Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de sus derechos a la libre locomoción, a la salud y a la vida; toda vez que, al apersonarse a las oficinas de la DIGEMIG con el propósito de presentar el oficio de desarraigo emitido a su favor por un Juez competente, funcionarios de dicha entidad formularon de manera verbal dos observaciones: 1) Al tratarse de dos personas, se requería un oficio para cada una o, en su defecto, una copia legalizada del mismo; y, 2) En el caso de Shirley Virginia Sandoval Arandia, el nombre consignado no incluía su apellido de casada, a pesar de que el documento contenía correctamente sus datos personales y número de cédula de identidad. Estas observaciones no estuvieron respaldadas por norma legal ni fueron notificadas por escrito, lo que impidió el registro del trámite correspondiente y, por ende, la efectivización del levantamiento del arraigo. Esta situación resultaría vulneratorio a los derechos referidos; puesto que, no consideraron que son personas de la tercera edad y que además Shirley Virginia Sandoval Arandia presenta problemas cerebrovasculares, lo cual exigía una atención diligente y razonable. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad de locomoción, en los mismos términos dispuesto por el Juez de garantías; 2° DENEGAR la tutela peticionada con relación al derecho a la salud y a la vida, conforme a los argumentos vertidos en esta decisión constitucional; y, 3° Exhortar a la Directora General de Migración para que toda observación relacionada con trámites administrativos sea formulada por escrito, de manera clara, debidamente motivada y con sustento legal, a fin de garantizar el respeto al debido proceso y evitar la comisión de actos arbitrarios, asimismo, se le recuerda que la omisión de estas obligaciones podría generar responsabilidades administrativas y penales, conforme a lo expuesto a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0613/2025-S2 Sucre, 16 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52715-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 22/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pamela Guarabia Jordán en representación sin mandato de Sergio Gerardo Malky Zalaquet y Shirley Virginia Sandoval Arandia de Malky contra Katherin Calderón Valle, Directora de la Dirección General de Migración (DIGEMIG).
Mediante memorial presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 23 a 25; los accionantes, a través de su representante sin mandato, manifiestan lo siguiente:
En el marco del proceso penal incoado por el Ministerio Público a instancia de Rosa Zalaquet Sur contra ellos, por la supuesta comisión del delito de falsedad material y uso de instrumento falsificado, se declaró de forma ilegal su rebeldía, pese a que se encontraban presentes en la audiencia de prosecución de juicio oral de 11 de noviembre de 2022. Como consecuencia, se dictaron órdenes de arraigo, las cuales fueron posteriormente revocadas mediante Auto Interlocutorio de 17 de octubre del mismo año, luego de que una acción de libertad les concediera la tutela por la falta de fundamentación de la Resolución judicial que declaró su rebeldía. Ante de dicha determinación, el 5 de diciembre de ese año -un día antes de la vacación judicial-, el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de la Paz, les entregó el oficio correspondiente para levantar el arraigo; sin embargo, habiéndose apersonado a las oficinas de DIGEMIG, servidores públicos de esa institución formularon dos observaciones verbales: a) Al tratarse de dos personas se requerían dos oficios o una copia legalizada; y, b) Que el nombre de Shirley Sandoval no incluía el apellido de casada, pese a que se consignaban sus datos personales y número de cédula. Estas observaciones carecerían de respaldo legal y se realizaron sin notificación escrita, lo que impidió el registro del trámite y, en consecuencia, la efectivización del levantamiento del arraigo. La situación descrita ha generado una restricción arbitraria al derecho a la libre locomoción, especialmente en el caso de Shirley Virginia Sandoval Arandia de Malky, persona de edad adulta y con antecedentes de salud delicados, como accidentes cerebrovasculares, que requieren tratamiento fuera del país. La negativa de la DIGEMIG, basada en formalismos administrativos fácilmente subsanables, resulta desproporcionada y carente de razonabilidad, más aún cuando existe una orden judicial firme que dispone el levantamiento del arraigo. Por último, se destaca que el uso del apellido de casada no es obligatorio legalmente y no afecta la identidad legal de la persona, máxime cuando el documento en cuestión consigna correctamente otros datos identificativos. La actuación de Migración resulta desproporcional, más aún cuando existe una orden judicial vigente de cancelación de arraigo.
Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libre locomoción, a la salud y a la vida; citando al efecto el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitan se conceda la tutela impetrante; y, en consecuencia, se disponga a la autoridad demandada proceda con la cancelación del arraigo, dando cumplimiento al único oficio de cancelación de arraigo emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, sin exigir requisitos adicionales ni formular observaciones relacionadas con el uso del apellido de casada de Shirley Virginia Sandoval.
Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 y 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, a través de su abogado en audiencia, ratificaron in extenso el contenido de su memorial de libertad y ampliando señaló que: 1) La Resolución que ordena el desarraigo no solo establece el nombre de la accionante sino también el número de cédula de identidad, por lo que para evitar homónimos dicha numeración es elemental; de ahí que, no resulta razonable que la hoy demandada exija que el oficio dispuesta por la autoridad judicial contenga el apellido de casada, cuando a partir de su cédula de identidad puede identificarse a su persona; 2) La inclusión del apellido de casada no puede ser considerado una limitante para efectuar un trámite, dado que el mismo es opcional y no obligatorio; y, 3) La norma de migraciones establece que para levantar el arraigo en aquellos casos en el que el solicitante no tenga cédula de identidad de las personas en situación de rebeldía, podrán omitir ese requisito siempre y cuando se pueda constatar los datos biográficos de la persona con la base de datos del SEGIP, por lo que si la hoy demandada tenía duda sobre su identidad debió constatarla con los datos registrados en el SEGIP.
Enrique Vidal Poma, Asesor Jurídico de la Dirección General de Migración, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada, sosteniendo que: i) La DIGEMIG no impone ni modifica apellidos, ni exige el uso del apellido de matrimonio, pues se limita a registrar las medidas conforme a lo ordenado por autoridad judicial y los documentos oficiales presentados. En ese sentido, es responsabilidad del abogado de los accionantes detectar y solicitar la corrección de la inconsistencia en el oficio presentado donde estaban incorrectamente establecidos los datos de la accionante, lo cual generó la imposibilidad de iniciar el trámite de levantamiento de arraigo; y, ii) La accionante al recibir la observación sobre el error en su nombre, se retiró molesta sin completar el procedimiento, lo que exime a la DIGEMIG de cualquier responsabilidad, en ese sentido, la institución actuó con apego estricto a la normativa vigente y al contenido de los mandamientos judiciales, tanto en el registro como en el levantamiento de medidas cautelares como el arraigo.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, por Resolución 22/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 32 a 34, concedió la tutela solicitada, ordenando a la DIGEMIG dar cumplimiento al oficio emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del señalado departamento; con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien la parte demandada sostuvo que la DIGEMIG actuó conforme al art. 7 de la Ley Migración -Ley 370 de 8 de mayo de 2013- y a su manual de funciones, se verificó que Shirley Virginia Sandoval Arandia de Malky -accionante- se encontraba debidamente identificada a través de su cédula de identidad en el oficio remitido por el señalado Juez de Sentencia Penal Primero, aun cuando no se consignara su apellido de casada. En consecuencia, estos formalismos excesivos no pueden prevalecer sobre derechos fundamentales como la libertad de locomoción, vinculada directamente al derecho a la salud y a la vida; y, b) Se tiene presente que los funcionarios del mencionado juzgado se encontraban en vacación judicial conforme a la Circular 19/2022 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, lo que imposibilitó a los accionantes gestionar un nuevo oficio. En vía de complementación, la parte demandada solicitó que se establezca un plazo de veinticuatro horas, a partir del inicio del trámite de ingreso de la resolución, para que la DIGEMIG cumpla con lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional, a fin de evitar dilaciones innecesarias en su ejecución. El Juez de garantías acogió dicha solicitud, concediendo el plazo señalado a la Dirección General de Migración para el efectivo cumplimiento del oficio referido.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 55/2022 de 17 de octubre, emitida por Ernesto Macuchapi Láguna, Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur del departamento de La Paz, mediante la cual se dispuso el apersonamiento y comparecencia de Sergio Gerardo Malky Zalaquet y Shirley Virginia Sandoval Arandia -hoy accionantes-, dejando sin efecto las órdenes de emisión de mandamientos de aprehensión y arraigo previamente dispuestas, así como el levantamiento de sus antecedentes penales registrados en el REJAP (fs. 14 a 15). II.2. Se tiene oficio de 5 de diciembre de 2022 emitido por la citada autoridad ut supra ante la DIGEMIG por el cual se pone a conocimiento el levantamiento del arraigo (fs. 16 a 17)
Los accionantes a través de su representante sin mandato, denunciaron la vulneración de sus derechos a la libre locomoción, a la salud y a la vida; toda vez que, al apersonarse a las oficinas de la DIGEMIG con el propósito de presentar el oficio de desarraigo emitido a su favor por un Juez competente, funcionarios de dicha entidad formularon de manera verbal dos observaciones: 1) Al tratarse de dos personas, se requería un oficio para cada una o, en su defecto, una copia legalizada del mismo; y, 2) En el caso de Shirley Virginia Sandoval Arandia, el nombre consignado no incluía su apellido de casada, a pesar de que el documento contenía correctamente sus datos personales y número de cédula de identidad. Estas observaciones no estuvieron respaldadas por norma legal ni fueron notificadas por escrito, lo que impidió el registro del trámite correspondiente y, por ende, la efectivización del levantamiento del arraigo. Esta situación resultaría vulneratorio a los derechos referidos; puesto que, no consideraron que son personas de la tercera edad y que además Shirley Virginia Sandoval Arandia presenta problemas cerebrovasculares, lo cual exigía una atención diligente y razonable. A ello se suma que la autoridad judicial competente se encontraba en receso por vacaciones judiciales. Ante ello, el Asesor Jurídico de la DIGEMIG, señala que: i) La Dirección Nacional de Migración no impone ni modifica apellidos, limitándose a cumplir lo dispuesto por autoridad judicial, siendo responsabilidad del abogado de la accionante corregir errores en el oficio presentado; y, ii) La accionante, al ser informada de la observación, se retiró molesta sin completar el trámite; por lo que, Migración actuó conforme a la normativa vigente y no incurrió en responsabilidad alguna. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115. II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa ya una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilataciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso; lo cual, exige que toda causa sea esta judicial o administrativa, se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera adecuada; por su parte, los arts. 178 y 180 de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia.
Con referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que:“…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilatación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (se mantiene el énfasis del texto original).
Antes de ingresar al análisis de fondo, resulta pertinente examinar las circunstancias excepcionales que impidieron a los accionantes acceder oportunamente a un control jurisdiccional ordinario. En principio, frente a la omisión de los servidores públicos de la DIGEMIG de dar cumplimiento al oficio judicial que disponía el levantamiento del arraigo, los accionantes debieron canalizar su reclamo ante la autoridad jurisdiccional competente; es decir, ante el Juez que conocía y tramitaba la causa penal de origen. Esta vía ordinaria constituye, por regla general, el mecanismo idóneo para solicitar la ejecución de decisiones judiciales y garantizar la eficacia de los actos procesales. Sin embargo, tal cauce procesal se vio obstruido; debido a que, la autoridad jurisdiccional competente se encontraba en receso judicial, conforme a lo dispuesto por la Circular 19/2022 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia del departamento La Paz. Esta situación fue además valorada expresamente por el Juez de garantías al momento de conocer la acción tutelar. Adicionalmente, el hecho de que los accionantes no se encontraran privados de libertad fue determinante para que el Juez de Sentencia Penal Primero de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz no derivara los antecedentes del proceso al Juez penal de turno. Esto, produjo en los hechos una situación de indefensión material, al dejar a los accionantes sin acceso a una instancia jurisdiccional que pudiera tutelar sus derechos fundamentales frente a una ejecución arbitraria de una medida restrictiva -el arraigo- ya levantada judicialmente. En consecuencia, ante la imposibilidad material de los accionantes de acceder a un juez ordinario por causas no imputables a su conducta, y considerando que la actuación de la autoridad demandada podría constituir una vulneración de derechos fundamentales, se justifica el ingreso al análisis de fondo de esta acción de tutelar. Ahora bien, en atención al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde señalar que, el arraigo constituye una medida cautelar personal de carácter temporal y provisional, vinculada al derecho fundamental a la libre locomoción, en tanto implica una restricción o limitación al ejercicio de dicho derecho. En consecuencia, su tramitación debe realizarse dentro de un plazo razonable. De acuerdo con el Manual de Procedimiento de Registro y Levantamiento de Arraigo (DIGEMIG-001 RA-700 al DIGEMIG-005-CA-704), el registro y levantamiento del arraigo está a cargo de la Dirección General de Migración y de las Administraciones Departamentales de Migración. Concluido el trámite correspondiente, deberá emitirse el certificado de registro, cuyo plazo de expedición no debe exceder de veinticuatro horas. En el caso de autos, del memorial de interposición de la acción de libertad y de lo manifestado en audiencia tutelar, se evidencia que los accionantes denunciaron haber acudido a las oficinas de la Dirección General de Migración con el propósito de presentar el oficio de desarraigo emitido por autoridad judicial competente y solicitar el levantamiento de la medida. Sin embargo, los funcionarios de dicha entidad se negaron a recibir dicho documento, formulando verbalmente dos observaciones: a) Al tratarse de dos personas, se requería un oficio individual para cada una o, alternativamente, una copia legalizada del mismo; y, b) Respecto a la accionante Shirley Virginia Sandoval Arandia, el nombre consignado en el oficio no incluía su apellido de casada, pese a que el documento contenía correctamente sus datos personales y número de cédula de identidad. Dichas alegaciones se consideran veraces; toda vez que, Enrique Vidal Poma, Asesor Jurídico de la Dirección General de Migración, -en representación de la autoridad demandada-, reconoció tales hechos, señalando que la institución se limitó a cumplir estrictamente la normativa vigente y los mandamientos judiciales. Asimismo, atribuyó al abogado de los accionantes la responsabilidad de corregir las supuestas imprecisiones formales ante la autoridad jurisdiccional competente. No obstante, la decisión de la DIGEMIG de rehusarse a recibir el oficio judicial presentado por la parte accionante constituye una conducta reprochable y jurídicamente injustificada. En efecto, dicha negativa se basó en una supuesta inconsistencia en la identidad de la persona beneficiaria del levantamiento de la medida de arraigo, al considerar que existía una discrepancia nominal debido a la omisión del apellido de casada de la accionante Shirley Virginia Sandoval Arandia. Sin embargo, tales observaciones carecen de sustento razonable en el caso concreto, toda vez que la identidad de la accionante se encontraba debidamente acreditada mediante el número de cédula de identidad consignado en el oficio judicial. Este elemento resulta suficiente para su individualización, máxime si se considera que las autoridades administrativas tienen el deber de verificar los datos esenciales de identificación a través de medios objetivos -como el número de documento de identidad- y no pueden fundamentar sus decisiones en formalismos o presunciones que obstaculicen el cumplimiento de resoluciones judiciales. Asimismo, la autoridad demandada incurrió en un error al confundir la forma del nombre con la sustancia de la identidad. La identidad de una persona se determina principalmente mediante elementos objetivos que permiten su identificación inequívoca como la huella digital, lugar de residencia, etc., siendo uno de ellos el número de cédula de identidad. Dicho número es único, irrepetible y cumple la función de identificador principal en todos los registros administrativos y judiciales del Estado. Por el contrario, el nombre completo puede estar sujeto a variaciones formales -como el uso del apellido de casada, errores tipográficos, alteraciones en el orden de los apellidos o incluso abreviaciones- sin que tales diferencias impliquen la existencia de personas distintas.
En ese sentido, la autoridad demandada no realizó una verificación mínima que hubiera permitido constatar, sin mayor dificultad, que se trataba de la misma persona; es decir, confundió identidad con el nombre. Esta omisión revela una deficiencia en la actuación administrativa, además generó una afectación concreta al derecho de la accionante a la ejecución efectiva de una resolución judicial favorable. En cuanto a la exigencia de contar con dos oficios distintos, no estaba justificada por la entidad demandada, toda vez que el oficio presentado consignaba de manera clara y expresa el levantamiento del arraigo respecto de ambos accionantes, identificando individualmente a cada uno de ellos y detallando la información requerida. Por tanto, no se ha demostrado la exigencia la emisión de un oficio separado para cada persona tenga respaldo normativo específico. En consecuencia, si se consideraba necesaria la presentación de una copia legalizada, correspondía a la autoridad justificar dicha exigencia conforme a normativa expresa. Además, cualquier observación relativa al cumplimiento de requisitos formales debe ser formulada de manera escrita, a fin de garantizar el derecho de defensa y permitir a los interesados subsanar oportunamente cualquier deficiencia advertida o en su caso impugnar la determinación. La omisión de las verificaciones pertinentes y el rechazo injustificado de la solicitud ocasionaron una dilación indebida en el trámite, lo cual motivó la interposición de la presente acción de libertad. En consecuencia, se advierte que la negativa de la autoridad demandada a recibir y procesar la solicitud de levantamiento de arraigo constituyó una vulneración directa al derecho fundamental a la libertad de locomoción de los accionantes. Cabe recordar que el incumplimiento injustificado de una orden judicial no solo configura una falta administrativa, sino que puede constituir un delito tipificado en la legislación penal. El respeto y ejecución oportuna de las resoluciones judiciales es un pilar esencial del Estado de Derecho y resulta obligatorio para todas las autoridades, sin excepción. La desobediencia a una orden judicial vulnera gravemente el principio de legalidad, socava la tutela judicial efectiva y pone en riesgo la vigencia misma de los derechos fundamentales. Finalmente, sobre la vulneración del derecho a la salud y a la vida, los accionantes se limitaron a señalar la vulneración de dichos derechos, sin proporcionar elementos suficientes que acrediten tal vulneración. En su exposición, argumentan que debido a su estado de salud, Shirley Virginia Sandoval Arandia de Malky requiere realizarse un tratamiento médico fuera del país. Para respaldar esta afirmación, adjuntaron informes médicos de la prenombrada, correspondientes a los años 2016 y 2021 (fs. 20 y 21); sin embargo, estos informes solo describen el estado de salud de la paciente, pero no detallan el tratamiento médico específico que requeriría la prenombrada.
Además, los informes presentados no son recientes, lo que impide acreditar el estado actual de la salud de la mencionada accionante. Tampoco se ha acreditado la programación de su viaje para recibir el tratamiento médico fuera del país, ni el lugar en que se llevaría a cabo dicho tratamiento; es decir, no se ha proporcionado ningún otro dato que demuestre la programación de un tratamiento médico pendiente fuera del país; por lo tanto, la parte accionante no ha logrado acreditar adecuadamente la vulneración de los derechos a la salud y a la vida, al no presentar pruebas suficientes ni actualizadas sobre la necesidad de dicho tratamiento ni sobre los detalles de su realización. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2022 de 20 de diciembre, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada con relación al derecho a la libertad de locomoción, en los mismos términos dispuesto por el Juez de garantías; 2° DENEGAR la tutela peticionada con relación al derecho a la salud y a la vida, conforme a los argumentos vertidos en esta decisión constitucional; y, 3° Exhortar a la Directora General de Migración para que toda observación relacionada con trámites administrativos sea formulada por escrito, de manera clara, debidamente motivada y con sustento legal, a fin de garantizar el respeto al debido proceso y evitar la comisión de actos arbitrarios, asimismo, se le recuerda que la omisión de estas obligaciones podría generar responsabilidades administrativas y penales, conforme a lo expuesto a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0613_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c2289654eb4e81ce61ad1589c1a22c0db70ef2ea0886b3d130dd9c0bb3a40aac
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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