B.IA.LEGAL

SCP 0613/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 27 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
27 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
56939-2023-114-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada, en virtud a que la Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, -ahora demandada-, no le permite el fraccionamiento y venta de ciento ochenta y cinco nichos y doscientos un sarcófagos que se encuentran en el mausoleo de su propiedad, dado que, mediante RA 076/2022, se prohibió la venta individual de nichos dentro de los mausoleos familiares, medida que carece de legalidad y que la considera como una medida de hecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 133/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 252 a 258, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho
  2. III.2. Regla general que debe ser cumplida por el impetrante de tutela, respecto a medidas denunciadas como vías de hecho a través de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. Los hechos controvertidos no pueden ser dilucidados por la justicia constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2026-S3 Sucre, 27 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 56939-2023-114-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 133/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 252 a 258, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ariel Fernando Iturri Gironda en representación legal de Federico Fernando Arana Sanjinés contra Erika Patricia Endara Franco, Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 de mayo de 2023 y 2 de junio del mismo año, cursantes de fs. 36 a 43 vta. y 67 a 74 vta., respectivamente, el accionante a través de su representante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Escritura Pública de Transferencia 037/2004 de 19 de mayo, adquirió de Yolanda Julia Luque, un mausoleo con una superficie de 69,12 m² en el cementerio de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, siendo registrado como su propiedad en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matricula Computarizada 2.01.0.99.0058834. En ejercicio de su derecho propietario, mediante Memorándum GAMLP/EDMCLP/MANT/JCV 020/2019 de 24 de diciembre, le fue autorizada la refacción y el mantenimiento de su Mausoleo. Posteriormente, el 3 de agosto de 2020, realizó la solicitud de fraccionamiento de su Mausoleo; el cual, le fue negado, mediante CITE: GAMLP/EDMCLP/DGE 109/2020 de 17 de septiembre, bajo el argumento de que existía un descenso en casos de muerte por COVID-19, y que el mausoleo podía ser utilizado por su núcleo familiar hasta el cuarto grado en línea directa o colateral. Luego se emitió el Informe GAMLP/SMCT/DFPDCP/UPC 152/2022 de 10 de mayo; por el cual, la Unidad de Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz, certificó que su mausoleo "...NO ES DE VALOR PATRIMONIAL" (sic); ante esa respuesta, solicitó el 25 de mayo de 2022, el fraccionamiento de su mausoleo; empero, la ahora Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, -ahora demandada-, mediante Resolución Administrativa (RA) 076/2022 de 13 de junio, rechazó su solicitud; aspecto que, denunció como lesivo a sus derechos; ya que, se le priva, restringe y suprime el derecho constitucional de ejercer plenamente su propiedad privada. Tal restricción de poder realizar la transferencia individual de los ciento ochenta y cinco nichos y doscientos un sarcófagos que adquirió el 19 de mayo de 2004, y que consolidó su derecho propietario al inscribir conforme corresponde, en oficinas de DD.RR, y se limite tal derecho con una normativa emitida a través de la RA 076/2022, la consideró como una medida de hecho; ya que, esta no puede limitar el derecho propietario reconocido y protegido por la Constitución Política del Estado, e implica que no se aplique en su caso el principio de la subsidiariedad, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 56.1 y 11 de la Constitución Política del Estado (CPE); 17.1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene a la funcionaria municipal demandada, modificar la RA 076/2022, y autorizar la trasferencia individual de cada nicho en el mausoleo de su propiedad, debiendo generar todos los mecanismos administrativos que permite ejercer el derecho a la propiedad y pueda disponer individualmente de cada nicho en venta, garantizando su derecho propietario.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de junio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 242 a 251 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su demanda de acción tutelar y ampliando manifestó que: a) Mediante nota de 25 de mayo de 2022, solicitó el fraccionamiento de su mausoleo; sin embargo, inicialmente no obtuvo respuesta alguna, y que luego la Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz emitió la RA 076/2022; en la cual, de manera ilegal se prohíbe la transferencia y fraccionamiento de los mausoleos que se encuentran en el Cementerio General de La Paz; b) Asimismo, al constituirse ésta Resolución como un acto continuo que lesionó su derecho a la propiedad, no es aplicable al caso el principio de inmediatez.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Erika Patricia Endara Franco, Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, representada por Fanny Valentina Sánchez Velasco, Máxima del Carmen Alanes Molina y Raúl Alejandro Carrasco Bernal, acreditados por Testimonio 012/2022, cursante de fs. 83 a 85 vta., y 104/2022, cursante de fs. 88 a 90, por memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 233 a 241 vta., informó que: 1) El mausoleo Eternidad, con una superficie de 69,12 m² perteneció inicialmente a César Reyes Ortiz, desde el 10 de junio de 1943, pasando a sus herederas el año 1984, y el año 1991 a Yolanda Julio Luque, quien transfirió este mausoleo al hoy accionante el 19 de mayo de 2004; 2) Mediante Informe Legal 034/02 de 26 de noviembre de 2002, emitido por el Director Jurídico del GAM de La Paz, se hizo conocer que solo se aprobó la trasferencia a Yolanda Julia Luque una superficie de 69,12 m²; no obstante, la trasferencia se la realizó sobre una superficie de 74,96 m²; 3) Mediante Informe Legal UMD-CG 21/07 de 24 de julio de 2007, se hizo conocer que respecto a la transferencia de Yolanda Julia Luque al hoy accionante: 3.i) Solo procede la transferencia de la construcción; 3.ii) No se conoce el precio de la transferencia; 3.iii) No ha existido una autorización de enajenación de bienes municipales; 3.iv) La Resolución Municipal 55 de 10 de junio de 1943, únicamente autorizó la transferencia de 36 m², y no de 132,81 m²; 3.v) La normativa aplicable al caso estable que no se puede modificar la naturaleza jurídica del mausoleo familiar; 3.vi) No procede el cambio del nombre mientras no se regularice; 3.vii) Se debe tramitar la nulidad de la escritura pública; y, 3.viii) No procede la reversión, porque no existe evidencia de pago que sustente la compensación; 4) Mediante Ordenanza Municipal 005/91, se declaró al Cementerio General Patrimonio Histórico de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, no pudiendo por normativa constitucional y legal, ser objeto de comercio; 5) El Reglamento General de Cementerios de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, aprobado mediante Resolución de Directorio 05/2023 de 28 de abril, en su art. 24, prohíbe el fraccionamiento de mausoleos familiares; 6) Siendo que, mediante Folio Real 2.01.0.99.0132024 se acredita en favor del GAM de La Paz, una extensión superficial de 25 000 m², toda división interna no es susceptible de venta o transferencia alguna; 7) La RA 076/2022 de 13 de junio, que hoy es cuestionada por esta acción de amparo constitucional, ya no se encuentra vigente; pues, la misma fue abrogada por la Resolución de Directorio (RD) 05/2023 de 28 de abril, y sobre dicha Resolución el accionante pretende que se efectúe un control de constitucionalidad normativo mediante esta acción de defensa; 8) Federico Fernando Arana Sanjinés -hoy accionante-, solicitó mediante nota signada con Hoja de Ruta 42989, la venta de nichos y sarcófagos; por lo cual, mediante nota CITE: CAMLP/DEESP/EDMCLP/AL/SVM 32/2021, se le comunicó que se encuentra prohibida la venta de los derechos de uso, posteriormente solicitó el fraccionamiento de su mausoleo, pretensión que fue respondida mediante nota CITE: GAMLP/EDMCLP/DGE 109/2020 de 17 de septiembre; por la cual, se le indicó de que tratándose de un mausoleo familiar, el fraccionamiento no es posible, desde esa fecha el accionante tenía seis meses para interponer la acción de amparo constitucional, si este creía que dicha respuesta lesionaba sus derechos, aspecto que no ha ocurrido; por lo que, se debe denegar la tutela solicitada por el incumplimiento al principio de inmediatez; pues, no se debe considerar la nota de 25 de mayo de 2022, que presentó solicitando una certificación patrimonial; y no así, el fraccionamiento que antes había sido impetrado; y, 9) Siendo que el impetrante de tutela cuestiona la RA 076/2022, que no se encuentra vigente; empero, advirtiendo el contenido de esta acción, se advierte que su pretensión parece ser un control normativo, por lo que se advierte que este debió activar la acción de inconstitucionalidad abstracta, al no haberlo hecho, en aplicación del principio de subsidiariedad se debe denegar la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por Resolución 133/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 252 a 258, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que: La funcionaria municipal demandada, permita el ejercicio del derecho de propiedad sobre el mausoleo registrado bajo Folio Real 2.01.0.99.0058834 vigente del Sector 3 del Cementerio General sobre una superficie de 69,12 m² y esta previsión conlleve la aplicación de la norma vigente para el ejercicio del derecho de propiedad; se deniega en relación a la solicitud de dejar sin efecto la reglamentación conforme a los siguientes fundamentos: a) El principio de inmediatez y subsidiariedad, no son exigidos en su cumplimiento dentro de una acción de amparo constitucional, cuando existen medidas de hecho que subsisten en el tiempo, para lo cual, el accionante debe demostrar dos condiciones: la primera, que la persona que presuntamente estaría lesionando derechos, está actuando sin competencias; y, la segunda, demostrar que ésta persona actúa al margen de la norma; no obstante los Vocales constitucionales no acreditaron o explicaron de qué modo concurren en el presente caso ambas condiciones descritas; b) El impetrante de tutela ha demostrado su derecho propietario e incluso ha efectuado mejoras en el mausoleo objeto del conflicto; empero, mediante reglamentaciones y prohibiciones, la funcionaria municipal demandada, si bien le permite el ejercicio del uso y goce de su bien inmueble, no le permite su disposición; pues, al ser prohibido de transferir el mausoleo, tampoco puede fraccionarlo para construir 185 nichos y más de doscientos un sarcófagos, bajo el argumento de que este mausoleo es propiedad pública al encontrarse dentro del Cementerio General; c) De la contrastación fáctica de los antecedentes, se tiene por una parte, que las restricciones al derecho propietario, no son claras en el ejercicio del mismo y por otro lado, este derecho del solicitante de tutela en la capacidad que tendría para disponerlo, se encuentra reconocido tanto en la Norma Suprema como en el bloque de constitucionalidad; y, d) Si bien la Constitución reconoce además de los bienes de dominio privado, los bienes de dominio público, siendo estos inviolables, inembargables inexpropiables, surge la duda, del por qué dentro del Cementerio General que sería un bien de dominio público, se tienen registrados bienes inmuebles individuales en DD.RR. y con Folio Real, y cuál es el manejo que se tiene sobre estos y la oposición de terceros a su transferencia; aspecto que, los Vocales señalaron desconocer; e) Siendo que, el Folio Real presentado por el accionante para acreditar su derecho propietario sobre el mausoleo, no señala que el mismo esté a préstamo o que un tercero se pueda oponer al derecho de disponer del bien, observándose una restricción al derecho propietario del impetrante de tutela sobre dicho bien inmueble; y, f) Si bien existe reglamentación que se han aprobado el año 2022 y 2023, éstas por el principio de irretroactividad de la Ley no pueden aplicarse a hechos anteriores, o la disposición del bien inmueble que el accionante ha solicitado con anterioridad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

A través del Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de Folio Real de 1 de febrero de 2006, con Matricula Computarizada 2.01.0.99.0058834 que corresponde al mausoleo ubicado en el Sector 3 del Cementerio General de La Paz, con una superficie de 69,12 m² registrándose en su Asiento 2 a Arana Sanjinés Federico Fernando -accionante- (fs. 2 vta.). II.2. Mediante Memorándum GAMLP/EDMCLP/MANT/JCV/020/2019 de 24 de diciembre, se autorizó a Federico Fernando Arana Sanjinés, efectuar los mantenimientos al mausoleo de su propiedad, "No se autoriza el incremento de nichos ni ampliación de ningún tipo" (sic [fs. 6]) II.3. Por nota escrita presentada el 3 de agosto de 2020, a Ariel Conitzer Mejía, Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, Federico Fernando Arana Sanjinés, solicitó el fraccionamiento de su mausoleo, dada la situación que atraviesa la ciudad de Nuestra Señora de La Paz por el COVID-19 (fs. 7); la misma, fue respondida con CITE: GAMLP/EDMCLP/DGE/109/2020 de 17 de septiembre, y recepcionada por el hoy accionante el 21 del mismo mes y año; mediante el cual, el señalado director de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, Informó al hoy impetrante de tutela, que anteriormente le habían solicitado ocupar su mausoleo que se encontraba desocupado, con el fin de construir nichos ante la creciente demanda de inhumaciones por el COVID-19; sin embargo, al no tener ya esa necesidad, ya no se reiteró esa solicitud; pues, habiéndose asumido la decisión de iniciar un proceso de expropiación del señalado mausoleo en favor del Cementerio General y la colectividad de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, la solicitud de fraccionamiento fue negada (fs. 8 a 9). II.4. Por nota de 28 de julio de 2021, dirigida a la Administradora del Cementerio General, Federico Fernando Arana Sanjinés solicitó "Autorización de Venta de Nichos y Sarcófagos de uso a Perpetuidad" (sic); toda vez que, dispondría de ciento ochenta y cinco nichos y doscientos un sarcófagos en su mausoleo (fs. 214); lo que mereció nota CITE: GAMLP/DEESP/EDMCLP/AL/SVM 32/2021 de 8 de octubre, firmada por Susana Vizcarra Morales, Asesora Legal de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz; mediante la cual, se le informó que, "E| derecho de uso a perpetuidad sobre espacios en el Cementerio General no podrá ser cedido ni transferido bajo ninguna forma legal" (sic) ello en consideración a lo establecido en el art. 65 del Decreto Municipal 033/2017 de 27 de diciembre (fs. 215). II.5. Cursa nota presentada el 25 de mayo de 2022, por Federico Fernando Arana Sanjinés, dirigida a Erika Patricia Endara Franco, Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz -ahora demandada-, acompañando Informe GAMLP/SMCT/DFPDCP/UPC 152/2022 de 10 de mayo, señalando que el mausoleo de su propiedad, no tiene un valor patrimonial, en ese entendido, solicitó no afectar y/o perjudicar la disposición de su propiedad (fs. 12). II.6. Por RA 076/2022 de 13 de junio; mediante la cual, Erika Patricia Endara Franco, Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz aprobó el Reglamento General de Cementerios de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, que contiene 103 artículos y dos disposiciones finales (fs. 130 y vta.). II.7. Mediante nota de 12 de agosto de 2022, dirigida a Erika Patricia Endara Franco, Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz -demandada-, Federico Fernando Arana Sanjinés -solicitante de tutela-, reiteró su solicitud de 25 de mayo del mismo año referida a que se considere el Informe GAMLP/SMCT/DFPDCP/UPC 152/2022 de 10 de mayo, mismo que señaló que el mausoleo de su propiedad, no tiene un valor patrimonial (fs. 177). II.8. Cursa Resolución de Directorio de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz 05/2023 de 28 de abril; mediante la cual, se aprobó el Reglamento Interno de Cementerios de dicha entidad (fs. 96 a 129).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada, en virtud a que la Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, -ahora demandada-, no le permite el fraccionamiento y venta de ciento ochenta y cinco nichos y doscientos un sarcófagos que se encuentran en el mausoleo de su propiedad, dado que, mediante RA 076/2022, se prohibió la venta individual de nichos dentro de los mausoleos familiares, medida que carece de legalidad y que la considera como una medida de hecho. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. De la naturaleza de la acción de amparo constitucional y la excepción a la subsidiariedad en medidas de hecho

La acción de amparo constitucional, establecida en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos y personas particulares, individuales o colectivas, que restrinjan supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos; en este mismo sentido el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé al respecto: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”. En esa comprensión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0046/1012 de 26 de marzo, en el Fundamento Jurídico III.1 expresó que la acción de amparo constitucional:

Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural (las negrillas nos corresponden). En consecuencia, tal como refiere la SCP 0132/2012 de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, la acción de amparo constitucional:

…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida (las negrillas son nuestras). Empero, conforme a su naturaleza jurídica precedentemente citada, su activación procede sobre la base de los principios constitucionales de inmediatez y subsidiariedad, salvo supuestos excepcionales plenamente justificados. No obstante, la jurisprudencia constitucional determinó que las medidas de hecho constituyen uno de los supuestos que se sustraen al principio de subsidiariedad de manera excepcional, porque no solo afecta derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino compromete la concepción de la naturaleza misma del Estado Plurinacional Comunitario con Autonomías, entendimiento desarrollado en la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, lo que justifica la consideración de la excepción a la subsidiariedad ante la acción de amparo constitucional y que posibilita a la jurisdicción constitucional ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada para una eventual tutela si corresponde; entendimiento reiterado por la SCP 0064/2018-S3 de 22 de marzo. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en las SCP 0373/2018-S2 de 24 de julio.

III.2. Regla general que debe ser cumplida por el impetrante de tutela, respecto a medidas denunciadas como vías de hecho a través de la acción de amparo constitucional

La SCP 1478/2012 de 24 de septiembre señala que:

[L]a carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria.

III.3. Los hechos controvertidos no pueden ser dilucidados por la justicia constitucional

Por su naturaleza jurídica, la acción de amparo constitucional, tutela derechos reconocidos por la CPE y la Ley), que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares, y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos, ni reconocer derechos; tales hechos deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria. Al respecto, el anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: “…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales”; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: “…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos”; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: “…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…”; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: “…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante”; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: “…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…”. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: “De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional”; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: “…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”; y, 3) Asimismo, la SCP1130/2012 de 6 de septiembre, desarrolló, en sentido de que si bien se puede activar directamente la acción de amparo constitucional, cuando existan medidas de hecho, prescindiendo del principio de subsidiariedad, pero también restringe y limita, cuando concurre hechos controvertidos, así, refiere: “…si bien debe garantizarse para los afectados con vías de hecho una tutela constitucional efectiva y un real acceso a la justicia constitucional, por la naturaleza de estos actos ilegales graves, (…) consolidar así la justicia material, debe establecerse deberes o cargas probatorias para la parte peticionante de tutela; en ese orden, para la determinación de las mismas, debe considerarse como punto de inicio que las vías de hecho se configuran por la realización de actos y medidas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.

En este contexto, debe establecerse además que la finalidad de la Justicia Constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos cuya definición está encomendada al Órgano Judicial, por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”. Entendimiento extraído de la SCP 0890/2013 de 20 de junio de 2013.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada, en virtud a que la funcionaria municipal demandada, no le permite el fraccionamiento y venta de ciento ochenta y cinco nichos y doscientos un sarcófagos que se encuentran en el mausoleo de su propiedad; dado que, mediante RA 076/2022, emitida por la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, se prohibió la venta individual de nichos dentro de los mausoleos familiares. De las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional, se tiene que, el impetrante de tutela acompañó fotocopias de la documentación que acreditaría su derecho propietario respecto al mausoleo denominado Eternidad, que cuenta con una superficie de 69,12 m²; en el cual, realizó mantenimiento y refacciones que fueron reconocidas por la autoridad competente el año 2019, bajo advertencia de que, "NO SE AUTORIZA EL INCREMENTO DE NICHOS, NI AMPLIACIÓN DE NINGÚN TIPO" (sic); posteriormente, el 3 de agosto de 2020, solicitó al Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, el fraccionamiento de su mausoleo; lo cual, le fue rechazado, señalándose que el mismo ingresará en proceso de expropiación en favor del Cementerio (Conclusión II.3). Posteriormente, el 28 de junio de 2021, el solicitante de tutela, cursó nota pidiendo autorización de venta de nichos y sarcófagos de uso a perpetuidad que se encontraban en su mausoleo, misma que fue respondida de forma negativa por la Asesora Legal de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, quien sostuvo que el art. 60 del Decreto Municipal 033/2017, sostiene que, "EI derecho de uso a perpetuidad sobre espacios en el Cementerio General, no podrá ser cedido ni transferido bajo ninguna forma legal" (sic [Conclusión II.4]). De ahí que, mediante nota presentada el 25 de mayo de 2022, dirigida a Erika Patricia Endara Franco, Directora General Ejecutiva de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, el impetrante de tutela solicitó que se tome en cuenta que su mausoleo según informe GAMLP/SMCT/DFPDCP/UPC 152/2022, no es un bien patrimonial; aspecto que, fue reiterado mediante nota de 12 de agosto de 2022 (Conclusiones II.5 y II.7). Sin embargo, antes de la presentación de esta segunda nota de reiteración, la funcionaria municipal demandada, mediante RA 076/2022, aprobó el Reglamento General de Cementerios de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz; Reglamento que fue sustituido posteriormente por el Reglamento Interno de Cementerios de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, aprobado por la Resolución de Directorio de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz 05/2023 de 28 de abril (Conclusiones II.6 y II.8). De lo expuesto, se advierte que el reclamo del accionante, refiere a que la funcionaria municipal demandada, lesionó su derecho a la propiedad privada; ya que, por una parte, no le autoriza el fraccionamiento de su mausoleo, y, tampoco le permite la venta de nichos y sarcófagos que se encuentran en el mismo. Conforme a ello, en relación a la primera prohibición que señala el accionante, supuestamente existiría una vulneración al derecho reclamado; toda vez que, la solicitud de fraccionamiento fue presentada por el impetrante de tutela al Director General Ejecutivo de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz el 3 de agosto de 2020, misma que fue respondida de manera negativa mediante CITE: GAMLP/EDMCLP/DGE/109/2020; por lo cual, al considerar el impetrante de tutela que con dicha determinación se estaban lesionando sus derechos, podía activar los mecanismos de defensa por la vía administrativa y en su defecto, la constitucional; al no haberlo hecho en dicha oportunidad y en aplicación del principio de inmediatez, este Tribunal no puede retrotraer los actuados posteriores y verificar si dicha determinación de prohibición de fraccionamiento de 17 de septiembre de 2020, lesiona su derecho a la propiedad privada, siendo de entera responsabilidad del solicitante de tutela haber actuado de manera inmediata en dicha oportunidad y no tres años después, tiempo que excede los seis meses que es aplicable según el principio de inmediatez que prevé ésta acción tutelar; así como, el principio de subsidiariedad; ya que, no se observa ningún reclamo o recurso administrativo posterior. En relación a la segunda prohibición respecto a la solicitud de autorización de venta de nichos y sarcófagos que se encuentran en su mausoleo, el accionante presentó una nota el 28 de junio de 2021, respondiéndole la Asesora Legal de la Entidad Descentralizada Municipal de Cementerios de La Paz, mediante CITE:

GAMLP/DEESP/EDMCLP/AL/SVM 32/2021, que en cumplimiento del art. 60 del Decreto Municipal 033/2017, se encontraba prohibida toda trasferencia a perpetuidad sobre los espacios en el cementerio general; de lo que se infiere que, en dicha oportunidad, el impetrante de tutela debió activar los mecanismos administrativos, reclamando -si creía que este rechazo de 8 de octubre de 2021, eran lesivos a sus derechos- a la instancia que corresponda a efectos de revisarse la decisión de dicha prohibición; al no haberlo hecho y transcurrido el tiempo, este Tribunal no puede analizar su reclamo. En ese marco, conforme lo analizado, y en cumplimiento de los principios de inmediatez y subsidiariedad que no fueron cumplidos por la parte solicitante de tutela, corresponde denegar la tutela impetrada. Por otra parte, y sin perjuicio de la decisión asumida por este Tribunal, cabe considerarse lo señalado por el accionante, en relación a la inaplicación de los principios subsidiariedad e inmediatez para el presente caso; dado que, menciona la existencia de medidas o vías de hecho que persistirían en el transcurso del tiempo; aspecto que, erróneamente también fue considerado por la Sala Constitucional, sin acreditar, de manera concreta, que hubiesen existido medidas de hecho. En ese marco del Fundamento Jurídico III.1 y III.2 de este fallo constitucional, se tiene que, si bien la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo de defensa ante acciones u omisiones de particulares y autoridades públicas que vulneren derechos fundamentales, siendo procedente cuando los mecanismos ordinarios o administrativos se hayan agotado; no obstante, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que se puede prescindir de esta exigencia -subsidiariedad- cuando se hace urgente la tutela inmediata, a efectos de que cesen las ilegalidades y actos hostiles, con la consiguiente afectación inclusive de otros derechos fundamentales; en consecuencia, ante medidas de hecho, que pueden producirse en la limitación arbitraria del ejercicio del derecho a la propiedad, es posible el análisis de lo demandado y la otorgación de tutela provisional; empero, para dicha concesión el accionante deberá inicialmente demostrar: 1) La existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, 2) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. En el presente caso, el impetrante de tutela no ha demostrado medidas de hecho como tal; ya que, existieron respuestas negativas a sus solicitudes de fraccionamiento, que fueron respaldadas por informes legales y normas municipales, efectuadas y aplicadas por la parte demandada, dando a conocer que su propiedad no se constituye en una vivienda o bien inmueble ocupacional, que con dichas prohibiciones se le impida por ejemplo el ejercicio de otros derechos, o que exista la premura de fraccionar o comercializar su propiedad; y, si bien la titularidad sobre el bien inmueble objeto del conflicto pudiere estar acreditado con la documentación (fotocopias) que presentó el solicitante de tutela, como bien lo identificó el Vocal constitucional, existe una duda respecto al alcance de dicha titularidad, que aunque se pueda determinar que existe el derecho al uso y goce (que es reconocido de manera tácita desde 2019), existe una controversia normativa en relación al derecho de disposición del mismo; aspecto que, debe ser analizado en la vía administrativa o judicial, en aplicación de la Ley que corresponde. En esa línea de comprensión, el accionante no ha demostrado estar frente a medidas de hecho; por lo cual, no podría aplicarse una abstracción de los principios de subsidiariedad y menos de inmediatez en el presente caso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 133/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 252 a 258, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Notas al pie

1 El FJ III.3, expresa: “…debe inequívocamente flexibilizarse, para consagrar así la vigencia en este nuevo modelo de Estado, de un mecanismo de tutela pronto y oportuno que asegure un real acceso a la justicia constitucional y por ende una tutela constitucional efectiva para el resguardo de derechos fundamentales afectados por vías de hecho. Por los fundamentos antes expuestos, se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional” (las negrillas son añadidas).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0613_2026-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): d1d02558624766074c6fa703b4bc2dca3ebea370a03b8effdf54c77571a61989

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