Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 6 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por el delito de avasallamiento, el Juez hoy demandado, en audiencia de medidas cautelares mediante Resolución 261/2022 de 7 de diciembre, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, sin considerar que se trata de un adulto mayor de 70 años de edad.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0616/2025-S4 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52689-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión Resolución 26 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva en representación sin mandato de Osvin Abiyuna Iraipi contra Jhonnie Xavier Orinochi Ortiz, Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 20 de diciembre de 2022, cursante a fs. 7 a 8 vta.; y, 10 el accionante a través de su abogado expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
En fecha 6 de diciembre de 2022, el Ministerio Público presentó imputación formal en su contra, por el presunto delito de avasallamiento. Habiéndose realizado la audiencia de medidas cautelares, el Fiscal asignado, sin ningún tipo de fundamentación pidió la detención preventiva por el tiempo seis (6) meses, a pesar de que reconoció que es una persona de 70 años de edad, sin tomar en cuenta la improcedencia a la detención preventiva descrita en el art. 232.III.3 de la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019 –Ley de modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres–, por lo que dejó a criterio del juez cautelar la decisión sobre tal situación, una vez escuchadas las partes procesales la autoridad jurisdiccional, hoy accionada, ordenó la detención preventiva por el lapso de ciento ochenta (180) días, computables desde el 7 de diciembre de 2022 al 5 de junio de 2023, decisión basada en que se trata de delitos de carácter patrimonial que se aplican cuando se ejerce violencia física sobre las personas y señaló que el imputado habría ingresado a los predios denominados “El Rosario I” con palos y machetes para presuntamente destruir el alambrado perimetral, lo cual haría entender una presunta violencia sobre objetos materiales y no así violencia física sobre las personas; además que, el Ministerio Público en su imputación formal y en la audiencia cautelar no presentó ningún informe particular o forense como indicio; a través del cual, se pueda evidenciar alguna lesión sufrida por la presunta víctima, por lo cual tampoco demostraron con documentación idónea, fotografías u otros medios análogos que haya ejercido alguna supuesta violencia física en el presente caso. Lo señalado muestra que la autoridad judicial realizó una fundamentación arbitraria, sin la respectiva motivación jurídica, puesto que no realizó un test de proporcionalidad bajo un enfoque interseccional; lo que demuestra que el ahora accionado no realizó una valoración de la prueba con carácter reforzado, no realizó un análisis de todos los elementos probatorios desde una perspectiva diferenciada, tampoco analizó los riesgos procesales de fuga en relación al domicilio, ya que la carga probatoria corresponde al Ministerio Público, tal como lo establece la Ley 1173, en ese sentido, debió demostrar con prueba material que no cuenta con un domicilio real dentro del territorio nacional, situación que fue considerada contraria a la ley, ya que la autoridad judicial indicó que el imputado tenía la obligación de demostrar e identificar el domicilio en el que realizaba su vida civil; tampoco realizó un análisis de la medida cautelar a partir de los principios de proporcionalidad; ya que, en primer lugar, no analizó su detención preventiva considerando la vulnerabilidad de las personas adultas mayores y por ende no efectuó la interpretación sobre la necesidad de la forma más restrictiva, tomando en cuenta en todo momento su dignidad y el mandato convencional que promueve la adopción de medidas cautelares diferentes a las que impliquen privación de libertad a estos grupos vulnerables, como son las personas adultas mayores.
El impetrante de tutela señaló como lesionados sus derechos a la libertad y la vida; citando al efecto los arts. 23, 67.I y 68.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 13 de la Convención Interamericana Sobre Protección de los Derechos Humanos de las Persona Mayores.
Solicitó se “declare procedente” la acción de libertad y en consecuencia se restituya la libertad del accionante.
Celebrada la audiencia virtual el 21 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 50 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su memorial de demanda de acción de libertad y ampliando expresó lo siguiente: a) Se presenta ésta acción de libertad reparadora amparándose en la SCP 0514/2021-S1 de 8 de octubre, la cual establece la excepcionalidad de la inaplicabilidad de la subsidiariedad señalando que se puede presentar una acción de libertad ante la existencia de un daño irreparable que en este caso es la libertad de una persona de la tercera edad; b) Establece que se debe evitar la subsidiariedad cuando se trata de grupos vulnerables que tienen mayor protección por parte del estado, por lo que en este caso el accionante tiene una doble protección reforzada la cual debe ser valorada por el tribunal al momento de emitir una resolución; c) Por la documentación que se adjunta como ser el certificado de nacimiento se constata que nació el 11 de febrero de 1952 teniendo a la fecha la edad de 70, asimismo se adjuntó fotocopia a colores de su cédula de identidad en el cual indica que su domicilio es la residencia de San Pablo de Guarayos en el departamento de Santa Cruz, estableciendo con claridad que su identidad cultural es guarayos, perteneciente a la comunidad Guaraní, bajo esa documentación se demuestra la doble protección que debe tener por parte del estado; d) Es evidente que el 6 de diciembre de 2022 el Ministerio Público presentó una imputación formal con aprehendido contra Osvin Abiyuna Iraipi, únicamente por el presunto delito de avasallamiento por lo cual se llevó la audiencia cautelar; es decir, al día siguiente el 7 de mismo mes y año, tal como se puede evidenciar por el acta de la audiencia cautelar; d) La Fiscalía tiene conocimiento que cuenta con la edad de 70 años; sin embargo, no se pronunció ni fundamentó sobre la procedencia o improcedencia a la detención preventiva, únicamente requirió que se lo detenga por un plazo de ciento ochenta días, sin considerar que es una persona de la tercera edad; e) Se debió tomar en cuenta el art. 232 del Código Penal (CP) que indica que no procede la detención preventiva en delitos de contenido patrimonial que se encuentre sancionado con pena de seis (6) años; además que, el imputado cuenta con 70 años; f) El Ministerio Público no presentó ni realizó ninguna fundamentación al establecer que supuestamente se ejerció violencia física sobre algunas personas, no hay ninguna prueba material ni por la parte civil o un certificado médico forense que establezca que la víctima en el presente caso haya sufrido alguna lesión producto de este hecho, por lo que la autoridad jurisdiccional actúo de manera contraria a la ley; g) No realizó una interpretación que respalde que existió violencia, situación que es totalmente contraria a la verdad, en este caso no ha hecho una valoración correcta al respecto al análisis de la medida cautelar a partir del principio de proporcionalidad, pues se debió verificar si la detención preventiva es idónea y adecuada, así mismo existen otras medidas menos gravosas, por último debió analizar la proporcionalidad en entendido si la afectación o restricción o limitación al derecho fundamental no resultaba ser exagerada y desmedida; h) En este caso se puede evidenciar que la determinación de la detención tiene una afectación gravosa, pues es una persona que tiene doble protección al ser una persona adulta mayor que es integrante de una comunidad indígena campesina perteneciente a la “…cultura guarayu…” (sic); y, i) La argumentación esgrimida por la autoridad jurisdiccional accionada no cuenta con ningún análisis de proporcionalidad menos de protección reforzada que debe proporcionar el estado, ante dicha vulneración se tiene generada la lesión al derecho a la libertad del accionado, porque no correspondía la detención preventiva ya que la parte civil y el Ministerio Público no demostró bajo el principio de verdad material, alguna prueba que evidencie que haya generado lesión física sobre alguna persona, razón por la cual solicitó se conceda la tutela de acción de libertad reparadora y ordene la inmediata libertad del hoy accionante.
Jhonnie Xavier Orinochi Ortiz, Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, presentó informe escrito de 21 de diciembre, cursante de fs. 26 a 28, donde manifestó que: 1) Se presentó imputación formal contra el hoy accionante por el delito de avasallamiento, previsto en el artículo 351 del CP; es así que, verificada la audiencia en forma virtual y conforme a los fundamentos realizados por el Fiscal del caso, se pudo evidenciar la probabilidad de autoría; 2) El imputado y otras personas que también se encuentran investigadas en el presente caso se demostró la existencia de riesgo procesal de fuga previsto en el artículo 234 del CPP, al carecer el imputado de un domicilio que se encuentra habitado; por lo que, carece de un arraigo natural; 3) Se demostró en audiencia que el ahora accionante resulta ser un peligro para la víctima por la forma en que cometieron los hechos, toda vez que ingresaron al predio “El Rosario I”, entre varias personas armadas con palos, machetes y piedras, agrediendo y expulsando a los propietarios, sacándolos a la fuerza de este predio para asentarse en el mismo; 4) Existe una Sentencia Agroambiental en la cual el Juez ordenó el desalojo de los avasalladores, quienes no lo hicieron en forma voluntaria, por lo que se dio lugar al inicio del proceso penal; además que, se realizó el test de proporcionalidad en la resolución; tomando en cuenta que, el delito se produjo utilizando machetes, palos y piedras, atentando contra la vida y la salud del propietario que también tiene 68 años de edad; 5) Al tenor del art. 232.III del CPP, se dispuso la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, por lo que su defensa apeló en audiencia la resolución dictada, en consecuencia se remitió el recurso ante la Sala Penal correspondiente para que se dilucide los argumentos del fallo; 6) Los Vocales con competencia plena podrán modificar, anular o confirmar el fallo dictado por el juez donde se encuentran los argumentos jurídicos que dieron lugar a la detención preventiva del imputado, quien no gozaba siquiera de un domicilio para beneficiarse de una posible detención domiciliaria; 7) Hace conocer que al presente se ha presentado un nuevo inicio de investigación contra él accionante que demuestra su reiterada conducta delictiva en este tipo de hecho, quien además desconoce el derecho positivo, puesto que la acción de libertad no se constituye en una instancia revisora de actos jurisdiccionales dictados por jueces y tribunales ordinarios; pues, al encontrarse el proceso en grado de apelación, tienen la oportunidad de recurrir ante ese Tribunal para buscar la modificación de la resolución dictada; 8) No demostraron la relación de causalidad entre el acto supuestamente vulnerado y los derechos a la vida y a la libertad; así mismo, cuando se denuncia la lesión al debido proceso vía acción de libertad para su activación, debe acreditarse el estado absoluto de indefensión, ante el procedimiento indebido extremos que no se configura en el presente caso; y, 9) Corresponde garantizar el derecho de la víctima dentro del proceso, teniendo en cuenta que ambos son personas adultas mayores y se encuentran desprotegidos a causa del avasallamiento sufrido en un predio que le impide ejercer su derecho de propiedad, considerando que el Estado ha elaborado una política en contra de los avasallamientos, el tráfico de tierras que diariamente se dan en nuestro país, especialmente en el municipio de Guarayos del departamento de Santa Cruz, perjudicando la agricultura, ganadería, etc.; por lo que, solicitó denegar la acción por encontrarse bajo control jurisdiccional del Tribunal de alzada.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 26 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas la autoridad demandada emita una decisión resguardando los derechos fundamentales del accionante, en base a los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a la problemática planteada que el hoy accionante estaría en condición de detenido preventivo dentro del proceso investigativo que lleva adelante el Ministerio Público en la localidad de Concepción por el presunto delito de avasallamiento de un predio denominado Rosario uno de propiedad de una familia; ii) El Juez cautelar después de haber tenido la imputación formal de parte del Ministerio Público que pide la detención preventiva por el lapso de ciento ochenta días sin tomar en cuenta que la persona aprehendida es una persona de la tercera edad, porque también tiene derecho a la protección reforzada por ser parte de una comunidad indígena originaria de esa zona; iii) En este caso existe un control jurisdiccional prueba de ello es que la autoridad que ejerce dicho control ha sido quien determinó la detención preventiva del representado bajo el entendimiento, se tiene que ver cuál es el alcance de lo que constituye la protección reforzada de las personas de la tercera edad, el primer término tal y cual establece la Constitución Política del Estado y la vasta jurisprudencia constitucional; iv) Bajo el esquema de la acción de libertad reparadora tiene una condicionante que debe agotarse los medios intra procesales para que se pueda activar; sin embargo la SCP 0514/2021-S1 de 8 de octubre que dio un entendimiento garantista refiriéndose a la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad se encuentra limitada no sólo por el cumplimiento de los supuestos que le rigen sino también por determinadas circunstancias donde se constate que el agraviado está frente a un daño irreparable ya sea por la naturaleza de los derechos que se denuncien sino también por el grado de indefensión del agraviado; v) El Juez hoy accionado al haber dispuesto su detención preventiva de la persona de este grupo vulnerable conforme se evidencia; no consideró que, se trata de una persona que tiene 70 años entonces por su edad pertenece a un grupo de protección reforzada que el estado debe dar atención especialísima, puesto que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; vi) Conforme establece el Código de Procedimiento Penal la detención preventiva es el último acto que podía un Juez disponer sobre cualquier persona, máxime si éste se trata de una persona de la tercera edad; pues, claramente su improcedencia es evidente ya que no procede la detención preventiva cuando se trata de personas mayores de 65 años; vii) Bajo ese entendimiento se evidencia que la autoridad accionada ha obrado al margen de la ley sin tomar en cuenta los derechos que le asisten a las personas con protección reforzada como es el caso del hoy accionante más allá de lo que él pueda ser el autor o no de los presuntos delitos que ahora se están investigando, por lo que se deben tomar en cuenta estos aspectos; y, viii) Por otro lado se ha verificado que no se ha observado en sus elementos jurídicos el cumplimiento de lo que establece el Código de Procedimiento Penal disponiendo una detención preventiva de manera ilícita bajo ese entendimiento por lo tanto corresponde conceder la tutela y se disponga que el Juez a tiempo de resolver el fondo de la problemática planteada tome en cuenta los aspectos señalados.
De la revisión de compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 261/2022 de 7 de diciembre, la autoridad judicial hoy demandada determinó la detención preventiva del hoy accionante, debido a que su conducta no se adecuaría a lo establecido en el art. 235.4 del CPP, entre otros argumentos que muestran que no se desvirtuaron los riesgos procesales (fs. 44 a 49). II.2. Consta nota de 14 de diciembre de 2022 del Juez hoy demandado, en la cual remite el expediente original al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y la consiguiente apelación incidental planteada por el accionante contra el Auto que dispuso su detención preventiva (fs. 29).
El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por el delito de avasallamiento, el Juez hoy demandado, en audiencia de medidas cautelares mediante Resolución 261/2022 de 7 de diciembre, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, sin considerar que se trata de un adulto mayor de 70 años de edad.
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación a la imposibilidad de activar dos jurisdicciones en forma simultánea la SCP 0768/2018-S4 de 14 de noviembre, señaló lo siguiente: “Al respecto, la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0146/2018-S4 de 16 de abril, señaló: `El extinto Tribunal Constitucional, expresó que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales, por cuanto esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, al existir dos resoluciones simultáneas tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional. En este sentido la SC 0608/2010-R de 19 de julio, precisó que: «...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico»’ (las negrillas son nuestras).
Razonamiento que es ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, que de igual forma concluyó que: `Conforme prevé el art. 179.III de la CPE, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, institución que por mandato de lo establecido por el art. 196 de la Norma Suprema, velará por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene un estatus de órgano constitucional independiente y distinto al de los demás, de manera que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no está subordinado ni sometido sino a la Ley Fundamental y a las leyes; razón por la cual, todo ciudadano que pretenda acudir y activar a un órgano tan importante como es este Tribunal, debe hacerlo previamente acudiendo a instancias legales reconocidas y previstas por ley como sucedió en el presente caso; sin embargo, es deber del sujeto legitimado, el exigir la respuesta de su solicitud a la autoridad de la jurisdicción distinta a la constitucional, la cual en su efecto jurídico, puede restituir o restablecer el derecho presuntamente cuestionado y vulnerado.
Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y ‘respondidas’ en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar´.
Por su parte la SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo, estableció: “En ese orden, se tiene que nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado −entre otros- mediante medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados −y se encuentren pendientes de resolución− y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones.
En consonancia a ello, el art. 54.1) del CPP, teleológicamente se constituye en una norma que garantiza la protección efectiva de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, en todas las fases que forman la etapa preparatoria; normativa especial que debe ser concretizada mediante una actuación efectiva del Juez de Instrucción Penal, quien al momento de dilucidar una denuncia −por mandato constitucional− su razonamiento siempre debe partir de una interpretación «desde y conforme a la Constitución» y «desde y conforme al Bloque de Convencionalidad»; razón por la cual, si las partes acuden a esta autoridad buscando el restablecimiento de sus derechos, estos previamente deben ser resueltos y agotados en la jurisdicción ordinaria, antes de activarse la jurisdicción constitucional, pues el juez que ejerce el control jurisdiccional se constituye en la autoridad idónea para sanear cualquier irregularidad o actos cometidos presuntamente tanto por representantes del Ministerio Público como por la Policía” (las negrillas son nuestras).
El impetrante de tutela, activó la presente acción de libertad en virtud a que considera que la autoridad judicial hoy demandada, al determinar su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” por el periodo de seis (6) meses sin considerar que se trata de un adulto mayor de 70 años de edad, estaría lesionando sus derechos a la libertad y a la vida; toda vez que, no estaría aplicando lo que establece el art. 232.III.3 de la Ley 1226. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo, estableció que: “En ese orden, se tiene que nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado −entre otros− mediante medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados −y se encuentren pendientes de resolución− y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones. En el caso que se examina, de la documentación que informa los antecedentes del expediente se ha llegado a establecer que el Ministerio Público presentó imputación formal contra Osvin Abiyuna Iraipi, por el presunto delito de avasallamiento y solicitó su detención preventiva, es así que habiéndose realizado la audiencia de medidas cautelares el 7 de diciembre de 2022, mediante Auto Interlocutorio 261/2022 de 7 de diciembre el Juez Público Mixto, Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Concepción del departamento de Santa Cruz, hoy accionado, determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” (Conclusión II.1.). En el mismo acto, la parte imputada presentó recurso de apelación, el cual fue remitido ante el tribunal de apelación el 14 de diciembre del 2022 (Conclusión II.2). Ahora bien, de lo relacionado precedentemente se evidencia que el accionante, voluntariamente a hecho uso del recurso de apelación incidental. Sin embargo, no obstante haber hecho uso del medio de impugnación que el ordenamiento jurídico pone a su alcance para la protección inmediata y eficaz de sus derechos, como es la apelación incidental, de forma simultánea y sin esperar el pronunciamiento del Tribunal de alzada; es decir, estando aún pendiente de resolución el recurso ordinario activado, interpuso la presente acción de tutela, sin considerar el riesgo de provocar con ello la existencia de pronunciamientos contradictorios de ambas jurisdicciones. En todo caso; el accionante, en lugar de presentar su apelación incidental, pudo acudir directamente ante la justicia constitucional, precisamente en consideración a ser una persona que forma parte de un grupo de protección reforzada, respecto del cual no aplica la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad conforme lo establece la jurisprudencia constitucional, en la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre; empero, al haber acudido ya ante la justicia ordinaria, corresponde que sea el Tribunal de apelación, como autoridad jurisdiccional idónea y competente para restituir y restablecer −en su caso− los presuntos derechos vulnerados del accionante que ahora se alega vía constitucional, a la que corresponde pronunciarse sobre las denuncias del accionante; ya que, en caso de ingresarse a examinar el fondo en esta acción de tutela, podría existir duplicidad de fallos, eventualmente contradictorios, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, aspecto no deseado por el sistema constitucional; razón por la cual no es posible ingresar a examinar el fondo de su denuncia, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26 de 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 51 vta. a 53 vta., pronunciada por Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía MAGISTRADA MAGISTRADO
1 La SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre, en el Fundamento Jurídico III.5, determinó que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera edad”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0616_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf9416bc03ebb3f6688e9c50b0215eda87c38f241d254f64dc322427df914b69
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →