B.IA.LEGAL

SCP 0617/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47076-2022-95-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia como vulnerado su derecho a la libertad; puesto que, dentro de la demanda de homologación de asistencia familiar incoada en su contra, la liquidación de asistencia familiar devengada solicitada por la parte beneficiaria y su respectiva aprobación no le fueron notificadas de forma legal para que pueda observarlas y objetarlas; tomando en cuenta que se pretende sumar a la asistencia familiar un pago por deuda impositiva; por lo que, interpuso incidente de nulidad de obrados por existir errores procesales que lesionan sus derechos fundamentales y ser corrido en traslado el mismo, la autoridad judicial demandada, mantuvo la orden de emisión de mandamiento de apremio en su contra. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 66 a 72, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0617/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47076-2022-95-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 15/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 66 a 72, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Boris Bladimir Nava Uriarte en representación sin mandato de Juan Carlos Sejas Guevara contra Marcelo Helmut Balderrama Torrez, Juez Público de Familia Sexto del departamento de Cochabamba; Wilder Maclovio, Lyn Laura Aracely y Elizabeth Loren, todos Sejas Callisaya.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de abril de 2022, cursante de fs. 1; y, 3 a 5, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de homologación de asistencia familiar instaurado en su contra, el 22 de marzo de 2022, de forma maliciosa y temeraria, se ejecutó un mandamiento de aprehensión emitido por el Juez Público de Familia Sexto del departamento de Cochabamba que fue obtenido de forma ilegal e indebida; por esa razón fue conducido al Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba. El 13 de abril de 2022, presentó un memorial al citado Juzgado acreditando debidamente el pago de asistencia familiar y al mismo tiempo advirtió a la autoridad jurisdiccional la ilegalidad de la emisión del mandamiento de aprehensión en su contra. Señaló que se tenía una liquidación por la suma de Bs77 200.- (setenta y siete mil doscientos bolivianos), de los cuales se tienen “200” recibos por concepto de pago de asistencia familiar que ascienden a la suma de Bs70 685.- (setenta mil seiscientos ochenta y cinco bolivianos); por lo que, restando la deuda impositiva de vehículo por Bs4 593.- (cuatro mil quinientos noventa y tres bolivianos); únicamente quedó un saldo adeudado de Bs1 922.- (mil novecientos veintidós bolivianos). Añadió que hizo notar a la autoridad jurisdiccional que no se puede cobrar por medio de un proceso de asistencia familiar deudas impositivas de vehículo; sin embargo, es precisamente esto lo que ocurrió, siendo que el Juzgador aceptó que una deuda impositiva sea cobrada a través de un proceso de homologación de asistencia familiar; por ello, es evidente que el mandamiento de aprehensión emitido en su contra es ilegal e indebido; toda vez que, el cobro de dicha deuda –se entiende la deuda impositiva de un vehiculó‒ no corresponde a una asistencia familiar, situación que vulneró los principios del debido proceso y le provocó indefensión; puesto que, no pudo observar tales extremos en el momento oportuno ya que fue notificado a través de edictos, pese a que se conocía su domicilio real. De acuerdo a la liquidación antes citada, señaló que, adjuntó el comprobante de pago por la suma de Bs1 922.-, monto que adeudaba por asistencia familiar (restando la deuda impositiva de Bs4 593.-); por lo que, exigió que se emita a su favor el correspondiente mandamiento de libertad en el día, al ser la libertad un derecho fundamental y garantía constitucional; no obstante, la autoridad jurisdiccional no se pronunció al respecto, dejando en suspenso su derecho a la libertad, siendo que adjuntó la documental que demuestra el pago de la obligación devengada.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se señale día y hora de audiencia para la fundamentación oral y pública dentro de las veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de abril de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 62 a 66, presentes la parte accionante y ausente los demandados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia ratificó in extenso su memorial de acción de defensa y ampliándolo señaló que: a) El 12 de mayo de 2021, en la liquidación de asistencia familiar presentada por sus hijos mayores de edad, fue tomada en cuenta una deuda tributaria, haciendo que se incremente la misma; empero, restando la deuda impositiva, que no correspondía adosarse a la asistencia familiar, canceló lo adeudado; sin embargo, la autoridad ahora demandada pretendió cobrar a través de un proceso de homologación de asistencia familiar una deuda impositiva y revisando fs. “153” del expediente, se tiene que, el monto de asistencia familiar según liquidación era de Bs62 595.- (sesenta y dos mil quinientos noventa y cinco bolivianos) restando Bs4 593.-; sin embargo, se aprobó una deuda que no amerita al caso; b) Los particulares demandados realizaron una liquidación por Bs62 595.- y el Juez demandado realizó un liquidación por Bs64 445.- (sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco bolivianos); es decir, hubieron dos liquidaciones con montos distintos, los cuales no pudo observar dejándolo de ese modo en estado de indefensión, vulnerándose así su derecho al debido proceso y creando inseguridad jurídica; por esa razón se solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que remita a través de informe los depósitos bancarios realizados, con el fin de comprobar que canceló lo adeudado por asistencia familiar, restando la deuda impositiva; c) La autoridad judicial lo dejó en estado de indefensión al haberlo notificado por edictos; dado que, no tuvo la oportunidad de realizar las observaciones pertinentes al caso; sin embargo, a través de un incidente advirtió esa situación al Juez demandado; y, d) No existe motivo alguno por el que este privado de su libertad; puesto que, canceló lo adeudado por asistencia familiar; por ello, impetró que se le otorgue su libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Marcelo Helmut Balderrama Torrez, Juez Público de Familia Sexto del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito de 15 de abril de 2022, cursante de fs. 57 a 61 vta., refirió que: 1) El 29 de enero de 2019, los hijos del ahora impetrante de tutela, presentaron demanda de homologación de asistencia familiar, la misma que mereció Sentencia de 15 de febrero de igual año, en la cual dispuso se ponga en conocimiento del obligado –hoy accionante– en su domicilio en “Campo Rosa Km.6 del departamento de Santa Cruz” (sic); posteriormente, se emitió una comisión instruida y el Oficial de Diligencias del departamento de Santa Cruz a cargo señaló que la dirección era muy genérica para poder realizar la citación y al momento de realizar la misma los vecinos indicaron que desconocían al impetrante de tutela; 2) El solicitante de tutela, por memorial de 29 de abril de 2019, se apersonó al proceso a través de su representante legal y abogado, señalando como domicilio procesal la calle Cleomedes Blanco entre Atacama y 6 de agosto de Quillacollo, haciendo además conocer los depósitos bancarios que realizó por asistencia familiar, esa situación fue de conocimiento de los demandantes es decir de sus hijos; 3) El 25 de junio de 2019, estos últimos, a través de su abogado, presentaron liquidación de pensiones devengadas por la suma de Bs68 400.- (sesenta y ocho mil cuatrocientos mil bolivianos), sin considerar los depósitos realizados por parte del solicitante de tutela; motivo por el cual, requirió de oficio y en resguardo de los derechos del obligado y del debido proceso una nueva liquidación de acuerdo a los datos del proceso; por ello el 22 de abril de 2021, se emitió la nueva planilla por la suma de Bs76 800.-, mereciendo Auto que ordenó a los hijos realizar nueva liquidación de pensiones acorde a los antecedentes del proceso y de los depósitos del obligado; 4) Posteriormente, el “12” de mayo de 2021, los hijos presentaron una nueva liquidación de asistencia familiar devengada por la suma de Bs77 200.-considerándose los depósitos del obligado por la suma de Bs58 002.-, adeudando la suma de Bs19 198.-, pretensión que a través de Auto de 20 de mayo de 2021, se corrió traslado al obligado, ordenándose que con el fin de evitar su indefensión se lo notifique en su domicilio real, pese a que este se había apersonado al proceso; 5) El 8 de septiembre de 2021, los beneficiarios de la asistencia familiar, solicitaron que se impetre al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y al Servicio de Registro Cívico (SERECI) certificación del domicilio del obligado; así, el SEGIP certificó el mismo domicilio consignado en el memorial de la demanda; es decir, “campo Rosa Km.6 s/n vía la guardia del departamento de Santa Cruz” (sic) y el SERECI indicó como domicilio “b. minero uv.142 Mz.13 y cel. 70879813” (sic), en ese sentido habiendo sido el obligado buscado en el domicilio señalado por el SEGIP y no habiendo sido notificado, se dispuso por Auto de 15 de noviembre de 2021, se lo notifique mediante edictos a fin de evitar su indefensión y resguardar sus derechos fundamentales, pese a tener su domicilio procesal y no haber cambiado su patrocinio. Una vez que se realizaron tales edictos, no hubo objeción dentro del plazo establecido; por ello, los hijos solicitaron mediante memorial la aprobación de la liquidación; posteriormente, se ordenó que dicha aprobación sea de conocimiento del obligado a través de edictos, este tampoco fue objetado; 6) El 10 de marzo de 2022, la parte demandante impetró se emita el mandamiento de aprehensión en contra del solicitante de tutela, petición que fue deferida por Auto de 14 de igual mes y año, ante esa situación recién el 24 de marzo de 2022, el obligado −ahora accionante− a través de su abogado, planteó incidente de nulidad que fue resuelto por Auto de 5 de abril de igual año y notificadas ambas partes del proceso el 6 de igual mes y año, sin que hasta la fecha hayan planteado recurso alguno contra dicha resolución; posteriormente, el impetrante de tutela el 13 de abril de 2022, solicitó mandamiento de libertad; y, 7) Teniendo nuevos extractos bancarios de algunos pagos efectuados por el obligado, se emitió el Auto de 14 de abril de 2022, notificado en la misma fecha, el cual cuenta con el plazo previsto por ley a afectos de que las partes puedan activar los mecanismos o recursos pertinentes, en este caso, el accionante debió objetar la liquidación incluso la nulidad planteada dentro de plazo para establecer si existieron más pagos por asistencia familiar a su favor; por lo que, al no haber evidenciado el pago total de lo adeudado por asistencia familiar devengada y al no demostrarse la supuesta ilegalidad de la orden de aprehensión, pidió se deniegue la tutela solicitada. Wilder Maclovio, Lyn Laura Aracely y Elizabeth Loren, todos Sejas Callisaya, no remitieron escrito alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 15/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 66 a 72, denegó la tutela solicitada, decisión asumida conforme a los siguientes fundamentos: i) Por memorial de 13 de abril de 2022, el accionante impetró el mandamiento de libertad, considerando que habría cancelado lo adeudado por asistencia familiar, adjuntando un comprobante de pago por Bs1 922.- (mil novecientos veintidós bolivianos), ante esta situación la autoridad demandada emitió el Auto de 14 de igual mes y año, rechazando dicha solicitud por no estar cancelado el total de lo adeudado por asistencia familiar aprobada a través de Resolución de 20 de mayo de 2021, de donde emergió la última liquidación que no fue objetada ni observada oportunamente por el solicitante de tutela dentro del plazo previsto por ley, misma que fue debidamente notificada a las partes del proceso; y, ii) El art. 364 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) −Ley 603 de 19 de noviembre de 2014−, determina que las resoluciones judiciales son impugnables; por lo que, se pudo establecer que la Resolución de 14 de abril de 2022, pudo ser confutada por el solicitante de tutela; empero, este recurrió directamente a la acción de libertad sin antes haber agotado la vía ordinaria, no habiendo cumplido con la subsidiaridad excepcional; por lo que, sin ingresar al fondo de la problemática planteada corresponde denegar la tutela impetrada por el accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 29 de enero de 2019, Wilder Maclovio, Lyn Laura Aracely y Elizabeth Loren, todos Sejas Callisaya, hijos de Juan Carlos Sejas Guevara –hoy impetrantes de tutela–, presentaron ante el Juez Público de Familia de turno del departamento de Cochabamba demanda de homologación de asistencia familiar, mereciendo Sentencia de 15 de febrero de 2019, emitido por Marcelo Helmut Balderrama Torrez, Juez Público de Familia Sexto del citado departamento; por el cual, aprobó y homologó el acuerdo transaccional de asistencia familiar de 23 de marzo 2005 (fs. 14 a 17 vta.). II.2. A través de escrito de 26 de abril de 2019, Juan Carlos Sejas Guevara a través de su apoderado y abogado Boris Bladimir Nava Uriarte, se apersonó ante el Juzgado Público de Familia Sexto del departamento de Cochabamba para conocer sobre el proceso de homologación de asistencia familiar en su contra, emitiéndose providencia dando por apersonado al accionante (fs. 19 a 20). II.3. Cursa memorial de 14 de mayo de 2021, con liquidación de asistencia familiar por la suma de Bs77 200.- y como monto cancelado a cuenta la suma de Bs58 002.- adeudándose la suma de Bs19 198.-, habiéndose dictado el decreto de 20 de igual mes y año, que ordenó se notifique a la parte solicitante de tutela (fs. 29 a 31 vta.); se tiene escrito de 9 de febrero de 2022, en el cual los hijos del accionante impetraron se apruebe la liquidación presentada, en ese sentido la autoridad demandada aprobó la liquidación de “12” –siendo lo correcto 14– de mayo de 2021 (fs. 39 y vta.).

II.4. Por memorial de 25 de marzo de 2022, el impetrante de tutela presentó a la autoridad demandada incidente de nulidad por indefensión, mereciendo Auto de 5 de abril 2022, el cual rechazó dicho incidente por no haber demostrado cuál la lesión a sus derechos fundamentales; posteriormente, el 13 de abril de igual año, solicitó a la autoridad judicial mandamiento de libertad bajo alternativa de acción de libertad, el cual el 14 de dicho mes y año, fue rechazado por no haber cancelado la totalidad de lo adeudado por asistencia familiar (fs. 42 a 46; 48 a 51; y, 53 a 55 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia como vulnerado su derecho a la libertad; puesto que, dentro de la demanda de homologación de asistencia familiar incoada en su contra, la liquidación de asistencia familiar devengada solicitada por la parte beneficiaria y su respectiva aprobación no le fueron notificadas de forma legal para que pueda observarlas y objetarlas; tomando en cuenta que se pretende sumar a la asistencia familiar un pago por deuda impositiva; por lo que, interpuso incidente de nulidad de obrados por existir errores procesales que lesionan sus derechos fundamentales y ser corrido en traslado el mismo, la autoridad judicial demandada, mantuvo la orden de emisión de mandamiento de apremio en su contra. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) contempla que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. La SCP 1888/2013 de 29 de octubre, efectuando una integración jurisprudencial sobre la aplicación del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, estableció lo siguiente: “… la acción de libertad (…) se constituye en una garantía eficaz para la tutela inmediata de los derechos que se encuentran dentro de su ámbito de protección; sin embargo, es también evidente que, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata y eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física o personal o el derecho a la libertad de locomoción, los mismos deben ser utilizados previamente antes de acudir a la vía constitucional a través de la acción de libertad. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional, desde la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, entendió que el antes recurso de hábeas corpus -hoy acción de libertad- no implicaba que todas las lesiones al derecho a libertad tuvieran que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus y, en ese sentido, concluyó que ‘…en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria’” (las negrillas nos corresponden). Sobre el particular, el extinto Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas son nuestras). Entendimiento éste que debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia como vulnerado su derecho a la libertad; puesto que, dentro de la demanda de homologación de asistencia familiar incoada en su contra, la liquidación de asistencia familiar devengada solicitada por la parte beneficiaria y su respectiva aprobación no le fueron notificadas de forma legal para que pueda observarlas y objetarlas; tomando en cuenta que se pretende sumar a la asistencia familiar un pago por deuda impositiva; por lo que, interpuso incidente de nulidad de obrados por existir errores procesales que vulneran sus derechos fundamentales y ser corrido en traslado el mismo, la autoridad judicial demandada, mantuvo la orden de emisión de mandamiento de apremio en su contra. De los antecedentes, se tiene que, por memorial de 29 de enero de 2019, Wilder Maclovio, Lyn Laura Aracely y Elizabeth Loren, todos Sejas Callisaya hijos de Juan Carlos Sejas Guevara, presentaron ante Marcelo Helmut Balderrama Torrez, Juez Público de Familia Sexto del departamento de Cochabamba –autoridad hoy demandada– demanda de homologación de asistencia familiar, la misma mereció Sentencia de 15 de febrero de 2019 que aprobó y homologó el acuerdo transaccional de asistencia familiar de 23 de marzo 2005, en ese sentido, por escrito de 26 de abril de 2019, el ahora accionante se apersonó dentro del citado proceso de homologación de asistencia familiar (Conclusiones II.1. y II.2.). Asimismo, por memorial de 14 de mayo de 2021, los hijos del impetrante de tutela presentaron liquidación de asistencia familiar devengada por la suma de Bs77 200.- siendo que de dicho monto el obligado canceló la suma de Bs58 002.- adeudando Bs19 198.-; posteriormente, el 9 de febrero de 2022, los demandantes dentro del proceso de asistencia familiar, impetraron a la autoridad judicial apruebe la liquidación por decreto aprobó la liquidación de “12” –siendo lo correcto 14– de mayo de 2021 (Conclusión II.3.). Finalmente, por memorial de 25 de marzo de 2022, el impetrante de tutela presentó a la autoridad demandada incidente de nulidad por indefensión, mereciendo Auto de 5 de abril 2022; por el cual, se rechazó dicho incidente; posteriormente, el 13 de abril de igual año, solicitó a la misma autoridad judicial mandamiento de libertad, que fue rechazado el 14 de dicho mes y año, por no haberse cancelado la totalidad de lo adeudado por asistencia familiar (Conclusión II.4.). De lo desarrollado precedentemente, se advierte que el planteamiento central de esta acción de defensa, es el supuesto e inminente estado de indefensión en el que se hubiera colocado al solicitante de tutela, al haberse emitido y ejecutado un mandamiento de aprensión en su contra, por el impago de la liquidación de asistencia familiar que considera fue erróneamente elaborada, alegando en tal sentido que el referido mandamiento resulta ilegal, al haberse incluido dentro de la asistencia familiar devengada, deudas impositivas que fueron adosadas a la homologación, situación que lo motivó a formular incidente de nulidad que fue rechazado por el Juez de la causa. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente los medios legales establecidos por ley, a la interposición de la acción de libertad. Bajo ese contexto, es necesario precisar que el art. 368 del CFPF, establece que: “El recurso de reposición procede contra los decretos o autos interlocutorios, para que la autoridad judicial que los haya dictado, advertida de su error, pueda modificarlos o dejarlos sin efecto. Procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”, en ese marco, se advierte que en el caso que se analiza, respecto al cálculo y aprobación de la asistencia familiar, el accionante contaba con el recurso de reposición con alternativa de apelación para manifestar cualquier objeción respecto al decreto de 14 de mayo de 2021 que aprobó la misma, y que, adicionalmente, con referencia al incidente de nulidad formulado por su parte, también contaba con el recurso de apelación; mecanismos que se constituyen en el medio idóneo e inmediato para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal invocado por la parte accionante, a fin de que a través de esa instancia sea posible la reparación de los derechos vulnerados y en caso de persistir el acto lesivo denunciado, recién acudir a la jurisdicción constitucional; en ese entendido, el impetrante de tutela tenía la vía expedita para formular tanto el recurso de reposición con alternativa de apelación contra el decreto que aprobó la asistencia familiar; así como, el recurso de apelación contra la última resolución que rechazó el incidente de nulidad por indefensión, lo que no ocurrió en el presente caso, habiéndose inobservado en consecuencia el carácter excepcionalmente subsidiario de la acción de libertad. Por lo expuesto, se advierte que el decreto de 14 de mayo de 2021, emitido por el Juez ahora demandado, y el Auto de 5 de abril de 2022, que en el fondo motivaron la presente acción de defensa, no fueron impugnados, cada uno a su turno por el impetrante de tutela, quien demostrando una actitud pasiva, solo planteó de forma directa la presente acción tutelar y no agotó todas las vías recursivas subsidiarias para restituir sus derechos supuestamente lesionados, como es en el caso concreto, el recurso de reposición con alternativa de apelación y el recurso de apelación directa previsto en la citada norma, evidenciándose de ello, que no actuó observando la jurisprudencia expuesta en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; no siendo posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada por el accionante, al no agotar con carácter previo los mecanismos intraprocesales existentes en la vía ordinaria, correspondiendo por ello, denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 15 de abril, cursante de fs. 66 a 72, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0617_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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