Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que: 1) Los Vocales demandados al momento de emitir el Auto de Vista y ratificar el Auto Interlocutorio que rechazó la excepción de prejudicialidad, no consideraron que motivos técnicos no les permitió la conexión correcta a la audiencia respectiva pese a estar presente su abogado; y, 2) Habiendo solicitado la modificación de las medidas cautelares, estando señalada la audiencia para considerar lo pretendido, la Jueza codemandada la dejó sin efecto, pese a tener competencia para resolverla, sin tomar en cuenta, que uno de ellos pertenece a un grupo vulnerable y el otro necesita salidas laborales para llevar el sustento a su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 126/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 299 a 301, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; disponiendo que la misma lleve adelante la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares solicitada por los accionantes, siempre y cuando, que por el tiempo transcurrido su situación jurídica haya sido modificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0616/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47057-2022-95-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 126/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 299 a 301, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Vaca Bellota en representación sin mandato de Ángel Caune Mamani y Nelson Cauna Mamani contra Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcon, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del mismo departamento.
Por memorial presentado el 10 de abril de 2022, cursante de fs. 31 a 33 vta., los accionantes a través de sus representantes sin mandato, manifestaron lo siguiente:
Encontrándose con detención domiciliaria dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancia de Edwin Viza Pocoaca, por la presunta comisión del delito de avasallamiento; el 2 de agosto de 2021 interpusieron excepción de prejudicialidad, señalándose audiencia virtual al efecto; empero, en dicho acto procesal pese a estar conectados a la plataforma Cisco Webex, por problemas de internet el abogado de la defensa, no pudo intervenir y fundamentar la pretensión; es así que, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 282/2021 de 14 de septiembre y rechazó la citada excepción; por lo que, el 23 de septiembre del citado año, interpuso recurso de apelación incidental, explicando los motivos por los cuales no fue posible escuchar su participación en la referida audiencia pese a estar conectados; sin embargo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 389/2021 de 25 de noviembre, declaró su improcedencia, considerando que sería un actuar “negligente” de la parte y que no puede ser suplido por el Tribunal de alzada; omitiendo valorar el Informe pronunciado por el Secretario del Juzgado, indicando que “no existe ningún tipo de certificación del secretario abogado” (sic); tampoco se consideró que Nelson Cauna Mamani es una persona con un grado de discapacidad y privado de libertad; por lo tanto, inmerso en el grupo vulnerable y de resolverse el fondo de la excepción de prejudicialidad y aceptada la misma se pudo disponer su libertad conforme prevé el art. 309 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, al no haberse tramitado de manera adecuada la excepción planteada se encuentran restringidos en su derecho a la libertad ya que desembocó en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal. Asimismo, el 25 de marzo de 2022, solicitaron ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, –ahora codemandada– la modificación de medidas cautelares; ante lo cual, por decreto de 28 de igual mes y año, dicha autoridad dispuso se adjunte elementos de convicción, una vez colectados los mismos, como ser valoración psicológica y social, se señaló audiencia para el 20 de abril de igual año; decreto que fue dejado sin efecto por Auto de 6 de abril de 2022; sin embargo, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, es competente para llevar a cabo la audiencia de modificación de medidas cautelares conforme establece la SCP 0681/2018-S1.
Los impetrantes de tutela, denunciaron la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso y a la libertad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se les conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 389/2021 pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por consiguiente el Auto Interlocutorio 282/2021 emitido por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del mismo departamento y se ordene se tramite en audiencia virtual garantizando la conexión de las partes “la EXCEPCIÓN EN AUDIENCIA PÚBLICA”; y, b) En cuanto a la Jueza codemandada lleve adelante la audiencia de modificación de medidas cautelares solicitada el 25 de marzo de 2022 y ratificada con prueba idónea que consta en el cuaderno de investigación a cargo de Freddy Tarqui Mamani, Fiscal de Materia.
Celebrada la audiencia virtual el 11 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 295 a 298 vta., presentes los solicitantes de tutela asistidos de su abogado y la Jueza codemandada, ausentes los Vocales demandados; se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes ratificó in extenso los argumentos esgrimidos en su demanda de acción tutelar; y, ampliándolos; señaló que: 1) Esta acción de libertad no es repetición de una anterior que se resolvió con identidad parcial de sujeto pasivo, con un petitorio distinto donde además se pidió la suspensión temporal del proceso, que fue resuelto por el Juzgado de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La paz,constituido en Juez de garantías que denegó la tutela; en la presente acción de libertad, se denunció que, habiendo solicitado la modificación de medidas cautelares, la Jueza demandada señaló audiencia al efecto; empero, fue dejada sin efecto al haberse presentado la acusación fiscal en su contra; sin embargo, la SCP 0681/2018-S1 refirió que, si bien existe acusación y no fue radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal y no conste la misma, es competente el juez de instrucción penal, para atender solicitudes tanto de cesación de la detención preventiva como de modificación de medida cautelar; en la presente acción se remiten única y exclusivamente a la petición incidental del señalamiento de modificación de medidas cautelares por la Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, ya que de por medio se encuentra el derecho no solo a la libertad, sino también el de sus familias; habiéndose adjuntado una verificación social donde señala que Ángel Caune Mamani es padre de niños menores de edad y necesita el permiso de jornadas laborales para poder llevar el sustento propio y de su familia; 2) Con relación a la actuación de los Vocales demandados de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a la excepción de prejudicialidad, no se consideró los estándares de protección en tiempos de pandemia, encontrándonos aún en la cuarta ola, con trabajo telemático; tomando en cuenta la SCP 0751/2020-S4 de 24 de noviembre, la que señala que, cuando una persona tiene problemas de conexión por diferentes circunstancias, pueden diferirse por seis horas o más, debiendo garantizar el derecho a la defensa de todos los imputados; debiendo solicitar a los informáticos resolver todos los aspectos técnicos, vale decir, que no existe ni un llamado de la autoridad de control jurisdiccional al Jefe de informática para que nos señale cuál es el problema por el cual su abogado según el referido no podía conectarse, situación que incide también, en la administración de justicia, debieron agotarse los mecanismos alternativos que le permitan a las personas el acceso al sistema mediante las audiencias virtuales en mérito al principio pro persona, de proporcionalidad de temporalidad y de razonabilidad, con mayor razón si se encuentran en juego los derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y privados de libertad; y, 3) La citada Sala Penal emitió una Resolución sin la debida motivación y fundamentación; toda vez que, admitió el recurso de apelación y en el punto 4 señaló claramente con relación al abogado Abraham Salvatierra, que tenía problemas técnicos que no permiten su acceso y que este extremo fue verificado por la autoridad jurisdiccional; empero, refirió que no existe ningún tipo de certificación, situación totalmente incongruente; pedían para ello una previa certificación del Secretario suplente que se encontraba en audiencia, para referir si el abogado se encontraba en audiencia podía haberse comunicado de inmediato vía WhatsApp; empero, dicho medio es para notificaciones no para audiencias y si existe algún problema técnico debió haber acudido de inmediato a la Oficina Gestora de Procesos, lo que no ocurrió; por lo que, su abogado trató por los medios que prevé el art. 113 de CPP, en conseguir la videograbación de ese día de audiencia, habiendo sido infructuosa la solicitud por dos motivos, primero porque la actual Secretaria titular no estaba fungiendo el día y hora de esa audiencia; y segundo porque, la Oficina Gestora de Procesos se negó a brindar ese video donde obviamente podrá establecer claramente que no se ha obrado conforme al protocolo de audiencias virtuales; que tratándose de una Resolución de cierre y que no admite otro recurso; la presente acción de tutela no es únicamente un mecanismo de nulidad, sino también es una solicitud que se plantea en mérito a la situación de salud de la que adolece Nelson Caune Mamani, debidamente documentada mediante certificados por el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Caranavi. Ante la interrogante del Juez de garantías, se afirmó que la solicitud de tutela en la presente causa es a efecto que se lleve a cabo la audiencia de modificación de medida cautelar únicamente; toda vez que, respecto a la pretensión de suspensión temporal del proceso, está ya fue resuelta por un tribunal de garantías y que determinó denegar la tutela impetrada.
Félix Orlando Rojas Alcon y Claudia Marcela Castro Dorado, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe, manifestaron que: i) En observación de los derechos, principios y garantías del debido proceso, el Auto de Vista 389/2021, fue emitido dentro los plazos establecidos por la norma, en cumplimiento a los parámetros y límites de competencia establecidos en los arts. 396 y 398 del CPP; asimismo, conforme a los antecedentes remitidos por el Juez a quo y los agravios expuestos, estableciéndose que los accionantes, inicialmente fueron notificados para audiencia de 10 de septiembre de 2021; en el acto procesal de apelación incidental no se reclamó sobre la legal notificación, por los argumentos vertidos se estableció que no existe Certificación por parte del Secretario del Juzgado a quo, que indique haber problemas de conexión; por lo que, no se tuvo documental en la cual la parte apelante hubiera basado sus fundamentos, no pudiendo ingresar en subjetividades; y, ii) Si bien uno de los abogados argumentó problemas de salud, nuevamente no se tiene documentación que acredite tal afirmación, situación que hizo ver que la autoridad tomó una decisión correcta al rechazar la excepción de prejudicialidad; toda vez que, dio cumplimiento a lo establecido por el art. 314 del CPP, en consecuencia, no se puede argumentar conculcación de derechos y garantías constitucionales, más aun cuando era obligación de la parte interesada promover los fundamentos de la excepción y no se presentaron a la referida audiencia, correspondiendo invocar el principio “Nemo Auditur Propiam Turpitudinem Allegans – Nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o culpa”. Sandy Madeline Rodríguez Aguilar, Jueza Pública Mixta de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) El 9 de abril de 2022, fue demandada vía acción de libertad por Nelson Caune Mamani –ahora accionante–, quien también solicitó se conceda la tutela que de inmediato se disponga resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso, ordenando la efectivización de los oficios ante el Colegio de “Abogados”; emitiéndose la Resolución 001/2022 por el Juez de garantías que denegó la tutela con relación a la solicitud de modificación de medida cautelar, ya que no se puede prolongar la competencia de la Jueza de Instrucción Penal a la espera de una prueba, pues como cursa en el cuaderno de control jurisdiccional su solicitud refiere: “por la salud psicológica y mental reconocida por el Dr. Cesar Alberto Ramirez Condori y emitido por el SLIM la valoración psicológica, solicito de manera inmediata que se convoque a Audiencia Pública a efectos de modificar las Medidas Cautelares dejándolas sin efecto y consiguientemente la suspensión temporal del proceso” (sic); b) Mediante decreto de 30 de marzo de 2022, se señaló audiencia al efecto para el 20 de abril de 2022, ya que no existía requerimiento conclusivo de acusación, contando con plena competencia; sin embargo, el 5 de abril de 2022 el representante del Ministerio Público presentó acusación fiscal como requerimiento conclusivo dentro del proceso penal contra los accionantes; no puede extender su competencia hasta dicha fecha, a efectos de esperar el peritaje psiquiátrico para fundamentar su pretensión de modificación de medida cautelar; sino dispuso la remisión inmediata de los antecedentes al Tribunal de Sentencia Penal de turno, informando a dichas autoridades la decisión que se habría tomado y que existía pendiente la referida solicitud a la espera del citado Informe para conocer si realmente el accionante cuenta con enajenación mental y no puede continuar con el proceso; siendo la razón de la interposición de la acción de libertad del 9 de abril del citado año que fue denegada en base a la SCP 0540/2016-S2, que refiere que entre tanto no sea radicada la causa en el Tribunal de Sentencia Penal, ésta autoridad puede atender las referidas solicitudes, ya que deben desvirtuar riesgos procesales latentes; sin embargo, en el presente caso, se solicita la modificación de las medidas cautelares impuestas en virtud a la situación mental del accionante, sin contar con el peritaje correspondiente, pretendiéndose que se prolongue su competencia hasta que llegue dicha documentación para llevar a cabo la audiencia, situación que no corresponde ya que perdió competencia; c) Se debe considerar la SCP 0251/2018-S2, no pueden pretender un nuevo pronunciamiento favorable al que ya fue negado; por lo que, lo solicitado y mencionado dentro del petitorio ya fue resuelto el 9 de abril de 2022 por el Juez de garantías; y, d) Con relación a la audiencia de consideración del incidente de actividad procesal defectuosa en la que no se habría tomado en cuenta que, el abogado no pudo conectarse; se envió a Secretaría el video de dicha audiencia donde su autoridad podrá advertir que no se encontraban presentes ninguno de los imputados tampoco su abogados, ya al finalizar la audiencia se advierte un ícono de abogado de la defensa, se pidió en cuatro oportunidades se identifique si es parte del proceso; empero, no respondió; por lo que, se aplicó el art. 314.II del CPP; aclarando que la solicitud de modificación es solo con relación a Nelson Cauna Mamani no así de ambos accionantes.
El Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 126/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 299 a 301, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: 1) En los casos que se alegue procesamiento indebido se debe determinar que el acto vulneratorio sea la causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad física y a la vida, siendo posible su tutela vía acción de libertad siempre y cuando se haya agotado los recursos que prevé el orden legal; en el presente caso se establece que se interpuso el recurso de apelación incidental que fue resuelto por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que confirmó el Auto Interlocutorio 282/2021 de 14 de septiembre que rechazó la excepción de prejudicialidad; sin embargo, no es la causa directa de la restricción del derecho a la libertad de los accionantes; sino, la restricción obedece al Auto Interlocutorio 054/2022 emitido por la Jueza codemandada de Caranavi en audiencia de revocatoria de medida cautelar de carácter personal; y, 2) Con relación a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, y en cuanto a la solicitud dentro de esta acción de libertad por Nelson Cauna Mamani, en el sentido de haber solicitado la modificación de medidas cautelares y estando señalada la audiencia para su consideración se dejó sin efecto por Auto de 6 de abril de 2022; empero, la referida autoridad hizo referencia que habría sido resuelta a través de la Resolución constitucional de 9 de igual mes y año, ya que la petición en la presente acción de defensa también es que se proceda a llevar adelante la audiencia de modificación de medidas cautelares realizada el 25 de marzo de 2022, es decir que la pretensión es la misma, lo que impide el pronunciamiento de fondo por haber sido previamente resuelto mediante otra acción de libertad. En cuanto a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda refirió que, si bien el Nelson Caune Mamani es el que pidió la modificación de medidas cautelares y suspensión temporal del proceso; y, con relación a Ángel Caune Mamani no se pudo acreditar que haya solicitado con anterioridad dicha modificación y haya sido rechazado por la Jueza demandada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 2 de agosto de 2021, Nelson Cauna Mamani y Ángel Caune Mamani –ahora accionantes– interpusieron excepción de prejudiciabilidad ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz –ahora codemandada– dentro del proceso iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de avasallamiento (fs. 1 a 14). II.2. Se tiene el Acta de Audiencia Virtual de Incidente de Excepción de prejudicialidad de 14 de septiembre de 2021, en el que consta que la Secretaria informó estar presente la parte víctima, el representante del Ministerio Público y ausentes los imputados y su defensa técnica; seguidamente, refiere que se encuentra en plataforma un ícono identificado como “Dr. Salvatierra” la autoridad jurisdiccional solicitó informe por Secretaria a que parte procesal pertenece, se le solicitó se identifique, al no hacerlo la referida autoridad señaló: “Bueno en virtud, a que se encuentra un Dr. Salvatierra y no responde en virtud de que el mismo se pueda identificar, y verificar a que parte procesal corresponde, van a ser legalmente notificados con el Rechazo al respectivo incidente…” con lo que suspendió dicho acto procesal (fs. 16 a 17); así también, consta el Auto Interlocutorio 282/2021 de igual data, emitido por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz –ahora codemandada– por el que resuelve rechazar la excepción interpuesta por los impetrantes de tutela (fs. 18). II.3. El 23 de septiembre de 2021, los impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 282/2021, que mediante decreto de 24 de igual mes y año fue dispuesta su remisión para su respectivo sorteo; teniéndose el Auto de Vista 389/2021 de 25 de noviembre, pronunciado por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró la admisibilidad del citado recurso; empero, la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmó el referido Auto Interlocutorio; siendo notificadas las partes procesales en la misma audiencia (fs. 238 a 239). II.4. Cursa Memorial presentado el 25 de marzo de 2022, ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción penal de Caranavi del departamento de La Paz, en el que solicita se admita el patrocinio del Abogado Noel Arturo Vaca López; además, en el primer Otrosí: “Siendo las MEDIDAS CAUTELARES MODIFICABLES AUN DE OFICIO, conforme al art. 250 del C.P.P. solicito de su autoridad en aplicación al principio de temporabilidad, variabilidad, instrumentalidad, la MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES por menos gravosas a la detención domiciliaria” (sic); asimismo, se tiene el decreto de 28 de igual mes y año, y en respuesta al primer Otrosí el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, señaló: “previamente adjunte elementos de convicción, para la modificación de medidas cautelares y se dispondrá” (fs. 241 y vta.). II.5. Se tiene el memorial presentado el 29 de marzo de 2022, por Nelson Caune Mamani, con suma: “ACREDITA CON INFORME PSICOLOGICO ESTADO DE SALUD PSICOLOGICA Y PIDE LA INMEDIATA MODIFICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCESO”; que mereció decreto de 30 de igual mes y año, que teniéndose presente dicho memorial señaló audiencia virtual al efecto para el 20 de abril de “2021” a las 15:00 (fs. 246 vta. a 247 vta.). II.6. Consta Requerimiento Conclusivo de Acusación Fiscal presentado el 5 de abril de 2022, contra Angel Cane Mamani y Nelson Cauna Mamani –los impetrantes de tutela–; en consecuencia, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, ahora codemandada, emitió el Auto de 6 del mismo mes y año, disponiendo dejar sin efecto la providencia de 30 de marzo de igual año; consiguientemente, el señalamiento de audiencia, como consecuencia de la presentación de la acusación fiscal y la remisión de antecedentes, informando a los Jueces de Sentencia Penal, de Partido y Seguridad Social Primero de Caranavi del citado departamento, a efecto que dicho acto sea priorizado cuando asuma conocimiento de la causa (fs. 257 a 265 vta.). II.7. Cursa memorial de acción de libertad impetrada por Nelson Cauna Mamani, contra Sandy Madeline Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz el 08 de abril de 2022 en el que refiere: i) Que el 25 de marzo de 2022, se solicitó la modificación de medidas cautelares, que fue observado, así el 28 del mismo mes y año se subsanó donde además se solicitó suspensión temporal del proceso conforme el art. 86 del CPP; ii) El 29 de marzo de 2022, se presentó otro memorial acreditando su estado de salud mental y solicitando se deje sin efecto las medidas cautelares; por lo que, mediante decreto de 30 de marzo de 2022, se señaló audiencia para el 20 de abril del mismo año; empero, no se firmó los oficios solicitados; iii) Por Auto de 6 de abril de 2022, dejó sin efecto el señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares, pretendiendo aplicar la SCP 0540/2016-S2 de 27 de mayo, cuando la misma fue superada por la SCP 0618/2019-S3 de 13 de septiembre; iv) De los hechos se tiene que la autoridad demandada pretende despojarse de su competencia para conocer y resolver todos los incidentes y excepciones en la etapa preparatoria que no concluyó porque fue admitida la ampliación de denuncia; además la petición incidental de suspensión temporal de proceso le compete al Juez cautelar junto a la modificación de medidas cautelares, debiéndose tramitar ambas solicitudes conforme a procedimiento; y, v) Siendo su petición se conceda la tutela y se disponga dejar sin efecto el Auto de 6 de abril de 2022, y resuelva de inmediato la solicitud de salidas médicas y la modificación de medidas cautelares y la suspensión temporal del proceso ordenándose la emisión de oficios al Colegio Médico de Bolivia y al SLIM (fs. 291 a 293); el Auto de Admisión y señalamiento de audiencia de 08 de abril de 2022 (fs. 292 vta.); y, el Acta de Audiencia pública – incompleta– de 09 de abril de 2022 (fs. 287 a 290).
II.8. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se tiene:
a) El expediente 47337-2022-95-AL, de acción de libertad interpuesta el 08 de abril de 2022, por Nelson Cauna Mamani contra Sandy Madeleine Rodríguez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, ingresado a este Tribunal el 11 de mayo de 2022. b) El expediente 47057-2022-95-AL de acción de libertad –que ahora nos ocupa- interpuesta el 10 de abril de 2022 por Ángel Caune Mamani y Nelson Cauna Mamani contra Claudia Marcela Castro Dorado y Félix Orlando Rojas Alcon, Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Sandy Madeleine Rodríguez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del mismo departamento, ingresado a este Tribunal el 28 de abril de 2022.
La parte accionante denunció la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso y a la defensa; toda vez que: 1) Los Vocales demandados al momento de emitir el Auto de Vista y ratificar el Auto Interlocutorio que rechazó la excepción de prejudicialidad, no consideraron que motivos técnicos no les permitió la conexión correcta a la audiencia respectiva pese a estar presente su abogado; y, 2) Habiendo solicitado la modificación de las medidas cautelares, estando señalada la audiencia para considerar lo pretendido, la Jueza codemandada la dejó sin efecto, pese a tener competencia para resolverla, sin tomar en cuenta, que uno de ellos pertenece a un grupo vulnerable y el otro necesita salidas laborales para llevar el sustento a su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 1418/2022-S4 de 10 de octubre, enunciando la SCP 0399/2018-S4 de 13 de agosto, y ésta a la vez haciendo referencia a la SC 0619/2005-R de 7 de junio, sostuvo que: “…para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad´.
Con referencia al debido proceso vía acción de libertad, la SCP 0464/2015-S3 de 5 de mayo, estableció que: `Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos previo cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones. Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados. Además de este requisito, debe tenerse presente que opera igualmente el principio de subsidiariedad, de modo que previo a su interposición, deberán agotarse los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa, y no pretender su tutela en el ámbito constitucional, cuando los reclamos no fueron activados oportunamente, habida cuenta que no puede utilizarse para salvar la negligencia de la parte accionante. Entendimiento que fue asumido también por las SSCC 0200/2002-R, 0414/2002-R, 1865/2004-R, 0619/2005-R y 0057/2010-R, entre otras´. En ese marco, la SCP 0059/2018-S4 del 16 de marzo, sostuvo que: `Línea jurisprudencial que fue ratificada por este Tribunal Constitucional Plurinacional de manera sistemática, ya que la misma se encuentra acorde al diseño constitucional y legislativo vigente, pues el acoger mediante una acción de libertad otros elementos del debido proceso que no estén vinculados directamente con el derecho a la libertad, resultaría desconocer la voluntad del legislador y desnaturalizar el alcance jurídico-constitucional de la acción de amparo constitucional y de esta propia acción, pues cada uno de estos medios de defensa, tienen una naturaleza jurídica diferente y por el principio de seguridad jurídica, debemos respetar su ingeniería jurídica y su plena efectividad´”.
La SCP 0192/2022-S4 de 28 de abril, al respecto desarrolló que: “…el Juez de Instrucción Penal tiene por determinación del art. 54.1 del CPP, la competencia del '…control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código'; y, '…en relación a los arts. 302 y 223 CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la Etapa Preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares' (SC 0143/2003-R de 2 de febrero). Ahora bien, respecto a competencia para resolver la situación jurídica de un imputado una vez se presenta la acusación pública, la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre, efectuó la siguiente precisión: '…la jurisprudencia también ha establecido que el Juez a cargo del control jurisdiccional puede resolver esas solicitudes no obstante haberse presentado acusación, conforme razonó este Tribunal en la SC 0487/2005-R de 6 de mayo: «…el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros co imputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia...»' (las negrillas nos pertenecen). El aspecto formal de la radicatoria de la causa en el Tribunal de Sentencia, constituye un elemento a tomar en cuenta, pues de no constatarse esa situación, y comprender de que el Juzgado de instrucción ya perdió competencia con la simple remisión de obrados y antecedentes, dejaría en indefensión al justiciable, ya que por un lado la autoridad que remitió el expediente alegaría ser incompetente para resolver cualquier petición, y por otro parte, el Tribunal obraría en igual línea al no haber formalizado la radicatoria de la causa en su despacho. En ese sentido, la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sostuvo que: “…de conformidad con la Norma Suprema y con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que señalan que los privados de libertad, tienen derecho a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, entre otros, que le facultan a interponer solicitudes de cesación de la detención preventiva en cualquier momento, hasta antes de ejecutoriada la sentencia; tomando en cuenta que, la imposición de esta medida, no causa estado y puede ser modificada en cualquier tiempo; y toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica'”(las negrillas son nuestras). La misma SCP 0176/2018-S2 antes referida, estableció las subreglas aplicables a casos donde existe señalamiento de audiencia para considerar la situación jurídica del privado de libertad, al referir: “En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente'” (las negrillas nos corresponden).
Los accionantes denunció la lesión del debido proceso vinculado a su derecho a la libertad y a la defensa; considerando que: i) La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuyos Vocales son ahora demandados, al momento de emitir el Auto de Vista 389/2021 mediante el cual, ratificaron la Resolución cuestionada que rechazó la excepción de prejudicialidad interpuesta, por inasistencia de los excepcionistas; empero, no consideraron que motivos técnicos no les permitió la conexión correcta a la audiencia virtual respectiva pese a estar presente su abogado; y, ii) La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz –ahora codemandada–,señaló audiencia para considerar la solicitud de modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra; sin embargo, ante la presentación de la acusación fiscal contra los ahora impetrantes de tutela, remitió la causa ante el Juez de Sentencia Penal de turno, sin desarrollar dicha audiencia, por el contrario dejó sin efecto dicho señalamiento; teniendo la competencia para hacerlo, menos consideró que uno de los procesados pertenece a un grupo vulnerable que amerita una protección prioritaria y reforzada y el otro necesita salidas laborales para llevar el sustento a su familia. Siendo que, en la presente acción de defensa se demandó tanto a los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz como también la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; en consecuencia, se efectuará el análisis de la actuación de ambos demandados de manera separada. Con relación a la actuación de los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Dentro del proceso penal instaurado contra los ahora accionantes por la presunta comisión del delito de avasallamiento, el 2 de agosto de 2021, éstos interpusieron excepción de prejudiciabilidad ante la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz –ahora demandada– (Conclusión II.1), llevándose a cabo la audiencia para considerar dicha excepción el 14 de septiembre de 2021, donde por Secretaría se informó de la ausencia de los imputados y que en plataforma se encuentra “un Dr. Salvatierra”; empero, que el mismo no se identificó y tampoco respondió; en consecuencia, la autoridad jurisdiccional emitió el Auto Interlocutorio 282/2021 resolviendo rechazar la excepción planteada (Conclusión II.2); ante lo cual, los impetrantes de tutela plantearon recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista 389/2021 emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró la improcedencia de las cuestiones planteadas y confirmó el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.4). Ahora bien, teniéndose los antecedentes referidos y conforme se lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional establece que, es posible la denuncia por lesión al debido proceso mediante acción de libertad, cuando concurren los siguientes presupuestos: a) Que los actos que se denuncian como lesivos, debe estar directamente vinculado con el derecho a la libertad; es decir, como causa directa para su restricción o supresión del mismo; y, b) Que el impetrante de tutela debe encontrarse en estado absoluto de indefensión, al no haber tenido la oportunidad de impugnar esos supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad. De no concurrir los mismos la vía idónea para la impugnación es la acción de amparo constitucional previo agotamiento de los medios eficaces de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.
En el caso de autos, se advierte que la presente acción es presentada cuestionando el Auto de Vista pronunciado por los Vocales demandados, dentro de la tramitación de una excepción de prejudicialidad incoada por los accionantes; sin embargo, pesa sobre los impetrantes de tutela medidas cautelares como la detención domiciliaria a raíz de una resolución emanada en audiencia de medida cautelar Mediante Auto Interlocutorio 314/2021, emitido por Sandy Madeleine Rodríguez Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz, dentro del proceso penal seguido en sus contra; por lo que, el referido Auto de Vista ahora cuestionado, no es causa directa de la restricción de su libertad; asimismo, tampoco se evidenció que los accionantes se encontrarían en absoluto estado de indefensión; toda vez que, cuentan con defensa técnica y material y tuvieron una participación dentro del proceso seguido en su contra de una manera activa haciendo uso de los mecanismos legales a su alcance; en consecuencia, no concurren los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que permitan ingresar a analizar el fondo de la referida problemática planteada relativa al trámite de una excepción de prejudicialidad, donde se habrían lesionado el debido proceso y derecho a la defesa de los accionantes, quienes en todo caso pueden acudir a la acción de amparo constitucional una vez cumplido los presupuestos de activación de dicho proceso constitucional; consecuentemente corresponde denegar la tutela impetrada con relación a los Vocales demandados, con la aclaración de no haberse ingresado analizar el fondo de la problemática planteada. Con relación a la actuación de la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz Los impetrantes de tutela denuncian que, habiendo solicitado audiencia de modificación de medidas cautelares en razón de su condición de procesados con detención domiciliaria mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2022 (Conclusión II.4), a cuyo efecto la referida Juzgadora señaló audiencia de consideración de dicha solicitud para el 20 de abril del mismo año, luego de una previa exigencia de que se acompañe los nuevos elementos de convicción, siendo cumplida la misma (Conclusión II.5); mediante auto de 6 de abril de 2022, dejó sin efecto dicho señalamiento con el argumento de que ante la presentación del requerimiento de acusación fiscal por parte del Ministerio Público y la consiguiente remisión de la causa ante el Juez de Sentencia Penal “resulta imposible llevar a cabo dicho acto procesal” (Conclusión II.6). Sin embargo, también se tiene de antecedentes que, con relación a esta misma problemática el coaccionante Nelson Cauna Mamani interpuso una acción de libertad el 9 de abril de 2022 –antes de la interposición de esta segunda acción– donde denunció los mismos actos que hoy reprocha a la Jueza codemandada con relación a la tramitación de su solicitud de modificación de medidas cautelares y la también ya referida decisión de dejar sin efecto el respectivo señalamiento de audiencia. Dicha acción, no obstante haber sido interpuesta, como se dijo, antes de la que ahora nos ocupa, ingresó a este Tribunal para su consiguiente revisión, de manera posterior, correspondiendo al expediente 47337-2022-95-AL (Conclusión II.8); lo que en el caso habilita el análisis de dicha problemática en el presente fallo constitucional. Con tales aclaraciones y considerando los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en efecto, la Jueza codemandada no podía haber dejado sin efecto el señalamiento de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, pues dada la naturaleza instrumental de las mismas, no existía óbice alguno para que en la fecha programada, aun de que el caso radique en otro Juzgado atendiendo a la remisión con la acusación fiscal, la misma podía llevarse a cabo por el Juez que a ese momento ostente la competencia de la causa conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 referida en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. De ahí que se advierte que, al haber dejado sin efecto el mencionado señalamiento de audiencia, incurrió en una dilación indebida en lo concerniente al tratamiento de la situación jurídica de ambos procesados hoy accionantes; por lo que, con relación a dicha problemática corresponde conceder la tutela impetrada. Sin embargo, es importante aclarar que si bien el coaccionante Nelson Cauna Mamani, a tiempo de presentar el Informe Psicologico-Certificado de Salud Mental en cumplimiento al requerimiento de la Jueza de la causa (Conclusión II.5), agregó a dicha solicitud de señalamiento de audiencia también el pedido de que se disponga la suspensión temporal del proceso; la concesión de tutela aquí dispuesta únicamente abarca en lo concerniente a la consideración de la situación jurídica de medida cautelar de ambos procesados, debido a que aquella relativa a la suspensión temporal del proceso, no es la causa directa de la limitación del derecho a la libertad de los ahora procesados. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 126/2022 de 11 de abril, cursante de fs. 299 a 301, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz y en consecuencia, CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Caranavi del departamento de La Paz; disponiendo que la misma lleve adelante la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares solicitada por los accionantes, siempre y cuando, que por el tiempo transcurrido su situación jurídica haya sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0616_2023-S4_id63166.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): a2cc18f19d9479eb494da2d145820613bd44357096fafe5ea09255810a95b596
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