las normas constitucionales, se debe dar preferencia a aquellas que resultan más favorables para el recurrente, el art. 112 de la CPE se aplica a hechos cometidos por posterioridad a su vigencia, es decir, el régimen de imprescriptibilidad establecido en ésta norma constitucional para los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, es aplicable a casos a partir del 7 de febrero de 2009, entendimiento asumido por las SSCCPP 0729/2020-S1 de 13 de noviembre y 0637/2021-S1 de 11 de noviembre, cuyos criterios de interpretación de la Constitución debieron ser considerados en relación a que los hechos endilgados en el proceso penal a los peticionantes de tutela hubiesen ocurrido el año 2005, es decir, antes de la promulgación de la Constitución; ese análisis ha sido omitido por los Vocales demandados el cual tiene relevancia constitucional al tener directa vinculación al fondo de la solicitud de homologación de la amnistía impetrada por los accionantes como uno de los motivos de extinción de la acción penal prevista en el art. 27.2 del CPP; consiguientemente, al no haberse pronunciado puntualmente al agravio identificado y haber establecido la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley, sin tomar en cuenta el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional sobre la problemática, evidentemente lesionaron el debido proceso en su elemento a la debida fundamentación y motivación.

III.3.2. Sobre la errónea interpretación del art. 123 de la Constitución

En cuanto concierne a este punto, los peticionantes de tutela alegan que el Auto de Vista 113/2021-SP1, establece que no corresponde homologar las Resoluciones de Amnistía 19/2021 y 20/2021 porque los delitos que se juzga, como son el uso indebido de influencias y legitimación de ganancias ilícitas previstos en los arts. 146 y 185 bis del CP, conforme a la Constitución y la Ley 004, no admiten régimen de inmunidad tampoco pueden prescribir, por lo que no corresponde el beneficio de amnistía. Los argumentos glosados, permiten establecer que los Vocales demandados se limitaron a emitir conclusiones generales, sin tomar en cuenta que los hechos por los que están siendo procesados los solicitantes de tutela presuntamente hubieran sucedido el año 2005 y que conforme a las SCP 0770/2012 citada incluso en el fallo de alzada, la aplicación retroactiva del derecho penal sustantivo se encuentra vedado por los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que de una interpretación del art. 123 de la CPE permite la aplicación retroactiva del derecho penal sustantivo contenido en la Ley 004, siempre y cuando su aplicación por los Jueces o Tribunales sea en el marco del principio de favorabilidad; por lo que los Vocales demandados al no haber tomado en cuenta la jurisprudencia constitucional, la decisión adoptada, no cumple con los parámetros de una fundamentación suficiente, al no haber desarrollado su labor argumentativa de las disposiciones legales y constitucionales sobre las cuales justifica su decisión y tampoco efectuaron una argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollen los motivos y razones suficientes del por qué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos; es decir, no se motivó adecuadamente la decisión ahora observada, consecuentemente se advierte una lesión del debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación. Finalmente, respecto a la lesión del principio in dubio pro reo alegado por los peticionantes de tutela, no corresponde pronunciamiento alguno, al haberse determinado la vulneración del debido proceso en sus vertientes a la fundamentación y motivación. De lo expresado precedentemente, se tiene que la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, no obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 61/2022 de 16 de mayo, cursante de fs. 109 a 116 vta., emitida por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer dejar sin efecto el Auto de Vista 113/2021-SP1 de 11 de noviembre, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución pertinente, sobre la base de lo desarrollado en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace costar que la Magistrada, MSc. Georgina Amusquivar Moller es de voto aclaratorio.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0618_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1afc91adf7de4758b1c1fabb97f7d1652dbac22238b38bd1355d71cd24425625

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