Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad; alegando que, en la causa penal seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la Fiscal de Materia codemandada no agotó los medios y recursos para dar con su paradero y citarlo formalmente a fin que preste su declaración informativa, conllevando ello que sea notificado por edictos. En forma posterior, la Jueza demandada convalidó las irregularidades del Ministerio Público, no habiendo advertido los defectos en los que se incurrió; emitiendo en la audiencia de medidas cautelares de 26 de abril de 2022, Auto de declaratoria de rebeldía, librando el respectivo mandamiento de aprehensión, provocando que se encuentre en absoluto estado de indefensión, con el riesgo que se ejecute en cualquier momento el mandamiento de aprehensión expedido en su contra. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 7 de enero, cursante de fs. 182 vta. a 189 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0615/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 53046-2023-107-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 01/2023 de 7 de enero, cursante de fs. 182 vta. a 189 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Fredy Claros Camacho y Marco Antonio Valda Clavijo en representación sin mandato de Moisés Zubieta Ágreda contra Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba; y, Judith Abasto Pérez, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 6 de enero de 2023, cursante de fs. 165 a 171, el accionante a través de sus representantes, expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a denuncia de Franklin Muruchi Nina -progenitor de la víctima- en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; la Fiscal de Materia demandada, no agotó los medios y recursos para dar con su paradero a objeto de citarlo formalmente a fin que preste su declaración informativa, obviando incluso que lo identificaron como el amigo de la hermana mayor de la presunta víctima, y tener conocimiento de su lugar y actividad de trabajo, provocando con ello que sea notificado por edictos, colocándolo en un absoluto estado de indefensión, imposibilitando que pueda asumir defensa plena, conociendo recién de la denuncia existente que se encontraba con mandamiento de aprehensión, “...A[L] HABER SIDO DECLARADO REBELDE Y MÁS AÚN QUE YA EXISTÍA ACUSACIÓN FORMAL (…), IMPOSIBILITANDOSELE EL DERECHO A GENERAR ELEMENTOS DE PRUEBA QUE PUEDAN DESVIRTUAR LA FALSA ACUSACIÓN EN SU CONTRA” (sic). Resaltó que, el Investigador asignado al caso, a través de Informe de 20 de septiembre de 2021, indicó que se constituyó en el domicilio de la zona de Iscaipata - Pairumani, en la localidad de Vinto, en su búsqueda, sin obtener resultado favorable alguno, lo que motivó su notificación por edictos; empero, aquello no resulta creíble, siendo innegable las acciones y omisiones deliberadas en las que incurrieron el Ministerio Público y el Investigador asignado al caso, en transgresión de sus derechos fundamentales. No habiendo requerido el Ministerio Público, certificaciones del Servicio de Registro Cívico (SERECI) o del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), a efectos de establecer y determinar la ubicación de su vivienda, quebrantando intencionalmente el principio de objetividad en su labor, poniendo en riesgo su libertad “…AL PODER SER APREHENDIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN VIRTUD DE HABERSE LIBRADO EN SU CONTRA UN MANDAMIENTO DE APREHENSION AL HABER SIDO DECLARADO REBELDE SIN PERMITIRSELE SER OIDO Y ESCUCHADO COMO MANDA LA CONSTITUCIÓN DENTRO TODAS LAS ETAPAS DE LA CAUSA…” (sic). Respecto a la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba -demandada-, denunció que, en momento alguno ejecutó actos tendientes a garantizar sus derechos fundamentales, convalidando contrariamente las actuaciones del Ministerio Público; disponiendo su notificación por edictos, en oportunidad de haberse presentado la imputación formal y referir el Ministerio Público que desconocía su domicilio, sin la existencia de un informe por parte de la gestora o un oficial de diligencias que acredite mínimamente que fue buscado para ser notificado con los actuados procesales. Por otro lado, le designó Defensora de Oficio, que no fue debidamente notificada; por lo que, no estuvo presente en la audiencia de medidas cautelares de 26 de abril de 2022, declarándolo rebelde, estando en riesgo, reitera, la ejecución del mandamiento de aprehensión librado en su contra.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, dejar sin efecto: a) Todos los actos investigativos hasta el estado de notificarle legalmente con la respectiva orden de citación, a objeto de que preste su declaración informativa y asuma plena defensa dentro la causa; y, b) La declaratoria de rebeldía; y, por ende, el mandamiento de aprehensión librado en su contra, por haberse demostrado el estado absoluto de indefensión en el que le pusieron.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 180 a 182 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que, “…lo que debe de llamar la atención a las autoridades jurisdiccionales es que con la Acusación que ha presentado el Ministerio Público se ha notificado en [su] domicilio (…), con dicha acusación y señalamiento de radicatoria de la causa en su domicilio real, como puede explicar eso la administración de justicia y el propio Ministerio Público que de repente sin que hayan podido durante el lapso de 2 años supuestamente ubicar[lo] (…), el Tribunal de Sentencia y la Gestora haya podido notificar en su domicilio real con la acusación…” (sic).
Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba, por informe escrito presentado el 7 de enero de 2023, cursante a fs. 178 y vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) No se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, a quien no se puso en estado de indefensión invocado en la demanda tutelar, habiéndose desarrollado las investigaciones dentro de la causa penal instaurada en su contra, dentro del marco de la legalidad, cumpliendo todas las formalidades de procedimiento que establece el ordenamiento jurídico. En ese orden, el Ministerio Público realizó el requerimiento de imputación sin consignar los datos del imputado al no contar con los mismos, aplicando el art. 165 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, ante la incomparecencia del mencionado previa publicación edictal, se lo declaró rebelde, expidiendo el respectivo mandamiento de aprehensión; 2) La acción de libertad no tiene la finalidad de reparar y restablecer formalidades legales omitidas en la tramitación del proceso, conforme requiere el impetrante de tutela, quien no agotó la instancia de reclamo ante los jueces y tribunales de la justicia ordinaria; y, 3) El prenombrado indicó tener conocimiento de la causa penal seguida en su contra, contando además con fotocopias del legajo procesal; no habiendo sido ejecutado el mandamiento de aprehensión en su contra. Judith Abasto Pérez, Fiscal de Materia, presentó informe escrito también el 7 de enero de 2023, cursante a fs. 179 y vta., a través del que solicitó se deniegue la tutela, conforme a los siguientes argumentos: i) Conocido el hecho delictivo, se inició la investigación penal contra el peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, que fue cometido contra una menor de diecisiete años; por lo que, precautelando sus derechos, se puso aquello en conocimiento de la autoridad de control jurisdiccional; ii) Por memorial presentado el 7 de enero de 2021, se hizo conocer el nombre correcto del denunciado, ahora impetrante de tutela, “…es así que el Ministerio Público con todos los elementos e indicios emite MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN FUNDAMENTADA conforme establece el Art. 226 del C.P.P. Misma que fue entregada al Sgto. 1ro. Edson Blando Tapia, Investigador Asignado al caso quien realiza la respectiva representación ‘Con la finalidad de dar cumplimiento al presente Acta de aprehensión (…) que el mismo tendría como domicilio en la 21 de Iscapaita Vinto…” (sic), lugar al que se constituyó en diferentes horarios y días hábiles, tanto en lugares de acceso al público y cerrado; y, al no dar con el paradero del señalado, se efectuó la pertinente representación, ordenándose su notificación por edictos conforme a lo dispuesto en los arts. 165 del CPP y 58.III de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, iii) En audiencia cautelar de 26 de abril de 2022, la abogada Defensora de Oficio del accionante, no realizó ninguna observación; en cuyo mérito, ante la ausencia del imputado, se lo declaró rebelde emitiendo el correspondiente mandamiento de aprehensión.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2023 de 7 de enero, cursante de fs. 182 vta. a 189 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) El propio abogado del impetrante de tutela, mencionó en la audiencia de garantías que, como uno de los últimos actos desarrollados dentro de la causa penal, “…se tiene a la notificación personal que se ha realizado en el domicilio del ahora accionante con la Acusación Formal presentada por el Ministerio Público y la Radicatoria de dicha acusación por el Tribunal de Sentencia donde recayó el proceso, es decir que con esta notificación se hubiera puesto en conocimiento de la existencia de la causa (…), esto suponiendo que anteriormente no hubiera tenido acceso a las publicaciones edictales que han sido publicadas en varias oportunidades…” (sic). En ese sentido, el mencionado a partir de ese momento aceptó que conoce el proceso penal de forma objetiva e indubitable; por lo que, debió activar en forma previa a acudir a la justicia constitucional, los medios intra procesales de reclamo, observando los supuestos defectos absolutos directamente impugnados mediante la acción de libertad, conforme a los arts. 167, 314 y 315 del CPP. Solo una vez agotadas las instancias respectivas, ante la eventualidad de persistir la supuesta lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, recién se halla habilitado a acudir a la justicia constitucional; b) Reitera que, el acusado tiene pleno conocimiento de la tramitación de la causa, habiendo adjuntado incluso a su acción tutelar, fotocopias del cuaderno de investigaciones como del control jurisdiccional o expediente cautelar; lo que evidencia que pudo recabar dichos antecedentes y conoce “perfectamente” el proceso. Así, “…si considera que ha habido errores durante la tramitación del mismo, ya sea por omisiones del Ministerio Público, como de la autoridad jurisdiccional, existiendo ya una acusación que hubiese sido radicada por el Tribunal de Sentencia correspondiente (…) le corresponde ejercer una defensa activa y responsable ante la jurisdicción ordinaria…” (sic), ello en observancia del principio de subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad; y, c) Si bien no consta en antecedentes la radicatoria señalada, tampoco la notificación que se habría materializado al accionante con la acusación en su domicilio real, “…sin embargo esta información nace del propio abogado del accionante quien en su intervención de manera clara ha informado a esta autoridad de que efectivamente se hubiera notificado a su cliente con la acusación y con la radicatoria de la causa ante el Tribunal correspondiente” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a denuncia de Franklin Muruchi Nina contra Moisés Zubieta Ágreda -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el 5 de noviembre de 2021, Judith Abasto Pérez, Fiscal de Materia -codemandada-, presentó memorial ante la Jueza Mixta Pública de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba -demandada-, imputando formalmente al mencionado, por el referido delito (fs. 49 a 52). II.2. Mediante edicto de 23 de marzo de 2022, se notificó al impetrante de tutela la imputación descrita en la Conclusión anterior (fs. 56 y vta.). II.3. En audiencia de aplicación de medidas cautelares desarrollada el 26 de abril de 2022, la Jueza demandada declaró rebelde al impetrante de tutela, ordenando se expida mandamiento de aprehensión en su contra (fs. 61 a 62). II.4. El 4 de mayo de 2022, se notificó al peticionante de tutela -por edicto-, con el Auto de declaratoria de rebeldía de 26 de abril de igual año (fs. 63). II.5. El 18 de mayo de 2022, la Jueza demandada expidió mandamiento de aprehensión contra el accionante, en cumplimiento al “decreto” de 26 de abril del mismo año (fs. 66 y vta.). II.6. El 17 de octubre de 2022, la Fiscal de Materia codemandada formuló acusación formal contra el impetrante de tutela, por el delito antes señalado (fs. 158 a 160 vta.).
El accionante a través de sus representantes denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad; alegando que, en la causa penal seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la Fiscal de Materia codemandada no agotó los medios y recursos para dar con su paradero y citarlo formalmente a fin que preste su declaración informativa, conllevando ello que sea notificado por edictos. En forma posterior, la Jueza demandada convalidó las irregularidades del Ministerio Público, no habiendo advertido los defectos en los que se incurrió; emitiendo en la audiencia de medidas cautelares de 26 de abril de 2022, Auto de declaratoria de rebeldía, librando el respectivo mandamiento de aprehensión, provocando que se encuentre en absoluto estado de indefensión, con el riesgo que se ejecute en cualquier momento el mandamiento de aprehensión expedido en su contra. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La jurisprudencia emitida por este órgano de constitucionalidad, fijó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, tomando en cuenta que en búsqueda de un equilibrio entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, provocando una confrontación jurídica entre ambas; razón por la que, lo que debe evitarse es que se convierta en un medio alternativo o paralelo a la segunda de las nombradas. Aspecto que, de modo alguno, implica una restricción de sus alcances, menos aún desconocimiento del principio de favorabilidad; toda vez que, lo que se busca es que no pierda precisamente, su esencia de ser un recurso heroico. En ese orden, para que proceda esta garantía constitucional, la o el impetrante de tutela, se hallan compelidos en causa propia, a activar previamente a su formulación, los medios ordinarios de defensa eficaces y oportunos existentes para proteger su derecho a la libertad presuntamente vulnerado; exigiendo la subsidiariedad excepcional que, ante la concurrencia de mecanismos intra procesales específicos de defensa idóneos, eficientes y oportunos para reparar la lesión cometida, éstos sean utilizados por el agraviado, antes de plantear la acción de libertad, siendo viable la misma, únicamente si no se reparan los derechos afectados pese al agotamiento de dichas vías específicas. En ese sentido, la SCP 1309/2022-S2 de 3 de octubre, citando fallos constitucionales anteriores, estableció en cuanto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad que: “…tratándose especialmente del derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, para que sea viable esta acción de defensa, con carácter previo se deben agotar los mecanismos de defensa que tenga expeditos el justiciable conforme al ordenamiento procesal común, haciendo uso de los medios y recursos legales que sean idóneos, eficientes y oportunos para el restablecimiento de este su derecho, de donde la acción de libertad operará solamente en los casos de no haberse reparado efectivamente las lesiones invocadas pese a la utilización de estas vías’…” (las negrillas y el subrayado son nuestros). En dicho mérito, concierne precisar que cuando los impetrantes de tutela demandan actos presuntamente ilegales cometidos dentro de la investigación hasta la culminación de la etapa preparatoria, este Tribunal estableció que éstos deben ser denunciados previamente ante el juez de instrucción en lo penal, en el marco de lo previsto en los arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP; autoridad que se constituye conforme al ordenamiento jurídico vigente, en la encargada de defender los derechos e intereses de las personas sujetas a una investigación o proceso penal. En etapa de formularse acusación y durante el juicio oral, la autoridad a la que debe acudirse es al Tribunal de Sentencia Penal respectivo. Por su parte, en el caso de condenados y privados de libertad, al estar dentro del régimen penitenciario, en caso de considerar la lesión de sus derechos, el art. 18 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), establece que el control jurisdiccional es asumido por el Juez de Ejecución Penal y, en su caso, el Juez de la causa. En ese orden, la jurisdicción constitucional únicamente se abre al persistir la restricción aludida, por no repararse lo denunciado; por lo que, en el supuesto de denunciarse actos ilegales u omisiones indebidas emergentes de un proceso penal, éstos deben ser previamente impugnados ante el juez de instrucción penal, tribunal de sentencia o juez de ejecución penal, quienes ejercen el control jurisdiccional, según sea el caso.
El art. 87 del CPP, prevé que: “(Rebeldía). El imputado será declarado rebelde cuando: 1) No comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código. 2) Se haya evadido del establecimiento o lugar donde se encontraba detenido; 3) No cumpla un mandamiento de aprehensión emitido por autoridad competente; y, 4) Se ausente sin licencia del juez o tribunal del lugar asignado para residir”; estableciendo, el art. 88 del mismo Código, por su parte: “(Impedimento del imputado emplazado). El imputado o cualquiera a su nombre, podrá justificar ante el juez o tribunal su impedimento; caso en el que se concederá al impedido un plazo prudencial para que comparezca” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Sobre la declaratoria de rebeldía, el art. 89 del CPP, regula que: “El juez o tribunal del proceso, previa constatación de la incomparecencia, evasión, incumplimiento o ausencia, declarará la rebeldía mediante resolución fundamentada, expidiendo mandamiento de aprehensión o ratificando el expedido. Declarada la rebeldía el juez o tribunal dispondrá: 1) El arraigo y la publicación de sus datos y señas personales en los medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión. 2) Las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; 3) La ejecución de la fianza que haya sido prestada; 4) La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción; y, 5) La designación de un defensor para el rebelde que lo represente y asista con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos a todo imputado” (negrillas y subrayado fueron añadidos). Teniéndose como efectos de la rebeldía, que: “…no suspenderá la etapa preparatoria. Cuando sea declarada durante el juicio, éste se suspenderá con respecto al rebelde y continuará para los demás imputados presentes, excepto en los delitos de corrupción, debiendo proseguirse la acción penal en contra de todos los imputados, estando o no presentes. La declaratoria de rebeldía interrumpe la prescripción” (art. 90 del CPP, modificado por el art. 37 de la Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Ley 004 de 31 de marzo de 2010). A su vez, el art. 91 del CPP, instituye: “(Comparecencia). Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real. El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). En relación a esta temática, la SCP 0089/2012 de 19 de abril, entre otras, precisó: “En cuanto al objeto de la declaratoria de rebeldía y como consecuencia el mandamiento de aprehensión, el Tribunal Constitucional, a través de la SC 0222/2011-R de 11 de marzo, refirió que: ‘Con la finalidad de evitar las constantes incomparecencias de parte de los procesados a la distintas audiencias que emergen de la persecución penal y consecuentemente no generar dilaciones indebidas que a la postre generen no sólo retardación de justicia sino también denegación de la misma con el efecto inmediato de vulnerar los derechos de la víctima, entre ellos la tutela judicial efectiva, el ordenamiento procesal vigente tiene previsto a su interior, una serie de medidas para viabilizar el cumplimiento del principio de celeridad y evitar demoras injustificadas, es así, que tratándose del imputado, se tiene previsto específicamente en el art. 87 del CPP, un medio compulsivo cual es la declaratoria de rebeldía con sus respectivos efectos que, entre otros, se encuentra la aprehensión del rebelde, tal cual prevé el art. 89 del citado Código. Ahora bien, entre las causales para declarar la rebeldía, el art. 87 inc. 1) del CPP, establece que: ‘El imputado será declarado rebelde cuando no comparezca sin causa justificada a una citación de conformidad a lo previsto en este Código’; es decir, que respecto de este supuesto la declaratoria de rebeldía se adopta a raíz de la desobediencia al llamamiento judicial o citación de quien se encuentra sometido a un proceso.
(…)
Bajo ese entendimiento jurisprudencial, se tiene que la autoridad judicial puede determinar las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; la ejecución de la fianza que haya sido prestada, entre otras medidas (art. 89 del CPP). Es así que la misma SC 0535/2007-R, indicó que: '…el art. 91 del CPP, determina que cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite, dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia, manteniendo las medidas cautelares de carácter real; añadiendo que si el imputado justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza’.
Al respecto, cabe referir que la rebeldía es la situación procesal en que se encuentra quien, existiendo o mediando proceso en su contra, evita o rehuye someterse al mismo, ya sea no compareciendo, evadiéndose, incumpliendo un llamado judicial o ausentándose sin justa causa del lugar asignado para residir; es decir, que asume una actitud pasiva e indiferente en el proceso, con estos antecedentes el juez mediante resolución expresa y fundamentada puede declarar la rebeldía, dando lugar a medidas cautelares personales y reales de carácter precautorio, como ser: expedirse mandamiento de aprehensión, arraigo y otros; entonces se puede decir que el objetivo principal de la declaratoria rebeldía es lograr la comparecencia del imputado para la continuación del proceso penal, y en caso de comparecencia voluntaria del rebelde, o que sea aprehendido y puesto a disposición de la autoridad, el proceso continúa dejándose sin efectos las órdenes e instrucciones dispuestas salvo las medidas cautelares de carácter real” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
El impetrante de tutela a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; ceñida en lo esencial a que, en la causa penal instaurada en su contra, por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la Fiscal de Materia codemandada no agotó los medios y recursos para dar con su paradero y citarlo formalmente a objeto que preste su declaración informativa, provocando que sea notificado por edictos. De otra parte, la Jueza demandada convalidó las irregularidades del Ministerio Público, sin advertir ni corregir los defectos en los que se incurrió; dictando en la audiencia de medidas cautelares de 26 de abril de 2022, Auto de declaratoria de rebeldía, expidiendo mandamiento de aprehensión, generando así que se halle en absoluto estado de indefensión, con el riesgo que se ejecute en cualquier momento el mandamiento de aprehensión librado en su contra. En ese contexto, se evidencia que, en la causa penal seguida por el Ministerio Público a denuncia de Franklin Muruchi Nina contra el demandante de tutela, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente; el 5 de noviembre de 2021, la Fiscal de Materia codemandada, presentó memorial ante la Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba -demandada-, imputando formalmente al mencionado, por el referido delito. Actuado notificado al señalado, a través de edicto el 23 de marzo de 2022. En forma posterior, en audiencia de aplicación de medidas cautelares realizada el 26 de abril de igual año, la Jueza demandada lo declaró rebelde, determinando se expida mandamiento de aprehensión, a objeto que sea conducido ante el representante del Ministerio Público que se encontraba a cargo de la investigación penal, previa publicación edictal. Por otra parte, se determinó su arraigo, la conservación de las actuaciones e instrumentos y piezas de convicción a cargo de la Fiscal de Materia codemandada, y se le designó como Defensora de Oficio, a la abogada Elena Aliendre Cabrera, a efectos que lo asista y represente con todos los poderes, facultades y recursos reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente. Decisión notificada a su vez al nombrado, el 4 de mayo de ese año, también por edicto; librando la autoridad judicial demandada, mandamiento de aprehensión, el 18 de igual mes y año -Conclusiones II.1 a II.5 del presente fallo constitucional-.
Ahora bien, se tiene que, mediante la presente acción de libertad, el peticionante de tutela requiere como primer punto, se dejen sin efecto todos los actos investigativos hasta el estado de ser notificado legalmente con la respectiva orden de citación, a fin que preste su declaración informativa y asuma plena defensa en el proceso; obviando así que, los actos e irregularidades en las que habría incurrido el Ministerio Público, se hallan sujetos a control jurisdiccional; por lo que, deben ser denunciados en la misma causa penal, a través de las vías de reclamo establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. No siendo viable, acudir de forma directa a esta acción de defensa, obviando que la subsidiariedad excepcional evita que se convierta en un medio alternativo o paralelo a la jurisdicción ordinaria -Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional-. De otro lado, al constar que, la Fiscal de Materia codemandada formuló acusación contra el accionante, con data de 17 de octubre de 2022 -Conclusión II.6 de este fallo constitucional-, habiendo sido notificado el mencionado con dicho actuado, así como con la radicatoria del proceso -de forma personal, según lo expuesto en la audiencia de garantías-; teniendo conocimiento indubitable del proceso penal instaurado en su contra, debió acudir ante el Tribunal de Sentencia Penal en el que radicó su proceso, denunciando todos los actos directamente impugnados en esta acción de defensa -atribuidos tanto a la Fiscal de Materia como a la Jueza, ambas demandadas-; compareciendo, asimismo, a fin que se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía dispuesta en su contra, en el marco de lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, no siendo la justicia constitucional la facultada para aquello, conforme requirió erróneamente. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, actuó de forma correcta, aunque en uso de la terminología correcta, debió aclarar que no se ingresó al análisis de fondo de la temática en cuestión.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 7 de enero, cursante de fs. 182 vta. a 189 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0615_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 86d3f1792d83309b6311ebd59b3d55dc2ae48a12337da695dbefe3ea124c14ba
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