Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Deniega la tutela
La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien pronunció la Resolución 50/2023 de 9 de enero, por el cual confirmó su detención domiciliaria, sin tomar en cuenta los instrumentos internacionales y normativa constitucional, que establecen que no existe pena de prisión por deuda, por lo que estaría siendo procesada indebidamente; asimismo, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento, pese a que la causa tenía como origen una deuda de manera indebida determinó su detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0617/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53105-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Blanca Pamela Márquez Plata contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 12 de enero de 2023, cursante de fs. 7 a 9 vta., la accionante, señaló que:
Refiere que, en su contra se inició un proceso coactivo civil en el “Juzgado 23” por Luis Coca Rentería y Jorge Coca, dichos demandantes anteriormente le habrían prestado montos de dinero que fueron devueltos de buena fe; sin embargo, el último préstamo no pudo ser pagado por la crisis provocada por el COVID 19, ejecutándose el documento de préstamo, registrando el inmueble objeto de garantía de forma directa en Derechos Reales (DD.RR.), teniendo garantizado su dinero. Posteriormente, presentaron una acción penal sobre el mismo préstamo, por el que el Estado boliviano le promovió una acción civil de ejecución coactiva donde ya se efectivizaron las garantías, ahora se le siguió un proceso penal; por lo que, realizó los reclamos correspondientes, señalando que por deudas no hay prisión y por ende no sería procedente la detención preventiva ni domiciliaria; empero, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz -codemandado-, en audiencia de medidas cautelares, -pese a que le explicó que la causa tenía como origen una deuda y no podría darse ni siquiera detención domiciliaria-, de manera indebida determinó su detención domiciliaria que viene cumpliendo desde el 29 de noviembre de 2022. Recurrió en apelación remitiéndose el proceso a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual determinó que, por la existencia de elementos de convicción, actuando de forma precipitada y sin fundamento, confirmó su detención domiciliaria. Al respecto los instrumentos internacionales y normativa constitucional, así como la jurisprudencia del sistema de derechos fundamentales, concuerdan en que no existe pena de prisión por deuda, por lo expuesto, es evidente que se encontraría procesado indebidamente al darse curso a un doble procesamiento por una deuda ya liquidada.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y “reparar todas las vulneraciones del presente proceso penal y dictar bajo el principio de favorabilidad y de acuerdo a reglas sobre deudas que rigen en materia penal” (sic); en audiencia de garantías amplió su petitorio solicitando se disponga que: a) Se revoque la Resolución dictada por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal demandado y dicte una nueva resolución; b) Respecto al Juez demandado, respete la vigencia de la Constitución Política del Estado, en relación a las acciones donde existan deudas, no implican disponer la detención; y, c) Se disponga la cesación de su detención domiciliaria.
Celebrada la audiencia virtual el 13 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 27 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliándola manifestó que: 1) La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 117, señala que no se impondrá sanción privativa de libertad por deudas, norma concordante con el art. 232 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En su caso se encuentra con detención domiciliaria, no está detenida preventivamente; sin embargo la Norma Suprema no hace una diferenciación sobre estas dos formas de detención, porque la medida la privó de su libertad; 2) El Estado boliviano no puede cobrar deudas por vía civil y penal en favor de un tercero, siendo que ya existe sentencia ejecutoriada y la correspondiente anotación en Derechos Reales dentro del proceso coactivo; y, 3) Desde 1905 la Ley disponía la abolición de la prisión por deudas, excepto los que devinieren de fraude, que en su caso no concurrió, porque la deuda ya fue cubierta con la garantía de su bien inmueble que fue anotada en DD.RR.
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 13 de enero de 2023, cursante a fs. 18 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) La presente acción de libertad no señaló porque causal prevista en la Constitución Política del Estado o el Código Procesal Constitucional fue planteada, ya que no estableció si su vida estuviera en peligro o estaría ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o indebidamente privada de su libertad; en consecuencia, no se tiene una pretensión correctamente esbozada, puesto que sus elementos configuradores (causa petendi) no se encuentran identificados y fundamentados de forma adecuada; y, ii) La accionante se encuentra procesada penalmente y la medida impuesta de detención domiciliaria se encuentra justificada en la Resolución emitida por el Juez de la causa. Armando Zeballos Guarachi, Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito presentado el 13 de enero de 2023, cursante a fs. 14 y vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, de acuerdo a los siguientes argumentos: a) Emitió el Auto de 18 de mayo de 2022, disponiendo rechazar el planteamiento de incidentes y excepciones de la accionante, toda vez que no asistió a la audiencia señalada, convalidando su comportamiento de conformidad al art. 314.II del CPP, menos justificó su inasistencia, si bien presentó una certificación del “Tribunal Séptimo” la misma fue presentada el 23 de mayo de 2022, posterior a la fecha de la audiencia de consideración de incidentes de 18 de similar mes y año; b) El 29 de noviembre de 2022, llevó adelante la audiencia de consideración de medidas cautelares, emitiendo la “Resolución 383/22” y habiendo realizado un análisis exhaustivo de los antecedentes del proceso dispuso entre otras medidas la detención domiciliaria de la imputada Blanca Pamela Márquez Plata, disposición que fue apelada, remitiéndose el legajo a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que hasta la fecha se haya devuelto el expediente; y, c) En relación al presunto quebrantamiento de reglas internacionales y nacionales sobre la prohibición de prisión por deudas, su autoridad actuó conforme a procedimiento, tomando en cuenta que el Director funcional de la investigación es el representante del Ministerio Público; por lo que, la causa se tramitó conforme lo establecido en la normativa jurídica, no habiendo vulnerado ningún derecho o garantía constitucional de la impetrante de tutela.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida, bajo los siguientes fundamentos: 1) La apelación planteada por la accionante señaló como agravió que no debió haberse aperturado la causa penal porque ya existió un proceso coactivo sobre una deuda que ya fue ejecutada y que por deudas no puede ser procesada penalmente ni se puede disponer la detención domiciliaria que es equiparable a una detención preventiva; 2) Compulsado el Auto de Vista el Vocal demandado contextualizó que los hechos dieron cuenta que la accionante logró un préstamo de dinero de las víctimas, habiéndose ganado su confianza al señalar que era la administradora de una galería induciendo en error a las víctimas quienes entendieron que el inmueble ubicado en la calle Eloy Salmón 852 zona Gran Poder sería de su propiedad, la accionante canceló seis meses de intereses, pero luego empezó a esconderse y negarse a pagar la deuda, estableciendo una probabilidad de autoría y los elementos sustentarían la prosecución de la causa; 3) Respecto al agravio de imposibilidad de aplicar detención domiciliaria, la autoridad demandada explicó que no se debe confundir la detención preventiva con una detención domiciliaria, ya que esta última esta descrita como medida cautelar de carácter personal diferente a la medida extrema de detención preventiva, por lo que concluyó que no advirtió agravio; 4) En tal sentido, el Auto de Vista se encuentra debidamente sustentado y fundamentado, respondió a los agravios expuestos por la accionante en su recurso de apelación. En el caso, el incumplimiento a un pago de un préstamo de dinero no conlleva la posibilidad de entender la comisión del hecho delictivo, por ser un incumplimiento con trascendencia patrimonial; sin embargo, de acuerdo a los datos del proceso penal se cuestionó la forma de obtención de ese préstamo, son dos objetos diferentes el proceso civil tiene una connotación patrimonial y el proceso penal tiene la finalidad de sancionar aquella presunta conducta criminal que debe ser motivo de investigación, como elemento constitutivo del delito de estafa; y, 5) La medida extrema de detención preventiva se la cumple en un Centro Penitenciario a diferencia de la detención domiciliaria en la que se guarda en el domicilio del encausado, existiendo una diferencia sustancial, la confusión opera a partir de la equivalencia que realizó la jurisprudencia constitucional que sobre el efecto del cómputo de la pena; la autoridad demandada entendió que no existe un origen civil donde se esté criminalizando el incumplimiento, no se puede decir que la medida de detención domiciliaria quebrante la imposibilidad de disponer prisión por deudas, porque dicha medida responde a riesgos procesales, distinto sería que en el proceso civil ante la falta de pago la autoridad a tiempo de ejecutar el pago disponga prisión a fin de compeler el deudor, es justamente esa circunstancia que la normativa determinó para que se persiga el patrimonio y no a la persona, pero en el proceso penal es factible la limitación al derecho a la libertad y a la locomoción a través de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 23 de noviembre de 2021, Nilda Gudelia Calle Condori, Fiscal de Materia de la Fiscalía Departamental de La Paz, informó al Juez de turno de Instrucción Penal Cautelar el inicio de investigación preliminar teniendo como denunciantes a Jorge Enrique Coca Urdanivia y Luis Coca Rentería; denunciada Blanca Pamela Márquez Plata -hoy accionante-, por los presuntos delitos de estafa y estelionato (fs. 4). II.2. Cursa la Resolución 383/22 de 29 de noviembre de 2022, de consideración de medidas cautelares, emitido por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Blanca Pamela Márquez Plata por la presunta comisión del delito de estafa, por el cuál dispuso que la imputada cumpla medidas cautelares de carácter personal entre otras, la detención domiciliaria (fs. 19 a 23). II.1. A través de la Resolución 50/2023 de 9 de enero, Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, resolvió la apelación interpuesta contra la Resolución 383/22, determinando declarar admisible el recurso de apelación interpuesta por la víctima e imputada, declarando la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó la Resolución apelada pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento (fs. 15 a 17 vta.).
La accionante denunció la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien pronunció la Resolución 50/2023 de 9 de enero, por el cual confirmó su detención domiciliaria, sin tomar en cuenta los instrumentos internacionales y normativa constitucional, que establecen que no existe pena de prisión por deuda, por lo que estaría siendo procesada indebidamente; asimismo, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento, pese a que la causa tenía como origen una deuda de manera indebida determinó su detención domiciliaria. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el presente apartado, concierne referirse al debido proceso y a su tutela mediante la acción de defensa de análisis, tomando en cuenta que, la demanda tutelar versa esencialmente, sobre la vulneración de la garantía del debido proceso, con relación al derecho a la libertad de locomoción. Sobre lo señalado, debe precisarse que en supuestos que el debido proceso es impugnado de transgredido como consecuencia de una cuestión relativa a medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional determinó que: “Respecto a las denuncias referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. (…) En consecuencia, la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, salvo que al actor se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, caso en el que no resulta razonable la exigencia de la observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, precisamente por su imposibilidad de activar los medios de reclamación…” (las negrillas son nuestras) (SCP 0037/2012 de 26 de mayo).
En la presente acción de defensa conforme a los antecedentes adjuntos, se advierte que Blanca Pamela Márquez Plata -ahora accionante- está siendo procesada penalmente por el Ministerio Público a denuncia de Jorge Enrique Coca Urdanivia y Luis Coca Rentería, por la presunta comisión del delito de estafa, teniendo control jurisdiccional del caso desde el 23 de noviembre de 2021, el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz. Posteriormente, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 29 de noviembre de 2022, se dictó la Resolución 383/22, mediante el cual el Juez de la causa, dispuso que la imputada Blanca Pamela Márquez Plata, cumpla medidas cautelares de carácter personal de detención domiciliaria, entre otras. Determinación que fue apelada y resuelta por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-, autoridad judicial que emitió la Resolución 50/2023 de 9 de enero, declarando admisible el recurso de apelación interpuesta por la víctima e imputada, enunciando la improcedencia de las cuestiones planteadas y en el fondo confirmó la Resolución apelada pronunciada por el Juez de la causa. Conforme los antecedentes expuestos, la peticionante de tutela denunció la vulneración de su derecho a la libertad de locomoción, por parte del Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien a través de la Resolución 50/2023 de 9 de enero, confirmó su detención domiciliaria, dispuesta por el Juez a quo, sin tomar en cuenta los instrumentos internacionales y normativa constitucional, que establecen que no existe pena de prisión por deuda, por lo que estaría siendo procesada indebidamente; ampliando su denuncia contra el Juez de Instrucción Penal Décimo de la Capital del mismo departamento, de quien acusó que pese a que la causa tenía como origen una deuda de manera indebida determinó su detención domiciliaria. En ese orden de cosas, al Tribunal Constitucional Plurinacional le compele verificar si las vulneraciones alegadas son evidentes, tan solo sobre la Resolución 50/2023 pronunciada por el Vocal ahora demandado, por ser este el ultimo actuado de cierre que supuestamente lesionó su derecho invocado y no se ingresará a revisar la Resolución del Juez inferior, porque dicha resolución fue apelada y resuelta por el Tribunal de alzada. Asimismo, corresponde determinar si la denuncia de un indebido procesamiento está vinculado directamente a la restricción de la libertad de la accionante, para activar la presente acción de libertad, es así que la Resolución 50/2023, pronunciada por la autoridad demandada al confirmar la detención domiciliaria de la impetrante de tutela, efectivamente restringe su derecho a obtener su libertad de locomoción, correspondiendo ingresar al fondo de la problemática planteada, conforme al Fundamentó Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En el caso concreto la accionante manifiesta que está siendo indebidamente procesada en la vía penal, por una deuda que ya fue ejecutada en un proceso coactivo donde se realizó la anotación del bien inmueble objeto de garantía en las oficinas de DD.RR., por lo que dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público no correspondería disponer ningún tipo de detención por deudas.
Sobre lo precedente, evidentemente el art. 117.III de la CPE, determina que: “No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley”; en el caso que nos ocupa, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y acusador particular contra la peticionante de tutela, se estaría investigado el delito de estafa y no como señaló la accionante la deuda que tendría con los denunciantes, es así que la Resolución 50/2023, emitida por el Vocal demandado para confirmar la Resolución 383/22 fundamentó que: “Respecto a la detención domiciliaria, sostiene que la detención domiciliaria es equiparable a una detención preventiva, por ello debe revocarse esta medida cautelar, empero, que nos muestra el procedimiento modificado por la Ley 1173 el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal establece medidas cautelares personales, entre ellas fianza juratoria, obligación de presentarse, prohibición de salir la detención preventiva y en el numeral 10) ya es diferente, dice detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este código. Es decir que no debemos confundir una detención preventiva con una detención domiciliaria, una detención domiciliaria esta descrita como medidas cautelares personales diferentes a la extrema medida de la detención preventiva y el pretender que se equipare y que se concatene la situación jurídica de una persona que esta con detención preventiva en un penal a una detención domiciliaria, no corresponde, ello precisamente en observancia de esta norma 231 bis del Código de Procedimiento Penal, por lo que en definitiva está Sala no evidencia agravio tanto de la parte víctima como de la parte imputada” (sic). En ese contexto, no se advierte que la accionante este siendo indebidamente procesada; pues, la investigación aperturada en su contra fue por el delito de estafa y las medidas cautelares de carácter personal como la detención domiciliaria entre otras, surgen de la teoría planteada por el Ministerio Público como titular de la acción penal, no deviene del incumplimiento meramente contractual, sino de los elementos constitutivos del ilícito de estafa a momento de la disposición patrimonial con relación a la víctima, están acorde al adjetivo penal que en su art. 231 bis prevé medidas cautelares de carácter personal consistente en la detención domiciliaria; por lo que, no se observa un procesamiento indebido al disponer la medida cautelar, más al contrario las autoridades jurisdiccionales demandadas actuaron en apego a la normativa penal vigente que rige la materia, correspondiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2023 de 13 de enero, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0617_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 92fcfc7692827842c8f9d338d2b9baf15442ed362d76d33d762354f9e7cd6c06
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