B.IA.LEGAL

SCP 0612/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de julio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
47197-2022-95-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, continúa detenido en el Centro Penitenciario San Sebastián varones de Cochabamba; debido a que, la autoridad jurisdiccional demandada, no señaló audiencia para considerar su libertad condicional, dilatando y retrasando innecesariamente su solicitud; sin tomar en cuenta que, todo trámite administrativo o judicial donde se encuentra de por medio la libertad, requiere ser atendido con celeridad.

En revisión de la resolución de garantías, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 15 de abril de 2022, cursante de fs. 72 a 75, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; en consecuencia, resuelve; 1º CONCEDER la tutela impetrada sin responsabilidad por ser excusable; y, 2º Disponer que Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, previa evaluación de la documentación presentada por Manuel Choque Poma, impetrante de tutela; y, con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario, resuelva según corresponda, la solicitud de libertad condicional en el plazo máximo de cinco días, a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, incluidas las notificaciones, en caso de no haberlo hecho hasta la fecha.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del beneficio de la libertad condicional y su resolución
  3. III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional.
  4. III.4. La acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0612/2023-S4 Sucre, 12 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 47197-2022-95-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 15 de abril de 2022, cursante de fs. 72 a 75, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Emilio Osvaldo Torrez Ortiz en representación sin mandato de Manuel Choque Poma contra Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de abril de 2022, cursante de fs. 9 a 12 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó al Centro Penitenciario San Sebastián varones de Cochabamba el 29 de diciembre de 2011; y posteriormente, el 24 de julio de 2015 fue sentenciado a cumplir quince años de privación de libertad, por la comisión del delito de violación. El 5 de enero de 2022, solicitó al Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba el beneficio de libertad condicional, la cual fue admitida mediante proveído de 10 de igual mes y año, cumpliendo para el efecto, los requisitos exigidos en el art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001–. Así, mediante memorial de 16 de marzo de 2022, solicitó al mencionado Juzgado resuelva el incidente de libertad condicional que presentó, siendo atendida su solicitud siete días después, a través de decreto de 23 de igual mes y año, ordenando con carácter previo al régimen penitenciario, que remita la clasificación al cuarto periodo. Finalmente, por memorial de 7 de abril 2022, reiteró que se resuelva el incidente presentado; empero, no obtuvo respuesta hasta la interposición de la presente acción tutelar, vulnerando su derecho a la libertad; ya que, continúa detenido en el Centro Penitenciario antes referido; debido a que, la autoridad demandada viene dilatando y retrasando innecesariamente el trámite de libertad condicional, sin tomar en cuenta que todo trámite administrativo o judicial, donde se encuentra de por medio la libertad de una persona, debe ser atendido cumpliendo con el principio de celeridad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad, previsto en los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad; no siendo permisible que hasta la fecha no se le hubieran expedido el mandamiento de libertad, no existiendo justificativo legal alguno, para que permanezca detenido hasta la fecha; consiguientemente, se ordene a la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, que en el plazo de veinticuatro horas, resuelva su incidente de libertad condicional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual de 15 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 71 y vta.; presentes, la parte accionante; la autoridad demandada; y, el Ministerio Público como tercero interviniente, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado en audiencia, ratificó el contenido de su demanda y ampliándola, solicitó que en el plazo de veinticuatro horas, la autoridad jurisdiccional demandada, resuelva el incidente de libertad condicional interpuesto por su parte, para verificar si cumplió o no con los requisitos previstos en el art. 174 de la LEPS.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Giovana Torrico Diaz, Jueza de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito presentado el 14 de abril de 2022, cursante de fs. 68 a 70 vta. manifestó lo siguiente: a) Se dispuso la notificación al Centro Penitenciario San Sebastián varones del departamento indicado, a fin de que se emita el certificado de permanencia y conducta; y la clasificación, del cuarto periodo progresivo, para verificar la vocación de trabajo que tuvo el ahora accionante y demás requisitos, que deben ser gestionados por el solicitante de la libertad condicional; b) Toda la prueba, deberá ser valorada y verificada para establecer si lo solicitado cumple con los requisitos y presupuestos, a fin de dar curso o rechazar la libertad condicional del impetrante de tutela, más aun tomando en cuenta que se trata de un delito de violación; por el que, fue condenado a cumplir una pena de quince años de presidio; c) La audiencia no fue señalada debido a su agenda saturada, por encontrarse en suplencia legal de otros dos Juzgados de Ejecución Penal; y, d) El accionante, lejos de activar los mecanismos jurídicos previstos en la jurisdicción ordinaria, como ser el recurso de reposición, directamente activó la jurisdicción constitucional, pretendiendo que sea ésta la que analice aspectos, que debieron ser entendidos por ser absolutamente razonables.

I.2.3 Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público, en audiencia manifestó lo siguiente: 1) El impetrante de tutela no agotó las vías ordinarias; y, 2) La acción de libertad no puede ser desmaterializada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 15 de abril de 2022, cursante de fs. 72 a 75, denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes argumentos: i) En virtud a lo establecido por los art. 125 de la CPE y 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad solo puede activarse cuando: 1.- La vida está en peligro; 2.- Está ilegalmente perseguida; 3.- Está indebidamente procesada; y, 4.-Está indebidamente privada de libertad personal. En el caso analizado, el solicitante de tutela no identificó a cuál de los cuatro presupuestos señalados se ajusta su problemática; dado que no se advierte, peligro en la vida, ningún procesamiento o persecución ilegal e indebida privación de libertad; ya que, Manuel Choque Poma se encuentra cumpliendo condena a raíz de una sentencia condenatoria emitida el 24 de julio de 2015; prueba de ello, es que pretende tramitar su libertad condicional; ii) Lo que pretende el accionante, es la emisión de una resolución dentro de las veinticuatro horas, sin identificar los presupuestos señalados en el at. 46 del CPCo; aspecto que, desnaturaliza el instituto de la acción de libertad como mecanismo de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales; iii) Para resolver el trámite de libertad condicional solicitado por el impetrante de tutela, previamente debe cumplirse con lo dispuesto en el Auto de 6 de enero de 2022, conforme establece el art. 174 de la LEPS; y con su resultado, en audiencia se resolverá lo que corresponda en derecho; por otra parte, conforme se dispuso en el decreto de 13 de abril de igual año, se señalaría audiencia de consideración a la solicitud de libertad condicional, conforme al cronograma de rol de audiencias, a fin de no vulnerar derechos ni garantías constitucionales. En ese orden, cursa en el expediente el señalamiento de audiencia de trámite de libertad condicional, conforme se señaló en el decreto de 14 de abril de 2022; iv) El tiempo trascurrido no es atribuible a la autoridad demandada sino a la parte ahora impetrante de tutela; debido a que dicha autoridad, no contaba con las condiciones necesarias para considerar y resolver la solicitud impetrada, hasta el 13 de abril del mismo año; en ese sentido, por Resolución de 14 de abril del indicado año, se estableció que la solicitud de libertad condicional se resolverá el 28 de igual mes y año; y, v) En cuanto a la acción innovativa, el proceso se encuentra en control jurisdiccional ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero, correspondiendo acudir primeramente a esta vía como mecanismo idóneo y eficaz para hacer prevalecer sus derechos y garantías constitucionales, en caso los considera lesionados o amenazados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 5 de enero de 2022, dirigido a la Jueza de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba; por el cual, Manuel Choque Poma –accionante–; solicitó que, toda vez que fue condenado a la pena de quince años por el delito de violación y habiendo ingresado al Centro Penitenciario San Sebastián Varones el 29 de diciembre de 2011; cuenta con una permanencia de diez años y seis días de privación de libertad; por lo que, en aplicación de lo previsto por el art. 174 de la LEPS, correspondería el cumplimiento del saldo de su condena en libertad; interponiendo por consiguiente, incidente de libertad condicional, pidiendo que se le extienda el correspondiente mandamiento de libertad (fs. 5). II.2. Cursa informe de 6 de enero de 2022, emitido por la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba; en el cual señaló que, el impetrante de tutela fue condenado por el delito de violación a niño, niña y adolescente, a la pena de quince años de presidio, y que se encuentra cumpliendo su condena en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba; en virtud, a la Sentencia de 24 de julio de 2015, la que se encuentra debidamente ejecutoriada; y del certificado de permanencia y conducta el prenombrado, se acredita que el mismo, ingresó al penal, el 29 de diciembre de 2011, con mandamiento de detención preventiva; se tiene, mandamiento de condena de 4 de agosto de 2015 (fs. 30). II.3. Por Auto de 6 de enero de 2022, la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, dispuso que el hoy solicitante de tutela debía asegurarse de cumplir las exigencias contenidas en el art. 174 de la LEPS, siendo su responsabilidad la presentación oportuna de la documentación idónea; por otra parte, conminó al Consejo Penitenciario del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento prenombrado, mediante la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, para que en plazo máximo de diez días de su notificación, remita certificación; en la que conste, si el condenado fue sancionado por faltas graves o muy graves en el último año de su permanencia; y que, si las mismas fueron cumplidas o están pendientes de cumplimiento (fs. 31). II.4. Mediante memorial presentado el 16 de marzo de 2022 ante Jueza de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, el ahora accionante acompañó certificados de arraigo y de trabajo, acreditando el cumplimiento de lo ordenado (fs. 6); mereciendo el proveído de 21 de marzo de 2022, por el que la autoridad jurisdiccional demandada conminó al Consejo Penitenciario del Penal San Sebastián Varones del mismo departamento, presente la clasificación en el sistema progresivo, que corresponde al impetrante de tutela (fs. 7). II.5. Por memorial de 7 de abril de 2022, presentado ante la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, el hoy impetrante de tutela señaló haber cumplido con todos los requisitos insertos en el art. 174 de la LEPS; por lo que, correspondía que se emita la resolución y mandamiento de libertad condicional en su favor (fs. 8). II.6. Mediante decreto de 13 de abril de 2022, la Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba, señaló que ese Despacho se encontraba sobrecargado, debido al abundante número de ingresos de nuevas causas y memoriales, señalamientos de audiencia diarios con los tres Juzgados, entre otros trámites; empero, a fin de no vulnerar derechos otorgados a esta parte, en el menor tiempo posible se atendería su pedido con la notificación del señalamiento de audiencia correspondiente (fs. 54). II.7. Por providencia de 14 de abril de 2022, la Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, señaló audiencia para consideración de libertad condicional del hoy solicitante de tutela, para el 28 de abril de 2022 a las 13:00 (fs. 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, continúa detenido en el Centro Penitenciario San Sebastián varones de Cochabamba; debido a que, la autoridad jurisdiccional demandada, no señaló audiencia para considerar su libertad condicional, dilatando y retrasando innecesariamente su solicitud; sin tomar en cuenta que, todo trámite administrativo o judicial donde se encuentra de por medio la libertad, requiere ser atendido con celeridad.

En revisión de la resolución de garantías, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto la SC 0011/2010-R de 6 de abril, en cuanto a la acción de libertad precisó que: “…es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”.

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´”. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.

Así también, la SCP 0819/2019-S4 de 12 de septiembre citando a la SC 0056/2010-R de 27 de abril, al respecto señaló que: ‘“…el derecho a la libertad física, supone un derecho fundamental de carácter primario para el desarrollo de la persona (…) pues en ella el Constituyente boliviano ha dejado expresamente establecido que la libertad es inviolable y, respetarla y protegerla es un deber primordial del Estado. (…) Bajo esta premisa fundamental, debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’”.

La SCP 0673/2020-S4 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0880/2019-S4 de 9 de octubre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Del beneficio de la libertad condicional y su resolución

La libertad condicional es un beneficio que la ley le otorga por única vez al condenado a pena privativa de libertad durante el último periodo del sistema progresivo, para que cumpla esta parte de su condena en libertad; en ese sentido, el art. 174 de la LEPS establece que: “la libertad condicional es el último periodo del sistema progresivo, consiste en el cumplimiento de la condena en libertad”.

En virtud a ello, de conformidad con lo previsto por el art. 55 del Código de Procedimiento Penal (CPP), los Jueces de Ejecución Penal; además de, las atribuciones contenidas en la Ley del Órgano Judicial y en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, cuentan con la facultad de controlar la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados; la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución; y, la revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultaran contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados. Para lograr sus propósitos en cuanto al seguimiento se encuentran facultados a solicitar informes al personal subalterno para que a través de los mismos, hagan seguimiento del cumplimiento de la condena, los requisitos impuestos en caso de otorgarse libertad condicional y la fecha del cumplimiento de la pena. En ese sentido, la SC 1246/2011-R de 16 de septiembre, respecto al control jurisdiccional en ejecución de sentencia, sostuvo lo siguiente: “…el control jurisdiccional estará a cargo del Juez de Ejecución Penal, o en su caso del Juez de la causa, quien en razón a los arts. 18 y 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), es el que garantizará a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional y las leyes, a favor de toda persona privada de libertad”; dejando entonces claramente establecido que la labor de control y observancia de los derechos y garantías consagrado en la Norma Suprema respecto del privado de libertad corresponden al Juez de Ejecución Penal. El razonamiento expuesto, también fue establecido en SC 1041/2005-R, que refiriéndose al control de la ejecución de las sentencias ejecutoriadas y al cumplimiento de la condena, señaló que, los jueces de ejecución penal tienen la atribución de controlar la ejecución de las sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución, conclusión a la que arribó de la lectura de los arts. 55 y 428 del CPP; y, 19 de LEPS, todas referidas a la competencia de las indicadas autoridades. En ese orden, corresponde al Juez de Ejecución Penal, el control de la ejecución de las penas privativas de libertad en el sistema progresivo que comprende los siguientes periodos: a) De observación y clasificación iniciales; b) De readaptación social en un ambiente de confianza; c) De prueba; y, d) De libertad condicional. Correspondiéndole también como es lógico, la revocatoria de las salidas prolongadas, el extramuro y la libertad condicional, por el incumplimiento de las condiciones impuestas, conforme prevé el art. 176 de la LEPS. La libertad condicional como último periodo del sistema progresivo, permite el cumplimiento del resto de la condena en libertad, puede ser concedida de oficio o a solicitud de parte, conforme previene el art. 174 de la LPES vigente, a quienes: 1) Hubiesen cumplido las dos terceras partes de la pena impuesta; 2) Haber cumplido la mitad más un día de la pena impuesta, cuando se trate de mujeres que tengan a su cargo niñas, niños o adolescentes; sean personas mayores de sesenta y cinco años; personas con discapacidad grave o muy grave o personas que padezcan enfermedades en grado terminal; 3) Demuestren buena conducta en el establecimiento penitenciario; 4) No haber sido sancionados por faltas graves o muy graves en el último año; y, 5) Demuestren vocación para el trabajo. En cuanto al procedimiento para su concesión, el art. 175 de LPES, establece que una vez presentada la solicitud o de oficio, la Jueza o Juez de Ejecución Penal, conminará al Director del establecimiento penitenciario para que en el plazo de diez días, remita los informes correspondientes. Con la indicada información, emitirá Resolución motivada, concediendo o denegando lo solicitado. Igualmente, podrá rechazar la solicitud sin más trámite, cuando sea manifiestamente improcedente. Entonces, del resumen precedente y de la normativa mencionada, se concluye que conforme previene el art. 19 de la LEPS, el Juez de Ejecución Penal, en ejercicio de la competencia para conocer y controlar la ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad, así como los incidentes que se produzcan durante su ejecución, tiene igualmente atribución expresa para la concesión y revocación de la libertad condicional, así también verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas; correspondiendo señalar que, para la concesión de la libertad condicional, conforme prevé la normativa consultada, no se requiere de una audiencia previa; puesto que, en el fondo no existe contradicción; dado que, en ejercicio del control de la ejecución de la sentencia, conoce cuál es el tiempo de privación de libertad del interno-solicitante; por ello, también le es permitido iniciar el trámite de oficio, requiriendo únicamente valorar la información que le proporcionan las autoridades del régimen penitenciario en cuanto al cumplimiento de las otras condiciones. Lo mismo ocurre en el caso de mujeres con niños y adolescentes a su cargo, adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad, quienes deberán acreditar únicamente, la existencia de tales condiciones. Ahora bien, resulta evidente también, que las normas señaladas precedentemente, no establecen un plazo para que el Jueza o Juez de Ejecución Penal, emita las providencias necesarias, sea para conducir el trámite y pronunciar resolución de fondo que conceda o deniegue la libertad condicional, o en su caso, la deniegue sin más trámite por su manifiesta improcedencia; no obstante, el art. 178.I de la CPE establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en el principio de celeridad, reconocido también por los arts. 22, 23.I y 180.I de la Norma Suprema; y, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativas a la libertad y celeridad”. En ese contexto, la SCP 0900/2010-R de 10 de agosto, al referirse a la celeridad procesal en la decisiones vinculadas al derecho a la libertad, sostiene lo que sigue: i) Toda solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible o cuando menos dentro de los plazos razonables, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; ii) Se produce lesión en el derecho a la libertad física, cuando existe demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza en su tramitación y consideración o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido; y, iii) El plazo razonable debe ser definido como un término brevísimo, de cinco días hábiles como máximo, porque el imputado se encuentra privado de su libertad.

En ese entendido, aplicando el principio constitucional de la celeridad procesal, así como la jurisprudencia establecida en el Tribunal Constitucional Plurinacional, corresponde establecer que los incidentes de concesión de libertad condicional, deben ser resueltos por las juezas o jueces de ejecución penal, en un plazo máximo de cinco días, incluidas las notificaciones a las partes, computables a partir de la recepción de los informes que deben emitir los Directores de los recintos penitenciarios, no siendo excusa válida la existencia de “sobrecarga procesal”. Al asumir el entendimiento precedente, se tiene en cuenta que el art. 113.1 del Código de Procedimiento vigente, prevé que no es posible alterar el procedimiento establecido en la materia; vale decir, que conforme establece la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario un procedimiento brevísimo y escrito, no resulta necesario que se convoque a audiencia para resolver la solicitud de libertad condicional; consecuentemente, la jueza o juez de ejecución penal, una vez cuente con toda la documentación presentada por el impetrante de tutela y con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario, deberá evaluar los mismos pudiendo rechazar las solicitudes improcedentes sin más trámite, o en su defecto conceder su libertad condicional a través de una Resolución que debe ser pronunciada en el plazo máximo de cinco días incluidas las notificaciones.

III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional.

Jurisprudencia reiterada Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: “`La jurisprudencia constitucional 6 estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: «…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional». Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas´″

Por otra parte en su art. 56 la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, los Secretarios juegan un papel importante en cuanto a la asistencia de la jueza, el juez o tribunal respecto al cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes: 1. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; a tal efecto, deberá proyectar la conminatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad. 2. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente; 3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; 4. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad; 5. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos; 6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias; 7. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; 8. Dirigir al personal auxiliar; y, 9. Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial. Conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales.

III.4. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).

III.5. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración al derecho a la libertad; por cuanto, continúa detenido en el Centro Penitenciario San Sebastián varones de Cochabamba; debido a que, la autoridad demandada, no señaló audiencia para considerar su libertad condicional, dilatando y retrasando innecesariamente la atención a su solicitud; sin tomar en cuenta que, todo trámite administrativo o judicial, en el que se encuentre de por medio la libertad, requiere ser atendido con celeridad.

Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes venidos en revisión, a partir de lo cual; se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de violación, el solicitante de tutela por memorial de 5 de enero de 2022, presentado ante la Jueza de la causa Ejecución Penal Tercero del departamento de Cochabamba; señaló que, toda vez que fue condenado a la pena de quince años de privación de libertad y habiendo ingresado al Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento precitado el 29 de diciembre de 2011, cuenta con una permanencia y privación de libertad de diez años y seis días en el mismo; por lo que, en aplicación de lo previsto por el art. 174 de la LEPS, correspondería el cumplimiento del resto de su condena en libertad, interponiendo por consiguiente, incidente de libertad condicional; habiendo solicitado al efecto, que se le extienda el correspondiente mandamiento de libertad; ante ello, la Secretaria del Juzgado, a través de informe de 6 del mismo mes y año, señaló que el impetrante de tutela fue condenado por el delito de violación a niño, niña y adolescente, a la pena de quince años de presidio, y que se encuentra cumpliendo su Sentencia en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones; así continuó indicando que por certificado de permanencia y conducta, el prenombrado ingresó al penal el 29 de diciembre de 2011; contando además con mandamiento de condena de 4 de agosto de 2015.

Ante la solicitud planteada por el hoy accionante, de fijar audiencia para resolver su libertad condicional, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, mediante Auto de 6 de enero de 2022, dispuso que el accionante debía asegurarse de cumplir las exigencias que dispone el art. 174 de la LEPS, siendo su responsabilidad, la presentación oportuna de la documentación idónea; por otra parte, conminó al Consejo Penitenciario del Centro Penitenciario San Sebastián Varones, para que mediante la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario, en el plazo máximo de diez días de su notificación, remita una certificación, en la que conste, si el condenado fue sancionado por faltas graves o muy graves en el último año de su permanencia; y que, si las mismas fueron cumplidas o están pendientes de cumplimiento, por otra parte, el impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 16 de febrero de 2022, acompañó certificados de arraigo y de trabajo acreditando el cumplimiento de lo ordenado, mereciendo el proveído de 21 de marzo de mismo año; por el cual, la autoridad jurisdiccional ahora demandada conminó al Consejo Penitenciario del Penal San Sebastián Varones, presente la clasificación en el sistema progresivo que corresponde al hoy impetrante de tutela; más tarde, éste último a través de memorial de 7 de abril de igual año, indicó haber cumplido con todos los requisitos insertos en el art. 174 de la LEPS; por lo que, correspondía se emita la resolución y consiguientemente el mandamiento de libertad condicional, mereciendo el decreto de 13 de mismo mes y año; por el cual, la Secretaria del referido juzgado, señaló que ese despacho judicial se encuentra sobrecargado, debido al abundante número de ingresos de causas nuevas y memoriales, señalamientos de audiencia diarios de los tres juzgados, dos de ellos en suplencia legal, entre otros trámites; empero, a fin de no vulnerar derechos otorgados a esta parte, en el menor tiempo posible se atendería su pedido y se le haría conocer a través de la notificación del señalamiento de audiencia correspondiente; posteriormente, por providencia de 14 de abril de 2022, la Jueza demandada, fijó audiencia para considerar la libertad condicional del hoy solicitante de tutela para el 28 de abril de 2022 a las 13:00; en la cual, se decidiría si correspondía otorgar la suspensión condicional de la pena; el presente análisis se efectúa, en el contexto de la acción de libertad innovativa, con la finalidad de evaluar la actividad de la autoridad demandada. Corresponde referir que, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, tomando en cuenta que el art. 113.1 del Código de Procedimiento vigente; establece que, no es posible alterar el procedimiento establecido en la materia; vale decir, que conforme prevé la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario un procedimiento brevísimo y escrito, no resulta necesario que se convoque a audiencia para resolver la solicitud de libertad condicional; consecuentemente, la jueza o juez de ejecución penal, una vez cuente con toda la documentación presentada por el peticionante y con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario (que no deben sobrepasar de los diez días de su remisión desde su solicitud), deberá evaluar los mismos pudiendo rechazar las solicitudes improcedentes sin más trámite, o en su defecto conceder su libertad condicional a través de una Resolución que debe ser pronunciada en el plazo máximo de cinco días incluidas las notificaciones. Por consiguiente, tomando en cuenta lo manifestado precedentemente, la falta de resolución sobre la libertad condicional, por parte de la Jueza demandada, dejó en incertidumbre al ahora accionante, respecto a la definición de su situación jurídica; toda vez que, el mencionado se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba; por lo que, conlleva a concluir que al no haber actuado la autoridad demandada, con la celeridad debida, retardó innecesariamente la resolución del indicado beneficio y por ende su situación jurídica; puesto que, en su rol de administradora de justicia, se apartó de los principios de celeridad lesionando los derechos al acceso a una justicia pronta y oportuna, y al debido proceso en su vertiente celeridad; correspondiendo conceder la tutela solicitada. Si bien la Secretaria del juzgado no fue demandada; sin embargo, como se establece en la Jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, las Secretarias juegan un papel importante al brindar asistencia a la jueza, el juez o tribunal; siendo una sus funciones, la de controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; por lo que, advertida de que la Jueza de la causa no había dictado resolución de libertad condicional; y en virtud de que, como servidora de apoyo judicial es susceptible de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales denunciados; por lo que, corresponde ampliar el análisis correspondiendo conceder la tutela solicitada contra esta funcionaria jurisdiccional, sin responsabilidad; puesto que, no pudo emitir informe alguno.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó de forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 15 de abril de 2022, cursante de fs. 72 a 75, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; en consecuencia, resuelve; 1º CONCEDER la tutela impetrada sin responsabilidad por ser excusable; y, 2º Disponer que Giovana Torrico Díaz, Jueza de Ejecución Penal Tercera del departamento de Cochabamba, previa evaluación de la documentación presentada por Manuel Choque Poma, impetrante de tutela; y, con los informes emitidos por el Director del establecimiento penitenciario, resuelva según corresponda, la solicitud de libertad condicional en el plazo máximo de cinco días, a partir de la notificación con el presente fallo constitucional, incluidas las notificaciones, en caso de no haberlo hecho hasta la fecha. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0612_2023-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): c0b2ff2b2f6717996cdb591e933a9b3138d9284fc7ced1ff6ad1ce978165dc97

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