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SCP 0612/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de Libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52684-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues dentro del proceso de homologación del documento transaccional de asistencia familiar de 9 de marzo de 2015, la autoridad demandada, determinó que según el Auto de 28 de septiembre de 2022, la notificación mediante comisión instruida se debió haber realizado de manera personal a su representado, lo cual no se cumplió sino que se hizo mediante cédula; asimismo, pese a tener conocimiento de la Circular 12/2022 de 19 de octubre, dispuso la emisión del Mandamiento de Apremio para su representado, habiéndose efectivizado su ejecución ilegal en fecha 20 de diciembre de igual año, pese a la vacación judicial a partir del 2 de diciembre de 2022, por lo que dichas irregularidades motivaron un procesamiento indebido de su representado, dejándolo en total estado de indefensión, al encontrarse ilegítimamente privado de su libertad en el Centro Penitenciario “San Pedro” de Sacaba, Cochabamba. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; y para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL 013/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 118 a 122 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, por no haber agotado los medios intraprocesales que tenía a su alcance para reclamar sus derechos supuestamente vulnerados, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar
  2. III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2025-S1 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Libertad Expediente: 52684-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL 013/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 118 a 122 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Reynaldo Gonzales Sangreri en representación sin mandato de Grover Peña Meneces contra Ana Litzie Peña Villalta, Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante de fs. 19 a 22 vta., el accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que la señora Rosa Flores Campos, interpuso una demanda contra el agraviado Grover Peña Meneces, solicitando la homologación del Documento Transaccional de Asistencia Familiar de 9 de marzo de 2015, el cual su representado desconoce, toda vez que nunca suscribió documento alguno, y del mismo trámite se desprende la Sentencia con que supuestamente se le notifica a su representado, a lo cual la demandante presenta memorial de liquidación de 12 de agosto de 2022, y posteriormente en el Auto de 15 de agosto de igual año, se advierte el adeudo de una asistencia familiar de ochenta y nueve meses, a Bs700.- (Setecientos bolivianos) mensuales, por lo que se emitió el Auto de 28 de septiembre del mismo año, que dispuso aprobar la liquidación, conminándose al obligado a pagar la suma de Bs62 300.- (sesenta y dos mil trescientos 00/100 bolivianos), por concepto de asistencia familiar, debiendo cancelar lo devengado dentro del tercer día de su notificación personal, advirtiéndose asimismo que en caso de incumplimiento en el pago ordenado, se expedirá mandamiento de apremio en su contra. Agrega que la autoridad demandada, determinó que según el Auto de 28 de septiembre de 2022, la notificación mediante comisión instruida se debió haber realizado de manera personal a su representado, lo cual no se cumplió sino que se hizo mediante cédula, y además su representado nunca suscribió el documento transaccional de asistencia familiar, lo cual deberá ser investigado por la Fiscalía, pues no tiene las posibilidades económicas para cubrir dicho monto, y solo alcanzaría a depositar el 20% del salario mínimo ya que está atravesando una economía en declive. Asimismo, la autoridad demandada, previo a emitir el mandamiento de apremio, debió sanear el proceso con respecto al Auto de 28 de septiembre de 2022, a fin de evitar vicios de nulidad dentro de la presente causa, dado que pese a tener conocimiento de la Circular 12/2022 de 19 de octubre, emitido por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dispuso la emisión del Mandamiento de Apremio para su representado, pese a la vacación judicial a partir del 2 de diciembre de 2022, por lo que dichas irregularidades motivaron un procesamiento indebido de su representado, dejándolo en total estado de indefensión, siendo que bajo estas anomalías, la autoridad demandada estaba en la ineludible obligación de sanear el proceso y por ende anular obrados de oficio, y sin embargo ordenó que se extienda el Mandamiento de Apremio el 2 de diciembre de 2022, pese a la existencia de la referida Circular 12/2022, habiéndose efectivizado su ejecución ilegal en fecha 20 de diciembre de igual año, por lo que ahora su representado se halla ilegítimamente privado de su libertad en el Centro Penitenciario “San Pedro” de Sacaba, Cochabamba.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El peticionante de tutela alegó la lesión de los derechos de su representado, contenidos en los arts. 22, 23, 13.I y 14.I y III, y las garantías establecidas en los arts. 109.I, 115.I y II, 117.I y 119.I, todos de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se ordene la inmediata libertad de su representado, por estar indebidamente detenido como efecto de la tramitación de un proceso de homologación viciado de nulidad, y se emita mandamiento de libertad a su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 23 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 117 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia se ratificó in extenso en los fundamentos desarrollados en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad judicial demandada

Ana Litzie Peña Villalta, Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del departamento de Cochabamba, presentó informe cursante a fs. 116 y vta., señalando que: a) Evidentemente el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió la Circular 12/2022 de 19 de octubre, dando a conocer la vacación judicial colectiva, y conforme la propia parte transcribe, en su numeral sexto, parágrafo quinto establece: “Durante el periodo de la vacación judicial no se ejecutará ningún mandamiento de apremio en materia civil, familiar, laboral, mandamiento de aprehensión en materia penal salvo los emitidos por los jueces de turno”; y conforme a la misma Circular, se establece con claridad que su Juzgado se encuentra de turno, y no otra cosa significa que el propio impetrante pudo acudir a este Juzgado a revisar el proceso; b) Conforme se puede evidenciar de la revisión de los actuados del proceso de homologación de asistencia familiar, el mismo emerge de un documento transaccional suscrito en el SLIM el 9 de marzo de 2015, no siendo evidente que el demandado -ahora accionante- no hubiera conocido de dicho documento, así como tampoco desconoce el proceso, por cuanto al margen de la citación personal que se hizo con la sentencia de homologación, al no haberse apersonado nunca al proceso, se le notificó con los demás actuados de manera personal, no pudiendo alegar indefensión alguna sobre actuados que fueron de su conocimiento; y, c) Finalmente, aun siendo que en el peor de los casos se hubiere efectivizado el mandamiento, contraviniendo la citada Circular, la SCP 0203/2018-S2 de 22 de mayo, estableció con claridad que los Tribunales Departamentales de Justicia no pueden suspender la ejecución del mandamiento de apremio corporal por asistencia familiar ante las vacaciones judiciales colectivas, siendo que al ser un derecho que recae en la subsistencia de las niñas y los niños, no puede suspenderse en ningún momento; por lo que solicita se rechace la forzada acción interpuesta que solo pretende evadir el cumplimiento de su obligación.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución AL 013/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 118 a 122 vta., denegó la tutela solicitada; determinación asumida sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Revisados los antecedentes del proceso se evidencia que la liquidación de asistencia familiar devengada fue puesta a conocimiento de la parte obligada a través de su notificación personal en la forma prevista por los arts. 306 y 307 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, es decir mediante cedulón en el domicilio del actual accionante, al no haber sido encontrado; aspecto que conlleva desestimar el reclamo; 2) Dado que el mandante del impetrante de tutela incumplió su deber de pagar la suma determinada en la liquidación correspondiente dentro del plazo de tres días de la intimatoria, la autoridad judicial demandada expidió mandamiento de apremio, cumpliendo así su deber legal y sin que pueda advertirse ninguna vulneración de derechos, pues cabe aclarar que en la Circular 12/2022 evidentemente existe una prohibición de expedir y ejecutar mandamientos de tal índole, pero solamente es aplicable respecto a los Juzgados de Familia que salieron de vacación y al comprobarse que la autoridad demandada se encuentra de turno, dicho reclamo resulta totalmente infundado; y, 3) Sobre el reclamo de que la Jueza demandada inicialmente ordenó que el accionante fuera conducido al Centro Penitenciario de “San Antonio” de Cochabamba, pero al final fue remitido al Centro Penitenciario de “San Pedro” de Sacaba, no se advierte cómo ello genera una afectación de sus derechos, debido a que si bien se comprueba que así ocurrió, debe recordarse que el Juez puede modificar sus determinaciones de oficio o a petición de parte, a fin de enmendar cualquier error que hubiera cometido, lo que se dio cuando no dispuso el apremio se ejecute en un Centro Penitenciario que no se encuentra dentro de su jurisdicción, siendo además que dicho mandamiento sí se encuentra arrimado a los antecedentes del caso; en consecuencia, la autoridad demandada cumplió sus deberes y no existe ninguna afectación de derechos que deba ser reparada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 18 de agosto de 2022, por el cual Rosa Flores Campos, dentro del proceso de homologación seguido contra Grover Peña Meneces -ahora accionante-, solicita se le extienda la Comisión Instruida, toda vez que el domicilio del obligado se encuentra en la zona Tamborrada – EPI SUR del departamento de Cochabamba, para su respectiva notificación con memorial de 12 de agosto de 2022, y Auto de 15 de agosto de igual año, comisionando su ejecución a cualquier funcionario público del mencionado departamento; efecto de lo cual, la Jueza Pública Mixta de Familia Niñez y Adolescencia Segunda de Sacaba del mencionado departamento, mediante proveído de 22 de agosto de 2022, dispuso se extienda la comisión instruida, encomendando su ejecución a cualquier oficial de diligencias del citado departamento (fs. 2 y vta.). II.2. Mediante Circular 12/2022 de 19 de octubre, emitida por Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se comunica la Vacación Judicial Anual Colectiva de la gestión 2022, a fin de garantizar el funcionamiento de Salas y Juzgados de turno para brindar a la sociedad la continuidad del servicio en la administración de justicia; disponiendo que durante el periodo de la vacación judicial anual colectiva, quedarán de turno los siguientes Juzgados: “Juzgado Público Mixto de Familia y de la Niñez y Adolescencia Nº 2 de Sacaba (Dra. Ana Litzie Peña Villalta)” (fs. 5 a 12 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues dentro del proceso de homologación del documento transaccional de asistencia familiar de 9 de marzo de 2015, la autoridad demandada, determinó que según el Auto de 28 de septiembre de 2022, la notificación mediante comisión instruida se debió haber realizado de manera personal a su representado, lo cual no se cumplió sino que se hizo mediante cédula; asimismo, pese a tener conocimiento de la Circular 12/2022 de 19 de octubre, dispuso la emisión del Mandamiento de Apremio para su representado, habiéndose efectivizado su ejecución ilegal en fecha 20 de diciembre de igual año, pese a la vacación judicial a partir del 2 de diciembre de 2022, por lo que dichas irregularidades motivaron un procesamiento indebido de su representado, dejándolo en total estado de indefensión, al encontrarse ilegítimamente privado de su libertad en el Centro Penitenciario “San Pedro” de Sacaba, Cochabamba. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; y para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, reiterada por la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo -entre otras-, asumió el siguiente entendimiento: El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:

El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.

Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.

Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPE abrg. al recurso de hábeas corpus.

De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.

III.2. El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:

Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:

a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.

b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.

c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.

d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I: “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; art. 366 del mismo cuerpo legal que indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, art. 368 del referido Código que menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues dentro del proceso de homologación del documento transaccional de asistencia familiar de 9 de marzo de 2015, la autoridad demandada, determinó que según el Auto de 28 de septiembre de 2022, la notificación mediante comisión instruida se debió haber realizado de manera personal a su representado, lo cual no se cumplió sino que se hizo mediante cédula; asimismo, pese a tener conocimiento de la Circular 12/2022 de 19 de octubre, dispuso la emisión del Mandamiento de Apremio para su representado, habiéndose efectivizado su ejecución ilegal en fecha 20 de diciembre de igual año, pese a la vacación judicial a partir del 2 de diciembre de 2022, por lo que dichas irregularidades motivaron un procesamiento indebido de su representado, dejándolo en total estado de indefensión, al encontrarse ilegítimamente privado de su libertad en el Centro Penitenciario “San Pedro” de Sacaba, Cochabamba. Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Dicho entendimiento también es aplicable en materia familiar, como en el presente caso, que ante la emisión de un mandamiento de apremio que supuestamente vulnera el derecho a la libertad del accionante, como resultado de un supuesto procesamiento indebido y privación de libertad; concretamente en los casos de impugnaciones a las notificaciones judiciales, el incidente resulta ser el medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno al que previamente el accionante debió acudir; y una vez agotada esa vía, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Ahora bien, de acuerdo a la demanda y el informe de la autoridad judicial ahora demandada en la presente acción tutelar, se advierte que el solicitante de tutela tuvo conocimiento del Juzgado donde se tramitaba el proceso de homologación de asistencia familiar, que recae en el Juzgado Público Mixto de Familia Niñez y Adolescencia Segundo de Sacaba del departamento de Cochabamba, más aún cuando al margen de la citación personal que se hizo con la Sentencia de homologación emitida por dicho Juzgado, al no haberse apersonado nunca al proceso, se le notificó con los demás actuados de manera personal, no pudiendo alegar indefensión alguna sobre actuados que fueron de su conocimiento, no siendo evidente que el demandado -ahora accionante- no hubiera conocido de dicho documento, así como tampoco desconoce los actuados emitidos durante el proceso; sin embargo éste no efectuó reclamo alguno sobre las supuestas vulneraciones que denuncia en la presente acción de defensa, ya que si consideraba que las notificaciones practicadas en el curso del proceso eran irregulares y que carecían de requisitos de validez, correspondía que busque la reparación de la supuesta lesión de sus derechos ante la propia autoridad judicial que tramita la causa, haciendo uso del medio de defensa idóneo que tenía a su alcance, como es el incidente; empero no lo hizo. Consecuentemente, el impetrante de tutela, al haber acudido directamente ante la justicia constitucional, sin agotar previamente los medios de defensa intraprocesales idóneos que tenía a su alcance, incumplió la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, de tal forma que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL 013/2022 de 23 de diciembre, cursante de fs. 118 a 122 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, por no haber agotado los medios intraprocesales que tenía a su alcance para reclamar sus derechos supuestamente vulnerados, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0612_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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