Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, cuya denegatoria fue apelada. En ese contexto, el 7 de diciembre de 2022, presentó memorial requiriendo audiencia para la consideración de su situación jurídica y cesación de la detención preventiva; no obstante, hasta la fecha de interpuesta la acción tutelar, la parte demandada no remitió el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno.
Ante ello, la Secretaria codemandada señala que, el recurso de apelación incidental interpuesto contra el rechazo del procedimiento abreviado, junto con el cuaderno de control jurisdiccional -en obrados originales-, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por ello, no se remitió el referido cuaderno al juzgado de turno para que pueda responder a la solicitud de audiencia de consideración de situación jurídica y cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela. El Juez demandado no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 303/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, ordenando que las autoridades demandadas viabilicen la realización de la audiencia solicitada por el accionante, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del mismo ya se encuentre determinada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0615/2025-S2 Sucre, 16 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52721-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 303/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Oscar Ticona Laura contra Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez; y, Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 6, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Mediante Auto Interlocutorio 368/2022 de 14 de julio, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, dispuso su detención preventiva por el lapso de tres meses dentro del proceso que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. El 17 de octubre de 2022, solicitó la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo cual, el referido Juez señaló audiencia para el 22 de noviembre del mismo año; sin embargo, ante la suspensión de la misma, ésta recién se desarrolló el 2 de diciembre de igual año, oportunidad en la que se rechazó su solicitud. Posteriormente, mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, solicitó se disponga el señalamiento de día y hora para la celebración de audiencia de consideración de su situación jurídica y de su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, hasta la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar-, no se remitió el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno por vacaciones judiciales colectivas.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 22, 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno.
Celebrada la audiencia pública virtual el 22 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 43 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que, presentó recurso de apelación incidental ante el rechazo de su solicitud de procedimiento abreviado, solicitando que se remita el recurso de apelación ante el tribunal de alzada.
Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe escrito ni se conectó a la audiencia virtual, pese a su notificación cursante a fs. 8. Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, señaló lo siguiente: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, se realizó la audiencia de procedimiento abreviado el 2 de diciembre de 2022; en la misma, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental. Posteriormente, el 5 de igual mes y año, el Juez demandado dispuso la remisión del mismo para su resolución con el correspondiente sorteo y los obrados en originales, recayendo en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, siendo que ninguno de los sujetos procesales proporcionó fotocopias para conformar el legajo y enviarlo a la referida Sala Penal; b) El memorial presentado por el accionante fue respondido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del mismo departamento, ordenando que su persona informe por qué no se remitió el cuaderno de control jurisdiccional a su despacho; en ese marco, el 15 del mismo mes y año, a horas 9:00, se remitió vía WhatsApp un informe a dicha autoridad, señalando que el proceso fue remitido en obrados originales a la supra citada Sala Penal, lo que impidió la remisión del cuaderno de control jurisdiccional; y, c) Desconoce si se devolvió el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz. Ante las preguntas efectuadas por el Tribunal de garantías, la Secretaria codemandada señaló lo siguiente: 1) El cuaderno de control jurisdiccional, relativo a la apelación fue remitido junto con el Auto Interlocutorio 851 de 2 de diciembre de 2022; 2) Se remitió con oficio de recepción de 7 del mismo mes y año, haciendo conocer al juzgado de turno de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz; y, 3) El cuaderno de control jurisdiccional se remitió en originales a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del señalado departamento; 4) Se realizó la audiencia de procedimiento abreviado y no la de consideración de situación jurídica.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 303/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 44 a 46, concedió la tutela solicitada, disponiendo lo siguiente: i) Con relación al Juez demandado, tomando en cuenta que se encuentra de vacaciones, la situación jurídica del accionante deberá ser resuelta por el juzgado de turno, considerando los alcances del Auto Interlocutorio 368/2022; sin embargo, una vez devuelto el expediente, la autoridad demandada deberá asumir el control jurisdiccional del proceso; y, ii) Respecto a la Secretaria codemandada, que en el día remita los antecedentes relativos al Auto Interlocutorio 368/2022 al juzgado de turno, a efectos de que dicho juzgado resuelva la situación jurídica del impetrante de tutela, así como la solicitud de cesación a la detención preventiva; con base en los siguientes fundamentos: a) Con relación a la Secretaria codemandada, según el informe presentado, el 2 de diciembre de 2022 se celebró audiencia de procedimiento abreviado dentro del proceso penal promovido por el Ministerio Público contra el accionante, en la cual el Juez demandado dictó el Auto Interlocutorio 851/2022; ante ello, la defensa del impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental de manera inmediata en la misma audiencia, lo cual activó el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 405 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para la remisión de la impugnación al Tribunal Departamental de Justicia; sin embargo, la Secretaria codemandada informó que la remisión se efectuó recién el 7 de diciembre de 2022 a horas 8:40; es decir, cinco días después del plazo legal, dejando en evidencia el incumplimiento del plazo procesal; en ese contexto, dado que las solicitudes de procedimiento abreviado influyen directamente en la determinación de la situación jurídica de una persona detenida preventivamente, el incumplimiento de los plazos legales implica una afectación relevante al derecho al control judicial efectivo del peticionante de tutela; en consecuencia, la acción de libertad es viable respecto de la Secretaria codemandada por no remitir oportunamente el legajo de apelación; b) La Secretaria codemandada reconoció que conocía que la situación jurídica del imputado se encontraba pendiente de resolución y que la audiencia correspondiente estaba aún por señalarse; sin embargo, no cumplió con remitir las actuaciones al juez de turno en vacaciones antes del 5 del referido mes y año, tal como exigía la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 29 de noviembre; además, remitió los originales al Tribunal de alzada el 7 de diciembre de 2022, sin enviar previamente antecedentes sobre la medida cautelar al juzgado de turno; y, tampoco presentó documentación alguna que justificara la falta de copias o la ausencia de vales para fotocopias ni se acreditó que hubiera informado al Juez de control jurisdiccional sobre dicha situación; c) En cuanto al Juez demandado, la Secretaria codemandada era responsable de la tramitación y remisión de actuados, por lo que dichos aspectos no generaban legitimación pasiva respecto a la mencionada autoridad; y, d) En cuanto a la determinación de la situación jurídica del accionante, según el Auto Interlocutorio 368/2022, dicha audiencia debió realizarse el 14 de octubre de igual año, pero fue suspendida y nunca se efectivizó, lo que constituye una inobservancia al deber del juez de ejercer control jurisdiccional sobre la situación jurídica del detenido preventivo; en consecuencia, la acción de defensa es viable respecto del Juez demandado, únicamente en lo relativo a la falta de realización de la audiencia de medidas cautelares, pues esta omisión generó un perjuicio directo al derecho del impetrante de tutela a obtener un control judicial oportuno y efectivo sobre su detención preventiva. En vía de complementación y enmienda, el accionante, a través de su abogado, solicitó la aclaración de los siguientes aspectos: 1) Se requirió la intervención de su defensa técnica; sin embargo, la Secretaria codemandada reconoció que la situación jurídica del accionante aún se encontraba pendiente de resolución, evidenciándose que el Juez demandado no emitió pronunciamiento alguno hasta la fecha -se asume de la audiencia de garantías-; asimismo, la Secretaria tenía la obligación de coadyuvar en el control y recordatorio de los plazos procesales, por lo que pidió se aclare que ambas autoridades serían responsables del referido incumplimiento; 2) La Secretaria codemandada manifestó que el legajo de apelación fue remitido el 7 de diciembre de 2022, pese a que el recurso incidental fue interpuesto el 5 del mismo mes y año, acompañándose únicamente un informe y no así la hoja de remisión con el sello de recepción de las Salas Penales; 3) Habiéndose acreditado la interposición del recurso de apelación, se configuró un incumplimiento de deberes por parte del Juez demandado; 4) Se aclare el extremo referido a la situación jurídica del accionante y a la resolución a emitir por el juzgado de turno; y, 5) Requirió se ordene la entrega de copias legalizadas, en triple ejemplar, de todo lo obrado, así como la determinación de la responsabilidad de la parte demandada. Ante ello, el Tribunal de garantías manifestó lo siguiente: i) En relación con la eventual responsabilidad de los funcionarios demandados y el presunto incumplimiento de deberes, la resolución se encuentra sujeta a revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; en consecuencia, no correspondía en esa fase pronunciarse sobre responsabilidades; ii) Respecto a la documentación destinada a acreditar la remisión de actuados a las Salas Penales, la Secretaria codemandada remitió a secretaría la documentación pertinente, la cual sería agregada al expediente de la acción para su posterior revisión por este Tribunal; iii) Las partes pueden solicitar fotocopias simples cuando lo consideren necesario; iv) En lo relativo a la autoridad competente para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, dicha competencia correspondía al juzgado de turno, en virtud de que el Juez demandado se encontraba en periodo de vacación judicial; una vez concluido el receso, este último debe ejercer el control jurisdiccional que le compete; y, v) Las fotocopias requeridas sean elaboradas por secretaría del mismo Tribunal, conforme a lo solicitado por la parte interesada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 368/2022 de 14 de julio, Lucio Fermín Flores Alarcón, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz -demandado-, dispuso la detención preventiva de Oscar Ticona Laura -accionante- (fs. 36 a 41). II.2. A través de memorial presentado el 7 de diciembre 2022, el impetrante de tutela solicitó al Juez demandado señale audiencia de consideración de su situación jurídica y cesación a la detención preventiva (fs. 35 y vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; puesto que, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado, cuya denegatoria fue apelada. En ese contexto, el 7 de diciembre de 2022, presentó memorial requiriendo audiencia para la consideración de su situación jurídica y cesación de la detención preventiva; no obstante, hasta la fecha de interpuesta la acción tutelar, la parte demandada no remitió el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de turno.
Ante ello, la Secretaria codemandada señala que, el recurso de apelación incidental interpuesto contra el rechazo del procedimiento abreviado, junto con el cuaderno de control jurisdiccional -en obrados originales-, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por ello, no se remitió el referido cuaderno al juzgado de turno para que pueda responder a la solicitud de audiencia de consideración de situación jurídica y cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela. El Juez demandado no asistió a la audiencia de garantías ni presentó informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Este entendimiento tiene relación con la celeridad, como uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178 de la CPE, que, conforme al entendimiento asumido en la SCP 0023/2013 de 4 de enero: “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (las negrillas nos corresponden).
Conforme se tiene de antecedentes, el 17 de octubre de 2022, el accionante solicitó la aplicación de procedimiento abreviado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, causa por la cual se encontraba con detención preventiva. En atención a dicha solicitud, el 2 de diciembre del mismo año se llevó a cabo la audiencia respectiva; sin embargo, en dicha oportunidad, el Juez demandado rechazó la solicitud. Ante tal determinación, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental de manera oral en audiencia, en cuyo caso, conforme al art. 405 del CPP, correspondía a la autoridad jurisdiccional remitir las actuaciones procesales al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dentro del plazo de veinticuatro horas, para su conocimiento y resolución. No obstante, se evidencia que dicha remisión fue realizada recién el 7 de diciembre de 2022 y, además, con los actuados originales. Ese mismo día, el peticionante de tutela presentó memorial solicitando el señalamiento de audiencia para la consideración de su situación jurídica y cesación de la detención preventiva. En ese contexto, se advierte que, durante la audiencia de esta acción tutelar, la Secretaria codemandada manifestó que no disponía con fotocopias para legalizar los actuados; sin embargo, dicho personal de apoyo tenía pleno conocimiento de que, al 7 de diciembre de 2022, existían dos pretensiones pendientes de resolución: por una parte, el recurso de apelación incidental interpuesto contra la negativa a la aplicación del procedimiento abreviado; y, por otra, la solicitud de audiencia para la consideración de la situación jurídica y cesación a la detención preventiva del accionante. A pesar de ello, la Secretaria codemandada únicamente dio curso a la primera de las pretensiones, remitiendo los obrados originales a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Dicha actuación se circunscribía al recurso de apelación interpuesto contra la negativa de aplicación del procedimiento abreviado, aspecto que no guarda una relación directa e inmediata con el derecho a la libertad del imputado, motivo por el cual no resulta susceptible de tutela mediante la presente acción de libertad. En cambio, respecto a la segunda pretensión -referida al señalamiento de audiencia para la consideración de la situación jurídica y cesación a la detención preventiva del accionante-, la Secretaria codemandada omitió remitir el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, autoridad judicial de turno competente para conocer dicha petición; extremo que también fue de pleno conocimiento del Juez demandado, quien suscribió el oficio de remisión correspondiente. Bajo esa comprensión, al no remitir los antecedentes necesarios, existiendo una solicitud de cesación a la detención preventiva pendiente de resolución, en efecto, provocaron una dilación indebida en la tramitación de la solicitud vinculada directamente con el derecho a la libertad del accionante. En consecuencia, la remisión de originales al Tribunal ad quem, no solo inviabilizaba posteriores solicitudes concernientes al trámite de la causa, menoscabando el control jurisdiccional de la causa -máxime cuando los demandados conocían de solicitudes pendientes-, sino que, incluso una vez remitido los antecedentes originales al Tribunal ad quem, no se consideró cómo resolver el conflicto; por ejemplo, poniendo en conocimiento del juez de turno a efectos de que él mismo trámite el préstamo del expediente, viabilizando de esa manera la solicitud; aspecto que se omitió, impidiendo el pronunciamiento oportuno sobre una cuestión directamente vinculada con la libertad física del impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela constitucional solicitada en la presente acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 303/2022 de 22 de diciembre, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela impetrada, ordenando que las autoridades demandadas viabilicen la realización de la audiencia solicitada por el accionante, salvo que, por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del mismo ya se encuentre determinada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0615_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ce6de4ee9b94aa703cc2ec7d6d0c4871c15f98a78ce51bcd142c2d5c04757637
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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