B.IA.LEGAL

SCP 0611/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52653-2023-106-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, pronunciándose en su contra Sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad; y en la misma audiencia, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena cumpliendo los requisitos al efecto, que fue aceptada bajo ciertas condiciones; sin embargo no se dispuso su libertad, debido a que la parte víctima se reservó el derecho a recurrir la Sentencia, materializando después su recurso de apelación restringida; y ante la falta de solicitud de ampliación de su detención preventiva por el Ministerio Público y parte víctima, pidió cesación a su detención preventiva en base al art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 14 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en caso de resoluciones que deben ser revisadas por la autoridad de última instancia
  2. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0611/2025-S1 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52653-2023-106-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 28/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 14 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhulian René Saavedra Callejas contra Ximena Lucia Mendizábal Hurtado, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 2022, cursante de fs. 1 a 8, el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 101103012200538, se presentó imputación formal el 10 de julio de 2022, desarrollándose la audiencia de consideración de medidas cautelares el 11 de igual mes y año, en la cual, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, por el lapso de cuatro meses. Refirió que en el tiempo que se desarrolló la investigación, para demostrar que no participó en el hecho endilgado, coadyuvó con las diligencias investigativas, solicitando actuados e incluso ampliando su declaración informativa policial a objeto que las personas que sí cometieron el delito sean encontradas, fruto de ello se ha identificado a los mismos y se dispuso su detención.

Sin embargo por la lentitud del actuar policial y la poca diligencia que se denotó en el desarrollo del proceso, al no encontrar una solución respecto a su detención preventiva, solicitó someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado; es así que, el 11 de noviembre de 2022, en la audiencia dispuesta para considerar su situación jurídica, el Fiscal de Materia pidió la modulación de la audiencia para que pueda someterse a dicha salida alternativa, ante lo cual, la autoridad jurisdiccional en el mismo acto procesal aceptó la petición y pronunció Sentencia disponiendo una condena de tres años en su contra, es así que encontrándose bajo los parámetros que dispone el art. 366 del Código de Procedimiento Penal (CPP), fue beneficiado con la suspensión condicional de la pena, bajo medidas que debía cumplir a partir de la ejecutoria de la Sentencia, esto en razón a que la víctima se reservó el derecho a recurrir el fallo. Aclara que, en la audiencia de 11 de noviembre de 2022, el Fiscal de Materia no solicitó la ampliación de su detención preventiva conforme el art. 239.2 del CPP, tampoco la víctima solicitó que la autoridad judicial se pronuncie respecto a una ampliación del plazo. Es así que, amparado en el art. 239.1 y 2 del mencionado Código Adjetivo Penal, solicitó su cesación a la detención preventiva, que fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022, disponiéndose su detención domiciliaria; empero en apelación incidental de 5 de diciembre de igual año, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, revocó la misma sin considerar los fundamentos expuestos en la audiencia de cesación, argumentando que no se desvirtuaron los riesgos procesales existentes, ordenando que continúe detenido preventivamente, mientras se sustancie la apelación restringida de la Sentencia de aplicación de salida alternativa de procedimiento abreviado; además, sin considerar la jurisprudencia existente para los casos donde exista una sentencia condenatoria, tales como las SSCCPP 0979/2013-L de 27 de agosto, 1209/2017 de 15 de noviembre y 0884/2017-S1 de 23 de agosto.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa, citando al efecto los arts. 13, 22, 23, 115, 117, 119, 120, 125, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga su libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual, el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado, en audiencia ratificó el contenido de su acción, añadiendo lo siguiente: a) Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, desde la audiencia de medidas cautelares celebrada el 11 de julio de 2022, en la que se le impuso dicha medida por el lapso de 4 meses, es decir, hasta el 11 de noviembre de igual año, para lo cual la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, señaló audiencia de consideración de su situación jurídica para el 11 de noviembre de 2022; habiendo solicitado anticipadamente a esa audiencia someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, cumpliendo los requisitos para la procedencia de la mencionada salida alternativa, por lo que el Ministerio Público solicitó la modulación de la audiencia en la cual se iba considerar la prolongación o no de su detención preventiva, es así que el Fiscal de Materia en audiencia de 11 de igual mes y año, solicitó la modulación de ese acto procesal y se considere en su lugar la salida alternativa de procedimiento abreviado; en ese sentido, la Jueza de la causa dispuso la aceptación del procedimiento abreviado en primera instancia, pronunciando Sentencia condenatoria de tres años en su contra; y, por el quantum de la pena, le concedió la suspensión condicional de la pena por el lapso de un año bajo ciertas condiciones a cumplir; b) Aclaró que en la audiencia de 11 de noviembre de 2022, el Ministerio Público no solicitó la ampliación del plazo de la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, es decir, que no hizo mención de que la autoridad judicial disponga la ampliación mientras se sustancia algún actuado, como una apelación restringida con relación a la Sentencia, no existiendo ninguna resolución emanada por la autoridad competente para la ampliación del plazo; además de ello, en el entendido de que el Ministerio Público, al aceptar la salida alternativa consideró que no existía la necesidad que continúe con la detención, toda vez, que el peticionante de tutela se estaba sometiendo a un procedimiento abreviado aceptando la responsabilidad en base a las pruebas que obtenidas en el curso de la investigación, aseveración manifestada por el Ministerio Público en la audiencia de apelación al incidente; c) Primer aspecto, “…teniendo en cuenta que el Art. 239 numeral 2 CPP., indica claramente que la Cesación de la Medidas Cautelares Personales ‘cesaran ante el cumplimiento de alguna de las siguientes causales´ no estipula 1 o 2, estipula ‘alguna de las siguientes causales’” (sic); y, en el numeral 2 manifiesta claramente '”cuando haya vencido el plazo depuesto respecto al cumplimiento de la Detención Preventiva, siempre y cuando el Fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención´ y reitero que en este proceso el Ministerio público no ha solicitado la ampliación del Plazo; entonces, estaríamos dentro de la aplicación del numeral 2 del Art. 239., en todo caso el accionante ya no tiene la condición de imputado, sino de condenado, porque existe una sentencia condenatoria y ya no se prevé que a la presente fecha pueda estar con la detención preventiva” (sic); d) Segundo aspecto en la audiencia de “1” -siendo correcto 11- de noviembre de 2022, solicitó se disponga su libertad, sin embargo la autoridad jurisdiccional indicó que no correspondería debiendo estar al procedimiento; para lo cual presentó incidente de cesación a la detención preventiva para que la autoridad pueda disponer mediante una resolución fundamentada el por qué no se le concedió su cesación; 1) Cuando no existía una solicitud de ampliación de plazo para su detención; y, 2) Amparándose en el 239.1 del CPP y en la SCP 1209/2017-S1, el 22 de noviembre de 2022 solicitó cesación su detención preventiva argumentando en cuanto al art. 233.1 del CPP que al haber aceptado la responsabilidad y culpabilidad del delito atribuido, este primer requisito ya no existía porque se sometió y aceptó la Sentencia condenatoria impuesta; y en cuanto al art. 233.2 del mencionado Código, aceptó su responsabilidad y culpabilidad, a través del procedimiento abreviado, desapareciendo dicha obstaculización de la averiguación de la verdad y fruto de ello, la aceptación de la salida alternativa por la Jueza de la causa; ante lo cual, mediante Auto Interlocutorio de 25 del referido mes y año, la autoridad demandada dispuso su detención domiciliaria bajo la presentación de garantes, esto en el entendido de que una vez que se pueda resolver la apelación restringida de esa sentencia, únicamente ahí recién va a aplicar la suspensión condicional de la pena mientras se ejecutoria la Sentencia; e) Determinación que fue apelada por la parte víctima, siendo remitida a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que revocó la decisión bajo los siguientes argumentos: primero que no habían sido desvirtuados los riesgos procesales; segundo “que no está estipulado en el acta de audiencia” el Vocal manifestó “más al contrario de suplir los riesgos procesales, se tiene acreditado que el ciudadano Julián Saavedra Callejas ha aceptado esa responsabilidad, por lo cual el mismo, al aceptar esa responsabilidad por el hecho atribuido, no podía salir de la detención preventiva” (sic), es decir que el Vocal considera que el hecho de haberse sometido a un procedimiento abreviado perjudica y agrava los riesgos procesales existentes, porque hubiera aceptado su participación en el hecho y por ende, se tiene totalmente acreditado que es un peligro efectivo para la sociedad y las víctimas, no encontrando asidero legal de que se fundamente esta consideración del Vocal para que no pueda ser cesado de su detención preventiva, existiendo jurisprudencia como la SCP 0979/2013-R de 27 de agosto, que manifiesta que aquella persona que se encuentre con la restricción del derecho a su libertad y haya sido beneficiada con el perdón judicial, debe ser liberada de forma inmediata aun cuando la resolución que disponga el beneficio no se encuentre ejecutoriada; f) El Vocal manifestó que mientras no exista una ejecutoria de la sentencia no podía beneficiarse con la cesación a su detención preventiva, indicando que dicha Sentencia Constitucional no podía ser aplicable para el beneficio porque se habla de un delito contrario y a su vez de un perdón judicial, “que habla de una salida alternativa diferente”; sin embargo, el objeto de esta jurisprudencia emanada, no es que sea vinculante al delito o tipo de salida alternativa, más al contrario, aquí establece que para el cumplimiento del derecho a la libertad o la reparación de una lesión como es el derecho a la libertad a través de una sentencia condenatoria, no es requisito que el imputado cuente con una sentencia ejecutoriada, sino al contrario, una vez emanada la sentencia condenatoria se debe disponer la libertad de la persona, bajo el mismo lineamiento la SCP 1209/2017 de 15 de noviembre, consideró que la autoridad jurisdiccional es la encargada de determinar la concesión del beneficio en virtud a la valoración que efectúe de los elementos existentes en cada caso concreto y en el supuesto de conceder el beneficio, es dicha autoridad la que efectiviza la suspensión condicional de la pena, disponiendo la libertad del condenado bajo determinadas medidas y condiciones de cumplimiento; es decir, la autoridad jurisdiccional ahora demandada en este caso concreto es la encargada de valorar las pruebas o elementos existentes, vale decir que no existe una solicitud de ampliación de detención preventiva que haya sido solicitada por el Ministerio Público ni mucho menos por la víctima en la audiencia de 11 de noviembre de 2022; asimismo, que los requisitos para la detención preventiva han desaparecido por haberse sometido a un procedimiento abreviado; y, g) En cuanto a la legitimación pasiva, la autoridad demandada es la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, toda vez que ella es la contralora de derechos y garantías constitucionales dentro del desarrollo del proceso y el acto que ha vulnerado su derecho a la libertad es el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre, que le impuso la detención domiciliaria, mismo que ha sido revocado en apelación incidental por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; por todo lo expuesto solicita se conceda la tutela y restablezca la garantía constitucional de libertad que está siendo lesionada, restituyéndola en su favor. Ante las preguntas realizadas por el Juez de garantías indicó que el último día de actividad judicial del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ante la vacación judicial gestión 2022- la víctima presentó apelación restringida contra la Sentencia de procedimiento abreviado, encontrándose pendiente de resolución; asimismo, fue la víctima quien apeló incidentalmente la cesación de su detención preventiva, es decir, el Auto Interlocutorio que le otorgó la detención domiciliaria.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ximena Lucia Mendizábal Hurtado, Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción, pese a su legal notificación cursante a fs. 11.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 28/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 14 a 18, denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso, se analizó y valoró el contenido de la acción de libertad presentada, así como la jurisprudencia constitucional relevante invocada por el peticionante de tutela; de ella se desprende que en los casos de concesión del perdón judicial y de la suspensión condicional de la pena, debe darse curso de inmediato a la libertad del condenado; sin embargo, este hecho no habría acontecido puesto que la Jueza ahora demandada emitió sentencia en procedimiento abreviado contra el impetrante de tutela y en la misma audiencia le concedió la suspensión condicional de la pena sin disponer su inmediata libertad; 2) Esta decisión contraria a la jurisprudencia constitucional no ha sido cuestionada ante el inmediato superior invocando precisamente el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional precedentemente mencionada; el propio accionante, de manera contradictoria, no obstante de afirmar que al momento de ser condenado en procedimiento abreviado y beneficiado con la suspensión condicional de la pena, pasa a tener el estatus jurídico de condenado, solicita posteriormente la cesación a su detención preventiva invocando el art. 239.1 y 2 del CPP, como, el contenido de las SSCCPP 804/2010-R de 2 de agosto y 1209/2017 de 15 de noviembre, ante ello, la Jueza ahora demandada el 25 de noviembre de 2022, aceptó la solicitud de cesación a la detención preventiva de manera incoherente y dispuso la aplicación de medidas cautelares menos gravosas contra el imputado -ahora accionante-; éste es el acto vulneratorio que ha sido identificado por el demandante de tutela en la presente audiencia, la aplicación de una detención domiciliaria entre una de las varias medidas que se dispusieron en el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022; 3) Si acaso fuese este el acto vulneratorio, se entiende que el acusado a los fines de agotar la subsidiaridad debió haber apelado dicha decisión formulando sus planteamientos en revisión ante la autoridad inmediata superior en la jurisdicción ordinaria que es el Vocal de la Sala de turno del Tribunal Departamental de Chuquisaca; sin embargo en la audiencia se ha manifestado que el acusado ahora peticionante de tutela no apeló dicha decisión, consintiendo de esa manera los efectos de dicha resolución; 4) Se manifestó que ha sido la víctima la única que apeló la detención domiciliaria, el Vocal de la Sala Penal Primera del mencionado Tribunal revocó dicha medida y dispuso que se mantenga la detención preventiva, no obstante el imputado ha sido condenado en procedimiento abreviado y luego beneficiado con la suspensión condicional de la pena, decisión que conforme se dijo, modifica su estatus jurídico de detenido preventivo a condenado beneficiado con la suspensión condicional de la pena; y, 5) Infelizmente la acción de libertad interpuesta no está dirigida contra el Vocal de la referida Sala Penal Primera y no se podría conceder la tutela respecto a esta autoridad porque la misma no ha sido demandada; i) Al identificar el acto lesivo de sus derechos y garantías constitucionales, afirmó que no apeló la decisión, con lo cual consintió el acto vulneratorio que ahora reclama como tal; y, ii) No ha demandado contra la autoridad jurisdiccional ordinaria de cierre que es el Vocal de la indicada Sala Penal, por lo cual no es posible conceder la tutela contra ninguna de las autoridades mencionadas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión del expediente constitucional, no se advierte la existencia de documentación que curse en el mismo, tampoco se remitieron antecedentes ante el Juez de garantías constitucionales, conforme se verifica en el acta de audiencia de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 12 a 13 vta.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, pronunciándose en su contra Sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad; y en la misma audiencia, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena cumpliendo los requisitos al efecto, que fue aceptada bajo ciertas condiciones; sin embargo no se dispuso su libertad, debido a que la parte víctima se reservó el derecho a recurrir la Sentencia, materializando después su recurso de apelación restringida; y ante la falta de solicitud de ampliación de su detención preventiva por el Ministerio Público y parte víctima, pidió cesación a su detención preventiva en base al art. 239.1 y 2 del CPP, que fue resuelta por Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022, por el que la Jueza ahora demandada le impuso detención domiciliaria; decisión contra la cual, la parte victima planteó recurso de apelación incidental, que fue resuelta por Auto de Vista de 5 de diciembre de 2022, revocando el fallo cuestionado, argumentando que debía desvirtuar los riesgos procesales y ordenando que continúe detenido preventivamente mientras se sustancie la apelación restringida; por lo que solicita, se conceda la tutela impetrada disponiendo su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) La legitimación pasiva en caso de resoluciones que deben ser revisadas por la autoridad de última instancia; y, b) Análisis del caso en concreto.

III.1. La legitimación pasiva en caso de resoluciones que deben ser revisadas por la autoridad de última instancia

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0218/2020-S1 de 31 de julio, desarrolló el siguiente entendimiento: Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, se tiene como antecedente la SC 0691/2001-R de 9 de julio, la cual definió que la misma debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Este entendimiento fue asumido por la SC 0817/2001-R de 3 de agosto, entre otras. Asimismo, las SSCC 0233/2003-R de 24 de febrero , 0396/2004-R de 23 de marzo y 0827/2010-R de 10 de agosto reiterada por la SCP 2313/2012 de 16 de noviembre, establecen que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática. La línea jurisprudencial sobre la legitimación pasiva, generó subreglas que deben ser observadas, así, respecto a la necesidad de demandar a la autoridad de última instancia, dentro de una acción de amparo constitucional, la SC 0258/2003-R de 28 de febrero en el Fundamento Jurídico III.1, señala que:

…el agraviado debe acusar el acto indebido o ilegal constituido ya sea en un acto procesal o en una resolución ante la instancia última, pues de no hacerlo la tutela resultaría ineficaz por cuanto no se puede compulsar la problemática si no ha sido recurrida la autoridad o persona que tiene la facultad de revisar, consiguientemente, modificar, confirmar o revocar el acto o resolución puesto en su conocimiento, ya que en la última instancia -si se acusa el acto ilegal u omisión indebida, se resolverá definitivamente, de manera que quien deberá responder por la lesión al derecho fundamental y repararlo en forma inmediata será la autoridad o tribunal que tenga legalmente la atribución de conocer en última instancia, y por lo mismo, para el caso de no reparar la lesión al momento de resolver el recurso ordinario, es quien tiene la legitimación pasiva para ser demandado, responder y cumplir lo que se ordene en esta jurisdicción (…).

Posteriormente, la SC 0567/2006-R de 19 de junio, aplicó el 2El quinto Considerando, indica: “…el citado demandado carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”.

3El FJ III.4, expresa: “…carecía de legitimación pasiva para ser demandada en el presente caso, antecedente que no le permite al Tribunal resolver el fondo del recurso, debiendo más bien pronunciarse sobre aspectos formales propios del procedimiento de hábeas corpus, sin necesidad de referirse a otras cuestiones inherentes a la finalidad primordial de este recurso, todo lo cual determina su improcedencia…”.

4El FJ III.1, manifiesta: “La uniforme jurisprudencia dictada por este Tribunal ha establecido que la acción del hábeas corpus debe dirigirse necesariamente contra la autoridad que impartió la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, o en su caso, contra la autoridad que incurrió directamente en los supuestos actos ilegales planteados, pues de no hacerlo se neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva de la autoridad que erróneamente nombra el recurrente como recurrido”.

5El FJ III.5, refiere: “De lo relacionado, se concluye que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad; su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados” (las negrillas son agregadas).

6El FJ III.2, establece: “…la doctrina constitucional de alcance general precedentemente glosada, sobre quienes ostentan legitimación pasiva en los recursos de hábeas corpus, aplicada cuando se impugnan actos, decisiones u omisiones de autoridades en las que sea procedente la subsidiariedad excepcional que rige al recurso de hábeas corpus según la doctrina constitucional desarrollada a partir de la SC 0160/2005-R, corresponde al juez, tribunal u órgano que inicialmente ejecutó el acto o asumió la decisión lesiva a los derechos fundamentales de la parte recurrente, así como al juez o tribunal u órgano que tiene competencia para revisar y corregir esa actuación. Así ha entendido este Tribunal Constitucional, en su uniforme jurisprudencia como emergencia de fallos emitidos en recursos de amparo constitucional, cuando en su SC 1740/2004-R, de 29 de octubre, modulando la línea jurisprudencial establecida en la SC 258/2003-R, de 28 de febrero, ha señalado lo siguiente: `(...) en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de mencionado entendimiento a los recursos de habeas corpus -hoy acción de libertad-, el mismo que fue reiterado en la SC 0253/2010-R de 31 de mayo, señalando que la legitimación pasiva en la acción de libertad, corresponde al juez, tribunal u órgano que inicialmente ejecutó el acto o asumió la decisión lesiva a los derechos fundamentales de la parte recurrente, así como al juez o tribunal u órgano que tiene competencia para revisar y corregir esa actuación; entendimiento que fue confirmado en la SC 0363/2011-R de 7 de abril y por la SCP 1092/2012 de 5 de septiembre, entre otras. En resumen, de la jurisprudencia glosada se establece que tratándose de resoluciones que han sido revisadas por una instancia superior, la legitimación pasiva la ostentan ambas autoridades, es decir, tanto la que pronunció la resolución como la que efectuó la revisión de la misma; sin embargo, se aclara que si la acción fue presentada únicamente contra las autoridades de última instancia, es posible ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada, en mérito a que dichas autoridades podrán revisar y corregir la actuación de la autoridad que pronunció la resolución inicial; empero, no sucede lo mismo, si la acción se presenta solo contra esta última; pues no resultaría coherente analizar el fondo de una resolución, y en su caso, anularla y dejar subsistente la resolución de la autoridad superior; supuesto en el cual corresponde denegar la tutela por falta de legitimación pasiva.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la defensa; toda vez que, se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, pronunciándose en su contra Sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad; y en la misma audiencia, solicitó el beneficio de la suspensión condicional de la pena cumpliendo los requisitos al efecto, que fue aceptada bajo ciertas condiciones; sin embargo, no se dispuso su libertad debido a que la parte víctima se reservó el derecho a recurrir la Sentencia, materializando después su recurso de apelación restringida; y ante la falta de solicitud de ampliación de su detención preventiva tanto por el Ministerio Público como de la parte víctima, pidió cesación a su detención preventiva en base al art. 239.1 y 2 del CPP, que fue resuelta por Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022, por el que la Jueza ahora demandada le impuso detención domiciliaria; decisión contra la cual, la parte victima planteó recurso de apelación incidental, que fue resuelta por Auto de Vista de 5 de diciembre de 2022, revocando el fallo cuestionado, argumentando que debía desvirtuar los riesgos procesales y ordenando que continúe detenido preventivamente mientras se sustancie la apelación restringida; por lo que solicita, se conceda la tutela y en consecuencia se disponga su libertad. De los argumentos expuestos por el solicitante de tutela, se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de robo agravado, radicado ante el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, el prenombrado se sometió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, que fue aceptada en audiencia de 11 de noviembre de 2022, pronunciándose en su contra Sentencia condenatoria de tres años de privación de libertad y, en la misma audiencia solicitó la suspensión condicional de la pena, que fue aceptaba bajo algunas condiciones, sin ordenar la autoridad judicial su libertad por cuanto la parte víctima se reservó el derecho de recurrir la Sentencia. Posteriormente, a objeto de mejorar su situación jurídica solicitó cesación a su detención preventiva que fue resuelta por Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022, en el que fue favorecido con detención domiciliaria; empero, esta decisión fue apelada incidentalmente por la parte víctima y revocada mediante Auto de Vista de 5 de diciembre de igual año, por el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, bajo el argumento que debía desvirtuar los riesgos procesales existentes, ordenando -a decir del accionante- que continúe detenido preventivamente mientras se sustancie la apelación restringida de la Sentencia. Ahora bien, a través de esta acción de libertad denuncia que el acto vulnerador de sus derechos, es el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022 -que le benefició con la medida de detención domiciliaria-, y señala como autoridad demandada a la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Chuquisaca, quien debía velar por el respeto de sus derechos y garantías constitucionales en el proceso penal en cuestión, refiriendo además que existe jurisprudencia constitucional en casos similares que otorgan libertad inmediata luego de aplicar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, correspondiéndole su libertad. Sumado a ello, el demandante de tutela refiere haber agotado la subsidiariedad excepcional que rige la acción de libertad por cuanto contra el Auto de Vista de 5 de diciembre de 2022 no procede recurso ulterior alguno; Resolución de alzada con la cual de hecho no se encuentra satisfecho; empero, contradictoriamente en sus argumentos sólo cuestiona la decisión de la Jueza a quo -Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022- que, valga la aclaración, él no impugnó incidentalmente sino que fue recurrida por la parte víctima, pretendiendo ahora que la jurisdicción constitucional la revise, pese a que dicha determinación fue revocada como consecuencia del recurso descrito; es decir, su acción de libertad se focaliza en cuestionar el actuar de la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento y el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022, por el que, la autoridad mencionada aceptó la cesación a la detención preventiva en favor del accionante, disponiendo su detención domiciliaria en lugar de la detención preventiva; sin embargo, no demandó al Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, quien en última instancia resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 25 de noviembre de 2022 -decisión ahora cuestionada-. Sobre el particular, cabe aclarar al accionante que, si bien se agotó los medios de impugnación ordinarios, este Tribunal no puede volver a conocer ni resolver denuncias relacionadas con la actuación de la Jueza demandada, mientras no se denuncie expresamente el actuar del Vocal de la referida Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; quien ya asumió razonamientos para revocar la determinación de la a quo; los cuales no fueron puestos a consideración en esta acción tutelar, y menos se explicó de qué manera se constituyen en un acto lesivo de sus derechos fundamentales.

Conforme lo precisado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, respecto a la legitimación pasiva en la acción de libertad; se tiene que, en caso de resoluciones que deben ser revisadas por la autoridad de última instancia, corresponde a esta autoridad ser demandada necesariamente, porque tiene competencia para revisar y corregir actuaciones de autoridades de instancias inferiores, de manera que cuando el accionante omite demandar a la autoridad de última instancia, impide al Tribunal Constitucional Plurinacional ingresar a examinar las resoluciones iniciales; dicho entendimiento resulta aplicable al caso de autos, toda vez que, en la presente acción de libertad, el Juez ad quem tenía legitimación pasiva para ser demandado y poder restituir o reparar los derechos supuestamente lesionados del impetrante de tutela; lo cual no fue observado por el accionante, pues no demandó al referido Vocal que en segunda instancia emitió el Auto de Vista de 5 de diciembre de 2022, quien resulta ser la autoridad de última instancia con facultades legales para revisar, y en su caso enmendar las supuestas vulneraciones denunciadas en esta acción de tutela; y si el impetrante de tutela consideraba que esta autoridad también le transgredió sus derechos fundamentales al revocar la actuación supuestamente arbitraria de la autoridad inferior, debió demandar a ambos, explicando por qué la Resolución de alzada, lesionó los derechos cuya tutela demanda. Por ello, al no cumplirse con el entendimiento jurisprudencial desarrollado anteriormente, corresponde denegar la tutela por falta de legitimación pasiva. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 28/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 14 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiéndose que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El cuarto Considerando, señala: “…la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.

modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos´; doctrina constitucional aplicable al proceso constitucional de hábeas corpus, se reitera, sólo cuando sea procedente la subsidiariedad excepcional que rige a este recurso”. 7El FJ III.4, señala: “Ahora bien, la SC 0567/2006-R de 19 de junio, determinó que la legitimación pasiva en los recursos de hábeas corpus corresponde: ‘…al juez, tribunal u órgano que inicialmente ejecutó el acto o asumió la decisión lesiva a los derechos fundamentales de la parte recurrente, así como al juez o tribunal u órgano que tiene competencia para revisar y corregir esa actuación…´”. 8El FJ III.2, indica: “Por su parte, la SC 1132/2010-R de 27 de agosto, sistematizando los entendimiento previos, precisó: `…la legitimación pasiva en hábeas corpus, ahora acción de libertad, recae tanto sobre la autoridad que ejecuta un mandamiento, orden o resolución como sobre la autoridad que dispuso la situación que el accionante considera restrictiva de su libertad personal y libre locomoción, debido a que será ésta última quien tendrá la facultad de revisar y corregir, en su caso, las actuaciones ilegales´. En ese sentido, la SC 0827/2010-R, señaló que la inobservancia de dichas reglas de legitimación pasiva en la acción de libertad, `…neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados…’”. 9El FJ III.3, refiere: “En ese contexto concierne a la legitimación pasiva demandar igualmente contra la autoridad de última instancia dentro de un proceso...”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0611_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): d4e9894086e5634efceeaadd3157f1918db148aa79c64d0911bab85f31ed9094

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →