B.IA.LEGAL

SCP 0613/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 26 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
53133-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto pese: 1) El Fiscal de materia dispuso su aprehensión de manera ilegal sin que exista una prueba objetiva para ampliar su imputación al delito de robo agravado, cuando debió aplicar lo establecido en el art. 226 del CP, referido al delito de receptación; y, 2) El Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz codemandado, convalidó la actuación fiscal y dispuso su detención preventiva sin que concurran los presupuestos sobre su participación en el delito imputado y sin que se hubiere fundamentado los riesgos procesales; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 133 vta., a 135 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2025-S3 Sucre, 26 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 53133-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 133 vta. a 135 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacobo Rodríguez Sulamayo en representación sin mandato de Cesar Abraham Mamani Rocha contra Yiye David Ríos Saravia, Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz y Gabriel García Mejía, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 122 a 124 vta., el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Martín Quenta Vela en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado y allanamiento de domicilio y sus dependencias, el 12 de septiembre de 2022, en horas de la tarde acompañado de su abogado se presentó de manera personal al Ministerio Público del Plan 3000 a efectos de presentar su declaración informativa policial por los delitos de robo y receptación. En dicha declaración indicó que no participó en el hecho de robo denunciado y que el 6 de septiembre del referido año aproximadamente al medio día se encontraba en su taller de electricidad, apersonándose Jovani Jonny Erias Flores, quien le ofreció chatarras, bombas de agua y turbinas, etc., comprándolas para para utilizarlas como repuestos en su taller. Pese a que colaboró con la investigación, el Fiscal actuó de forma ilegal y abusiva, aprehendiéndolo, e informando al Juez de Instrucción la ampliación de la investigación, por robo y receptación sin que existiera prueba objetiva que demuestre su culpabilidad, más aún cuando el delito por el que se le acusaba tenía una pena privativa de libertad que no superaba los dos años; en razón de ello, debió aplicarse lo establecido por el art. 266 del Código Procesal Penal (CPP). Por otro lado, sin que fuese debidamente notificado, el 9 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el acto de reconocimiento de personas, actuación fiscal en la que el representante del Ministerio Público no actuó de forma objetiva e imparcial, puesto que el referido día, prestó su declaración Ismael Quintana Silvestre, quien al igual que su persona reconoció comprar los objetos del autor del delito; empero, no fue aprehendido, en tanto que, en su caso, solicitó su detención preventiva. De otra parte, Yiye David Ríos Saravia, Juez Público Mixto Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, codemandado, convalidó las actuaciones ilegales del Ministerio Público, puesto que en la audiencia de medida cautelar pese a que el Ministerio Público y la víctima no demostraron los presupuestos contenidos en el art. 233 del CPP ni la concurrencia del peligro de fuga y obstaculización, sin fundamentación alguna dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el lapso de ciento veinte días; por lo que se encuentra ilegalmente privado de su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23.1 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Su inmediata libertad; b) La reparación, indemnización de los daños y perjuicios en su favor, por el monto de Bs10 000 (diez mil bolivianos); y, c) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura y a la Fiscalía de Distrito a efectos de su procesamiento en la vía disciplinaria.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de septiembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 131 a 133 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante en audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: 1) El Ministerio Público lo aprehendió bajo el fundamento de ser presuntamente uno de los autores y partícipes del hecho delictivo, siendo su único error comprar los objetos robados; 2) El Juez demandado no consideró que la autoría respecto al hecho delictivo era por el delito de receptación y no así el delito de robo agravado, delito que no tiene detención preventiva por el quantum de la pena, debiendo el Juez demandado ordenar conforme establece el art. 232 del CPP la improcedencia de la detención preventiva; y, 3) Conforme a procedimiento corresponde la presentación del recurso de apelación; sin embargo, en atención a que es una persona privada de libertad por un hecho que no cometió, prescindió del principio de subsidiariedad, toda vez que el Tribunal Constitucional ha establecido que se puede prescindir de la subsidiariedad, cuando la vulneración al derecho a la libertad sea evidente.

I.2.2. Informe de los demandados

Yiye David Ríos Saravia, Juez Público Mixto Segundo del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 127. Gabriel García Mejía, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías señaló que: i) Las actuaciones dentro del presente caso se efectuaron conforme a procedimiento, si bien la denuncia en primera instancia fue por robo y allanamiento de domicilio contra Jovani Jonny Erias Flores; sin embargo, de manera posterior se amplió la demanda contra el accionante, quien posterior a su declaración fue aprehendido, en atención a que al efectuar el reconocimiento del lugar de los hechos y de los objetos que fueron recuperados por la Policía Nacional, entre ellos motores, válvulas, etc., se llegó a la conclusión que esos objetos al ser de peso considerable tuvieron que ser movidos entre dos o más personas; ii) De acuerdo con el muestrario fotográfico, una testigo reconoció al accionante, indicando a quien mencionó haberlo visto en el lugar de los hechos cargando colchones; iii) Si bien la imputación realizada al impetrante de tutela, fue en aplicación de los arts. 298 y 331 del Código Penal (CP), en audiencia fue modificada conforme lo dispuesto por el art. 332 del CP, puesto que al tener conocimiento, de que los objetos eran pesados y que no podían ser trasladadas por una sola persona, así como el reconocimiento de la testigo, se llegó a la conclusión y a la modificación del delito de robo agravado; y, iv) El impetrante de tutela no acreditó ninguna vulneración a sus derechos, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución de 15 de septiembre de 2022, cursante de fs. 133 vta. a 135 vta., denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: a) El Tribunal de garantías, no es un tribunal de segunda instancia, debiendo aplicarse la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, cuando en la vía ordinaria existen medios o mecanismos de impugnación que de manera inmediata o eficaz puedan restituir el derecho a la libertad física; en el presente caso, al encontrarse el proceso ante un Juez Cautelar, el impetrante de tutela no realizó ningún reclamo posterior, como dispone el art. 251 del CPP; y, b) No se cumplió con las exigencias del art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), toda vez que no se demostró que la vida del imputado se encuentra en peligro, al estar en un recinto penitenciario que garantiza su seguridad, tampoco se acreditó que se encuentre ilegalmente perseguido; por el contrario, existe una investigación, en la cual se presentó a declarar, existe una declaración de una testigo que lo incriminó, encontrándose bajo la dirección funcional de un Fiscal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Martin Quenta Vela contra Jovany Jenny Erias Flores y otros, por la presunta comisión del delito de robo, allanamiento de domicilio y sus dependencias; cursa acta de secuestro de 9 de septiembre de 2022 practicado por el Fiscal de Materia -ahora demandado-, en el cual se secuestró objetos relacionados al hecho delictivo del Taller de electricidad ubicado en la calle Aroma de la ciudad de Santa Cruz, perteneciente a Zacarías Fernando Mamani Laura y Cesar Abraham Mamani Rocha -accionante (fs. 20). II.2. El 9 de septiembre de 2022, Gabriel García Mejía en su calidad de Fiscal de materia informó ante el Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, el inicio de investigación y presentó imputación formal de Jovany Jonny Erias Flores por la presunta comisión del delito de robo y allanamiento de domicilio y sus dependencias, y ampliación e inicio de investigación en contra de Cesar Abraham Mamani Rocha por el delito de robo (fs. 66 a 68 vta.). II.3. Cursa Resolución fiscal de aprehensión, de 12 de septiembre de 2022, emitida por Gabriel García Mejía, en su condición de Fiscal de Materia, por el cual dispuso la aprehensión de Cesar Abraham Mamami Rocha -accionante-, por el delito de robo, con la finalidad de asegurar su presencia en el desarrollo del proceso, y la averiguación de la verdad (fs. 108 a 112). II.4. El 13 de septiembre de 2022, el Fiscal de Materia, presentó memorial de ampliación de imputación formal contra Cesar Abraham Mamani Roca por el delito de robo agravado y allanamiento de domicilio o sus dependencias, solicitando la detención preventiva, ante el Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, resuelta por el Juez de la causa disponiendo la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 118 a 121 vta.). II.5. Cursa acta de audiencia de acción tutelar en la que el impetrante de tutela reconoció que, ante la determinación efectuada por el Juez demandado de detención preventiva, no interpuso recurso de apelación (fs. 131 a 133).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; por cuanto pese: 1) El Fiscal de materia dispuso su aprehensión de manera ilegal sin que exista una prueba objetiva para ampliar su imputación al delito de robo agravado, cuando debió aplicar lo establecido en el art. 226 del CP, referido al delito de receptación; y, 2) El Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz codemandado, convalidó la actuación fiscal y dispuso su detención preventiva sin que concurran los presupuestos sobre su participación en el delito imputado y sin que se hubiere fundamentado los riesgos procesales; por lo que solicita se conceda la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público.

El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el Juez de Instrucción Penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Dicho entendimiento fue ratificado en el marco de la Constitución Política del Estado vigente; así, la SC 0008/2010-R de 6 de abril, ratificó el entendimiento anotado, señalando que en caso de actividad procesal defectuosa, el incidente es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo, idóneo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional, entendimiento que fue confirmado en la SCP 0004/2012 de 13 de marzo. Por su parte, la SC 0636/2010-R de 19 de julio que fue pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, señaló que las resoluciones pronunciadas en incidentes de actividad procesal defectuosa pueden ser apeladas incidentalmente durante la etapa preparatoria y/o a través de la apelación restringida en el juicio oral; y, la SC 1107/2011-R de 16 de agosto, pronunciada en una acción de libertad, exigió el requisito de la apelación incidental contra incidentes por actividad procesal defectuosa, como condición previa para activar ese mecanismo de defensa, siendo la SCP 0001/2012 de 13 de marzo, origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.5, menciona: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 4El FJ III.4, indica: “En este sentido, se tiene que el incidente de actividad procesal defectuosa, es un medio idóneo y oportuno para restablecer cualquier irregularidad que exista en la investigación que vulnere derechos y garantías constitucionales; por ello, el accionante debió tramitarlo conforme a procedimiento, ante el Juez cautelar quien es el encargado de ejercer el control jurisdiccional, a efectos de subsanar o resguardar las denuncias efectuadas en la presente acción de libertad y el no hacerlo, como en el presente caso, sin duda no activa la justicia constitucional, por la existencia de un medio de impugnación específico y apto para restituir los derechos alegados de vulnerados -incidente de actividad procesal defectuosa- que por la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se exige su agotamiento previo”. 5El FJ III.4, refiere: “De donde se establece que la resolución que resuelva un incidente de nulidad por defectos absolutos, puede ser impugnada mediante un recurso idóneo, como es la apelación, ya sea incidental, si es interpuesta en la etapa preparatoria; o restringida, si es en el juicio oral, por lo que en los supuestos en que la norma procesal penal prevea de manera específica, medios de defensa oportunos para resguardar el derecho a la libertad ante situaciones en las que una persona se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad personal, dichos mecanismos procesales deben ser activados con carácter previo e intra-proceso, operando por ello de manera excepcional la subsidiariedad la acción de liberta”. 6El FJ III.3, expresa: “La SC 0636/2010-R de 19 de julio, respecto a la apelación de incidentes de actividad procesal defectuosa, señaló lo siguiente: ‘De otro lado el capítulo IV del Título I del libro primero de la segunda parte del código de procedimiento penal, tiene como nomen juris «Excepciones e incidentes», cuyo procedimiento se rige por el art. 314 y ss del CPP, precisando: «las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes…», por ello dentro de un sentido amplio la primera que confirmó el precedente plasmado en la SC 1107/2011-R. Siguiendo esa línea jurisprudencial la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, señaló que cuando la denuncia sea efectuada incidentalmente o suscitada mediante un incidente de actividad procesal defectuosa, el Juez de Instrucción Penal tiene la obligación de pronunciarse de forma fundamentada; resolución que puede ser objeto de apelación incidental. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril, puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el Juez de Instrucción Penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los de interpretación de las normas analizadas, encontramos en el art. 403 inc. 2) del CPP, el derecho a impugnar resoluciones que resuelvan incidentes al incluirse su trámite dentro de las excepciones e incidentes, dado que sujetarnos a la enunciación que hace dicho precepto, correspondería a una interpretación restrictiva en desmedro de una norma internacional y de la propia constitución´”. 7El FJ III.2, menciona: “De lo anterior es posible concluir, que ante el rechazo de un incidente de actividad procesal defectuosa interpuesto durante la etapa preparatoria, corresponderá a los litigantes, por mandato constitucional, en uso de su derecho a impugnación, interponer apelación incidental; y sólo en caso de no obtener una resolución que atienda favorablemente a su solicitud, entonces recién quedará expedita la vía de la presente acción. Así la SCP 0639/2012 de 23 de julio, afirmó: ‘…en consecuencia asumiendo la interpretación amplia de los alcances del art. 403 del CPP desarrollada por la jurisprudencia glosada, concluimos que toda resolución de carácter incidental pronunciada en la etapa preparatoria del proceso penal, es susceptible de impugnación mediante el recurso de apelación incidental previsto en la norma adjetiva penal antes citada´”. 8El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 9El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.

que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Posteriormente, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo, mutó el entendimiento contenido en la SC 0080/2010-R y sostuvo que si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponde a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una indebida privación de libertad; dicho entendimiento fue modulado por la SCP 1888/2013 de 29 de octubre, señalado que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, y. ii) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al Juez de Instrucción Penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber trascurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal. Conforme a la sistematización de la línea jurisprudencial, los actos ilegales u omisiones indebidas que impliquen actividad procesal defectuosa en la que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, lesivos a derechos fundamentales y garantías constitucionales durante la etapa preparatoria, deben ser previamente denunciados ante el Juez de Instrucción Penal, a través de los incidentes de actividad procesal defectuosa, que se constituyen en mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, contra cuyas resoluciones procede el recurso de apelación incidental (las negrillas son nuestras). La sistematización realizada fue extraída de las Sentencia Constitucionales 10El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad.

(…)

Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”. 11El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

Plurinacionales 0077/2018-S2 y 0078/2018-S2 SCP 0101/2018-S2, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; por cuanto: a) El Fiscal de materia dispuso su aprehensión de manera ilegal sin que exista una prueba objetiva para ampliar su imputación al delito de robo agravado, cuando debió aplicar lo establecido en el art. 226 del CP, referido al delito de receptación; y, b) El Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz codemandado, convalidó la actuación fiscal y dispuso su detención preventiva sin que concurran los presupuestos sobre su participación en el delito imputado y sin que se hubiere fundamentado los riesgos procesales. Consecuentemente al ser dos autoridades las demandadas, se ingresa al análisis de los actos denunciados respecto de cada autoridad. 1) Con relación a los actos denunciados de la autoridad fiscal De la revisión de antecedentes, se tiene que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Cesar Abraham Mamani y otros, por la presunta comisión del delito de robo y allanamiento de domicilio o sus dependencias, el 9 de septiembre de 2022 el Fiscal de Materia -demandado- presentó la imputación formal de Jovany Jenny Erias Flores y la ampliación e inicio de investigación en contra de Cesar Abraham Mamani Rocha -accionante- (Conclusión II.3).

De manera posterior, el 12 de septiembre de 2022, la Fiscal de Materia ordenó la aprehensión de Cesar Abraham Mamani Rocha (Conclusión II.4); en ese sentido corresponde determinar que, a partir del 9 de septiembre de 2022, el Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, tuvo conocimiento de las actuaciones que realizaba el Fiscal de Materia, quien en la mencionada fecha dio aviso a la autoridad jurisdiccional sobre la ampliación de las investigaciones contra el impetrante de tutela, por lo que se concluye que, a partir de dicho acto procesal, los actos investigativos que involucran al impetrante de tutela se encontraban bajo el control jurisdiccional de la autoridad judicial señalada supra.

En ese sentido, si bien el accionante atribuye al Fiscal de Materia una aprehensión indebida e ilegal, señalando que al ampliar la imputación formal en su contra por el delito de robo y no de receptación pese a que acreditó que efectuó la compra de los bienes sustraídos por Jovany Jenny Erias Flores -coimputado- de buena fe, lesionó su derecho a la libertad, en consecuencia corresponde hacer referencia a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que, los actos ilegales u omisiones en las que pueden incurrir Fiscales y Policías durante la etapa preparatoria que represente una vulneración de derechos, deben ser representadas ante la autoridad jurisdiccional; es decir, en el caso presente, el impetrante de tutela al estar bajo el control jurisdiccional del Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, debió acudir de manera previa a interponer la presente acción tutelar ante el Juez que tenía conocimiento de la causa, siendo el mecanismo intraprocesal idóneo y oportuno la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa ante dicha autoridad, instancia competente para conocer las denuncias de posibles vulneraciones de derechos fundamentales que se hubiesen generado por los órganos encargados de la persecución penal.

2) Respecto a los actos de la autoridad judicial demandada

Con relación a que el Juez Público Mixto Segundo del Centro Integrado de Justicia del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva sin que concurriese los presupuestos previstos relacionados sobre su participación en el delito ni los riesgos procesales de fuga ni peligro de obstaculización, corresponde aplicar lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente decisión constitucional, a través del cual se ha establecido que respecto a las medidas cautelares, de manera específica el art. 251 del CPP, establece que cualquier Resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, es apelable en un término de setenta y dos horas. En ese sentido el impetrante de tutela con carácter previo debió interponer el mecanismo intraprocesal previsto en el ordenamiento jurídico para cuestionar la resolución de la medida cautelar dispuesta por el Juez de la causa, mecanismo que debió ser activado de manera previa a interponer la presente acción de defensa, ello a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad.

Por lo que, acudir a la jurisdicción constitucional de manera directa, inobserva la línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, debiendo, en consecuencia, denegarse la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 15/2022 de 15 de septiembre, cursante de fs. 133 vta., a 135 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0613_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8d99a0dfa6849142ba8fdda7a5ab1ca65f3c9b8a6509e4adfef0d6bfecdbe91a

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