Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023
Deniega la tutela
El solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos, fundamentación y motivación vinculado con su derecho a la libertad, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, habiendo emitido el Auto de Vista de 11 de abril de 2022, que confirmó la Resolución de 29 de marzo del mismo año, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no motivó ni fundamentó de manera suficiente su decisión de mantener la fianza económica que le fue impuesta de Bs20 000.-, alegando que dicho monto es de imposible cumplimiento. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 100 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0615/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47043-2022-95-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 004/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 100 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edelfrida Maldonado Vargas contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 11 de abril de 2022, cursante de fs. 7 a 15, la accionante, manifestó lo siguiente:
Siendo procesada por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, y en razón de que el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, en audiencia de 29 de marzo de 2022, aceptó de manera parcial su solicitud de modificación de medidas cautelares rebajando la fianza impuesta de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos) a Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), y siendo este monto económico de difícil cumplimiento, interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la hoy autoridad demandada, quien mediante Auto de Vista de 11 de abril de 2022, declaró improcedente su impugnación manteniendo el referido monto como fianza económica, aspecto que alegó lesiona sus derechos fundamentales.
La accionante denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, vinculado con su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 23.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; por consiguiente, se deje sin efecto el Auto de Vista de 11 de abril de 2022; y en consecuencia, se emita una nueva Resolución en estricta observancia de los parámetros establecidos por el Tribunal de garantías.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de abril de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 98 a 99, presente la parte accionante y la tercera interviniente y ausente la autoridad jurisdiccional demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en audiencia tutelar, en que, la fianza económica debe contemplar la situación del imputado, conforme establece el art. 241 del Código de Procedimiento Penal (CPP); así como, la jurisprudencia constitucional, aspecto que no ha ocurrido en su caso, imponiéndole un monto económico de imposible cumplimiento.
Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 12 de abril de 2022, cursante de fs. 37 a 38, señaló que: a) Ante la denuncia de una presunta interpretación errónea en la aplicación de medidas sustitutivas, es preciso recordar que la jurisprudencia constitucional, ha determinado que la interpretación de la legalidad ordinaria se encuentra encomendada a la jurisdicción ordinaria; y para que esta labor, sea suplida por la jurisdicción constitucional, la parte accionante debe identificar de forma clara y coherente los criterios o reglas de interpretación utilizados por el intérprete de la legalidad ordinaria, precisar el principio constitucional o el elemento del debido proceso que se considera vulnerado, y establecer el nexo de causalidad entre ambos; b) La decisión asumida en el Auto de Vista de 11 de abril de 2022, que hoy es cuestionada, respondió a todos los agravios planteados por la impetrante de tutela, precisándose que para la modificación de la fianza económica es la parte solicitante quien, debe acompañar la documentación que sea conducente a aceptar su pretensión, situación que no sucedió en este caso; c) La fianza económica se la impone en consideración de cada caso concreto, y el hecho de que la accionante no cuente con bienes registrados a su nombre, no implica que la misma no pueda cumplir con la fianza que le fue impuesta, pues la misma, puede ser oblada incluso por terceras personas; y, d) Las medidas cautelares tienen la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso, en este caso, una investigación por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, y a cuya víctima se le hubiere cercenado la lengua.
Dilma Morochi Soto, en su condición de víctima por el presunto delito de lesiones gravísimas, en audiencia de esta acción de defensa, refirió que, lo alegado por la parte impetrante de tutela no tiene sustento, pues la fianza económica que le fue impuesta incluso puede ser pagada por terceras personas; por lo cual, no se advierte ninguna lesión de derechos fundamentales.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 004/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 100 a 103 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Toda vulneración del derecho al debido proceso, puede ser tutelado a través de la acción de libertad, siempre y cuando se demuestre que la acción u omisión que lesiona el citado derecho se encuentre vinculada con el derecho a la libertad; 2) Las alegaciones planteadas por la accionante son conducentes a analizar si el debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, fueron supuestamente desconocidos por la autoridad demandada, al existir una vinculación con la libertad pues se trata de una resolución de medidas cautelares; 3) Según establece la jurisprudencia constitucional, para una modificación del monto determinado como fianza económica, el imputado debe acreditar que se halla en una completa insolvencia, no siendo suficiente demostrar que no cuente con bienes registrados a su nombre; 4) Al momento de acreditar el elemento domicilio, la impetrante de tutela precisó que éste se encuentra en la propiedad de su suegro, y siendo que la normativa y la jurispericia señalan que, la fianza económica puede ser cumplida por terceros, la misma bien podía ser oblada, por el padre de su actual pareja, no siendo evidente lo que refirió la imputada, respecto a que, no existen terceras personas que puedan apoyarla para el cumplimiento de la medida impuesta; 5) La jurisprudencia constitucional en cuanto a la fundamentación y motivación en las resoluciones jurisdiccionales, ha señalado, que la misma no implica la redacción exagerada y abundante de consideraciones o citas legales, pues sólo se exige que exista la exposición de razones claras y coherentes que funden la decisión final; y, 6) Haciendo una diferenciación entre demostrar que no se cuenta con bienes registrados a su nombre y demostrar encontrarse en una imposibilidad de pagar la fianza económica incluso por medio de terceras personas; por lo que, la autoridad demandada efectuó una suficiente fundamentación y motivación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2021, emitido por Melvy Judith Camacho Guzmán, Jueza Pública Mixta de Familia e Instrucción Penal Primera de Vinto del departamento de Cochabamba; por el que, dispuso la detención preventiva de Edelfrida Maldonado Vargas, por el lapso de cinco meses dentro del proceso penal por el cual es investigada por el presunto delito de lesiones gravísimas (fs. 46 vta. a 49). II.2. Por Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2022, emitido por Carla Azucena Antequera Rocha, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primera de Sipe Sipe del departamento de Cochabamba, en análisis del cumplimiento de la detención preventiva dispuesta el 17 de agosto de 2021, determinó en favor de la hoy accionante la cesación a la detención preventiva, sustituyendo la misma por las siguientes medidas de carácter personal: i) Obligación de presentarse en la Fiscalía cada lunes a firmar el libro de presentaciones; ii) Prohibición de concurrir a lugares donde se efectúa la investigación y amenazar a la víctima, testigos y peritos que formen parte de la investigación; iii) Fianza económica de Bs30 000.-; y, iv) Arraigo departamental (fs. 52 a 54 vta.). II.3. Cursa Auto de Vista de 3 de marzo de 2022, emitido por Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por el cual declaró improcedente la apelación formulada por la impetrante de tutela al Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2022; por lo tanto, fue desestimada su solicitud de que se rebaje la fianza económica de Bs30 000.- a Bs2 000.- (fs. 56 a 58 vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 22 de marzo de 2022, Edelfrida Maldonado Vargas, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, señalamiento de audiencia de modificación de medidas cautelares (fs. 59 y vta.). II.5. Por Resolución de 29 de marzo de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, aceptó la solicitud de modificación de medidas cautelares impetrado por la accionante, “…únicamente en cuanto al punto 3) del Auto de fecha de 18 de febrero de 2022.-Rebajándose de la suma de 30.000Bs. A la suma de 20.000 Bs.” (sic [fs. 88 a 89]). II.6. Se tiene Auto de Vista de 11 de abril de 2022, emitido por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; a través del cual, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por la impetrante de tutela contra la Resolución de 29 de marzo de 2022, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del mismo departamento (fs. 94 a 96).
El solicitante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos, fundamentación y motivación vinculado con su derecho a la libertad, en mérito a que la autoridad jurisdiccional demandada, habiendo emitido el Auto de Vista de 11 de abril de 2022, que confirmó la Resolución de 29 de marzo del mismo año, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no motivó ni fundamentó de manera suficiente su decisión de mantener la fianza económica que le fue impuesta de Bs20 000.-, alegando que dicho monto es de imposible cumplimiento. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre lo señalado la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio, sostuvo que: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, «…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…». (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’. Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso” (las negrillas nos pertenecen).
Al respecto la SCP 0949/2022-S4 de 1 de agosto, sostuvo que: “A efecto de establecer los alcances de la medida cautelar personal de fianza económica o personal, es necesario tomar en cuenta las modificaciones insertas en el Código de Procedimiento Penal por las Leyes 1173 (Ley de abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres) y Ley 1226: Así, el art. 231 bis, establece los presupuestos procesales que se deben considerar para la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares personales, conforme se advierte a continuación: ‘I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes: 1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe; 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal; 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares; 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, o constitución de prenda o hipoteca; 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física, sin costo para éste; 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes; 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; y, 10. Detención preventiva únicamente en los casos permitidos por este Código.
gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9 del Parágrafo precedente. III. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar.
Artículo, la jueza, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva, cuando ésta sea permitida por este Código. V. La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad’. De manera concreta, el art. 241 del Código en estudio, sobre la fianza establece lo siguiente: ‘(Finalidad y determinación de la fianza). La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal. La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente, previa autorización del juez o tribunal’. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0017/2021- S4 de 9 de marzo, respecto al instituto de la fianza real que puede también constituirse en dinero, estableció los siguientes razonamientos, perfectamente aplicables a la normativa adjetiva penal con las modificaciones insertadas por las Leyes 1173 y 1226: ‘En relación a esta medida –fianza real- dispuesta por la autoridad jurisdiccional, la SC 0760/2012 de 13 de agosto, sostuvo que: ʽ…la fianza real se constituye con bienes inmuebles o muebles, dinero o valores que por su sentido teleológico tiene la finalidad de asegurar que el imputado o el procesado cumplirán las obligaciones impuestas y las órdenes del Juez o Tribunal y de esta forma asegurar los fines del proceso penal y la eficacia de la persecución penal; así también el legislador aclaró que en ningún momento se fijará una fianza que sea de imposible cumplimiento; por tanto, si se ofrecen bienes inmuebles, propios o de un tercero, se exigirá el título de propiedad, avalúo catastral y certificado de registro correspondiente para demostrar que no pesa sobre ellos ningún gravamen, o que estando gravado constituye suficiente garantía, siendo necesaria la conformidad del propietario; así también, tratándose de bienes muebles o joyas, se acreditará su valor mediante pericia, el juez o tribunal verificará su autenticidad y veracidad de esta operación y designará el depositario correspondiente; tratándose de bienes sujetos a registro, el gravamen deberá inscribirse, debiendo los funcionarios encargados dar prelación a la inscripción, efectuándola a la presentación del documento, bajo su responsabilidad dentro del término de veinticuatro horas como establece la norma. En este sentido, tenemos que la fianza real, efectivamente es una medida cautelar de carácter temporal de índole coercitivo, es decir, se constituye en una restricción a derechos personales o patrimoniales impuestos en la realización penal para obtener o asegurar los fines del proceso penal, constituyéndose en una herramienta necesaria para auxiliar al Ministerio Público, cuando no corresponde la detención preventiva. Sin embargo, a la luz de los valores y principios de la Constitución que irradian en nuestro ordenamiento jurídico, en el marco previsto por los arts. 7 y 221 del CPP, su aplicación deberá efectuarse con criterio restrictivo y cumpliendo con las condiciones de validez legal previstas por las normas procesales respectivas. Empero, una vez aplicada la medida en el marco referido, su cumplimiento es obligatorio para el imputado o procesado a quien se impone ésta medida'” (las negrillas son nuestras).
En análisis de lo denunciado por la hoy accionante, de las Conclusiones II.1., II.2. y II.3. de este fallo constitucional, se hace evidente que Edelfrida Maldonado Vargas, se encuentra investigada por el presunto delito de lesiones gravísimas; por lo que, mediante Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2021, se dispuso su detención preventiva por cinco meses; ante el cumplimiento de este plazo, por Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2022, la autoridad de control jurisdiccional, determinó la cesación de su detención preventiva, imponiéndole medidas de carácter personal, entre ellas, una fianza económica de Bs30 000.-, decisión que siendo apelada fue declarada improcedente mediante Auto de Vista de 3 de marzo de 2022; por lo tanto, manteniéndose el monto de la señalada fianza. Inconforme con el monto dispuesto como fianza económica, por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, la impetrante de tutela solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, modificación de las medidas de carácter personal, lo que mereció Resolución de 29 de marzo de 2022, por la cual, únicamente se rebajó el monto de la fianza económica de Bs30 000.- a Bs20 000.-; considerando que el nuevo monto establecido siguió siendo de imposible cumplimiento, interpuso contra dicha decisión, recurso de apelación, mismo que fue resuelto por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –hoy autoridad jurisdiccional demandada–, quien por Auto de Vista de 11 de abril de 2022, declaró su pretensión improcedente (Conclusiones II.4., II.5. y II.6.), Resolución que cuestiona pues señala que la misma carece de fundamentación y motivación; por tal razón, interpuso la presente acción de libertad. En el memorial presentado al efecto, la impetrante de tutela alude una falta de fundamentación y motivación en el citado Auto de Vista, lo cual lesiona su derecho al debido proceso vinculado con su libertad, ante la imposibilidad de cumplir la fianza económica lo que conlleva a la imposibilidad también de recobrar su libertad; en ese contexto, respecto a la importancia de estos dos elementos del debido proceso –fundamentación y motivación–, en las resoluciones judiciales, del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que, toda autoridad jurisdiccional, y en particular aquellas que resuelvan la situación jurídica de personas privadas de libertad, deben ineludiblemente fundamentar de manera suficiente la decisión asumida; es decir, que de manera imperiosa deben exponer los hechos, realizar una fundamentación legal y citar las normas que sustentan su determinación, de forma tal que el justiciable al momento de conocer la decisión lea, comprenda y asuma que no existía otra manera de resolver su solicitud. Por otro lado, la motivación no implica la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo, la misma que puede ser concisa pero clara y que debe satisfacer todos los puntos demandados. En el presente caso, corresponde entonces remitirnos al contenido del Auto de Vista de 11 de abril de 2022, emitido por la ahora autoridad jurisdiccional demandada; a fines de verificar si en efecto dicho Auto de Vista carece de los elementos del debido proceso antes señalados, y si esta omisión implica de manera directa la imposibilidad de que Edelfrida Maldonado Vargas recobre su libertad, ante la cesación de su detención preventiva dispuesta y el cumplimiento, en particular de la fianza económica. Del análisis del Auto de Vista cuestionado, se tiene que, la solicitante de tutela señala como agravios, que: a) Se ha vulnerado el principio de igualdad de las partes, pues al coimputado –Ciro Fernando Ibáñez Barroso– , quien demostró tener actividad laboral como albañil, se le impuso una fianza económica de Bs15 000.- (quince mil bolivianos); empero, a su persona, que demostró contar con actividad como ama de casa, inicialmente le impusieron una fianza económica de Bs30 000.- que luego fue rebajada a Bs20 000.-; b) El Juez a quo, inicialmente señala que la imputada no cuenta con recursos económicos, al haber demostrado que no tiene bienes registrados a su nombre, pero concluye señalando que la misma no habría demostrado encontrarse en extrema pobreza; por lo cual, existe una incongruencia en lo expresado con lo resuelto; y, c) El Juez de primera instancia no valoró la prueba presentada para demostrar que, la imputada tiene como actividad la de labores de casa; por lo cual, se le hace imposible cubrir con la fianza impuesta; por informe social y prueba testifical se ha demostrado que la imputada no cuenta con terceras personas que puedan cubrir la fianza económica, ya que sus hijos tienen ocho, dieciséis, dieciocho y veintitrés años; debido a lo cual, son personas insolventes. Ahora bien, la autoridad demandada en resolución de la apelación planteada sostuvo: 1) En relación al primer agravio, referido a la lesión del principio de igualdad de las partes, conforme establece el art. 231 bis. del CPP, la finalidad esencial de las medidas cautelares, es garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso y que éste se someta a la ley; por consiguiente, el imputando que pretenda la modificación de una medida de carácter personal, tiene también la obligación de presentar la prueba pertinente al efecto de su solicitud; por otro lado, en alusión a los argumentos vertidos en el Auto de Vista de 3 de marzo de 2022, sostuvo que, “…la actividad laboral que desempeña la imputada de labores de casa, no es un parámetro único y absoluto para establecer el monto económico en calidad de fianza a ser efectivizada por la imputada, por cuanto la situación patrimonial no está supeditada exclusivamente a la actividad laboral que una persona pueda realizar en un determinado tiempo” (sic), en cuanto a la lesión del principio de igualdad, también haciendo alusión a que este aspecto ya fue resuelto por Auto de Vista de 3 de marzo de 2022, sostuvo que, “…la situación personal de cada uno de los imputados en el tema económico puede diferir sustancialmente y en razón a esa situación particular de cada uno de ellos, es obligación de la autoridad analizar de manera particular esos aspectos que rodean el tema económico de cada sindicado, por ello, no puede en tanto y cuanto no se demuestre que están en la misma situación de precariedad o de solvencia asumir una aparente vulneración a este principio de igualdad” (sic); y, 2) Respecto al segundo y tercer agravio, referido a que existe una incongruencia en la decisión del Juez a quo, pues inicialmente señala que la imputada ha demostrado no contar con bienes registrados a su nombre, pero posteriormente concluye estableciendo que la misma no demostró encontrarse en extrema pobreza, y que no ha valorado la prueba aportada para demostrar que la imputada no cuenta bienes registrados a su nombre, recursos económicos, ni terceras personas que puedan pagar su fianza económica; la autoridad demandada sostuvo, si bien se presentó formulario de Derechos Reales (DD.RR.) de no tener registro de inmuebles a su nombre; Certificación de Tránsito de no contar con vehículos a su nombre; Certificación de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (COMTECO) de no contar con acciones a su nombre; y, extracto de una cuenta bancaria de PRODEM, en la cual se advierte que sólo cuenta con Bs75.- (setenta y cinco bolivianos), ello demuestra solamente que no cuenta con bienes sujetos a registro y una posibilidad de que no cuente con recursos económicos, mas ello no demuestra una absoluta insolvencia, “…en ese razonamiento no se observa que haya una incongruencia, una cosa es demostrar una aparente falta de bienes sujetos a registro y otra cosa es demostrar que la persona está en absoluta insolvencia” (sic); aspecto que se encuentra establecido en la SCP 0807/2020-S3 de 16 de noviembre, al sostener que, para llegar a la conclusión de una absoluta insolvencia es necesario que el procesado demuestre fehacientemente con prueba idónea que no puede por ningún medio oblar la fianza económica por sí, ni por medio de terceros, pues solo ante esta circunstancia puede modificarse la referida medida; por otro lado, advirtió, que para los fines de acreditar domicilio, la imputada indicó que residen en “Monte Cato”, y coincidentemente el coimputado, que por el informe social es además el concubino de ésta, también tiene su domicilio en la misma comunidad, el cual sería de su padre; por lo tanto, es inadmisible que para acreditar domicilio se use el del conviviente, y para cumplir con la fianza económica se diga que no se cuenta con terceras personas que puedan oblar la fianza, pues el art. 244 del CPP, instituye que no necesariamente debe ser efectivizada la fianza con bienes propios del imputado sino también a través de bienes de terceros. En este contexto, este Tribunal respecto al primer agravio planteado, referido a que se hubiera vulnerado el principio de igualdad de las partes, al disponer para un imputado una fianza económica menor –Bs15 000– y a la accionante coimputada, una fianza mayor –Bs20 000–, la autoridad demandada, resolvió que, conforme establece el art. 231 bis. del CPP, era una obligación de la imputada aportar la prueba pertinente para la procedencia de la modificación de las medidas de carácter personal que le fueron impuestas, en ese entendido, la actividad laboral de ambos imputados no puede considerarse un único parámetro para determinar el monto económico de la fianza, por cuanto la situación patrimonial no está supeditada exclusivamente a la actividad laboral, pues consideró que, la situación particular de los imputados, en lo que respecta a lo económico, puede diferir sustancialmente; por lo que, obliga a la autoridad jurisdiccional a analizar de manera particular cada caso, no pudiendo asumir una misma situación de precariedad o de solvencia; en tal sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera suficiente la fundamentación y motivación expuestas en la resolución de este primer agravio, pues en esencia, cada persona que intente la modificación de las medidas de carácter personal, debe presentar la prueba necesaria, no pudiendo subsumirse únicamente a la actividad laboral de las partes, y en cuanto al principio de igualdad, efectivamente, la fianza económica debe ser impuesta, en análisis individual de los imputados, y no bajo una misma lógica o parámetro, sino en análisis de cada caso concreto y situación económica particular. Con relación al segundo y tercer agravio que fueron respondidos de manera conjunta, referidos a que, el Juez a quo primero establece que la impetrante de tutela no cuenta con recursos económicos al haber demostrado que no tiene bienes registrados a su nombre, y que, la misma autoridad jurisdiccional no valoró los documentos que acreditan la inexistencia de bienes registrados a su nombre y un informe social que determina que no cuenta con familiares con solvencia; la autoridad demandada señaló que es evidente que la accionante, no cuenta con recursos económicos o bienes registrados a su nombre, conforme se tiene de la documentación desglosada; empero, ello no demuestra que la misma sea completamente insolvente, ya que la fianza económica conforme dispone el art. 244 del CPP y la SCP 0807/2020, puede ser pagada por terceras personas, con lo cual no advirtió ninguna incongruencia; en ese mismo sentido, sostuvo que el informe social, refiere que la imputada no cuenta con familiares solventes para cubrir la citada fianza económica; sin embargo, si se toma en cuenta que, el coimputado es su pareja, y que ambos usaron el domicilio del padre de éste para desvirtuar el riesgo procesal fuga; el dueño del inmueble, quien tiene un vínculo con la hoy accionante podría pagar la señalada fianza, aspecto que no desvirtuó en su momento, no siendo posible que con un fin –acreditar un domicilio–, se use el domicilio del padre de su pareja, y con otro fin –demostrar solvencia– se ignore mencionar dicha relación y bien. En ese contexto, respecto al segundo y tercer agravio, este Tribunal considera que fueron respondidos con una adecuada y debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad demandada, analizó la documentación presentada, señalando que la misma si bien prueba que la accionante no cuenta con recursos económicos y bienes registrados a su nombre; empero, ésta no demostró no contar con terceras personas que puedan oblar la fianza a su nombre, concretamente refiriéndose al padre de su pareja en cuya casa la solicitante de tutela tiene su domicilio principal y que fue usado para demostrar contar con dicho arraigo natural. En tal sentido, si se considera que, la fianza económica es una medida cautelar que tiene por finalidad garantizar la presencia del imputado en el proceso, sobre quien existen suficientes elementos de convicción que permite sostener que es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; por lo que, se activará siempre que exista peligro de fuga y obstaculización, en sustitución de la detención preventiva, y que la misma puede ser pagada por el propio imputado o por otra persona a su nombre (Fundamento Jurídico III.2.), no se advierte que la decisión de la autoridad demandada, responda a fundamentos arbitrarios o apartados de la ley; por lo tanto, tampoco se advierte la lesión de los derechos invocados; por consiguiente, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 004/2022 de 12 de abril, cursante de fs. 100 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0615_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 69dc3fd1856a899fc0e05270a4773e1249c136c4db7e60ea69897cb3831a7946
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